Sin rubro
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1046/2012. **********, POR PROPIO DERECHO Y COMO ALBACEA DE LA SUCESIÓN A BIENES DE **********. **********. 16 DE ABRIL DE 2015. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ.
SUMARIO
**********, por derecho propio, y como albacea de la sucesión a bienes de **********, demandó en la vía ordinaria civil del ********** y de **********, el pago de diversas prestaciones por concepto de responsabilidad civil y daño moral. En la sentencia definitiva de primer grado, el juez a quo desestimó las pretensiones de la actora, decisión que fue modificada en segunda instancia (en cumplimiento a una ejecutoria de amparo). Al conocer del segundo juicio de amparo directo, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en ejercicio del control de convencionalidad difuso, declaró la inconvencionalidad del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal y concedió la protección constitucional, para los efectos precisados en la ejecutoria de amparo. El tercero perjudicado interpuso el recurso de revisión que ahora se resuelve.
CUESTIONARIO
¿Puede afirmarse que hay aplicación retroactiva del artículo 1° constitucional por la circunstancia de que el control que ordena su contenido se realice al examinar resoluciones judiciales que decidieron sobre hechos acontecidos con anterioridad a la reforma constitucional publicada el diez de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación?; ¿El tribunal colegiado de circuito tiene facultad para ejercer de oficio, un control de regularidad constitucional ex officio? y, respecto de normas que rigen el juicio natural: ¿el Tribunal Colegiado está facultado para ejercer dicho control ex officio?. Además, en cuanto al asunto en lo particular, la pregunta que debe responderse es: ¿Es correcta la decisión del tribunal colegiado al declarar la inconvencionalidad del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal?
México, Distrito Federal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al dieciséis de abril de dos mil quince emite la siguiente:
R E S O L U C I Ó N
Mediante la que se resuelve el amparo directo en revisión 1046/2012, promovido por la **********, ********** (también conocida como ********** y a la que, para una mejor intelección, en adelante se le identificará con esa denominación), a través de su apoderado legal, **********, contra la sentencia dictada el quince de marzo de dos mil doce, por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo **********.
I. ANTECEDENTES
1. **********, por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de **********, quien en vida también fue conocida como ********** (a quien en lo subsiguiente se le señalará con el primero de los nombres mencionados), mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil ocho, demandó en la vía ordinaria civil del ********** y de **********, las siguientes prestaciones:
A) El pago de una cantidad de dinero por concepto de indemnización a título de reparación por el daño moral ocasionado a la actora **********.(1)
B) La publicación de un extracto de la sentencia definitiva ejecutoriada.
C) El pago de una cantidad de dinero por concepto de indemnización a título de daños y perjuicios ocasionados a la actora **********, con motivo de la responsabilidad civil subjetiva de los demandados.
D) La devolución y/o pago de los $********** (**********) que la actora pagó al **********, con motivo de la deficiente y negligente atención médica otorgada a su madre.
E) La devolución y/o pago de $********** (**********) que la demandante entregó al médico *********, con motivo de la deficiente y negligente atención médica otorgada a su madre.
F) Los gastos y costas.
2. El Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a quien correspondió el conocimiento del asunto, lo registró con el número ******** y por acuerdo de ocho de julio de dos mil ocho previno a la actora para que aclarara el motivo por el que demandó al *********, ya que en los hechos de su demanda, no se apreciaba que le imputara alguno propio. En desahogo de dicha prevención, la actora aclaró que la atención médica recibida por la autora de la sucesión tuvo su origen en el contrato de prestación de servicios hospitalarios celebrado con esa institución, quien incumplió con lo convenido.
3. Mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil ocho, la actora realizó una aclaración a su escrito inicial respecto de las pretensiones formuladas, ya que si bien en el capítulo de prestaciones consta que solicitó la indemnización por daño moral y por responsabilidad civil subjetiva, únicamente a nombre de la actora (a título personal) *********, explicó que esas mismas prestaciones las demandaba también en representación de su extinta madre ********* reclamación que hizo en su carácter de albacea de la sucesión de ésta.
4. El juez del conocimiento dictó la sentencia de veintiséis de enero de dos mil once en la que desestimó las pretensiones de la actora y no condenó al pago de costas.
5. **********, por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de María Marín, interpuso recurso de apelación, al cual se adhirió el ********. El veinticinco de abril de dos mil once, la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dictó sentencia en el toca ********, en la que confirmó el fallo de primer grado, y condenó a la actora al pago de costas en ambas instancias.
6. La propia apelante (actora) promovió juicio de garantías, cuyo conocimiento correspondió al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el que mediante sentencia de trece de julio siguiente concedió el amparo para el efecto de que la sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y sobre la base de que la litis también versó sobre la responsabilidad civil objetiva de los demandados, realizara el estudio de los agravios que la apelante expresó en contra de la sentencia de primer grado, valorara las pruebas que las partes ofrecieron en el juicio de origen y advirtiera si con ellas se acreditaban, o no, las pretensiones formuladas y con plenitud de jurisdicción resolviera conforme a sus atribuciones.
7. La Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la sentencia reclamada y emitió otra el veintiuno de octubre de dos mil once, por la que modificó el fallo de primer grado al declarar parcialmente fundadas tanto la pretensión de la actora como las excepciones de los codemandados; en consecuencia, la autoridad responsable condenó a estos últimos a pagar a la actora $********* (*********), por concepto de responsabilidad civil objetiva, los absolvió del resto de las prestaciones reclamadas, y no realizó condena al pago de costas.
8. Por otra parte, resulta necesario precisar que, mediante acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil once, la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal aclaró la sentencia definitiva, en el sentido de que las cantidades precisadas en la foja 65 (sesenta y cinco), tercer párrafo de tal resolución son inexactas, pues no corresponden a los incisos D) y E), del escrito de demanda, cuyos montos correctos son por $********* (*********) y $********* (*********).
9. La actora promovió nuevo juicio de amparo directo en contra de esa decisión, en la que adujo la transgresión a los derechos consagrados en los artículos 1°, 8°, 13, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. TRÁMITE
10. Demanda de amparo y resolución. Ésta fue presentada el veinticuatro de noviembre de dos mil once y su conocimiento correspondió al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo admitió por auto de tres de febrero de dos mil doce y lo registró con el número *********. En sentencia de quince de marzo siguiente, resolvió conceder el amparo para el efecto de que la sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar dictara otra en la que estudiara las prestaciones reclamadas por la actora, atendiera la litis de primera y segunda instancias y valorara las pruebas ofrecidas. Asimismo, ordenó al tribunal responsable considerar, por una parte, que la actora ********* tiene legitimación para reclamar la reparación de daño moral y, por otra, no aplicara el Protocolo para la Prevención de Caídas en Pacientes Hospitalizados, ya que cuando la paciente sufrió la caída, éste aún no había sido emitido.
11. Recurso de revisión. *********, apoderado legal del *********, interpuso recurso de revisión mediante escrito recibido el diez de abril de dos mil doce en la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. Por acuerdo del día siguiente, la Secretaria de Acuerdos de dicho órgano remitió el asunto a esta Suprema Corte.
12. El Presidente de este Alto Tribunal, mediante acuerdo de dieciocho de abril posterior tuvo por recibidos los autos, ordenó formar el expediente que fue registrado con el número 1046/2012, así como su turno al señor Ministro José Ramón Cossío y su remisión a la Primera Sala por ser un asunto de su especialidad.
13. El veinticuatro siguiente, el Presidente de la Primera Sala de esta Corte se avocó al conocimiento del asunto y ordenó que, en su oportunidad, los autos se enviaran a la Ponencia del señor Ministro José Ramón Cossío Díaz para la elaboración del proyecto de resolución.
14. En acuerdo de ocho de agosto de dos mil catorce el asunto se avocó al Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
III. COMPETENCIAY OPORTUNIDAD
15. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II de la Ley de Amparo abrogada; 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en relación con el punto Segundo, fracción III del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece. Esto, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo, en un asunto que si bien es de carácter civil, su resolución involucra la interpretación de normas constitucionales aplicables a otras materias, al referirse al ejercicio del control difuso a cargo de los tribunales colegiados, de donde deriva su importancia y trascendencia.
16. El presente recurso fue interpuesto en tiempo, puesto que la notificación de la sentencia recurrida fue hecha el veintitrés de marzo de dos mil doce, surtió sus efectos el veintiséis siguiente; por lo que el cómputo de los diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió desde el veintisiete de marzo al doce de abril del mismo año, descontando los días treinta y uno de marzo y los días primero, cuatro, cinco, seis, siete y ocho de abril de dos mil doce, inhábiles en términos del artículo 23 de la Ley de Amparo abrogada, así como de la circular número 13/2012 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria del veintinueve de febrero del dos mil doce.
17. Por tanto, si el recurso de revisión fue presentado el diez de abril de dos mil doce ante la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, se concluye que fue presentado dentro de los diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo.
IV. PROCEDENCIA
18. El presente recurso es procedente. De conformidad con las reglas establecidas en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal; la fracción V del artículo 83 de la Ley de Amparo anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y la fracción III del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que un recurso interpuesto contra las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en los amparos directos sea procedente es necesario que las mismas decidan sobre la inconstitucionalidad de normas legales (entendidas en un sentido amplio que alcanza no sólo las reglas contenidas en leyes federales y locales, sino también en los tratados internacionales y en ciertos reglamentos federales y locales) o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, o bien que dichas resoluciones omitan hacer un pronunciamiento al respecto, cuando se hubieran planteado en la demanda. Además, es necesario que la cuestión de constitucionalidad tenga la potencialidad de llevar a la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. En todos los casos, la decisión de la Corte en vía de recurso debe limitarse a la resolución de las cuestiones propiamente constitucionales.
19. Los requisitos de procedencia de la revisión en amparo directo han sido interpretados y clarificados en numerosas tesis y jurisprudencias de esta Corte y desarrollados normativamente por el Acuerdo Plenario 5/1999, el cual detalla los criterios de identificación de los asuntos que la Corte estimará importantes y trascendentes, y que tienen en cuenta el contenido de los agravios y la existencia o inexistencia de criterios sobre el tema ya sentados por la Corte con anterioridad.
20. En el presente asunto se cumplen los criterios para la procedencia del recurso de revisión, porque el Tribunal Colegiado, al emitir su sentencia, consideró que la reforma del artículo 1° constitucional le obligaba a realizar un control de convencionalidad ex officio y a interpretar la legislación nacional favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de conformidad con la Constitución Federal y los tratados internacionales de la materia; argumento con base en el cual declaró que el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal no se ajusta a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en tanto que desconoce el derecho humano al acceso a la justicia a favor de las víctimas, de donde concluyó, por un lado, la violación al mencionado artículo 1° constitucional y, por otra parte, que entre el artículo legal en análisis y los criterios internacionales deben prevalecer estos últimos.
21. Por su parte, la recurrente aduce en agravios que el Tribunal Colegiado realiza una incorrecta interpretación del artículo 1o. constitucional al aplicar criterios internacionales en forma retroactiva y análoga, pues en el caso no existen derechos humanos involucrados; también sostiene que es infundada la decisión de considerar inaplicable el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal.
V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
22. Elementos necesarios para resolver el asunto. A continuación se sintetizarán los conceptos de violación, la resolución del Tribunal Colegiado y los agravios expresados por la tercera perjudicada.
23. Conceptos de violación. *********, por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión de bienes de *********, expresó los conceptos de violación siguientes:
23.1. La Sala responsable cuantificó incorrectamente el monto de la indemnización por la reparación del daño derivado de la responsabilidad civil objetiva, pues no aplicó ni interpretó en su justa dimensión el artículo 1915 del Código Civil del Distrito Federal, que establece las bases para el cálculo de la reparación del daño.
23.2. En su opinión, la sala resolutora omitió realizar el cálculo de las contusiones sufridas por la autora de la sucesión en las muñecas y en los demás órganos especificados tanto en el expediente clínico como en el dictamen pericial en traumatología y ortopedia, con lo cual se violaron en su perjuicio las disposiciones constitucionales, procesales y sustantivas invocadas, así como el principio de congruencia establecido en el artículo 81 del Código Procesal Civil.
23.3. Además, la quejosa sostuvo que la conducta omisa en que incurrió el personal del *********, al dejar de colocar los barandales laterales de la cama hospitalaria cuando la paciente estaba sedada y que dio lugar a que, en vida, la autora de la sucesión sufriera la caída que le provocó múltiples lesiones, no fue valorada correctamente. Esa deficiencia en el estudio de sus planteamientos generó que se dejaran de cuantificar las demás lesiones sufridas por la autora de la sucesión.
23.4. En el segundo concepto de violación, la quejosa manifestó que se violaron en su perjuicio los artículos 1, 8, 13, 14, 16 y 17 de la Constitución Política, así como los artículos 81, 255, 260 y 281 del Código de Procedimientos Civiles en relación con el 1913 y 1916 del Código Civil, ambos del Distrito Federal, porque la autoridad responsable declaró la improcedencia de la pretensión del daño moral reclamado en las prestaciones marcadas con los incisos A) y C) del escrito de la demanda.
23.5. En esa línea argumentativa, la peticionaria del amparo sostuvo que fue a partir de una mala interpretación del artículo 1916 del Código Civil del Distrito Federal que la sala responsable desestimó tales prestaciones, ya que pasó por alto que el daño moral fue reclamado tanto por la sucesión a bienes de *********, a través de su albacea *********, como por esta última en ejercicio de un derecho propio; de ahí que, en su concepto, fue incorrecta la decisión del tribunal ad quem, porque sí existe legitimación de la actora para reclamar el daño moral.
23.6. En relación con esto último, la peticionaria del amparo sostuvo que el daño moral de que se trata quedó acreditado con las pruebas rendidas en autos, cuya valoración permite afirmar la negligencia médica en que incurrieron los demandados al suministrar a la paciente "un coctel de medicamentos" y no colocar los barandales laterales a la cama donde aquélla se encontraba acostada, por lo que al incumplir con un deber de cuidado se actualizó la comprobación objetiva del daño moral, ya que con ello se le ocasionaron diversas lesiones culposas.
23.7. En su tercer concepto de violación adujo que la decisión adoptada por el tribunal de alzada el veinticinco de octubre de dos mil once -que también fue parte integrante de la resolución combatida- fue incorrecta, toda vez que en la realización de las operaciones aritméticas no fue analizada ni tomada en cuenta la devolución pretendida en los incisos D) y E) del escrito inicial de la demanda, a través de la cual se reclamó el pago de la reparación de los daños y perjuicios generados porque los terceros perjudicados no prestaron en su totalidad los servicios profesionales a que se obligaron en el contrato de prestación de servicios, no obstante que tenían la calidad de garantes y un deber de cuidado para con la autora de la sucesión.
23.8. Finalmente, en su cuarto concepto de violación, la quejosa señaló la incongruencia de la resolución combatida ya que, por una parte, en el considerando IV, la autoridad responsable declaró la responsabilidad civil objetiva en contra de los terceros perjudicados, y por otro lado, en el considerando V declaró fundadas las excepciones y defensas propuestas por ellos mismos, a través de las cuales atacaron la improcedencia del daño moral, así como la acción de la responsabilidad civil objetiva, con lo cual -afirmó la quejosa- la autoridad responsable pasó por alto la exhaustividad, congruencia, fundamentación y motivación de la sentencia, en franca transgresión al artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y a los artículos 14 y 16 Constitucionales.
24. Sentencia recurrida. Las consideraciones que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito expresó para otorgar el amparo son las que enseguida se sintetizan:
24.1. La sala responsable soslayó el estudio de la pretensión formulada por la actora en torno a la responsabilidad civil subjetiva, sustentada en los daños causados por los terceros perjudicados a la paciente *********, con motivo de la caída sufrida, ya que no estaban colocados los barandales laterales de la cama hospitalaria; de ahí que el tribunal colegiado consideró que con esa omisión, la autoridad de segundo grado contravino en perjuicio de la peticionaria de garantías el principio de congruencia que debe prevalecer en toda resolución judicial y, en vía de consecuencia, sus derechos fundamentales de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales.
24.2. Por otra parte, dicho órgano colegiado estimó que la Sala responsable aplicó el Protocolo para la Prevención de Caídas en Pacientes Hospitalizados de manera indebida, en virtud de que el hospital demandado se encontraba imposibilitado jurídicamente para dar cumplimiento al protocolo de mérito, toda vez que la caída de la paciente aconteció antes de que la Secretaría de Salud, como emisora de dicho protocolo, llevara a cabo su publicación.
24.3. Además, el tribunal señaló que al contrario de lo estimado por la autoridad responsable, ********* sí tiene legitimación para reclamar la indemnización o reparación de daño moral; esto, en virtud de que los familiares de la víctima tienen legitimación para reclamar la acción de reparación de daño moral y por ese motivo, es inexacto que dicha acción solamente ataña a quien sufrió el daño y no a terceras personas. Luego, al no considerarlo de esa manera, el tribunal de alzada transgredió el derecho de acceso a la jurisdicción de la parte actora.
24.4. Para arribar a la anterior conclusión, el tribunal de amparo después de hacer una relación de los criterios que se han desarrollado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la protección de los derechos humanos, precisó que: "...el Poder Judicial debe ejercer un 'control de convencionalidad' ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes" y en ejercicio de esa labor, consideró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que los familiares de las víctimas de violación de los derechos humanos pueden ser a su vez, víctimas con motivo del sufrimiento adicional que éstos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos;(2) en tales condiciones -refirió el órgano jurisdiccional- si dicha Corte Interamericana ha determinado en jurisprudencia que, tratándose de daño inmaterial corresponde indemnizar a la víctima o a los familiares, queda evidenciado que el artículo 1916, cuarto párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal restringe el derecho humano de acceso a la jurisdicción de los actores -familiares de la víctima-, en la medida de que les impide reclamar el pago de una indemnización por concepto de daño moral; de ahí que, en su opinión, si la legislación sustantiva civil desconoció el derecho a ser indemnizados a favor de los familiares de la víctima, debió prevalecer en su favor, en respeto a sus derechos humanos, el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, dicho tribunal de amparo declaró que la actora sí tiene legitimación para reclamar la reparación de daño moral, y al no haberlo estimado de esa manera la autoridad responsable contravino en perjuicio de la peticionaria de garantías el artículo 1° Constitucional.
24.5. En otro orden de ideas, el tribunal de control constitucional resolvió fundado el argumento relativo a que la sala responsable hizo un estudio incongruente de las prestaciones D) y E), consistentes en la devolución de cantidades generadas por la atención médica proporcionada a la paciente *********, lo que genera la incongruencia en lo decidido sobre las prestaciones identificadas con los incisos A) y C), ya que si la actora reclamó la devolución de las cantidades por incumplimiento a una relación contractual, porque los demandados proporcionaron a su madre una atención médica deficiente y negligente, fue incuestionable que no se encontraba cumplida la relación jurídica de las partes, y al no estimar lo anterior, la sala responsable contravino en perjuicio de la peticionaria de garantías, el principio de congruencia y sus derechos fundamentales de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales.
24.6. Sobre la base de las anteriores consideraciones, el Séptimo Tribunal Colegiado concedió el amparo para el efecto de que la sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dictara otra en la que:
1. Estudie las prestaciones reclamadas por la actora a los demandados, atendiendo a la litis de primera y segunda instancias, y valorando todas las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen, en lo individual y en conjunto, y si con ellas se acreditan dichas pretensiones.
2. Considere que la actora ********* tiene legitimación para reclamar la indemnización o reparación de daño moral.
3. No aplique el Protocolo para la Prevención de Caídas en Pacientes Hospitalizados, porque cuando la paciente se cayó de la cama no existía el mismo.
4. Con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda.
25. Agravios. La recurrente **********, ********* (**********) a través de su apoderado legal **********, expresó lo siguiente:
25.1. El tribunal colegiado emitió la resolución impugnada excediéndose en sus funciones, pero además, en forma incorrecta realizó una interpretación del artículo 1° constitucional y de los criterios del tribunal internacional, a partir de lo cual llegó a una conclusión inexacta al sostener que el artículo 1916, cuarto párrafo del Código Civil para el Distrito Federal es inaplicable al caso debido a que es violatorio de la normativa internacional. La inexactitud que se atribuye al razonamiento efectuado por el órgano jurisdiccional estriba en que dicha disposición sí prevé que los herederos de la víctima tienen derecho a reclamar la reparación del daño moral, con la condición de que la víctima lo hubiera demandado en vida, pero carecen de legitimación para reclamarla en los términos que pretende la actora cuando ya ha fallecido la víctima sin haber iniciado el juicio, de manera que, si la norma se inaplicara en los términos sugeridos por el tribunal de amparo esa situación llevaría la obligación de indemnizar a todos los miembros de la familia y amigos que se consideraran afectados por esos actos.
25.2. En lo que ve a la interpretación que el Tribunal Colegiado de Circuito hace sobre los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la recurrente considera que ello es incorrecto ya que tales precedentes no son aplicables a casos como el presente, particularmente, lo relativo a que el daño inmaterial debe indemnizarse a los familiares de la víctima.
25.3. En ese sentido, la sociedad inconforme considera que la sentencia recurrida carece de la debida fundamentación y motivación, ya que la autoridad de amparo no establece por qué la disposición de que se trata constituye una violación a derechos humanos, cuál es el derecho humano que se encuentra implicado y cuál es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicable al caso específico. Igualmente, sostiene que en la sentencia recurrida no se explica por qué el caso concreto se debe contemplar como una situación de violación a los derechos humanos y más aún, considerar a los familiares de la paciente como víctimas de esa violación.
25.4. Además, afirma que pese a que el caso en estudio trata de un juicio de responsabilidad civil, el tribunal federal no explicó por qué se vulnera el derecho humano de acceso a la justicia, máxime que no es correcto afirmar que los hechos materia del juicio principal se puedan considerar derechos humanos al tratarse, la caída de la de cujus, de un hecho fortuito, independientemente del análisis de la responsabilidad civil o no.
25.5. En opinión de la inconforme, la actora ha visto respetado su derecho al acceso a la justicia en todo momento, pero no por eso tiene razón o derecho a recibir algún tipo de indemnización.
25.6. En relación a la inaplicabilidad de los criterios o jurisprudencias internacionales que invoca el órgano colegiado, ésta la sustenta en que en todas ellas se analizan solicitudes de familiares de víctimas que verdaderamente han sufrido violación a sus derechos humanos como son la vida, la integridad física y psíquica, verdaderamente derechos que resultan ser derechos humanos.
25.7. Desde el punto de vista de la agraviada, con el criterio que sustenta el fallo impugnado se pretende establecer que la responsabilidad civil en que se llegue a incurrir en el ejercicio de actividades entre particulares debe considerarse como violación a derechos humanos, sin señalar cuáles son estos derechos humanos; esto, no obstante que en el caso tampoco se restringe el derecho de acceso a la justicia de la parte actora y que, si se abriera el sistema que propone el Tribunal Colegiado, ello provocaría serios daños a la economía y a las actividades empresariales.
25.8. En otra línea argumentativa, la recurrente sostiene que no es aplicable al caso el texto actual del artículo 1° Constitucional ya que la reforma se dio en junio de dos mil once, en tanto que los hechos del caso sucedieron en el año dos mil seis, por lo que se le estaría violando su derecho a la no aplicación retroactiva de la ley. Asimismo, en torno a la no aplicabilidad de la norma constitucional, considera que tal disposición no establece que las acciones civiles puedan considerarse como violaciones a los derechos humanos de las p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80136-16e9fa7a/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADA EN EL SISTEMA MIXTO O TRADICIONAL. SU REVISIÓN NO ATENTA CONTRA EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, YA QUE ES UN DERECHO HUMA (AMPARO EN REVISIÓN)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 4, 10, PÁRRAFO ÚLTIMO, 17, FRACCIONES I, II Y III, Y 273, FRACCIONES I A XXII (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- Sin rubro (RECURSO DE RECLAMACIÓN)
- BIENES NACIONALES. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL 21 DE MAYO DE 2004, QUE ESTABLECE QUE LOS TRÁMITES PENDIENTE (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES, NO ATENTA CONTRA EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. (P. VIII/2015 (10a.))
- REFORMAS CONSTITUCIONALES. CUANDO RESTRINGEN ALGÚN DERECHO DE LOS GOBERNADOS, LAS AUTORIDADES CONSTITUIDAS DEBEN APLICARLAS SUJETÁNDOSE AL ÁMBITO TEMPORAL DE VALIDEZ QUE EL PODER R (2a. CVI/2001)
- RETROACTIVIDAD DE LA LEY. AUNQUE SU APLICACIÓN PUEDA OPERAR EN BENEFICIO DEL PARTICULAR, ELLO NO DEBE REALIZARSE CUANDO LA MISMA DISPOSICIÓN LEGAL EXCLUYE TAL POSIBILIDAD. (I.7o.A.47 K)
- INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. DE ACUERDO A ELLA LOS TRIBUNALES ORDINARIOS PUEDEN CALIFICAR EL ACTO IMPUGNADO Y DEFINIR LOS EFECTOS QUE SE DEDUCEN DE APLICAR UN (434)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis