CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DEBER DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE REALIZARLO AL CONOCER JUICIOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO [ABANDONO DE LAS TESIS AISLADAS P. IX/2015 (10a.) Y P. X/2015 (10a.)]
CONTRADICCIÓN DE TESIS 351/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO, Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ALEJANDRO GONZÁLEZ PIÑA.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelven los autos relativos a la contradicción de tesis número 351/2014; para lo cual deben tomarse en consideración los siguientes:
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil catorce, en la Oficialía de Partes del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, **********, por conducto de su autorizado, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el citado Tribunal Colegiado, el Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Tercera Región, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Octava Región y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.(1)
2. El quince de octubre de dos mil catorce, el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito tuvo por denunciada la posible contradicción de tesis y ordenó remitir los escritos correspondientes, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) lo que se realizó mediante oficio número 5152/2014, de la misma fecha.(3)
II. TRÁMIT.
3. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, el presidente de este Alto Tribunal ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la contradicción de tesis número 351/2014; que se solicitara a los presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes, la versión digitalizada del original o, en su caso, copia certificada de las respectivas ejecutorias de los asuntos de su índice, en las que sustentaron los criterios en contradicción, así como su envío a la cuenta de correo electrónico correspondiente; además, que informaran si los mencionados criterios se encuentran vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados. Por otra parte, se ordenó el turno del asunto a la Ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas, para la elaboración del proyecto de resolución. Finalmente, se ordenó hacer del conocimiento de dicha admisión a los Plenos en Materia Administrativa del Primer y Tercer Circuitos, en Materia Civil del Primer Circuito, así como a los del Cuarto, Décimo Cuarto y Décimo Séptimo Circuitos.(4)
4. Una vez que los Tribunales Colegiados contendientes dieron cumplimiento a lo solicitado, por acuerdo de siete de mayo de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por desahogado el requerimiento formulado a dichos órganos jurisdiccionales y por integrado el expediente en que se actúa; asimismo, ordenó enviar los autos a la Ministra designada para la elaboración del proyecto respectivo.(5)
5. Returno. En auto de cuatro de enero de dos mil dieciséis el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, fracción II, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 95 y 96 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, returnar este asunto a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, a fin de que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente.(6)
III. COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN
6. Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, dado que los criterios denunciados como supuestamente divergentes provienen de Tribunales Colegiados de diferente circuito y diversa especialización, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal;(7) 226, fracción II, de la Ley de Amparo;(8) y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(9) así como el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.
7. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, la denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por el autorizado de la recurrente en uno de los asuntos que motivó la presente contradicción de tesis.
8. En efecto, el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo aplicable dispone que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de diferente circuito, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron. En este caso, la denuncia de contradicción la formuló **********, quien se ostentó como autorizado, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo aplicable, de **********, quien fue quejosa y recurrente en el recurso de revisión 31/2014, en el que se sostuvo uno de los criterios contendientes (ibídem, foja 3). En las constancias de la presente contradicción, se advierte que tanto en el acuerdo de quince de octubre de dos mil catorce, como en el oficio 5152/2014, remitidos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, el órgano jurisdiccional señaló que el denunciante es autorizado de la recurrente (ibídem, fojas 2, 24 y 25). En ese sentido, en proveído de veintisiete de octubre de dos mil catorce, el presidente de este Alto Tribunal tuvo a ********** como autorizado de **********, recurrente en el amparo en revisión 31/2014, por tanto, se considera parte legitimada para formular la denuncia (ibídem, fojas 28 a 32). Así, queda demostrado que el denunciante es autorizado de la recurrente en el recurso de revisión referido y, por ende, está legitimado en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 152/2008, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, página 227, con número de registro digital: 168488, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA.". Por tanto, el Tribunal Pleno estima que formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
9. De conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en sesión de treinta de abril de dos mil nueve la contradicción de tesis 36/2007-PL, no es necesario satisfacer los requisitos establecidos en la diversa jurisprudencia número P./J. 26/2001,(10) pues dicho precedente se interrumpió con motivo de lo resuelto por el Pleno en la indicada sesión.
10. Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.
11. Por ello, ahora debe tomarse en consideración que la divergencia de criterio existe cuando los tribunales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.
12. Así, para comprobar la existencia de contradicción de tesis es indispensable determinar si existe necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en un punto jurídico. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en la interpretación adoptada por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:
13. a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
14. b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general;
15. c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
16. Las anteriores consideraciones se fundamentan en lo establecido en la jurisprudencia P./J. 72/2010,(11) que está encaminada a proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
17. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Tribunal Pleno, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación.
18. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 31/2014.
19. Las características del asunto son las siguientes:
20. El dos de abril de dos mil trece **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo, señalando como responsables, entre otras autoridades, al Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua y a la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial Hidalgo de esa entidad federativa, reclamando la resolución de cinco de septiembre de dos mil doce, dictada en el toca 324/2012, por la que se confirmó la sentencia de diez de mayo del mismo año, emitida en el juicio ordinario civil 540/2010, en la cual se ordenó poner en posesión material de la parte actora el inmueble respecto del cual la quejosa alegó ostentar derechos como poseedora y copropietaria. Por razón de turno conoció del asunto el Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien el veintiocho de febrero de dos mil catorce, dentro del juicio de amparo 409/2013, resolvió sobreseer en el mismo.
21. En contra de la referida resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo séptimo Circuito, y dentro del toca 31/2014, en sesión de diecinueve de junio de dos mil catorce, confirmó la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio de amparo de origen.
22. Cabe destacar, en lo que interesa que, de acuerdo con lo analizado por el Tribunal Colegiado, la recurrente expuso en sus agravios, en esencia lo siguiente:
23. Que fue incorrecto el señalamiento del Juez en cuanto a que la quejosa no tiene la calidad de tercero extraño al juicio natural, ya que el artículo 2617 del Código Civil del Estado de Chihuahua, de aplicación supletoria a la sociedad conyugal, establece que, cuando en las sociedades haya varios socios administradores, los terceros podrán emplazar a cualquiera de ellos para exigir el cumplimiento de las obligaciones sociales, dado lo cual, la parte actora en el juicio ordinario civil, tuvo la opción de elegir a cualquiera de los administradores para exigirle el cumplimiento de las obligaciones sociales y, de esa forma, al haber llamado a uno de los cónyuges, la restante administradora ya había sido oída y vencida en juicio; sin embargo, el Juez a quo aplicó incorrectamente el citado numeral, pues señaló que el mismo era supletorio a las disposiciones relativas a la sociedad conyugal, pero sólo realizó una interpretación sistemática.
24. Expuso que fue incorrecta la aplicación del artículo 2617 del Código Civil del Estado de Chihuahua vigente, es decir con la reforma publicada el treinta de abril de dos mil tres, en el Periódico Oficial del Estado, debido a que los contratos deben regirse por la ley vigente en el momento de su celebración, por lo que la sentencia transgredió el principio de irretroactividad de las leyes en materia contractual.
25. Y adujo que el artículo 2617 del Código Civil del Estado de Chihuahua es inconstitucional, pues deja sin derecho de audiencia a uno de los administradores (uno de los cónyuges); ya que no requiere el emplazamiento de todos los administradores, para que puedan ser oídos y vencidos en juicio, dejando en estado de indefensión al resto de los integrantes de la sociedad conyugal. También, permite que un tercero acreedor, cambie la naturaleza del contrato de sociedad conyugal, sin que se le permita a uno de los que la conforman ser llamado, oído y vencido mediante juicio, lo que es contrario a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; por lo que el Juez de Distrito debió realizar un control de constitucionalidad ex officio e inaplicar el artículo 2617 del referido código sustantivo.
26. El Tribunal Colegiado resolvió, en lo que se refiere al problema de constitucionalidad, lo que a continuación se inserta:
"Ahora bien, deviene infundado el agravio reseñado en el punto 3, en el que en resumen manifestó que, dado que el artículo 2617 del Código Civil del Estado de Chihuahua, era inconstitucional, el Juez de Distrito recurrido debió realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio.
"...
"En consecuencia, los tribunales del Poder Judicial de la Federación, dentro de su ámbito competencial (amparo indirecto, amparo directo o recursos dentro del juicio de amparo), tienen la obligación de realizar ese control (convencionalidad), esto es, llevar a cabo un examen de compatibilidad de las normas nacionales secundarias, con el contenido de la Constitución, así como de los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte.
"Empero, si en la especie, la recurrente señala que el Juez de Distrito recurrido debió realizar un control de constitucionalidad y de convencionalidad ex officio, dado que el artículo 2617 del Código Civil del Estado de Chihuahua, es contrario al derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos tratados internacionales en los que México es Parte, es indudable que en tal situación merece una especial consideración.
"En efecto, tal como quedó establecido en párrafos superiores, es obligación de los Jueces de Distrito, al resolver los amparos indirectos de su competencia, llevar a cabo el control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio.
"Sin embargo, dicho control debe ser realizado en el ámbito de su competencia, es decir, al aplicar los preceptos normativos inherentes al procedimiento de amparo (Ley de Amparo), pues es respecto de ellos que el Juez de Distrito tiene la obligación de garantizar que los mismos no sean contrarios a las disposiciones constitucionales, ni a los tratados internacionales que en materia de derechos humanos haya reconocido el Estado Mexicano.
"Ello, pues dentro del trámite del amparo indirecto, el Juez de Distrito, realiza un control concentrado de la constitucionalidad de los actos que ante él se reclaman, por lo que el ejercicio del control difuso, se insiste, debe realizarse únicamente para evitar que las normas previstas en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, sean contrarias a los principios contenidos en la ley suprema o en los tratados internacionales en materia de derechos humanos reconocidos por el Estado Mexicano.
"De ahí que, el Juez Primero de Distrito en el Estado, residente en esta localidad, para arribar a la determinación de sobreseer en el juicio de amparo indirecto 409/2013, de su índice, aplicó, en lo conducente, los dispositivos previstos en la Ley de Amparo, por lo que no estaba obligado a realizar el control de la constitucionalidad de un precepto normativo diverso a aquellos que regulan la tramitación del procedimiento constitucional que es competencia de dicho Juez.
"Máxime, que para la obtención de una declaración de inconstitucionalidad de una norma general, por parte de un Juez Federal, la propia legislación de amparo establece un medio de control concentrado, como lo es el amparo contra normas generales.
"Sirve como apoyo a las anteriores consideraciones, en aplicación analógica, el contenido de la tesis XVI.1o.A.T.1 K (10a.), misma que se comparte, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, página 1100, con número de registro digital: 2000334, del contenido siguiente: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA, DEBEN EFECTUARLO RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY DE AMPARO." (se transcribe).
"También es aplicable, la jurisprudencia I.5o.C. J/2 (10a.), dictada por el Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, visible en la página 1306, del Libro XX, mayo de 2013, Tomo 2, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 2003679, misma que se comparte y que textualmente señala: "ÓRGANOS DE CONTROL (LEGALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD). SU EJERCICIO NO PUEDE SEPARARSE DE SU ÁMBITO DE COMPETENCIA." (se transcribe)
"Dado lo cual, si en la especie, el Juez recurrido no realizó ninguna consideración respecto a la inaplicación de norma alguna, fue porque no encontró motivo de contradicción entre la ley secundaria en aplicación (Ley de Amparo), y la Norma Fundamental o los tratados internacionales reconocidos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos; razón por la cual, y en atención a la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas, no estaba obligado a realizar pronunciamiento alguno al respecto."
27. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región al resolver el amparo directo 365/2011 (cuaderno auxiliar 633/2011).
28. Las características del asunto son las siguientes:
29. **********, por conducto de su apoderado general judicial para pleitos y cobranzas y actos de administración, por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, promovió nulidad en contra del procedimiento y resolución definitiva recaída a la reclamación de indemnización patrimonial, emitida el veintiuno de julio de dos mil nueve, señalando como autoridades demandadas a la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco y del entonces Instituto Jalisciense de Asistencia Social; demanda que fue admitida en el expediente 16/2009, sólo por la Secretaría de Finanzas mencionada; contestando la demanda correspondiente el director de lo Contencioso de esa secretaría, en representación por ausencia de su titular, ante lo cual la parte actora interpuso incidente de falta de personalidad en contra del mencionado director de lo Contencioso, y el siete de abril de dos mil diez, se dictó sentencia interlocutoria en la que se decretó procedente dicho incidente; decisión que fue reclamada por la autoridad demandada en juicio de amparo; sin embargo, el mismo le fue negado. 30. El Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, el veintisiete de abril de dos mil once, resolvió que la personalidad y capacidad de las partes, la procedencia de la vía administrativa y de las acciones ejercitadas habían quedado acreditadas y que el actor acreditó los elementos y hechos constitutivos de su acción en tanto que la autoridad demandada se le declaró la rebeldía; siendo fundada la reclamación del accionante por perjuicios ocasionados y condenando a la parte demandada.
31. En contra de esa sentencia el actor promovió juicio de amparo directo alegando la inconstitucionalidad del artículo 11, fracción III, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el ejercicio fiscal de 2008; asunto del que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito bajo el expediente AD. 365/2011, y en su apoyo el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, el veinte de octubre de dos mil once, resolvió conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara una nueva en la que determinara, fundada y motivadamente, cuál es la cantidad que debía pagarse como indemnización por los perjuicios ocasionados, debiendo dejar de aplicar el precepto que fue declarado inconstitucional, así como que resolviera lo relativo al pago del interés legal.
32. El Tribunal Colegiado resolvió, en lo que se refiere al problema de constitucionalidad, lo que a continuación se inserta, en lo conducente:
"Ahora bien, una vez que este órgano colegiado llevó a cabo el ejercicio de la facultad de control constitucional, y ante la omisión de la autoridad responsable, de ejercer el control difuso que le permite el numeral 1o. de la Constitución, en aras de lograr el objetivo de proteger los derechos humanos del gobernado, enseguida también procede a realizar el control convencional, bajo el principio de interpretación conforme en relación con la figura jurídica de reparación del daño, este proceder se justifica porque la propia Carta Magna, al contemplar lo concerniente a la indemnización por la responsabilidad del Estado, que con motivo de su actividad administrativa irregular causa perjuicio en los bienes o derechos de los particulares, no se encargó de establecer cómo debía cubrirse esa prestación, lo que se puede precisar al emprender un análisis armónico, sistemático, teleológico, de la norma, puesto que esta facultad se desarrolla acorde con lo dispuesto en la reforma que sufrieron entre otros los artículos 1 y 103, fracción I, de la Carta Magna, que impactan directamente en la administración de Justicia Federal, porque amplían su competencia en cuanto al objeto de protección del juicio de amparo, es decir, afines a la lógica internacional se extiende el espectro de protección en materia de derechos humanos y dada la necesidad de constituir al juicio de amparo en su medio más eficiente de auto limitar el abuso de la actuación de las autoridades públicas, se amplía el marco de protección de ese proceso extendiendo la materia de control, en ese sentido es que mediante el juicio de amparo se protegen de manera directa, además de las garantías que preveía nuestra Constitución, los derechos humanos reconocidos por esta, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, en los que operan los principios de progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. Así, la ampliación de los derechos que significa la concreción de algunas cláusulas constitucionales, como aquella relativa a los migrantes o a la suspensión de garantías, aunada a la obligación expresa de observar los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano, miran hacia la justiciabilidad y eficacia de los derechos que, a la postre, tiende al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual.
"...
"Por otro lado, al ejercer el control de convencionalidad, se hace una revisión de los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito con la comunidad internacional, de los cuales se advierte que entre éstos, se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Adoptada en la Ciudad de San José de Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.
"...
"De ahí que, los tribunales deben ceñir su actuación al marco jurídico y no extralimitarse. La extralimitación se produce cuando el tribunal omite considerar el contenido de las reservas o declaraciones interpretativas que un Estado realizó o rebasa las facultades que le son concedidas en su estatuto. Y, sobre la base de estos supuestos de extralimitación, pretende ejercer el control de convencionalidad entre el derecho interno de los Estados y el tratado o convención sobre el que se ordena a los Jueces nacionales a interpretar el tratado o convención en los términos violatorios que lo ha hecho.
"Por tanto, debe tenerse en cuenta que el derecho a una indemnización justa por ser privado de una propiedad privada, está considerado como un derecho humano en el tratado denominado Convención Americana sobre Derechos Humanos, Adoptada en la Ciudad de San José de Costa Rica.
"Tratado este que fue debidamente signado y aprobado por nuestro país.
"De tal manera que de acuerdo con los artículos 1o. y 103 de la Constitución Federal, este Tribunal Colegiado Auxiliar, se encuentra obligado, aun de oficio, a analizar la violación de la parte quejosa de este derecho humano, puesto que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus Jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin, ello de acuerdo con lo que sustentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a este respecto.
"Sobre este punto, resulta trascendente considerar que la aplicación de este tratado en el caso, es viable dada la armonía que existe entre la tutela del derecho humano como tal, con lo que al efecto dispone nuestra Carta Magna, al establecer en el apartado 2, del numeral 21; que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa.
"...
"En tales condiciones, el artículo 11, fracción III, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios, es contraventor del derecho humano del quejoso que establece el artículo 21 (derecho de propiedad), apartado 2, del tratado de derechos humanos denominado Convención Americana sobre Derechos Humanos, Adoptada en la Ciudad de San José de Costa Rica, y por tal razón, además, debe declararse la inconstitucionalidad de dicho precepto."
33. Las consideraciones anteriores dieron origen a la tesis aislada III.4o.(III Región) 1 K (10a.),(12) de rubro y texto siguientes:
"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DIFUSO. DEBE EJERCERSE DE OFICIO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. A partir de las reformas a los artículos 1o. y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 y 6 de junio de 2011, respectivamente, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, ante la violación de los derechos humanos, deben ejercer el control de convencionalidad difuso, al ampliarse su competencia en cuanto al objeto de protección del juicio de amparo; es decir, afines a la lógica internacional, se extiende el espectro de protección en materia de derechos humanos y dada la necesidad de constituir al juicio de amparo en un medio más eficiente de autolimitar el abuso de la actuación de las autoridades públicas, se amplía el marco de protección de ese proceso, extendiendo la materia de control. En ese sentido es que mediante el juicio de amparo se protegen directamente, además de las garantías que preveía nuestra Constitución, los derechos humanos reconocidos por ésta, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, en los que operan los principios de progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que brinden mayor protección a las personas, lo que mira hacia la justiciabilidad y eficacia de los derechos que, a la postre, tiende al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual; por eso, para hacer eficaz la protección de los derechos humanos, el control de convencionalidad difuso debe ejercerse de oficio por los citados órganos porque, de lo contrario, los convenios, pactos o tratados sólo constituirían documentos sin materialización de su contenido, con la consecuente generación de inseguridad jurídica, toda vez que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30601-1415f0f7/control-de-regularidad-constitucional-contenido-y-alcance-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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