Corpus
Modo: Corpus Pro

Sin rubro

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 3/2013. · Registro digital (IUS): 80199
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Versión electrónica, Pág. 1.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA 3/2013.15 DE AGOSTO DE 2016. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, EN CONTRA DE ALGUNAS CONSIDERACIONES Y ANUNCIANDO VOTO CONCURRENTE, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, EN CONTRA DE ALGUNAS CONSIDERACIONES Y ANUNCIANDO VOTO CONCURRENTE, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EN CONTRA DE ALGUNAS CONSIDERACIONES Y ANUNCIANDO VOTO CONCURRENTE, EDUARDO MEDINA MORA I., PRECISANDO LAS CIRCUNSTANCIAS POR LAS QUE NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de agosto de dos mil dieciséis.

V I S T O S; y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Por escrito presentado el quince de enero de dos mil trece en la Oficialía de Partes y Certificación del Consejo de la Judicatura Federal, ********** interpuso recurso de revisión administrativa en contra de la resolución adoptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil doce, en la cual se determinó destituir al recurrente del cargo de Juez de Distrito.

SEGUNDO. El Consejero **********, en ejercicio de la representación prevista en el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por escrito recibido el veintiuno de enero de dos mil trece, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rindió el informe correspondiente y exhibió diversas documentales a título de pruebas, con fundamento en el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

TERCERO. Mediante certificación de veinticinco de enero de dos mil trece, el Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal declaró que el Ministro Juan N. Silva Meza estaba imposibilitado para tramitar el expediente, dado que conforme a lo establecido en los artículos 14, fracción I, y 85, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es el representante legal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

CUARTO. Por proveído de veinticinco de enero de dos mil trece, la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, como Presidenta en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con reserva de los motivos de improcedencia que pudieran surgir, admitió el recurso registrándolo bajo el número 3/2013, admitió las pruebas documentales ofrecidas por el recurrente y solicitó al Consejo de la Judicatura Federal para que en un plazo de diez días remitiera las copias certificadas de diversos medios de prueba ofrecidos también por el recurrente.

Asimismo, requirió al promovente para que en un término de tres días precise cuál es la prueba que ofrece como "Informe que rinda el representante legal del fraccionamiento ......; en donde se manifieste desde por qué dio acceso a personal de la Procuraduría General de la República durante todo el mes de julio, específicamente para estacionarse frente a mi domicilio y encender las luces propias de las patrullas y luces incandescentes dirigidas a las ventanas de mi domicilio...."

En el mismo acuerdo tuvo por presentado el informe rendido por el representante del Consejo de la Judicatura Federal, dio vista del mismo al recurrente por el término de tres días, y ordenó el turno virtual de los autos al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

QUINTO. Mediante proveído de diecinueve de marzo de dos mil trece, la Presidenta en funciones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el informe del Consejo de la Judicatura Federal, por virtud del cual desahogó la solicitud formulada mediante auto de veinticinco de enero de dos mil trece, y puso a la vista del recurrente las documentales ofrecidas por dicha autoridad, por un plazo de tres días.

Asimismo, se tuvo al recurrente desahogando la vista ordenada en el proveído de presidencia antes referido, respecto al informe rendido por el Consejo de la Judicatura Federal, y toda vez que solicitó que se requirieran diversas pruebas al referido órgano, se le solicitó nuevamente al Consejo para que en un plazo de diez días, remitiera dichos medios de prueba o manifestara la imposibilidad física que tuviera para ello. Por otro lado, se solicitó al Procurador General de la República y al titular de la División Antidrogas de la Comisión Nacional de Seguridad Pública aquellas pruebas ofrecidas por el recurrente, que obran en poder de dicha dependencia.

En otro orden de ideas, se admitió la primera ampliación del recurso de revisión administrativa formulada por el recurrente en los escritos registrados con los folios de entrada **********, con respecto a los cuales se le concedió al Consejo de la Judicatura Federal el plazo de tres días para rendir el informe al que se refiere el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Finalmente, no se acordó de conformidad la admisión de la prueba consistente en el reporte que rinda la empresa privada denominada "**********, por lo que se le concedió un plazo de tres días para que brindara información sobre el particular que debe rendir ese informe, o bien, de diez días para ofrecerlo directamente ante este Alto Tribunal. Asimismo, se desechó la prueba confesional que correría a cargo del representante legal de la citada empresa.

SEXTO. Mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil trece, se tuvo al Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República y al Inspector General de la Dirección de Enlace Jurídico Antidrogas de la División Antidrogas de la Policía Federal exhibiendo los medios probatorios requeridos, por lo que se le dio vista al promovente por un plazo de tres días para que manifestara lo que a su interés conviniera. Ese mismo plazo se le concedió y para los mismos efectos con respecto a los oficios registrados con los folios ********** signados por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por el Fiscal adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Procuraduría General de la República, así como con el informe rendido por el citado Consejo, con respecto a la ampliación de agravios.

Se admitió la prueba documental ofrecida por el recurrente, consistente en el informe del Director General del **********, así como las pruebas documentales públicas y privadas supervenientes a que se refiere su ocurso con folio de entrada **********.

Asimismo, se solicitó a la Procuraduría General de la República que en un plazo de diez días exhibiera copia fotostática de la averiguación previa iniciada en contra del recurrente, bajo el número **********, así como del oficio **********, ofrecidas por el recurrente.

Finalmente, la Ministra Presidenta se reservó acordar la admisión de la prueba testimonial ofrecida por el recurrente, a cargo del representante legal del **********.

SÉPTIMO. Mediante acuerdo de fecha dos de julio de dos mil trece se tuvo al Fiscal Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Procuraduría General de la República exhibiendo uno de los medios probatorios solicitados a través del proveído de Presidencia de fecha veintisiete de mayo de ese año, por lo que se admitió y desahogó en atención a su propia y especial naturaleza.

Asimismo, se le dio vista con ella al recurrente, para que en un plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, porque la citada autoridad manifiesta que no existe la averiguación previa **********.

Se tuvo al recurrente desahogando la vista que se contiene en el ocurso con folio de entrada ********** y en atención a su petición, se solicitó al Consejo de la Judicatura Federal el envío de la versión completa del acta de la sesión del Pleno de dicho órgano, celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil doce.

OCTAVO. Mediante proveído de veinte de agosto de dos mil trece, la Presidenta en funciones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por exhibido el medio probatorio consistente en el acta de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, celebrada el día veinticuatro de octubre de dos mil trece y se le dio vista con ella al recurrente para que en un plazo de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, así como con la manifestación que formuló el Fiscal Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación y Alteración de Moneda de la Procuraduría General de la República, en el sentido de que existe imposibilidad jurídica de proporcionar copia de la averiguación previa **********.

NOVENO. Por proveído de cinco de diciembre de dos mil trece, la Presidenta en funciones de este Alto Tribunal acordó que no ha lugar a requerir la copia certificada de la averiguación previa antes referida, en virtud de que, contrario a lo afirmado por el recurrente, no tiene relación con el agravio octavo del recurso de revisión administrativa. Asimismo, se tuvo por objetada el Acta de fecha veinticuatro de octubre de dos mil doce, en términos del ocurso registrado con el número de entrada ********** y se decretó que no ha lugar a la admisión de la prueba de reconstrucción de hechos ofertada por el recurrente. Finalmente, se requirió al recurrente para que en un plazo de tres días precisara cuáles son las versiones estenográficas de las sesiones del Pleno de esta Suprema Corte que en específico ofrece como pruebas.

DÉCIMO.- Por auto de fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, se declaró precluido el derecho del recurrente para desahogar el requerimiento contenido en el auto de cinco de diciembre de dos mil trece y se declaró que no ha lugar a tramitar el incidente de falta de personalidad del Consejero **********. Finalmente, se ordenó turnar los autos al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo y dar cuenta con él ante el Tribunal Pleno.

DÉCIMO PRIMERO.- Por auto de veintisiete de agosto de dos mil quince, el Ministro Presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por exhibidas las documentales que el recurrente adjuntó a su ocurso registrado con el número de entrada **********, consistentes en el oficio **********, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil catorce, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el oficio **********, de fecha catorce de diciembre de dos mil doce, suscrito por el Director General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal; documentales con las cuales el recurrente manifiesta que existieron dos sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veinticuatro de octubre de dos mil doce.

Asimismo, el Ministro Presidente de la Primera Sala ordenó devolver los autos al Ministro Ponente para proceder a la elaboración del proyecto respectivo.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1° fracción I, 2°, 10, fracción XII, 11, fracción VIII, este último precepto, en relación con los artículos 21, fracción XI y 122, todos éstos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y la fracción X del punto Segundo del Acuerdo General Plenario 5/2013, en virtud de que se trata de un recurso de revisión administrativa interpuesto en contra de una resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se ordena la destitución del hoy recurrente del cargo de juez de distrito.

SEGUNDO. Oportunidad. Se analiza la oportunidad del recurso de revisión y de la ampliación a los agravios.

Por lo que hace al recurso de revisión, éste se interpuso con oportunidad, en virtud de que la resolución impugnada se comunicó al recurrente a través de comparecencia el martes ocho de enero de dos mil trece;(1) surtiendo sus efectos el miércoles nueve siguiente, por lo que el plazo de cinco días previsto en el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para la interposición del recurso de revisión administrativa transcurrió del jueves diez al miércoles dieciséis de enero de dos mil trece, descontándose de dicho cómputo el sábado doce y el domingo trece de enero de dos mil trece, por ser inhábiles en términos del artículo 163 de la ley en cuestión.

Así, si el escrito de agravios se presentó en la Oficialía de Partes del Consejo de la Judicatura Federal el quince de enero de dos mil trece, es evidente que se presentó en tiempo.

En cuanto al escrito presentado el once de febrero de dos mil trece, en desahogo a la vista otorgada a través del proveído de Presidencia en funciones de veinticinco de enero de dos mil trece, también fue interpuesto de manera oportuna de conformidad con lo siguiente:

El veintiuno de enero de dos mil trece se recibió en este Alto Tribunal el informe del Consejo de la Judicatura Federal, con el cual incluyó entre diversos medios de prueba, el expediente original de la queja administrativa ********** y su acumulada **********, en el que se contiene la resolución impugnada emitida en la sesión de veinticuatro de octubre de dos mil doce, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Por proveído de veinticinco de enero de dos mil trece, se tuvo por presentado el informe y por exhibidas las documentales que acompañaban a dicha promoción, por lo que se concedió un plazo de tres días, contados a partir del día siguiente de su notificación, para que el recurrente manifestara lo que a su derecho conviniera.

Dicho auto fue notificado por comparecencia al recurrente, el seis de febrero de dos mil trece, por lo que surtió efectos el siete del mismo mes y año.

En esa tesitura, el plazo para desahogar la vista transcurrió del ocho al catorce de febrero de dos mil trece, descontándose para el cómputo del plazo, el sábado nueve y el domingo diez del mismo mes y año, por haber sido inhábiles en términos del artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia del Tribunal Pleno que lleva por rubro: "RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA PRESENTAR LA AMPLIACIÓN DE AGRAVIOS ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, COMPUTADO A PARTIR DEL MOMENTO EN EL CUAL EL RECURRENTE TENGA CONOCIMIENTO DE DATOS NOVEDOSOS CON MOTIVO DEL INFORME QUE RINDA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL."(2)

Así, si el escrito de agravios se presentó el once de febrero de dos mil trece, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es evidente que se presentó en tiempo.(3)

En consecuencia, respecto a los escritos presentados el doce de febrero de dos mil trece,(4) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en alcance a su escrito presentado el día once del mismo mes y año, se advierte que estos también fueron interpuestos en tiempo.

TERCERO. Antecedentes y resolución impugnada. El Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, presentó queja administrativa contra el licenciado **********, mediante oficio recibido en la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal el día veintinueve de septiembre de dos mil diez, con motivo de su desempeño como juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en **********. La queja quedó registrada bajo el número **********.

Por otro lado, el Coordinador General de Apoyo al Proceso, mediante oficio recibido en la misma fecha que el oficio del titular de la Unidad antes mencionada y ante la referida Secretaría Ejecutiva, también presentó queja administrativa contra el aludido juzgador federal, la cual quedó registrada bajo el número Q.A. **********. Esta última se acumuló a la queja Q.A. **********.

Mediante acuerdo de quince de octubre de dos mil diez, el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal requirió al juez involucrado para que rindiera informe por escrito dentro del plazo legal y se le hizo saber que las conductas denunciadas probablemente encuadraban en las causas de responsabilidad contempladas en las fracciones VIII y XI del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso numeral 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Por otro lado, el Coordinador General de Apoyo al Proceso adscrito a las Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, mediante oficio recibido el quince de abril de dos mil once en la sede del Consejo de la Judicatura Federal, presentó una diversa inconformidad contra el mismo juzgador federal, la cual se admitió como Denuncia **********. Mediante acuerdo de siete de julio de dos mil once, se hizo del conocimiento del juez de Distrito involucrado que las conductas denunciadas probablemente encuadraban en las causas de responsabilidad contempladas en las fracciones VIII y XI del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso numeral 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Dicha denuncia se acumuló a las quejas **********.

Una vez integrados los autos y desahogado el procedimiento de ley, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió resolución el día veinticuatro de octubre de dos mil doce, en la que resolvió las quejas y denuncia acumuladas antes referidas, y por mayoría de cinco votos aprobó imponer al licenciado **********la sanción consistente en la destitución del puesto de juez de Distrito.

Las consideraciones que sostuvo el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para emitir la determinación anterior son, en síntesis, las siguientes:

1.- La materia de estudio en el procedimiento de responsabilidad administrativa no queda definida por el auto de admisión, sino que se tiene que obtener a partir de los hechos esgrimidos por el promovente, toda vez que de ahí se desprenden las acciones u omisiones que son la base de las imputaciones que se formulan al servidor público y por las cuales se considera que ha incurrido en falta administrativa. Lo anterior tiene sustento en el artículo 134, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Si la propia ley obliga al servidor público a contestar todos y cada uno de los hechos, resulta lógico concluir que el órgano resolutor deberá ocuparse de todas las conductas que se deriven de los escritos de inconformidad, y no solamente de lo que se haya establecido al admitir la queja administrativa. De lo contrario, se trastocarían los principios de congruencia y exhaustividad.

2.- A continuación, el Consejo refirió cuáles son las conductas que se le atribuyen al juez destituido, que son: la acumulación indebida de dos procesos penales; el indebido sobreseimiento de la causa penal ********** instruida por los delitos de Delincuencia Organizada y Contra la Salud, en contra, entre otros, de **********, cuando debió haberse dictado libertad con las reservas de ley; la indebida concesión de la suspensión definitiva al impetrante de garantías **********; la indebida notificación para hacer comparecer a los testigos protegidos y a los agentes de policía en la causa penal **********, así como la incorrecta resolución de tres incidentes de libertad por desvanecimiento de datos dentro de la citada causa penal, a favor de igual número de procesados, los cuales declaró fundados y, en consecuencia, ordenó su libertad absoluta y el sobreseimiento de la referida causa penal.

3.- El Pleno del Consejo declaró infundada la queja administrativa en relación con las imputaciones que se hacen al servidor público, en el sentido de que el juez incurrió en una contradicción en la actividad valorativa en la resolución del veinticuatro de septiembre de dos mil diez, emitida en la causa penal **********, porque al resolver la situación jurídica de García Hurtado dio valor probatorio a los testigos colaboradores al estudiar el cuerpo de los delitos, sin embargo, al estudiar la probable responsabilidad del inculpado les restó valor probatorio, con base a que al rendir su declaración no estuvieron asistidos de su abogado defensor.

4.- Asimismo, declaró infundada la queja con respecto a los motivos de inconformidad, consistentes en que la resolución incidental de AR, emitida en el cuaderno incidental derivado del juicio de amparo **********, el entonces juez incurrió en una incongruencia porque en los considerandos no se pronunció sobre la orden de aprehensión que era la cuestión principal, sino que se pronunció sobre la suspensión de los derechos políticos, que era la cuestión accesoria, no obstante, al plasmar el punto resolutivo, la medida provisional también se concedió respecto de la orden de captura; y que la suspensión de derechos políticos resultaba improcedente, porque dicha suspensión no puede ser combatida, como acto destacado, en el juicio de amparo, habida cuenta que tales derechos no están considerados como garantías individuales.

5.- También resulta infundada la queja relacionada con las siguientes irregularidades:

i) Que mandó notificar al Ministerio Público de la Federación para que por su conducto se obtuviera la comparecencia de unos testigos protegidos y unos agentes de policía, en vez de obtener la presencia de los policías a través de su superior jerárquico, como lo manda el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Penales, y en cuanto a los testigos protegidos, ordenar su comparecencia por conducto de la Subprocuraduría correspondiente, dado que esta autoridad los tiene bajo su guarda y custodia; y

ii) Que no tomó las providencias necesarias para llevar a cabo las audiencias por medio de videoconferencia, de conformidad con el Acuerdo General 74/2008, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que la falta de desahogo de las pruebas es imputable única y exclusivamente al juez.

6.- Es fundada la queja administrativa en relación a las imputaciones que se le hacen respecto al tema de la "acumulación de procesos", esto es, en torno al argumento de que el juez implicado determinó acumular la causa penal **********, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit, instruida contra **********a la diversa causa penal **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, seguida contra diversos servidores públicos de la mencionada entidad federativa.

El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal hizo referencia a los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la referida resolución de acumulación y tomó en consideración que las manifestaciones de los inconformes están encaminadas a controvertir dos cuestiones que sustentan la resolución del juez de distrito, a saber:

(i) Tener por actualizada la procedencia de la acumulación de las causas penales; y,

(ii) Determinar que el tribunal competente para conocer de los dos procesos era, precisamente, el juzgado de **********, Michoacán, al que está adscrito el servidor público denunciado, en vez de considerar que el juzgado del Estado de Nayarit era el competente.

El Consejo de la Judicatura Federal consideró que, efectivamente, el juez de distrito no se ajustó a las disposiciones legales que regulan la procedencia de la acumulación de procesos, ya que no se colman los requisitos que prevé el Código Federal de Procedimientos Penales para acordarla favorablemente, en los supuestos de las fracciones II y IV del artículo 473,(5) que señaló el juez en su resolución.

Con respecto a la primera hipótesis, el juzgador señaló expresamente que "...sí existe conexidad en los procesos señalados, toda vez que la base de la investigación de los delitos constituyen las mismas pruebas, como lo son los testigos protegidos, partes policiacos y una documental en que se hace referencia de todos los procesados en ambas causas, de ahí que se actualizan las hipótesis establecidas en las fracciones II y IV del artículo 473, y la diversa contenida en la fracción II del artículo 475,(6) del Código Federal de Procedimientos Penales."

El Consejo estimó que el hecho de que existan las mismas pruebas y la documental aludida en que se mencionan a todos los procesados, no es suficiente para tener por acreditado el supuesto del delito conexo, en la hipótesis especificada por el juzgador federal. Para ello era necesario que el juez, de manera preventiva, refiriera cuáles eran las personas sobre las cuales se consideraba que habían cometido el delito, respecto de cada una de las causas penales, en qué tiempo probable se dio la comisión de las conductas ilícitas y de qué manera se llegó a la conclusión de considerar que se había exteriorizado la voluntad de los sujetos activos para participar en la ejecución de los delitos, todo esto relacionado con las constancias de autos para identificar las pruebas que apoyaran las consideraciones.

Además, tampoco fue legal que el juez sostuviera la procedencia de la acumulación con base en la afirmación de que ambos procesos se siguen contra servidores públicos y en investigación de la existencia de determinada organización delictiva. En primer lugar, porque es incorrecto que en cada uno de los procesos se siga la investigación en contra de servidores públicos, esta cualidad en los sujetos activos solamente se presenta en la causa penal **********. En cambio, respecto de la otra causa penal, se siguió en contra de diversas personas, a quienes también se les imputaron los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, pero no se les atribuyó la cualidad de servidores públicos, asimismo se les atribuyeron los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, y posesión de cartuchos para las armas reservadas.

En segundo lugar, el simple hecho de afirmar que se seguía la investigación de la existencia de determinada organización delictiva, es insuficiente para colmar la hipótesis legal, ya que para poder determinar si se trata del mismo delito era necesario que se describieran cuáles eran las conductas concretas que constituían los hechos incriminados, es decir, los actos u omisiones que constituyen la descripción legal. Sin embargo, el juez no estableció, al menos de manera probable o provisional, cuáles eran los actos concretos que se atribuían a los inculpados en cada uno de los procesos, lo que debió llevar a cabo en vez de considerar el delito en forma abstracta, tomando en cuenta únicamente su redacción legal.

Por otra parte, la acumulación hubiera sido procedente pero en sentido opuesto a lo determinado por el juzgador, es decir, que la causa penal ********** se acumulara a la **********, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit. Lo anterior es así, porque la constancia que tomó en cuenta el servidor público implicado no puede considerarse como una diligencia, en tanto que para la fecha en que se llevó a cabo la declaración ministerial del testigo protegido (doce de julio de dos mil seis) que se incorporó a la averiguación previa ********** (origen de la causa penal **********), no estaba abierta la citada averiguación, que se inició con fecha diecisiete de junio de dos mil nueve. Por tanto, esa constancia no puede considerarse como una diligencia desahogada en la causa penal **********.

Por otro lado, al tomar en cuenta que la investigación que dio origen a la causa penal ********** se inició con fecha treinta y uno de marzo de dos mil nueve, y la diversa investigación que motivó el inicio del proceso **********, tuvo lugar el diecisiete de junio de dos mil nueve, a partir de esos datos objetivos se puede llegar a la conclusión razonable de que el juez que previno de los hechos fue el de Nayarit.

Además, la documental que tomó en cuenta el juez implicado no es una diligencia de recepción de la declaración ministerial del testigo, porque para la fecha en la que se recabó todavía no se iniciaba la investigación ni el proceso penal **********.

El Consejo determinó que sus conclusiones no quedaron desvirtuadas con los argumentos de defensa que esgrimió el juez de distrito, porque dichas conclusiones fueron obtenidas de la evaluación directa de la resolución de acumulación, y no tiene su fundamento y motivación en la resolución de segunda instancia emitida por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito.

Asimismo, el Consejo determinó que no le asiste la razón al servidor público denunciado, porque la posibilidad legal de tomar en cuenta pruebas recabadas en otros procesos o investigaciones previas para una posterior, como lo establece la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, no implica que se deba desconocer la temporalidad en que se han desarrollado, lo cual significa que en una indagatoria posterior no podría considerase como diligencias las pruebas recabadas con anterioridad, sino que serán las que se desahoguen precisamente a partir de su inicio las que tendrán el carácter de diligencia, aunque todas pudieran considerarse como medios de convicción, de acuerdo a lo que dispone la citada ley especial.

7.- Es fundada la queja administrativa, en relación al tema del sobreseimiento de la causa con respecto al inc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80199-9cbb089e/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.