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Modo: Corpus Pro

Sin rubro

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 1/2015. · Registro digital (IUS): 80198
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Versión electrónica, Pág.20002.

RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 1/2015. 14 DE MARZO DE 2016. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de marzo de dos mil dieciséis.

V I S T O para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión administrativa 1/2015, interpuesto por el **********, por su propio derecho, en contra de la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil catorce, dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el procedimiento disciplinario de oficio **********, derivado del expediente de investigación **********; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Interposición del recurso de revisión administrativa. Mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil catorce, en la Oficialía de Partes y Certificación del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal, **********, por su propio derecho, interpuso recurso de revisión administrativa en contra de la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil catorce, dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el procedimiento disciplinario de oficio **********, derivado del expediente de investigación **********.

SEGUNDO. Auto admisorio y trámite del recurso de revisión administrativa. Con motivo de la recepción del escrito en el que el recurrente expresó sus agravios y el informe que rindió el Consejo de la Judicatura Federal, por acuerdo de quince de enero de dos mil quince, la Presidenta en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por imposibilidad de los Ministros Luis María Aguilar Morales y Juan N. Silva Meza, para actuar en el expediente, registró el recurso de revisión con el número 1/2015; asimismo, se dio contestación a diversas peticiones del recurrente, a saber:

1. Domicilio y autorizados. Se tuvo como domicilio el que refiere el recurrente en su escrito y como autorizados a las personas que indica.

2. Pruebas. Se solicitó al Consejo de la Judicatura Federal que remitiera el original o, en su defecto, "copia certificada de '(...) estudio psicológico de personalidad, para impedir el acceso a dicho cargo a personas que no cubrieran con el perfil necesario para ello (...) dicho examen psicológico ni siquiera fue tomado en cuenta por el órgano resolutor, ni para ponderar sobre la acreditación de las conductas atribuidas, ni como tampoco para la individualización de la sanción que se me aplicó. Por lo que solicito atentamente a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que al momento de resolver este recurso tenga a bien requerirlo a fin de que sea ponderado, de ser el caso, para lo cual solicito en términos del artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y pueda efectuarse su valoración (...)'".

3. Apertura de un término probatorio. Se determinó no proveer respecto de la petición del recurrente "(...) Cuarto. Se aperture el término probatorio previsto en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar (...)", al ser facultad del Ministro ponente, ordenar la apertura de alguna dilación probatoria, por lo que si en el caso así se determina, en su momento, se acordaría al respecto.

4. Ampliación de agravios. Se le tuvo expedito su derecho para formular la ampliación de agravios.

5. Suspensión del acto impugnado (medida cautelar). Respecto a la solicitud de "(...) suspensión de la ejecución del acto reclamado (...)" resultó improcedente.

En relación con el escrito registrado con el folio "004459", signado por el Consejero Magistrado J. Guadalupe Tafoya Hernández, mediante el cual rindió el informe correspondiente y diversos medios probatorios, al respecto, en el acuerdo citado, se admitieron las documentales desahogándose en atención a su propia y especial naturaleza, asimismo se ordenó dar vista al recurrente para que, dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera; finalmente, se determinó que los autos fueran turnados, para su estudio, al Ministro Alberto Pérez Dayán.

Por acuerdo de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, de la Presidenta en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concedió la prórroga solicitada al Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para exhibir el documento solicitado en el acuerdo mencionado anteriormente. Por otra parte, se tuvo como autorizado a **********, atendiendo al escrito signado por el recurrente, para que en su nombre y representación "(...) intervenga en el presente asunto, para oír y recibir toda clase de notificaciones, realizar promociones, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos (...)", asimismo, respecto de los escritos de ********** y **********, se determinó no ha lugar a acordar de conformidad con sus respectivas peticiones, toda vez que éstos se encuentran autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado el recurrente.

Por diverso acuerdo de doce de marzo de dos mil quince, se le tuvo por presentado al Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal un oficio mediante el cual informó que "(...) no fue posible localizar el estudio de personalidad aludido (...)", por lo que se ordenó dar vista al recurrente, para que manifestara lo que a su derecho conviniera; se ordenó, en atención al escrito del recurrente, tener como autorizados a ********** y **********, para que: "(...) intervengan en el presente asunto, para oír y recibir toda clase de notificaciones, realizar toda clase de promociones, ofrecer pruebas, presentar alegatos e interponer todo tipo de recursos que me favorezcan (...)", y tenerse por hecha la manifestación del promovente respecto a que hace suyos los escritos signados por sus autorizados; consecuentemente, se ordenó expedir al primero de los mencionados anteriormente, las copias que solicitó y del segundo, se tuvo por presentado en tiempo y forma, desahogando la vista ordenada, relacionada con el informe rendido y las pruebas presentadas por el Consejo de la Judicatura Federal.

Mediante proveído de veinte de abril de dos mil quince, se solicitó al Consejo de la Judicatura Federal remitiera a este Alto Tribunal, el original o, en su defecto, copia certificada del medio de prueba solicitado por el autorizado del recurrente, en desahogo de la vista ordenada, consistente en "(...) solicito se requiera al Instituto de la Judicatura Federal, para que exhiba el oficio, que conste con qué fecha remitió los estudios de personalidad del suscrito (sic) al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que para el suscrito (sic) es de suma importancia que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo tenga a la vista al momento de resolver (...)" y, por diverso de catorce de mayo del mismo año, se tuvo por presentado del citado Consejo oficio con las documentales consistentes en: "(...) copia certificada del oficio IJF/20142/2014, al que se acompaña una copia simple (...)" y "(...) envío a usted, copia del acuse de recibo del sobre con que se entregaron los estudios de personalidad que se les aplicó a los aspirantes del ********** Concurso Interno de Oposición para la designación de Magistrados de Circuito (...)", las cuales se admitieron como pruebas del recurrente, desahogándose en atención a su propia y especial naturaleza, pero respecto de la última, al ser una copia simple ilegible, se solicita remita el original o copia certificada legible; finalmente, se ordenó dar vista al recurrente para que, dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera.

Por auto de nueve de junio de dos mil quince, se solicitó al Consejo de la Judicatura Federal, a petición del autorizado del recurrente, lo siguiente: "(...) reitero se requiera para una nueva búsqueda del estudio de personalidad del suscrito, al Instituto de la Judicatura Federal; (...) se requiera al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para que realice la búsqueda y exhiba a la brevedad posible los estudios de personalidad que fueron enviados por el Instituto de la Judicatura Federal, en virtud de ser necesario para el suscrito para garantizar los principios constitucionales de legalidad y debido proceso que deben de prevalecer en toda contienda aún de carácter administrativa disciplinaria, y así se tomen en cuenta al momento de resolver el expediente en que se actúa; toda vez que al resolverse el procedimiento disciplinario de oficio ********** del índice de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina no se tomó en consideración dicho estudio (...)", por lo que deberá remitir a este Alto Tribunal el original o, en su defecto, copia certificada, o en su caso, manifieste la imposibilidad legal que tenga para hacerlo. Por otra parte, se le tuvo por presentado a dicho Consejo el medio de prueba solicitado, el cual se admite desahogándose en atención a su propia y especial naturaleza y se ordenó dar vista al recurrente.

El veintidós de octubre de dos mil quince se dictó otro acuerdo, en el que se tuvo por presentado oficio signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el que informó "(...) no fue posible localizar el estudio de personalidad aludido (practicado al recurrente) (...)"; por otro lado, respecto del escrito del autorizado en los siguientes términos "(...) Que en relación a la vista que se nos (sic) da con el acuse de recibo del sobre con que se entregaron los estudios de personalidad que se les aplicó a los aspirantes del ********** Concurso Interno de Oposición para la designación de Magistrados de Circuito, por un lado, se toma conocimiento del mismo, y por otro, se reitera la petición formulada de que se recabe el estudio del (sic) personalidad ofrecido, para los efectos ya precisados con anterioridad (...)" y ante la imposibilidad del Consejo de la Judicatura Federal de exhibirlo, no ha lugar de requerir nuevamente el examen psicológico de mérito, que el recurrente insiste en ofrecer como prueba; sin embargo, ya que es facultad del Ministro ponente hacer dicha valoración al emitir el proyecto de resolución correspondiente, si en el caso así se determina, se acordaría lo procedente; finalmente, se ordenó turnar el asunto al Ministro Alberto Pérez Dayán.

TERCERO. Radicación. Por acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil quince se dispuso el avocamiento del asunto y ordenó devolver los autos al Ministro ponente para que diera cuenta con el proyecto de resolución al Pleno de este Alto Tribunal.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, 123 fracción II, 126 y 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y la fracción X del punto Segundo del Acuerdo General Plenario 5/2013, según la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reserva jurisdicción para conocer de los recursos de revisión administrativa que versen sobre la remoción o ratificación de Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito, lo cual acontece en la especie, en virtud de que en el presente recurso de revisión administrativa la resolución objeto de impugnación tiene directa relación con la destitución del recurrente del cargo de Magistrado de Circuito.

SEGUNDO. Procedencia y legitimación. El artículo 122, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone que la remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, podrá impugnarse ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, mediante el recurso de revisión administrativa, supuesto que en el caso se actualiza, porque en la especie se reclama la resolución que impuso como sanción administrativa la destitución de un Magistrado de Circuito.

Por su parte, el artículo 123, fracción II, de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que el recurso de revisión administrativa podrá interponerse, tratándose de las resoluciones de remoción, por el Juez o Magistrado afectado por la misma, lo cual en la especie se cumple, en tanto que ********** interpuso el presente recurso para inconformarse en contra de la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que determinó que incurrió en causa de responsabilidad en su actuación como Magistrado de Circuito imponiéndole la sanción consistente en destitución en el cargo.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número P. VII/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto, son los siguientes:

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LA DESTITUCIÓN DEL CARGO DE MAGISTRADO O JUEZ DE DISTRITO SIGNIFICA SU REMOCIÓN, POR LO QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA ES IMPUGNABLE MEDIANTE ESE RECURSO. Los artículos 100, párrafo octavo, de la Constitución Federal y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que el recurso de revisión administrativa procede, entre otros casos, en contra de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal que se refieran a la remoción de Magistrados o Jueces de Distrito. De una interpretación gramatical, esto es, atendiendo únicamente al significado, sentido, extensión y connotación de los términos del lenguaje, se llega a la conclusión de que el vocablo 'remoción', a que se refieren los citados preceptos, significa deponer o apartar del cargo o empleo. Por otra parte, de una interpretación sistemática de los referidos artículos en relación con el 133, fracción III, 135, fracción V, y 137 de la citada ley orgánica, esto es, analizados en su conjunto y armónicamente todos estos preceptos, se advierte que indistintamente unos aluden a la remoción y otros a la destitución, para identificar en cualquiera de los casos la privación del cargo que detentaba un Magistrado o Juez de Distrito. De lo anterior se concluye que, si la resolución recurrida impone como sanción la 'destitución' de Juez de Distrito, debe considerarse que el aludido recurso interpuesto en su contra es procedente de conformidad con las disposiciones legales citadas"(1)

TERCERO. Oportunidad. El recurso de revisión administrativa se interpuso dentro del plazo de cinco días que para el efecto establece el artículo 124(2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, contados a partir del día siguiente en que surtió sus efectos la notificación del acto impugnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 321(3) del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la tramitación del recurso de revisión administrativa, según el criterio del Tribunal Pleno contenido en la tesis P. VIII/99, cuyo rubro es: "REVISIÓN ADMINISTRATIVA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE SURTIÓ SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA MEDIANTE ESE RECURSO, DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES".(4)

En autos obra el acta de la diligencia llevada a cabo el cuatro de diciembre de dos mil catorce, en la que se notificó al recurrente, por conducto de su autorizado, la resolución dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el expediente relativo al procedimiento disciplinario de oficio ********** de fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce.(5)

Dicha notificación surtió efecto el día hábil siguiente, es decir, el viernes cinco de diciembre de dos mil catorce. Por tanto, el plazo de cinco días a que alude el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación transcurrió del lunes ocho al viernes doce de diciembre de ese mismo año, descontándose los días seis y siete, por ser sábado y domingo, días inhábiles en términos del artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En estas condiciones, si el escrito mediante el cual el licenciado ********** interpuso su recurso de revisión fue presentado el doce de diciembre de dos mil catorce, como consta en el sello de recepción de la Oficialía de Partes y Certificación del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal,(6) se concluye que el mismo se presentó en forma oportuna.

CUARTO. Antecedentes del recurso de revisión administrativa. Los principales antecedentes que dieron origen al presente asunto son, en síntesis, los siguientes:

Ver antecedentes

QUINTO. Resolución recurrida. La resolución recurrida, en la parte considerativa, que interesa en este caso, textualmente, dice:

"SEXTO. Previamente a abordar las conductas irregulares imputadas al magistrado **********, deben analizarse diversos planteamientos contenidos en su informe, los cuales son de análisis preferente por tener el carácter de impeditivos para decidir sobre el fondo del asunto, ya que se refieren a vicios en el procedimiento, a la prescripción de la facultad sancionadora del órgano resolutor y a cuestiones inherentes a la carrera judicial del inculpado.

En efecto, en su informe el magistrado de mérito no solamente controvirtió los hechos fundatorios de las conductas irregulares que se le atribuyeron, sino que también esgrimió argumentos relacionados con vicios en el procedimiento, la prescripción de la facultad sancionadora del órgano resolutor y su designación a través de las normas de la carrera judicial.

Tales argumentos consisten en síntesis en que:

i) el procedimiento de responsabilidad administrativa no se inició conforme a la normatividad aplicable;

ii) operó la prescripción porque las imputaciones sobrepasaran los tres años computados a partir del día siguiente al en que supuestamente tuvo lugar su comisión;

iii) existe duplicidad en el análisis de conductas;

iv) fue designado magistrado conforme a las normas que rigen la carrera judicial; y

v) se actualizó una violación procesal en el desahogo de las comparecencias desahogadas por el Secretario Ejecutivo de Vigilancia, Información y Evaluación del Consejo de la Judicatura Federal.

Por cuestión de orden, se analizará en primer término el tema relativo a la prescripción -inciso ii)-, posteriormente los de los incisos i), v), iii) y iv), siguiendo esta secuencia.

En cuanto a la prescripción, el ********** adujo en su informe esencialmente que:

>las imputaciones que se hicieron en su contra sobrepasaran los tres años computados a partir del día siguiente al en que tuvo lugar su comisión, por lo que debieron declararse prescritas;

>que la figura de la prescripción se encuentra prevista en el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

>la Carta Magna prevé la figura de la prescripción, es decir, la extinción de la responsabilidad administrativa por el simple transcurso del tiempo;

>la existencia de esta figura jurídica tiene justificación en la necesidad de salvaguardar la seguridad jurídica, ya que el Estado no puede iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa en cualquier momento;

>tocante a dicha figura jurídica, el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos dispone que el término para que opere la prescripción de la facultad sancionadora es de tres años, pero si la causa de responsabilidad administrativa es considerada grave por la ley, el término será de cinco años; y,

>debe declararse que ya feneció la facultad para analizar las conductas infractoras, por parte Consejo de la Judicatura Federal.

Al respecto se estima infundado el planteamiento de prescripción esgrimido por el **********, lo que conduce a desestimarlo, por las razones siguientes:

El ********** aduce que operó la prescripción de las facultades del Consejo de la Judicatura Federal para sancionarlo, por haber transcurrido en exceso el plazo de tres años a que se refiere el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuyos tres primeros párrafos disponen:

'ARTICULO 34. Las facultades de la Secretaría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades, para imponer las sanciones que la Ley prevé prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al en que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo.

En tratándose de infracciones graves el plazo de prescripción será de cinco años, que se contará en los términos del párrafo anterior.

La prescripción se interrumpirá al iniciarse los procedimientos previstos por la Ley. Si se dejare de actuar en ellos, la prescripción empezará a correr nuevamente desde el día siguiente al en que se hubiere practicado el último acto procedimental o realizado la última promoción.

El derecho de los particulares a solicitar la indemnización de daños o perjuicios prescribirá en dos años, contados a partir de la notificación de la resolución administrativa que haya declarado cometida la falta administrativa'.

Ahora bien, se considera que, para resolver sobre la prescripción de la potestad administrativa sancionadora, es indispensable conocer, primero, cuál es el plazo que dispone la ley para el ejercicio de dicha facultad; segundo, a partir de qué momento debe computarse ese plazo y, tercero, si dicho parámetro temporal se encuentra sujeto a interrupción, y si lo está, cuál es el acto que interrumpe la prescripción y a partir de cuándo se reinicia su cómputo.

Del tal aserto se sigue, en principio, que las simples afirmaciones del informante en el sentido de que se sobrepasaran los tres años computados a partir del día siguiente al en que tuvo lugar su comisión y que debe declararse que ya feneció la facultad para analizar las conductas infractoras, en las que pretende cimentar su planteamiento, son insuficientes para declarar operante en el caso la figura jurídica de que se trata pues ni siquiera señala cuáles son las razones por las que estima que el término aplicable es el de tres años, y no el de cinco -que sería el más lógico atendiendo a que preventivamente en el acuerdo de inicio del procedimiento se calificaron como graves sus conductas-.

Al margen de lo anterior, se estima que en el caso a estudio la facultad sancionadora del Consejo de la Judicatura Federal no ha prescrito, atento a las consideraciones siguientes:

En relación con la prescripción de la facultad sancionadora, es cierto que en la Jurisprudencia 2a./J. 203/2004, publicada en la página 596 del Tomo XXI de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2005, registro 179465, cuyo rubro es 'RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ INTERRUMPIDO EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD, EL CÓMPUTO SE INICIA NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO', la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio de que es a partir de que surte efectos la notificación hecha al servidor público, de la citación para la audiencia del procedimiento administrativo sancionador, que se inicia nuevamente el cómputo del plazo de la prescripción interrumpida.

Sin embargo, el Pleno del Alto Tribunal sostuvo con posterioridad, al resolver el Recurso de Revisión Administrativa 2/2005, en sesión de tres de julio de dos mil seis, por unanimidad de siete votos, que si los hechos por los que se inició la denuncia están estrechamente vinculados con los de una investigación, el plazo de la prescripción no se interrumpe solamente al iniciarse propiamente la denuncia sino con cada una de las actuaciones practicadas durante la investigación respectiva. Esta resolución, en la parte conducente señala:

'Por tanto, si de los antecedentes que informan este asunto se advierte que los hechos por los que se inició el procedimiento relativo a la denuncia **********, están estrechamente vinculados con los de la investigación **********, debe considerarse que al iniciarse ésta se interrumpió el plazo de la prescripción a que alude el artículo 78 de la ley en cita -Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos abrogada- (34 de la ley actual), y si a esto se agrega que en el lapso que señala el quejoso, no medió una inactividad de tres años entre las actuaciones que se practicaron, es así que con cada una de ellas permaneció la interrupción del plazo de la prescripción; de ahí que no pueda sostenerse, legalmente, que en el caso en análisis se hubiera producido dicha figura jurídica respecto de la facultad sancionadora del Consejo de la Judicatura Federal' (página 103).

La prescripción, por definición, exige de la inactividad para producir sus efectos, lo que no sucede si, en ejercicio de la facultad que legalmente se le confiere, la autoridad realiza una investigación de manera ininterrumpida con el ánimo de resolver, en su caso, respecto de la existencia de una posible causa de responsabilidad administrativa.

Sostener lo contrario implicaría que las facultades sancionadoras de la autoridad prescribieran en el momento en que se estuviera ejerciendo su facultad de investigación, sin que en muchos casos, dada la complejidad y características de los asuntos, se pudiera llegar al establecimiento del procedimiento correspondiente y su resolución, en perjuicio del interés público que tutela el régimen de responsabilidades administrativas.

En la especie, se advierte que las conductas atribuidas al magistrado ********** se dieron, de acuerdo con las declaraciones del personal del órgano jurisdiccional, desde el dos mil siete y hasta el dos mil doce, por lo que, al efecto, se deben tomar como base estas fechas para el cómputo de la prescripción planteada.

Siguiendo con el tópico que nos ocupa, este órgano resolutor considera que, contrariamente a lo arguye el servidor público en su informe, dichas conductas constituyen faltas administrativas graves -por las razones que se expondrán en el último considerando de esta resolución.

Por ende, para efectos de la prescripción, se estima aplicable el término de cinco años previsto en el segundo párrafo del artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y no el de tres años que sugirió el informante.

Todas estas ideas, llevadas al campo del caso que nos ocupa, ponen de manifiesto que, contrario a lo expuesto por el **********, no prescribieron las facultades de este Consejo de la Judicatura Federal para sancionar la responsabilidad que se le imputó, por las razones siguientes:

En primer lugar, las conductas comenzaron a realizarse en el año dos mil siete, por lo que si el auto de inicio de la investigación, se emitió el once de julio de dos mil doce; entonces, es claro que entre ambas fechas no transcurrió el término aplicable de cinco años, lo que en principio conduce a desestimar el planteamiento de prescripción.

Adicionalmente, podemos decir que, de acuerdo con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución recaída al citado Recurso de Revisión Administrativa 2/2005, no solamente el proveído anterior -de inicio de la investigación-, sino los posteriores emitidos para recabar elementos probatorios, interrumpieron el plazo de prescripción relativo.

Los acuerdos relevantes emitidos con posterioridad al inicio de la investigación, son los siguientes:

? Acuerdo de once de julio de dos mil doce, por cual el Secretario Ejecutivo de Disciplina determinó que, por las conductas denunciadas, se formara y registrara el procedimiento de investigación **********.

? Auto de Presidencia de siete de noviembre de dos mil doce, en el que se tuvo por recibida el acta de la visita extraordinaria de inspección ordenada.

? Proveído de cinco de diciembre de dos mil doce, mediante el cual el Pleno de este órgano colegiado ordenó que la visita extraordinaria de inspección se incorporara como material probatorio al expediente de investigación, y determinó ampliar por seis meses el periodo de la indagatoria.

? Resolución de diez de julio de dos mil trece, a través de la cual el propio Pleno declaró agotada la investigación y ordenó iniciar procedimiento disciplinario de oficio en contra del ********** y otros.

? Auto de veintiocho de agosto de dos mil trece, emitido por el Secretario Ejecutivo de Disciplina, en cumplimiento al dictamen aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de diez de julio de la propia anualidad, en el que determinó que se formara y registrara el procedimiento disciplinario de oficio **********; y que se siguiera, entre otros, contra el magistrado **********.

Con ellos, como se dijo, también se interrumpió el plazo de prescripción, lo que confirma todavía más la inoperancia de dicha figura jurídica, en el asunto a estudio.

En conclusión, por las razones anotadas, procede declarar infundado el planteamiento de prescripción que el ********** formuló en su informe.

A continuación se analizará el argumento del ********** planteado en el inciso i) relativo a que el procedimiento de responsabilidad administrativa no se inició conforme a la normatividad aplicable.

Dicho planteamiento se considera infundado, por lo siguiente:

Al respecto, el citado servidor público afirma que:

- conforme a lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 74 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta el procedimiento de responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación pa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80198-cc43b71a/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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