Sin rubro
RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 22/2014. 22 DE JUNIO DE 2015. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de junio de dos mil quince.
V I S T O S; Y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Presentación del recurso de revisión administrativa. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil catorce ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, por propio derecho, interpuso recurso de revisión administrativa en contra del oficio signado por el Magistrado Luis Fernando Angulo Jacobo, Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se le comunicó que por unanimidad de dicho órgano se determinó destituirlo en el cargo de Juez de Distrito, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de revisión administrativa **********.
SEGUNDO. Primera ampliación y admisión. El cuatro de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el escrito en el que amplió sus agravios.
Así, en esa misma fecha, la Presidenta en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de revisión administrativa, así como su ampliación.
TERCERO. Informe y segunda ampliación. El diecinueve de agosto de dos mil catorce se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, dos oficios suscritos por el Consejero Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera, como representante designado por el Consejo de la Judicatura Federal para intervenir en el asunto, con los que remitió el informe correspondiente. Asimismo, remitió el escrito de agravios presentado por el recurrente el catorce de agosto de dos mil catorce ante la Oficialía de Partes de dicho órgano.
Por auto de Presidencia de dos de octubre de dos mil catorce, se tuvo por presentado el informe del Consejo de la Judicatura Federal; igualmente, se admitió el escrito de agravios remitido como segunda ampliación del presente recurso de revisión administrativa.
Al no existir trámite pendiente que desahogar, en proveído de dos de diciembre de dos mil catorce, la Presidenta en funciones ordenó que pasaran los autos para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, a fin de que elaborara el proyecto de resolución con el que se daría cuenta al Tribunal en Pleno.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, 123 fracción II, 126 y 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y la fracción X del punto segundo del Acuerdo General Plenario 5/2013, según la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reserva jurisdicción para conocer de los recursos de revisión administrativa que versen sobre la remoción o ratificación de Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito, lo cual acontece en la especie, en virtud de que en el presente recurso de revisión administrativa la resolución objeto de impugnación tiene directa relación con la destitución del recurrente del cargo de Juez de Distrito.
SEGUNDO. Procedencia y legitimación. El artículo 122, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone que la remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, podrá impugnarse ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, mediante el recurso de revisión administrativa, supuesto que en el caso se actualiza, ya que lo que se reclama es una resolución que impuso como sanción administrativa la destitución de un Juez de Distrito.
Por su parte, el artículo 123, fracción II, de la misma Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que el recurso de revisión administrativa podrá interponerse, tratándose de las resoluciones de remoción, por el Juez o Magistrado afectado por la misma, lo cual en la especie se cumple, en tanto que ********** interpuso el presente recurso para inconformarse en contra de la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que determinó que incurrió en causa de responsabilidad en su actuación como Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, imponiéndole la sanción consistente en destitución en el cargo.
TERCERO. Oportunidad de la revisión. A continuación se estudiará la oportunidad del presente recurso y de sus ampliaciones:
I. Escrito inicial de agravios
" El primer escrito de agravios se enderezó en contra de la notificación del Consejo de la Judicatura Federal de los puntos resolutivos de su acuerdo de dos de julio de dos mil catorce, que por unanimidad aprobó la destitución del recurrente en el cargo de Juez de Distrito.
" El mencionado oficio le fue notificado el once de julio de dos mil catorce, según el dicho del propio recurrente. Dicha fecha se toma como cierta al no existir constancia en autos que indique lo contrario, ni haberlo controvertido el Consejo de la Judicatura Federal al rendir su informe.
" Así, dicha notificación surtió efectos al día hábil siguiente, es decir, el catorce de julio de dos mil catorce, de acuerdo con lo establecido en el artículo 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la tramitación del recurso de revisión administrativa, según el criterio del Tribunal Pleno contenido en la tesis P.VIII/99, cuyo rubro es: "REVISIÓN ADMINISTRATIVA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE SURTIÓ SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA MEDIANTE ESE RECURSO, DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES" .(1)
" Por tanto, el plazo de cinco días hábiles que otorga el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación transcurrió del quince de julio al seis de agosto de dos mil catorce. De dicho término deben descontarse los días dieciséis al treinta y uno de julio del mismo año, por corresponder al primer periodo vacacional previsto por el artículo 159 de dicho ordenamiento. Igualmente no deben computarse los días dos y tres de agosto de dos mil catorce al ser inhábiles por corresponder a sábado y domingo correspondiente, en términos del artículo 163 de la Ley en cita.
" El primer escrito de agravios se presentó el quince de julio de dos mil catorce ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal. En consecuencia, el recurso fue oportuno.
II. Primera ampliación
" Como se refirió con anterioridad, el plazo de cinco días hábiles que otorga el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación transcurrió del quince de julio al seis de agosto de dos mil catorce.
" La primera ampliación fue presentada el cuatro de agosto de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia.
" Por tanto, dicha ampliación fue oportuna dado que se hizo valer antes del vencimiento del plazo otorgado por el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo a la tesis aislada del Tribunal Pleno de rubro: "REVISIÓN ADMINISTRATIVA, RECURSO DE. ES PROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DE LOS AGRAVIOS SIEMPRE Y CUANDO SE HAGA VALER ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN".(2)
III. Segunda ampliación
" La segunda ampliación se enderezó en contra, propiamente, de la resolución dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dos de julio de dos mil catorce, en cumplimiento de la ejecutoria emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de revisión administrativa **********.
" El doce de agosto de dos mil catorce se notificó dicha resolución al recurrente mediante comparecencia ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal.
" Dicha notificación surtió efectos al día hábil siguiente, es decir, el trece de agosto de dos mil catorce.
" Por tanto, el plazo para imponerse en contra de dicha resolución, cuyo texto integral desconocía el recurrente hasta entonces, transcurrió del catorce al veinte de agosto de dos mil catorce. Lo anterior sin computar los días dieciséis y diecisiete de agosto de dicho año al ser inhábiles por corresponder a sábado y domingo respectivamente, en términos del artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
" En consecuencia, la presentación de la segunda ampliación fue oportuna, en concordancia con la jurisprudencia del Tribunal Pleno con el rubro siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA PRESENTAR LA AMPLIACIÓN DE AGRAVIOS ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, COMPUTADO A PARTIR DEL MOMENTO EN EL CUAL EL RECURRENTE TENGA CONOCIMIENTO DE DATOS NOVEDOSOS CON MOTIVO DEL INFORME QUE RINDA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL".(3) Lo anterior pues si bien el contenido de la resolución no fue de su conocimiento a través del informe del Consejo de la Judicatura Federal, sí constituye un hecho novedoso en tanto sólo le habían sido comunicados los puntos resolutivos, pero hasta entonces desconocía su contenido íntegro.
CUARTO. Antecedentes. Para un mejor entendimiento del presente asunto, conviene rescatar algunos hechos relevantes:
i) El seis de julio de dos mil once el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por mayoría de cinco votos, dictó resolución en el expediente de denuncia **********, decretando la destitución de ********** en el cargo de Juez de Distrito, la cual le fue notificada mediante comparecencia personal de catorce de julio de dos mil once.
ii) En contra de la anterior determinación, el recurrente interpuso la revisión administrativa **********, la cual fue resuelta por el Tribunal Pleno el diez de abril de dos mil catorce para los siguientes efectos:
1) Declarar la nulidad de la resolución dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el expediente de denuncia administrativa **********, el seis de julio de dos mil once.
2) Realizar nuevamente la valoración de pruebas con relación a cada una de las conductas atribuidas, en los términos establecidos en cada consideración. Asimismo, de determinar fundadas todas, o alguna de las conductas atribuidas, tomar en cuenta lo expuesto en el décimo noveno considerando a efecto de determinar la sanción acorde a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
iii) En cumplimiento de lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió una nueva resolución en sesión ordinaria de dos de julio de dos mil catorce donde declaró fundada la denuncia administrativa derivada de la visita extraordinaria de inspección ********* en contra de ********, en su actuación como Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, por lo que le impuso la sanción consistente en la destitución de su cargo. Por tanto, la materia del presente recurso consiste en analizar si esta nueva resolución del Consejo de la Judicatura Federal cumplió o no con los lineamientos emitidos por este Tribunal Pleno en la revisión administrativa **********.
QUINTO. Agravios. El recurrente expresó los siguientes agravios:
I. Escrito inicial
1. Es ilegal que el Consejo de la Judicatura Federal no haya dictado dentro del término concedido para ello, máxime que a la fecha de presentación del recurso, el engrose aún no se había concluido.
a) Lo que el Tribunal Pleno otorgó al Consejo fue que un término para que dictara una nueva resolución, no que resolviera de manera verbal y sin tener a la vista el cúmulo de constancias que integran el expediente. Supone que fue así, pues de haberlo hecho, por su volumen hubiera sido imposible resolver el caso en una sesión y plasmarlo en el documento correspondiente.
b) Así, el Consejo se asigna una atribución que no se le concedió, consistente en la oportunidad de reforzar y mejorar, fuera de plazo, sus argumentos para destituir al recurrente, violando así su derecho humano a que de no demostrarse en tiempo y forma su culpabilidad, se le considere inocente.
c) Esta irregularidad amerita la reinstalación del recurrente, pero en caso de que este Alto Tribunal no lo estime así y le otorgue un nuevo término al Consejo para corregir los errores y vicios de su resolución, equivaldría a brindarle una tercera oportunidad para sancionarlo. Con este se perpetuaría el agravio a su derecho a la vida, a una legal retribución por su trabajo y a desempeñar su oficio. Por ello, debe resolverse en definitiva la ilegalidad de la destitución y ordenarse su reinstalación.
2. En términos de la ejecutoria dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal estaba impedido de calificar como graves las faltas administrativas que, en su caso, aparecieran como probadas de un nuevo estudio del material probatorio del sumario. Por tanto, no era admisible ordenar nuevamente su destitución.
" Respecto de las cinco faltas administrativas imputadas al recurrente por el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Pleno consideró que al menos tres no estaban acreditadas en autos. Por lo que es ilegal que de nueva cuenta se hayan tenido por demostradas.
" El Tribunal Pleno resolvió que no hay ninguna razón o motivo basado en un hecho acreditado en el que pudiere haberse ocasionado un daño o falta de trascendencia tal que ameritara su calificativa de gravedad (foja ciento noventa, último párrafo de la ejecutoria). En específico, se estableció lo siguiente (foja ciento noventa y uno, segundo párrafo:
"Conforme a lo razonado, concluye este Tribunal Pleno que las faltas por las que se estima que incurrió en responsabilidad administrativa el Licenciado ********, no son de carácter grave, por lo que al no darse ninguno de los supuestos previstos por el artículo 137 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, NO PROCEDE IMPONERLE COMO SANCIÓN LA DESTITUCIÓN DE SU CARGO DE JUEZ DE DISTRITO, lo que lleva a estimar fundado el presente recurso y a declarar la nulidad de la resolución recurrida, para el efecto de que de considerar acreditadas todas o alguna de las conductas por las cuales se sancionaron, analice la gravedad de las mismas, y de considerar que amerita una sanción de destitución funde y motive debidamente".
Asimismo, se agregó lo siguiente (foja ciento noventa y tres de la ejecutoria):
"(...) Conforme a lo anterior se declara la nulidad de la resolución dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el expediente de denuncia administrativa *********, el seis de julio de dos mil once, se realice nuevamente la valoración de pruebas en relación con cada una de las conductas atribuidas, en los términos en cada consideración, asimismo, de determinar fundadas todas o alguna de las conductas atribuidas, tomar en cuenta lo expuesto en el décimo noveno considerando de este fallo a efecto de determinar la sanción acorde a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación".
" Así, no procedía la destitución del recurrente porque:
i) No se está en presencia de ninguna causa de responsabilidad grave ni de reincidencia; tampoco de falta de atención a observaciones o amonestaciones por faltas a la moral o a la disciplina (foja ciento ochenta y ocho, párrafo de la ejecutoria).
ii) No bastaba con señalar que "valoradas en su conjunto", las irregularidades que se le atribuyen al recurrente, ameritaban que su actuar se considerara grave (foja ciento ochenta y nueve, tercer párrafo de la ejecutoria).
iii) Los motivos que dieron para considerar que las infracciones resultaban graves eran insuficientes para acreditar dicha característica y por ende, no era procedente la destitución (foja ciento ochenta y nueve, cuarto párrafo de la ejecutoria).
iv) Los hechos constitutivos de las infracciones por las que se sancionó al recurrente no son de carácter grave porque: a) en el caso no se actualizó desinterés en el encargo de juzgador ni incumplimiento de su labor; b) no obtuvo ningún beneficio económico; c) como juez no tenía antecedentes de haber sido sancionado administrativamente; d) los informes estadísticos y los reportes de visitas ordinarias permiten advertir un buen funcionamiento del órgano (foja ciento noventa, segundo párrafo de la ejecutoria).
v) No hay ninguna razón o motivo basado en un hecho acreditado de un daño tal que ameritara su calificativa de gravedad.
vi) El Tribunal Pleno concluyó que las faltas por las que se le había atribuido responsabilidad no eran de carácter grave. Por tanto, al no darse ninguno de los supuestos del artículo 137 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no era procedente la destitución.
" Es cierto que en la ejecutoria se precisó que el Consejo debía no sólo analizar de nueva cuenta las pruebas existentes, a fin de determinar si quedaba acreditada alguna conducta de las imputadas. Igualmente se señaló que en su caso, debía analizar la gravedad de las faltas y de considerar que el suscrito ameritaba una sanción de destitución, debía tomar en cuenta la resolución del Tribunal Pleno en su considerando decimonoveno, donde se resolvió que no había razón para calificar de graves sus conductas y en consecuencia para destituirlo.
" Lo anterior constituye un ********** desacato al mandato del Tribunal Pleno, máxime si reiteró alguna de las razones desvirtuadas en la ejecutoria, como son:
i) Aun cuando consideradas por separado las irregularidades que se le atribuyen no están calificadas como graves, valoradas en conjunto su actuar tiene ese grado.
ii) Incumplimiento del horario normal de labores al retirarse antes de que concluyera el mismo, ocasionando que se despacharan oficios sin que estuviera firmado el acuerdo (faltas que el Tribunal Pleno estimó no demostradas).
3. La destitución no se ordenó por la mayoría calificada exigida por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para dicho caso.
" De los artículos 76 y 81, fracción VII de la Ley Orgánica en cita, se desprende que para que el Consejo de la Judicatura Federal pueda destituir a un Juez de Distrito, se necesita de una mayoría calificada de cinco votos de los Consejeros integrantes.
" Si bien la nueva resolución del Consejo se dictó por mayoría de cinco votos, lo cierto es que no puede ser cuantificado el que emitió el Consejero César Esquinca Muñoa, quien se encontraba impedido para emitir su voto en otro sentido que no fuere el de imponerle como sanción máxima la suspensión en su encargo por un año.
" Al participar el seis de julio de dos mil once en la primera sesión en la que el Consejo de la Judicatura Federal donde se resolvió el caso a tratar (ahora en segunda vuelta), el Consejero Esquinca presentó un proyecto en el que proponía tener por acreditadas sólo algunas de las faltas cuya comisión se le imputaban al recurrente y sancionarlo con la suspensión por un año. Toda vez que su propuesta no fue aprobada por la mayoría del Pleno del Consejo, el Consejero Esquinca decidió sostener su proyecto como voto particular, junto con el del Consejero Jorge Moreno Collado, en contra de la mayoría que en ese entonces determinó su destitución.
" Así, se está en presencia de un caso respecto de la misma persona, las mismas pruebas e hipótesis sobres las que, previo estudio y análisis, el Consejero Esquinca ya había emitido su juicio de valor, el cual no podía variar pues no había sido motivo de inconformidad por parte del recurrente ni del Tribunal Pleno.
" Al ser un voto particular un acto unilateral de decisión, por certeza jurídica y congruencia, no puede realizarse nueva interpretación en contrario y menos en perjuicio del gobernado, en acatamiento del principio procesal non reformatio in peius.
" La violación anterior debe traducirse en la nulidad de la resolución impugnada al quedar sostenida sólo en cuatro votos y no en cinco. Si bien en la revisión administrativa **********, el Tribunal Pleno constriñó al Consejo a realizar un nuevo análisis del material probatorio, esa obligación sólo recaía en quienes habían votado por su destitución en la primera resolución.
" Además, el Pleno declaró la nulidad de la decisión del Consejo, pero no del voto particular que ya se encontraba firme. En todo caso, quienes estuvieron en contra de la destitución en la primera resolución del Consejo, quedaron obligados en términos de su voto particular.
" La participación del Consejero Esquinca en el cumplimiento de la ejecutoria de la revisión administrativa ********** estaba limitada por el principio non reformatio in peius (el juzgador superior o al que ya hizo pronunciamiento previo respecto del mismo caso justiciable, no puede agravar la situación jurídica del recurrente). Dicho principio también rige en el sistema de revisión administrativa con fundamento en los principios de instancia procesal y el de agravio.
" Si bien es cierto que un voto particular al no formar parte del sentido de la resolución no obliga a la autoridad, atendiendo a la más elemental lógica y congruencia que debe regir el actuar de todos los juzgadores, sí debe obligar y comprometer a quien lo emitió, ello en atención a los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica.
" Lo anterior atendiendo a la naturaleza de la revisión administrativa, como un medio excepcional de control constitucional y legalidad análogo a una segunda instancia, que se integra con las pretensiones aducidas por el inconforme contra las decisiones que lo perjudican. Por lo mismo, el contenido de ellas en favor del gobernado debe permanecer incólume. Por analogía es aplicable la jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO SE CONCEDE PARA EFECTOS, POR ACTUALIZARSE VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ DE ORIGEN NO PUEDE, CON BASE EN EL MISMO MATERIAL PROBATORIO, DICTAR NUEVO FALLO EN EL QUE AGRAVE LAS PENAS INICIALMENTE DECRETADAS".(4)
" Igualmente es irrelevante que en la fecha del dictado de la resolución ahora impugnada el referido Consejo no estaba totalmente integrado por falta de dos miembros pendientes de nombramiento por parte del Senado de la República. De cualquier manera, sólo cuatro de los cinco Consejeros existentes podían emitir opinión libre respecto de la sanción.
4. Se vulneran los principios constitucionales de legalidad, igualdad, justicia imparcial, certeza y seguridad jurídicas, así como de debida fundamentación y motivación, pues no se le trató con el mismo arbitrio que a otros juzgados que a pesar de haber cometido faltas aún más graves, sólo se les ha sancionado con la suspensión.
" Si bien el sistema constitucional de responsabilidades administrativas busca el adecuado ejercicio de la función pública, también requiere el respeto de los derechos humanos tanto de los gobernados, como de los propios servidores públicos, como los contenidos en los artículos 1°, 13, 14, 16 y 17 Constitucionales.
" Para demostrar la desigualdad aplicada en contra del recurrente, se cita como ejemplo el procedimiento disciplinario de oficio *********** seguido en contra de ********, titular del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. En dicho asunto, se estimaron por acreditadas siete de las nueve irregularidades imputadas a la involucrada, las cuales se estimaron como graves. Sin embargo, sólo se le suspendió por seis meses del encargo.
" Otro ejemplo es el caso del Magistrado **********, a quien se le acreditó acoso sexual hacia el personal, pero sólo se le suspendió en el encargo. Igual sanción recibió con posterioridad por rezago en los asuntos turnados a él.
" El recurrente refiere sólo estos dos ejemplos donde a pesar de existir faltas graves, únicamente se sancionó con suspensión temporal. Lo anterior pues al momento de interponer el recurso, le es imposible citar uno a uno otros casos pues el Consejo de la Judicatura Federal le había negado dicha información bajo el argumento de que gozaba de un carácter confidencial. Por ello, el recurrente solicita que se requiera al Consejo el envío de la documentación sobre cada uno de los jueces de distrito y magistrados de circuito que desde el año dos mil diez a la fecha han sido sancionados con suspensión temporal así como las faltas por las que se estimó que cada uno de ellos cometió.
" El Consejo de la Judicatura Federal debió sancionarlo bajo los mismos parámetros que a sus compañeros suspendidos de manera temporal a pesar de haber cometido faltas aún más graves que las del recurrente.
" Suponiendo que lo anterior no sea suficiente para ordenar su reinstalación, la única sanción posible sería una suspensión que no excediera de tres meses, pues el caso del recurrente se refiere a conductas de menor gravedad y trascendencia que las de sus compañeros. Igualmente debe tenerse en consideración que ya tiene cuatro años separado de su cargo, por lo que además ya cumplió en exceso con la máxima sanción que en última instancia podría imponérsele. Por lo que el único resultado posible es precisamente su reinstalación inmediata.
II. Primera ampliación. En dicho escrito reitera esencialmente su escrito inicial, por lo que es innecesario repetir sus argumentos.
III. Segunda ampliación
1. No existe una debida adecuación entre los preceptos legales aplicables y el caso concreto, por lo que se violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 Constitucionales.
" La resolución impugnada contraviene los artículos 81, fracción XXXVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 69 del Acuerdo General 7/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Organización, Funcionamiento de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y abroga al diverso Acuerdo General 28/2003, del propio Cuerpo Colegiado, y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.
" De lo dispuesto en las dichas disposiciones se desprende que:
a) Las resoluciones de las autoridades deben emitirse de conformidad a la letra de la ley.
b) Las resoluciones de las autoridades deben encontrarse debidamente fundadas y motivadas, entendiéndose por lo primero, que se señalen los preceptos legales al caso, y por lo segundo, que se plasmen los hechos del caso concreto, debiendo existir una relación de correspondencia entre ambos.
c) Las órdenes de visita deben contener el objeto que persiguen, entre otros requisitos.
d) Las visitas extraordinarias sólo son procedentes cuando:
i) El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estime que se ha cometido una falta grave.
ii) Cuando lo solicite el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
iii) Cuando el Pleno o las Comisiones del Consejo de la Judicatura Federal consideren que existen elementos que hagan presumir irregularidades cometidas por funcionarios o empleados de los órganos jurisdiccionales.
e) Las sentencias deberán contener las consideraciones jurídicas aplicables, los motivos y terminarán resolviendo los puntos sujetos a la consideración de la autoridad.
" En la resolución impugnada, el Consejo de la Judicatura Federal consideró que:
a) Para ordenar una visita de inspección extraordinaria es necesario que consideren que existen elementos que hagan presumir irregularidades cometidas por los funcionarios o empleados de los órganos jurisdiccionales, que pueden ser constitutivas de causa de responsabilidad.
b) Al momento de emitir la orden de visita de inspección extraordinaria no se estaba imputando al recurrente la probable comisión de alguna falta administrativa.
c) El objeto de la orden de visita de inspección extraordinaria que dio origen a la resolución recurrida, fue conocer el funcionamiento del órgano jurisdiccional y la conducta de sus integrantes.
" Independientemente del reconocimiento expreso efectuado por el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a que el objeto de la orden de visita de inspección extraordinaria que dio origen a la resolución recurrida fue conocer el funcionamiento del órgano jurisdiccional y la conducta de sus integrantes, dicha circunstancia se confirma del documento público consistente en el oficio ********** de veintisiete de abril de dos mil diez, en el cual se señaló lo siguiente:
"(...) En cumplimiento a lo ordenado por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, acordó que se lleve a cabo visita extraordinaria de inspección al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco. Lo anterior, con el objeto de revisar el correcto funcionamiento del citado órgano jurisdiccional (...)".
" Por tanto, la orden de la visita extraordinaria *********** fue ilegal y, en consecuencia, también todo lo actuado al amparo de la misma, ya que se trata de frutos de un acto viciado de origen.
" Si bien es cierto que en la revisión administrativa ********** se declaró infundado el concepto de violación que en este mismo sentido hizo valer el recurrente, solicita que no se declare la inoperancia y que el Tribunal Pleno reconsidere la postura adoptada en el sentido de validar que el Consejo de la Judicatura pueda ordenar la práctica de visitas extraordinarias a los órganos jurisdiccionales federales fuera de los tres supuestos únicos contemplados por la ley para tal efecto, ya que se infringe el principio básico conforme al cual la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le faculta expresamente.
" En este sentido, hace suyas las consideraciones y razones que el diez de abril de dos mil catorce llevaron a los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80157-b7ee8ac6/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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