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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE RECLAMACIÓN 359/2011. ***********. 11 DE JUNIO DE 2012. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SIETE VOTOS. SECRETARIO: OCTAVIO JOEL FLORES DÍAZ.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 359/2011. · Registro digital (IUS): 80034
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ***********.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Versión electrónica, Pág. 6.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al once de junio de dos mil doce.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil once en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ***********, por propio derecho, interpuso recurso de reclamación en contra del auto de cuatro de noviembre de dos mil once, emitido por el Presidente de este Alto Tribunal en el expediente varios ***********.

SEGUNDO. Por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil once, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso de reclamación; asimismo, lo registró con el número 359/2011, ordenó turnarlo a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas a fin de que elabore el proyecto de resolución respectivo.

TERCERO. Mediante acuerdo de cinco de diciembre de dos mil once, la Primera Sala de este Alto Tribunal se avocó al conocimiento del asunto.

Previo dictamen de la Ministra Ponente de fecha dos de febrero de dos mil doce, el asunto fue radicado en el Tribunal Pleno por proveído de Presidencia de la Suprema Corte del día nueve del mismo mes y año.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Punto Noveno del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que la Ministra Ponente así lo solicitó a la Sala de su adscripción, por considerar que es este Pleno el que debe emitir la resolución correspondiente.

SEGUNDO. En atención al sentido de esta resolución, es innecesario analizar la oportunidad, así como sintetizar los agravios expuestos por el reclamante debido a que el presente recurso de reclamación es improcedente y, por ende, procede desecharlo.

En principio, conviene atender la resolución combatida en la que se sostuvo lo siguiente:

"México, Distrito Federal, a cuatro de noviembre de dos mil once.

Con el escrito original y las copias certificadas de las ejecutorias de cuenta, fórmese y regístrese el expediente varios correspondiente. Ahora bien, como en el caso el promovente Magistrado ***********, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (actualmente suspendido) interpone con fundamento en los artículos 1º, 8º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 del Tratado Internacional de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, suscrita por el Estado Mexicano en el "Pacto de San José", "PETICIÓN DE SÚPLICA Y RECONSIDERACIÓN", en contra de la determinación asumida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal al resolver la queja administrativa ***********, dictada el cinco de octubre de dos mil once, mediante la cual resolvió en la parte que interesa, lo siguiente: '... SEGUNDO. Se declara fundada la queja administrativa seguida en contra de los licenciados *********** y ***********, en su actuación como magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta resolución.

TERCERO. Se impone a los licenciados *********** y ***********, sanción administrativa consistente en suspensión de un mes, sin goce de sueldo, con motivo de su actuación como magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando octavo de este fallo, la cual se hará efectiva en los términos señalados en la parte final del mismo considerando...', y en virtud de que tanto las resoluciones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal, en los asuntos o recursos respectivos, como cualquier otro acto que ocurra durante su trámite o sustanciación, que incluso se atribuya a su Presidente, no admiten juicio ni recurso alguno, de conformidad con la interpretación derivada del artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo conducente es desechar, por notoriamente improcedente, el medio de defensa que se intenta. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2a. CXXXII/2001, de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, cuyo texto señala: 'CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN SUS COMISIONES EN LOS ASUNTOS CUYO CONOCIMIENTO ORIGINALMENTE CORRESPONDE A DICHO ÓRGANO, SON DEFINITIVAS E INATACABLES, AUN EN AMPARO. Si se toma en consideración que las Comisiones Unidas, de Receso, Administración, Carrera Judicial, Disciplina, Creación de Nuevos Órganos y Adscripción Fueron creadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal con la tarea de que lo auxilien en el desahogo de los asuntos que se le encomiendan, para que éste puede centrar su atención en la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, y que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o. y 24 del Acuerdo General 48/1998 del propio Pleno, que regula la organización y funcionamiento del referido consejo, éste ejercerá sus atribuciones, entre otras, a través de dichas comisiones, lo que significa que éstas no tienen competencia distinta de aquél, resulta inconcuso que las resoluciones que tales comisiones emitan, revisten similares características y naturaleza que las que pronunciaría el indicado consejo al resolver los mismos asuntos, cuyo conocimiento originalmente le corresponde y, por tanto, se consideran como definitivas e inatacables, de ahí que no pueden ser combatidas por medio de impugnación alguno, ni siquiera a través del juicio de amparo, tal y como lo dispone el artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual se entiende que tanto las resoluciones dictadas por el consejo de mérito, en los asuntos o recursos respectivos, como cualquier otro acto que ocurra durante su trámite o sustanciación, que incluso se atribuya a su presidente, no admitirán juicio ni recurso alguno'; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de dos mil uno, página doscientas trece.

Consecuentemente, con fundamento en los artículos 10, fracción XI, y 14, fracción II, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

I. Se desecha, por notoriamente improcedente, la 'PETICIÓN DE SÚPLICA Y RECONSIDERACIÓN' que interpone el promovente Magistrado ***********, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (actualmente suspendido).

II. Notifíquese;..."

De lo anterior, se aprecia que *********** interpuso recurso de "petición de súplica y reconsideración", en contra de la determinación asumida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal al resolver la queja administrativa ***********, dictada el cinco de octubre de dos mil once, mediante la cual se le impuso sanción administrativa consistente en suspensión de un mes, sin goce de sueldo, con motivo de su actuación como magistrado integrante del Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito.

Asimismo, que en virtud de que las resoluciones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal no admiten juicio ni recurso alguno, de conformidad con la interpretación derivada del artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desechó por notoriamente improcedente, dicho recurso de "petición de súplica y reconsideración".

Por su parte, el artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, invocado en la resolución recurrida, dispone lo siguiente:

"Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.

[...]

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva..."

Del análisis del precepto transcrito se desprende que las resoluciones que emita el Consejo de la Judicatura Federal respecto de jueces y magistrados, únicamente serán impugnables a través del recurso de revisión administrativa cuando se refieran a su designación, adscripción, ratificación y remoción.

En relación con este último supuesto, el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio de que dentro del término remoción, deben quedar comprendidas las resoluciones relativas a la destitución de jueces y magistrados, aquéllas en las que se determine su no ratificación, así como las relacionadas con una inhabilitación temporal, tal como se desprende de las siguientes tesis y jurisprudencia:

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LA DESTITUCIÓN DEL CARGO DE MAGISTRADO O JUEZ DE DISTRITO SIGNIFICA SU REMOCIÓN, POR LO QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA ES IMPUGNABLE MEDIANTE ESE RECURSO. Los artículos 100, párrafo octavo, de la Constitución Federal y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que el recurso de revisión administrativa procede, entre otros casos, en contra de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal que se refieran a la remoción de Magistrados o Jueces de Distrito. De una interpretación gramatical, esto es, atendiendo únicamente al significado, sentido, extensión y connotación de los términos del lenguaje, se llega a la conclusión de que el vocablo "remoción", a que se refieren los citados preceptos, significa deponer o apartar del cargo o empleo. Por otra parte, de una interpretación sistemática de los referidos artículos en relación con el 133, fracción III, 135, fracción V, y 137 de la citada ley orgánica, esto es, analizados en su conjunto y armónicamente todos estos preceptos, se advierte que indistintamente unos aluden a la remoción y otros a la destitución, para identificar en cualquiera de los casos la privación del cargo que detentaba un Magistrado o Juez de Distrito. De lo anterior se concluye que, si la resolución recurrida impone como sanción la "destitución" de Juez de Distrito, debe considerarse que el aludido recurso interpuesto en su contra es procedente de conformidad con las disposiciones legales citadas."(1)

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA REMOCIÓN DE UN MAGISTRADO DE CIRCUITO O DE UN JUEZ DE DISTRITO, POR CUALQUIER CAUSA. El decreto del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que reformó, entre otros, el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son inatacables, excepto las que se refieran a la designación, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito. Por tanto, como el legislador no limitó la procedencia del recurso a los casos en que expresa y literalmente se utilizaran tales palabras, debe atenderse sólo al significado de esos enunciados o expresiones, pues el señalamiento de ciertos términos no implica exclusión de otros que refieren un hecho idéntico. En consecuencia, si existe una resolución de remoción por no haberse ratificado a uno de los servidores públicos antes mencionados, debe entenderse que sí procede el recurso de revisión administrativa establecido en el referido precepto constitucional."(2)

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LA INHABILITACIÓN TEMPORAL IMPUESTA A MAGISTRADOS DE CIRCUITO O JUECES DE DISTRITO PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO IMPLICA SU REMOCIÓN, POR LO QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA ES IMPUGNABLE MEDIANTE AQUEL RECURSO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 107/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 34, con el rubro: 'REVISIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA REMOCIÓN DE UN MAGISTRADO DE CIRCUITO O DE UN JUEZ DE DISTRITO, POR CUALQUIER CAUSA.', sostuvo que para establecer la procedencia de dicho recurso contra las determinaciones que impliquen la remoción del cargo de los funcionarios mencionados, debe atenderse al significado de la palabra "remoción", ya que el legislador no limitó su procedencia a los casos en que expresa y literalmente se utilizara esa palabra. En congruencia con lo anterior se concluye que la resolución que decreta la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público impuesta a Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito es impugnable mediante el recurso de revisión administrativa, ya que aquélla implica que ha sido decretada la remoción del cargo, que se traduce en la separación de éste y la terminación de la relación laboral del servidor público con el Estado, a diferencia de lo que ocurre tratándose de la suspensión temporal, que no constituye un acto privativo sino sólo uno de molestia en la esfera jurídica del sancionado, quien una vez que cumple la suspensión, se reincorpora a su cargo."(3)

Ahora, el criterio para determinar que las resoluciones de destitución y no ratificación pueden ser impugnables a través del recurso de revisión administrativa, se basan en que las mismas constituyen actos privativos, a través de los cuales se da por terminada la relación de trabajo entre el servidor público y el Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, tratándose de la sanción impuesta a jueces y magistrados, consistente en la suspensión temporal de su cargo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de veintitrés de junio de mil novecientos noventa y ocho la revisión administrativa 4/97, emitió el criterio visible en la página 44, Tomo X noviembre de 1999, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala lo siguiente:

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SANCIÓN CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL IMPUESTA A MAGISTRADOS Y JUECES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. La sanción consistente en la suspensión temporal impuesta a Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación, no puede equipararse a una remoción o a una destitución, debido a que no conlleva la terminación de la relación laboral; en todo caso, constituye un acto de molestia en su esfera jurídica que no es privativo, porque transcurrido el plazo de la suspensión el sancionado regresa a desempeñar su encargo, por lo que al no ubicarse en los supuestos excepcionales de procedencia del recurso de revisión administrativa que prevé el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente su improcedencia."

Las consideraciones que sirvieron de sustento para emitir el criterio mencionado, en la parte relativa, fueron las siguientes:

"...La procedencia del recurso de revisión administrativa deriva de las disposiciones contenidas en el octavo párrafo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los numerales 122 y 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El artículo 100 del Pacto Supremo, en el texto actual de su octavo párrafo, establece:

[Se transcribe.]

La iniciativa de reformas de diversos preceptos constitucionales, entre los que se encuentra el numeral transcrito, de fecha cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en lo que al caso interesa, señala:

'EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. -- Adicionalmente a los cambios propuestos en lo concerniente a las competencias judiciales de la Suprema Corte de Justicia, la iniciativa propone que sus atribuciones administrativas sean asignadas a un órgano de nueva creación. Este órgano se integraría por personas designadas por los tres Poderes de la Unión, quienes ejercerían sus funciones por un tiempo limitado y serían sustituidos mediante un sistema de escalonamiento. Con la liberación de las cargas de trabajo administrativo, el Pleno de la Suprema Corte contará en adelante con mayor tiempo para el desahogo de sus funciones jurisdiccionales. -- Este órgano de administración seria responsable de velar por la independencia de los jueces y magistrados, y cuidaría que en todo momento se apliquen estrictamente los principios de la carrera judicial, a fin de garantizar la adecuada calificación de las personas que asuman la función jurisdiccional.... --- ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN... --- De acuerdo con la iniciativa que ahora someto a su consideración, se propone modificar el artículo 100 constitucional a fin de que las funciones administrativa que hasta ahora ejerce la Suprema Corte recaigan en un Consejo de la Judicatura Federal. El mismo estaría integrado por siete miembros, y lo presidiría el ministro que resulte electo para presidir la Suprema Corte. De los seis miembros restantes del Consejo, dos serán designados por la Cámara de Senadores, uno electo por los jueces de Distrito, uno electo por los magistrados de Circuito y dos designados por el Presidente de la República. Salvo en el caso del Presidente de la Suprema Corte, los miembros durarán en su cargo cinco años, llevándose a cabo su renovación de manera escalonada. Debido a la importancia de las funciones que habrán de realizar en lo tocante a la integración, administración y vigilancia de una buena parte de un poder del Estado, se propone modificar los artículos 110 y 111 constitucionales a fin de respectivamente, hacer a los miembros del Consejo de la Judicatura Federal sujetos de juicio político y otorgarles la correspondiente inmunidad procesal. -- Atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal. --- Entre las atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal que deben ser destacadas, se encuentren las relativas al nombramiento, adscripción, promoción y remoción de jueces y magistrados. Es decir, las cuestiones relativas a la carrera judicial. Con el enorme crecimiento del número de órganos del Poder Judicial de la Federación que hubo a comienzos de la década pasada, y que llegó a ser en promedio de veintiún tribunales y juzgados por año, la designación de sus titulares significó un problema y se dio cabida a la improvisación del personal. A fin de que en lo futuro se eleve la calidad profesional de quienes habrán de impartir justicia, mediante esta reforma se pretende elevar a rango constitucional la carrera judicial, de manera que en lo futuro el nombramiento, adscripción y remoción de jueces y magistrados quede sujeta a los criterios generales, objetivos e imparciales que al respecto determinen las leyes. --- De acuerdo con la adición que se propone al artículo 94, al Consejo le corresponderá también la deleitación (sic) territorial de los circuitos y distritos judiciales de todo el país, así como la determinación del número de órganos y las materias que éstos deban conocer. Ello es así, en tanto que estas tareas implican la distribución de las cargas de trabajo y la ubicación geográfica de los órganos, cuestiones que requieren de un conocimiento primordialmente administrativo. -- El Consejo deberá realizar la vigilancia y supervisión de los órganos jurisdiccionales así como de las conductas de sus titulares, en concordancia con la competencia que le corresponde para el nombramiento y remoción de estos funcionarios. Esta última será una de las competencias del Consejo de la Judicatura Federal que mayores beneficios habrá de reportar a la impartición de justicia federal pues facilitará que se detecten las anomalías, los delitos o el cabal cumplimiento de las tareas por parte de los jueces, magistrados y personal...'.

Se obtiene de esta transcripción, que a virtud de las reformas constitucionales, se creó un órgano encargado de las funciones administrativas antaño encargadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que el Máximo Tribunal se avoque exclusivamente a la función jurisdiccional; que dicho órgano de nueva creación, que se denomina Consejo de la Judicatura Federal, será el responsable de velar por la independencia de los jueces y magistrados, y cuidará que en todo momento se apliquen estrictamente los principios de la carrera judicial, a fin de garantizar la adecuada calificación de las personas que asuman la función jurisdiccional; como consecuencia de ello, entre sus atribuciones se encuentran las relativas al nombramiento, adscripción, promoción y remoción de jueces y magistrados; a fin de elevar la calidad profesional de quienes habrán de impartir justicia, y dado que se pretende elevar a rango constitucional la carrera judicial, en lo futuro el nombramiento, adscripción, promoción y remoción de jueces y magistrados quedarán sujetos a los criterios generales, objetivos e imparciales que al respecto determinen las leyes.

También se destaca en la iniciativa que se comenta, que el Consejo deberá realizar la vigilancia y supervisión de los órganos jurisdiccionales así como de las conductas de sus titulares, en concordancia con la competencia que le corresponde para el nombramiento y remoción de estos funcionarios, atribución ésta que se consideró la que mayores beneficios reportará a la impartición de justicia, en virtud de que facilitará que se detecten las anomalías, los delitos o el cabal cumplimiento de las tareas por parte de los jueces, magistrados y personal.

Atendiendo a las anteriores consideraciones, la iniciativa en cuestión propuso la reforma del octavo párrafo del artículo 100 constitucional, en el sentido de que 'Las decisiones del Consejo serían definitivas e inatacables'.

Sin embargo, en la sesión celebrada en la Cámara de Senadores el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, relativa a la segunda lectura del Dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Justicia, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera Sección, obra lo siguiente:

'El C. Secretario ***********: Se modifica el penúltimo párrafo del Artículo 100, para quedar como sigue:--- -'Las decisiones del consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a designación, adscripción, remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la Ley Orgánica respectiva'. -- -La suscriben los Senadores ***********. -- -En votación económica, se consulta a la Asamblea, si se acepta la modificación propuesta. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. -- (La asamblea asiente). -- -Aprobada, señor Presidente...'.

El Dictamen correspondiente fue aprobado por la Cámara de Diputados, en la sesión celebrada el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

Por su parte, los artículos 122 y 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en vigor al día siguiente, en su orden, disponen:

'ARTÍCULO 122. Las decisiones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieren al nombramiento, adscripción, cambio de adscripción y remoción de Magistrado de Circuito y Jueces de Distrito, las cuales podrán impugnarse ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, mediante el recurso de revisión administrativa. El recurso de revisión administrativa tendrá como único objeto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determine si el Consejo de la Judicatura Federal nombró, adscribió o removió a un Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, con estricto apego a los requisitos formales previstos en esta ley o en los reglamentos interiores y acuerdos generales expedidos por el propio Consejo de la Judicatura Federal. -- ARTÍCULO 140. Las resoluciones por las que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal imponga sanciones administrativas consistentes en la destitución del cargo de magistrado de circuito y juez de distrito, podrán ser impugnadas por el servidor público ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia mediante el recurso de revisión administrativa...'.

La iniciativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de fecha diez de abril de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el tema que nos ocupa, dice:

'...Los cambios recientes a la Constitución en materia de impartición de justicia no sólo afectaron a las cuestiones de carácter jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia o las relativas a la designación de sus integrantes. Adicionalmente a esos cambios, se contempló que las atribuciones administrativas con que originalmente contaba la Suprema Corte de Justicia fueran asignadas a un nuevo órgano de carácter exclusivamente administrativo, denominado Consejo de la Judicatura Federal.... --- DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES. -- Como se indicó, y como consecuencia de las reformas constitucionales, un buen número de las atribuciones administrativas y disciplinarias que ejercitaba la Suprema Corte de Justicia fueron conferidas al Consejo de la Judicatura Federal.... Las modificaciones constitucionales al régimen de competencias de la Suprema Corte de Justicia hacen necesario que en la Ley Orgánica se recoja un nuevo marco normativo que le permita, por un lado, cumplir con sus nuevas funciones de máximo tribunal jurisdiccional y, por el otro, dejar de ser el órgano de gobierno de todo el Poder Judicial de la Federación... En materia jurisdiccional, y atendiendo también a lo dispuesto en el nuevo artículo 100 de la Constitución, se confiere al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la delicada atribución de revisar las decisiones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal en materia de nombramiento, adscripción y remoción de magistrados de circuito y jueces de distrito. En atención a las características de este recurso, se establece con gran precisión la legitimación para interponerlo y se propone que el procedimiento al que habrá de sujetarse sea sencillo y ágil. -- Es necesario destacar que el objeto del recurso se limita a determinar si la adscripción, nombramiento o remoción se llevó a cabo con estricto apego a los requisitos formales previstos en la ley y en las demás disposiciones generales aplicables y que, en caso de declararse fundado, producirá la nulidad del acto impugnado para el efecto de que se emita una nueva resolución; sin embargo, para salvaguardar el principio de seguridad jurídica, tal declaratoria no conllevará la nulidad de las actuaciones del magistrado de circuito o juez de distrito previamente nombrado o adscrito...'.

De lo transcrito destaca que la facultad que el legislador secundario otorgó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de revisar las decisiones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal, se contrae únicamente a las materias de nombramiento, adscripción y remoción de magistrados de circuito y jueces de distrito; por lo cual se enfatiza en la iniciativa en comento, que se establece con gran precisión la legitimación para interponerlo. Es decir, sólo podrán interponer el recurso de revisión administrativa, quienes hayan resultado afectados por una decisión del Consejo de la Judicatura Federal sobre nombramiento, adscripción y remoción de magistrados de circuito o jueces de distrito.

El dictamen de primera lectura de la Cámara de Senadores, de fecha veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco, en lo que al caso interesa, es del tenor literal siguiente:

'La legalidad del procedimiento. -- El título de la Carrera Judicial contiene un capítulo también para hacer efectiva la disposición constitucional de garantizar la legalidad en el procedimiento de ingreso, adscripciones, cambios de éstos y, en su caso, cuando se den las causales previstas en otras partes de la Ley para la remoción de los magistrados de circuito y de los jueces de distrito. -- Para esto se crea un recurso que se denomina de revisión administrativa para pedir el examen de las actuaciones del Consejo de la Judicatura Federal en esta materia, invocando la alzada plena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien sin mayor trámite, conociendo el escrito de revisión y los datos del expediente en cuestión, turnará el caso a un miembro para que se elabore la ponencia y con base en ella resolverá de plano. -- La iniciativa también delimita con exactitud los efectos de esas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, que en todo caso declararán solamente la nulidad del acto impugnado, para que el órgano revisado, que es el Consejo de la Judicatura Federal, provea una nueva resolución sobre la materia. La iniciativa al respecto, tiene buen cuidado en disponer que dicha nulidad no ha de producir la invalidez de las actuaciones judiciales, ni tampoco que se interrumpan durante el trámite de la revisión, los efectos de la resolución impugnada. -- Al desarrollar reglamentariamente este asunto, se consigue a cabalidad la certeza en las actuaciones que se realicen dentro de los procedimientos de la carrera judicial, pero también la certidumbre de la definitividad e inacatabilidad de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, pues este recurso es excepcional y no se da en ningún otro caso en que el Consejo ejerce sus funciones, y el mismo considera como parte legitima únicamente a las personas que hayan participado en los concursos de oposición sin haber resultado favorecidos y desde luego, a los jueces y magistr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80034-b1fd313a/recurso-de-reclamacion-359-2011-11-de-junio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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