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Modo: Corpus Pro

BIENES NACIONALES. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL 21 DE MAYO DE 2004, QUE ESTABLECE QUE LOS TRÁMITES PENDIENTES SOBRE LA DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Y LA AUTORIZACIÓN PARA LA ENAJENACIÓN DE INMUEBLES FEDERALES O PROPIEDAD DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, SE RESOLVERÁN CONFORME A LO DISPUESTO EN DICHA LEY, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 549/2007. · Registro digital (IUS): 20571
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, , Pág. 300.

AMPARO EN REVISIÓN 549/2007. INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de octubre de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil seis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el Instituto Federal Electoral, por conducto de su apoderado legal, Rolando Wilfrido de Lassé Cañas, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben:

"III. Autoridad responsable. (sic). Se señalan con tal carácter en el presente juicio: 1. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 3. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 4. Secretario de Gobernación. 5. Director general adjunto del Diario Oficial de la Federación. 6. Director general del Patrimonio Inmobiliario Federal. IV. Acto reclamado. (sic). 1. De la Cámara de Diputados se reclama: La discusión, aprobación y expedición del decreto por el que se promulga la Ley General de Bienes Nacionales vigente a partir del veintiuno (21) de mayo de dos mil cuatro, específicamente el artículo séptimo transitorio, en su segundo párrafo. 2. De la Cámara de Senadores, se reclama: La discusión, aprobación y expedición del decreto por el que se promulga la Ley General de Bienes Nacionales vigente a partir del veintiuno (21) de mayo de dos mil cuatro, específicamente el artículo séptimo transitorio, en su segundo párrafo. 2. (sic) Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la abstención de vetar la expedición, promulgación y orden de publicación del decreto por el que se modifica la Ley General de Bienes Nacionales vigente a partir del veintiuno (21) de mayo de dos mil cuatro, específicamente el segundo párrafo del artículo séptimo transitorio. 3. Del secretario de Gobernación, se reclama el refrendo del decreto por el que se modifica la Ley General de Bienes Nacionales publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de mayo de 2004, y vigente a partir del veintiuno (21) de mayo del mismo año, específicamente el segundo párrafo del artículo séptimo transitorio. 4. Del director (sic) del Diario Oficial de la Federación, se reclama la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se modifica la Ley General de Bienes Nacionales vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de mayo de 2004 y vigente a partir del veintiuno (21) de mayo del mismo año, específicamente el segundo párrafo del artículo séptimo transitorio. 5. Del director general del Patrimonio Inmobiliario Federal se reclama la aplicación y ejecución del decreto reclamado de las demás autoridades anteriormente precisadas, a través de la emisión del oficio número DGPIF/D.ASEC.2079/2006, de fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil seis, por medio del cual, se niega la procedencia del trámite de elaboración del proyecto de acuerdo secretarial de desincorporación y donación a favor de mi representado, del bien inmueble ubicado en la calle de Francisco Zarco número 409 Sur en la ciudad de Durango, Durango. De todas las autoridades anteriormente señaladas como responsables, reclamo todos los efectos y consecuencias, tanto de hecho como de derecho, que se deriven de los actos reclamados que específicamente se les imputan, mismos que se atribuyen a cada una de dichas autoridades dentro del ámbito de sus respectivas competencias."

SEGUNDO. La parte quejosa consideró violadas en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1o., 14, 16 y 41, base III, de la Constitución Federal, narró los antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.

TERCERO. Por razón de turno tocó conocer de la demanda de garantías de mérito al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien mediante acuerdo de doce de junio de dos mil seis, la admitió a trámite y la registró con el número 576/2006.

Mediante escrito recibido en el juzgado del conocimiento, el veintisiete de julio de dos mil seis, el instituto quejoso, amplió su demanda en los siguientes términos:

"III. Autoridades responsables: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. IV. Acto reclamado: La omisión del titular del Ejecutivo Federal para expedir el decreto de desincorporación del bien inmueble ubicado en la calle Francisco Zarco, Número 409 Sur, en la ciudad de Durango, Durango, para que a nombre y representación del Gobierno Federal, lo enajene, a título gratuito, a favor del Instituto Federal Electoral, en términos de lo dispuesto en los artículos 17, fracción III, 28, 59, 64, 65 y 70 de la ley General de Bienes Nacionales de 1982, vigente en la fecha de la solicitud efectuada por mi representado, así como atento a lo dispuesto en los artículos 69, 79 y tercero transitorio del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales."

Por oficio de veintiocho de julio de dos mil seis, la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, encargada del despacho por vacaciones de la titular, acordó que no es procedente tener por ampliada la demanda, ya que la razón por la cual fue solicitada no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos que señala la tesis 2a. XLV/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, abril de 1999, página 209, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN.", lo que obliga a negar la ampliación de la demanda solicitada.

Contra la determinación anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja del cual correspondió conocer al Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano colegiado que mediante acuerdo correspondiente a la sesión del día siete de septiembre del dos mil seis, resolvió declarar procedente y fundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; en consecuencia, el Juzgado de Distrito ordenó por auto de dieciocho de septiembre del mismo año, la admisión de la ampliación de la demanda de garantías.

Posteriormente, el juzgado del conocimiento, tramitado el juicio, pronunció sentencia el dieciséis de noviembre de dos mil seis, la cual autorizó el catorce de febrero de dos mil siete, cuyo punto resolutivo es el siguiente:

"ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías 576/2006 promovido por Rolando Wilfrido de Lassé Cañas, en su carácter de apoderado legal de la persona moral oficial Instituto Federal Electoral."

Las consideraciones en que se apoyó la Juez de Distrito para emitir dicho fallo, no se transcriben porque las mismas ya fueron objeto de análisis por parte del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 100/2007, tal como se pondrá de manifiesto en el considerando siguiente.

CUARTO. Inconforme con la sentencia que antecede la parte quejosa, interpuso recurso de revisión.

Del recurso de mérito, por razón de turno, tocó conocer al Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo registró bajo el toca 100/2007, dicho órgano colegiado en sesión celebrada el quince de agosto de dos mil siete, dictó resolución cuyos puntos resolutivos son:

"PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida en lo que fue materia de la competencia de este tribunal y objeto de la revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el Instituto Federal Electoral, por conducto de su apoderado legal, respecto del acto que reclamó en ampliación de demanda al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la omisión de expedir el decreto de desincorporación del inmueble objeto de la controversia, para que a nombre y representación del Gobierno Federal, lo enajene a título gratuito en favor de dicho instituto quejoso. TERCERO. Remítase los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el diskette (sic) que contenga este fallo, para lo que a bien tenga determinar en relación con el segundo párrafo del artículo séptimo transitorio del decreto de la Ley General de Bienes Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de mayo de dos mil cuatro."

Las consideraciones en que se apoyó el Tribunal Colegiado del conocimiento para emitir dicho fallo, no se transcriben por ser innecesarias para resolver la litis constitucional competencia de esta Segunda Sala.

QUINTO. Recibidos los autos en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presidente, por auto de veintitrés de agosto de dos mil siete, admitió el recurso de revisión que se ha precisado con antelación, registrándolo con el número 549/2007; asimismo, ordenó hacerlo del conocimiento al procurador general de la República y posteriormente turnar los autos al Ministro ponente para formular proyecto de resolución.

El agente del Ministerio Público de la Federación, designado por el procurador general de la República para intervenir en el presente asunto, formuló pedimento en el sentido de tenerlo por presentado en tiempo y forma con el pedimento que en derecho le corresponde, en la materia de la revisión negar el amparo y protección de la Justicia Federal y expedirle copia de la resolución que se pronuncie.

Previo dictamen del Ministro ponente, se ordenó la radicación del asunto a la Sala de su adscripción.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), 86 y 90 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), y 14, fracción II, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero, fracción II y primero transitorio del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de garantías, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo séptimo transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Bienes Nacionales, vigente a partir del veintiuno de mayo de dos mil cuatro y aun cuando subsiste el problema de constitucionalidad planteado, resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, porque existen criterios temáticos para resolverlo.

SEGUNDO. Resulta innecesario analizar la oportunidad en la presentación del recurso de revisión en virtud de que el Tribunal Colegiado del conocimiento se ocupó de dicho punto en el considerando segundo de la sentencia dictada en el toca 100/2007 (visible en la foja 36 vuelta de dicho toca) estimando que dicho medio de defensa se interpuso dentro del término de diez días hábiles previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo.

TERCERO. En el primero de los conceptos de violación, que se estudia en términos de la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo se esgrime, esencialmente, que el segundo párrafo del artículo séptimo transitorio, de la Ley General de Bienes Nacionales, a partir del veintiuno de mayo de dos mil cuatro, es violatorio del principio de irretroactividad de la ley consagrado en el precepto 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que de acuerdo a sus disposiciones los trámites iniciados antes de la vigencia de dicha ley se resolverán de conformidad con la misma, esto es, el transitorio cuestionado obliga a que supuestos surgidos con anterioridad al inicio de su vigencia sean regulados por la ley ordinaria en cita, sin tomar en cuenta que en acatamiento al principio de mérito las situaciones consumadas antes de la entrada en vigor del ordenamiento en cuestión no podrán modificarse bajo sus nuevas disposiciones.

La aplicación del artículo séptimo transitorio de la nueva Ley General de Bienes Nacionales retroactivo en perjuicio del quejoso, se materializó el dieciocho de mayo de dos mil seis, con la emisión del oficio DGPIF/D.ASEC.2079/2006 de diecisiete del mismo mes y año, en el cual con fundamento en el numeral 84 de la ley citada se resolvió negativamente la solicitud de trámite de titulación a favor del hoy recurrente del bien inmueble respectivo, no obstante de que dicha solicitud se presentó el cinco de junio de dos mil tres, con fundamento en la anterior Ley General de Bienes Nacionales.

El quejoso agrega que la consecuencia de la Ley General de Bienes Nacionales abrogada (determinación sobre la procedencia de la enajenación a título gratuito) que no se produjo durante su vigencia, ya no depende de la realización de los supuestos previstos en la misma, ocurridos después de que la nueva Ley General de Bienes Nacionales entrara en vigor, pues tal realización estaba diferida en el tiempo hasta el momento en el cual se resolviera sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud respectiva, porque la realización de esa consecuencia era continuada al no existir ningún procedimiento intermedio o etapa que necesariamente debía desahogarse a efecto de dar respuesta a la solicitud en cuestión.

Por tanto, en el segundo párrafo del artículo séptimo transitorio de la nueva Ley General de Bienes Nacionales vigente no pueden suprimirse, modificarse o condicionarse las consecuencias no realizadas de actos que se verificaron de conformidad con la anterior ley por la razón de que las mismas no están supeditadas a la ley de la materia en vigor.

CUARTO. Previamente al estudio del concepto de violación preinserto se hacen las precisiones siguientes:

En principio se precisa que el derecho surge, en gran medida, para eliminar la violencia y la arbitrariedad en las relaciones sociales; como una respuesta a la "vindicta privada", en la cual prevalecía la ley del más fuerte. En tales condiciones, las normas jurídicas, de carácter general, que pueden aplicarse a un sinnúmero de situaciones particulares, constituyen un marco de referencia que permite a los gobernados conocer cuáles son los efectos de su conducta; por lo cual, sería contrario al espíritu del orden jurídico que los derechos y obligaciones creados bajo el amparo de ciertas normas sean desconocidos por disposiciones posteriores. Al respecto, resultan ilustrativas las ideas de Luis Legaz y Lacambra, quien expresa en torno al tema en cuestión:

"La retroactividad de la ley sería aquella cualidad de las leyes por la cual éstas someterían a nuevo examen las condiciones de validez de un acto jurídico regulado por la legislación anterior, modificando o suprimiendo sus consecuencias jurídicas: se trataría pues, de una verdadera vuelta atrás de la ley." (Filosofía del Derecho, Ed. Bosch, Barcelona, 3a. ed., p. 645).

Por su parte, Benjamín Constant se refirió a la retroactividad de la ley en los términos siguientes:

"La retroactividad de las leyes es el mayor atentado que la ley puede cometer; es el desgarramiento del pacto social, la anulación de las condiciones en virtud de las cuales la sociedad tiene derecho a exigir obediencia al individuo; por ella le roba las garantías que le asegura en cambio de esa obediencia, que es un sacrificio. La retroactividad arrebata a la ley su carácter; la ley que tiene efectos retroactivos no es una ley." (citado por Luis Legaz y Lacambra, op. cit.).

En el derecho constitucional mexicano, la garantía de irretroactividad de la ley tiene su antecedente inmediato en el artículo 14 de la Constitución de 1857 que establecía:

"14. No se podrá expedir ninguna ley retroactiva ..."

Por su parte, la Constitución de 1917, respecto a la garantía de la irretroactividad de la ley, establece en su artículo 14, primer párrafo, lo siguiente:

"14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna."

El artículo 14 constitucional, vigente a partir de 1917, cambió la redacción que tenía el precepto relativo de la Constitución anterior y sustituyó la expresión "no se podrá expedir ninguna ley retroactiva" por "a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna", situación que provocó un problema de interpretación, a saber, si la prohibición contenida en el artículo 14 constitucional incluía al órgano legislativo o solamente a las autoridades que tuvieran a su cargo la aplicación de la ley.

En principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la garantía de irretroactividad de la ley no limitaba al Poder Constituyente, que sí se encuentra facultado para expedir leyes retroactivas, siempre que existan razones políticas y sociales, de interés general, que exijan dicha forma de regulación. El criterio anterior se encuentra expuesto en la siguiente tesis de jurisprudencia:

"RETROACTIVIDAD DE LA LEY, PRECEPTOS CONSTITUCIONALES NO SON IMPUGNABLES POR. Las leyes retroactivas, o las dicta el legislador común o las expide el Constituyente al establecer los preceptos del Código Político. En el primer caso, no se les podrá dar efecto retroactivo, en perjuicio de alguien, porque lo prohíbe la Constitución; en el segundo, deberán aplicarse retroactivamente, a pesar del artículo 14 constitucional, y sin que ello importe violación de garantía individual alguna. En la aplicación de los preceptos constitucionales hay que procurar armonizarlos, y si resultan unos en oposición con otros, hay que considerar los especiales como excepción de aquellos que establecen principios o reglas generales. El legislador constituyente, en uso de sus facultades amplísimas, pudo, por altas razones políticas, sociales o de interés general, establecer casos de excepción al principio de no retroactividad, y cuando así haya procedido, tales preceptos deberán aplicarse retroactivamente. Para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última circunstancia es esencial." (Tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo I, Materia Constitucional, páginas doscientos ochenta y dos y doscientos ochenta y tres).

Dicho criterio, que reconoce la potestad del Poder Constituyente de expedir leyes retroactivas, cuando así lo exijan las circunstancias de interés general, se explica en tanto que dicho órgano legislativo, al reformar un precepto de la propia Constitución no podría incurrir en violación de ésta, ya que todos los preceptos de la Carta Magna son de la misma jerarquía. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis siguiente:

"CONSTITUCIÓN, TODAS SUS NORMAS TIENEN LA MISMA JERARQUÍA Y NINGUNA DE ELLAS PUEDE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL. De conformidad con el artículo 133 de la Constitución de la República todos sus preceptos son de igual jerarquía y ninguno de ellos prevalece sobre los demás, por lo que no puede aceptarse que algunas de sus normas no deban observarse por ser contrarias a lo dispuesto por otras. De ahí que ninguna de sus disposiciones pueda ser considerada inconstitucional. Por otro lado, la Constitución únicamente puede ser modificada o adicionada de acuerdo con los procedimientos que ella misma establece." (Tesis aislada del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Primera Parte, página diecisiete).

Una vez excluido el Poder Constituyente del ámbito de obligatoriedad del artículo 14 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que, dada la nueva redacción que la Constitución de 1917 le dio a tal precepto, sustituyendo la frase "no se podrá expedir ninguna ley retroactiva" por "a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna", la llamada garantía de irretroactividad de la ley tampoco vinculaba al legislador ordinario, constriñendo únicamente a las autoridades que tuvieran la encomienda de aplicar las leyes. La tesis que resultó con motivo de dicha interpretación es la siguiente:

"RETROACTIVIDAD. La Constitución de 1857 establecía que no se podía expedir ninguna ley retroactiva, en tanto que la de 1917, en su artículo 14, se limita a expresar que a ninguna ley se dará efecto retroactivo, en perjuicio de persona alguna, lo cual viene a significar que la Constitución anterior, prohibía al legislador dictar disposiciones que rigieran actos ya sometidos al imperio de leyes anteriores y la Constitución de 1917, en cambio, no desconoce la facultad del legislador para dictar leyes que en sí mismas lleven efectos retroactivos, cuando así lo exija el bien social, y tiende únicamente a impedir que las autoridades apliquen las leyes con efecto retroactivo." (Tesis aislada de la anterior Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXVII, página mil quince).

El criterio anterior, que circunscribía la obligatoriedad del artículo 14 constitucional a las autoridades que llevaran a cabo la aplicación de la ley, excluyendo expresamente al órgano legislativo, fue modificado por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, para establecer que la garantía de irretroactividad de la ley protegía a los gobernados tanto en contra de las autoridades legislativas como de aquellas que debían aplicar la ley, sustentando el siguiente criterio:

"RETROACTIVIDAD. La jurisprudencia adoptada por la Corte, poco después de promulgada la Constitución, sobre que el artículo 14 de ésta, no reza con el legislador, sino que se dirige a los Jueces y a las autoridades encargadas de aplicar las leyes o de su ejecución, ha sido sustituida por la de que la verdadera interpretación de ese artículo, es la de que procede el amparo no sólo contra los actos de las autoridades que violen las garantías individuales, sino también contra las leyes, cuando son violatorias de las mismas garantías tienen el carácter de aplicación inmediata y lesionan derechos adquiridos; pues las palabras del Constituyente no pueden dar lugar a distingos que no están en el texto del artículo 14 citado, que previene de una manera absoluta, que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo, sin atender a si dicho efecto nace de la aplicación de la ley por las autoridades, o a si la ley por sí misma, produce dicho efecto, desde el momento de su promulgación, pues resultaría ilógico admitir que el amparo procede contra las leyes y negarlo cuando se demuestra que los preceptos de ésta, automáticamente vuelven sobre el pasado, lesionando derechos adquiridos." (Tesis aislada de la anterior Tercera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXVI, página quinientos cuarenta y tres).

De conformidad con los criterios expuestos, actualmente se reconoce que la garantía de irretroactividad, consagrada en el artículo 14 constitucional, protege al gobernado tanto de la ley misma, a partir de que inicia su vigencia, como de su aplicación, es decir, constriñe al órgano legislativo a que no expida leyes que, en sí mismas, resulten retroactivas, y a las demás autoridades a que no apliquen las leyes en forma retroactiva.

Precisado lo anterior, debe tenerse presente que este Alto Tribunal ha establecido, en relación con el tema en cuestión, la jurisprudencia localizable en el Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, relacionada en sexto lugar con aquélla, publicada con el número 1654, en las páginas 2683 y 2684, que dice:

"RETROACTIVIDAD. TEORÍAS SOBRE LA. Sobre la materia de irretroactividad, existen diversidad de teorías, siendo las más frecuentes, la de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho y la de las situaciones generales de derecho y situaciones concretas o situaciones abstractas y situaciones concretas, siendo la primera, el mandamiento de la ley, sin aplicación concreta de la misma. El derecho adquirido es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y el hecho efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; y la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación vigente en un momento dado. En el primer caso, se realiza el derecho y entra al patrimonio; en el segundo, el derecho está en potencia, sin realizar una situación jurídica concreta, no formando parte integrante del patrimonio; estos conceptos han sido acogidos por la Suprema Corte, como puede verse en las páginas 226 y 227 del Apéndice al Tomo L del Semanario Judicial de la Federación, al establecer: ‘Que para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última circunstancia es esencial’. ‘La ley es retroactiva cuando vuelve al pasado para cambiar, modificar o suprimir los derechos individuales adquiridos’. ‘Al celebrarse un contrato, se crea una situación jurídica concreta, que no puede destruirse por la nueva ley, si no es incurriendo en el vicio de retroactividad. Si una obligación ha nacido bajo el imperio de la ley antigua, subsistirá con los caracteres y las consecuencias que la misma ley le atribuye’."

En este contexto, en términos muy amplios se puede afirmar que un ordenamiento o su aplicación, tienen carácter o efectos retroactivos cuando afectan situaciones o derechos que están estrechamente vinculados con su fuente y no pueden apreciarse de manera independiente. Sin embargo, la propia jurisprudencia ha establecido dos excepciones a dicha prohibición, es decir, tratándose de disposiciones de carácter constitucional o las de naturaleza procesal. En el primer supuesto de manera ilimitada, y en el último siempre que no menoscaben derechos adquiridos o etapas del procedimiento que se han consumado por la preclusión. Consecuentemente, al establecer el precepto en cita (artículo 14 constitucional) como garantía del individuo, que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, debe entenderse que la prohibición se refiere tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que hace aplicación de ellas a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente.

Lo anterior es ilustrado con la tesis aislada, que fue sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LV, página 40, que dice:

"RETROACTIVIDAD. Para que la ley sea retroactiva, se necesita que vuelva sobre el pasado y ataque los derechos adquiridos, es decir, derechos que han entrado al patrimonio del individuo."

Como se ha observado, la retroactividad de una ley guarda íntima relación con derechos adquiridos, por lo que conviene hacer algunas reflexiones al respecto. Sobre el particular no se puede dar una fórmula matemática, pues en realidad se trata de un problema jurídico complejo y que en cada caso particular el juzgador, por una parte, debe examinar y aquilatar los motivos de utilidad social que contribuyan a la aplicación inmediata de la ley nueva y, por la otra, el valor de los intereses particulares que aspiran a protegerse en las normas de la antigua ley, tomando en consideración que derecho adquirido es el que por razón de la misma ley se encuentra irrevocable y definitivamente incorporado al patrimonio de una persona o a su haber jurídico el que necesariamente debe ser protegido por el poder público. No pasa inadvertido que la doctrina y la legislación referentes a los derechos adquiridos representan una conservación y una victoria de los derechos subjetivos de sus titulares respectivos frente al derecho objetivo, a fin de impedir cómodas e impunes violaciones de aquéllos por una legislación reformadora.

Con base en lo anterior, se puede determinar como derecho adquirido, aquel que pertenece a una persona en virtud de un título propio, creado en provecho de su titular, exclusivamente. Esto es, en contraposición se encuentran las facultades consistentes en la autorización que se tiene para obrar, al amparo de un título general, que no puede ni debe ser invocado exclusivamente por nadie, sino que ha sido y se tiene como dictado a favor de todos, siendo prudente distinguir las esperanzas o expectativas de derecho, que no son otras que aquellos derechos que se pueden obtener con la realización de determinados actos contemplados por la ley, pero que todavía no se obtienen.

Lo anterior es ilustrado con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 145-150, Primera Parte, página 53, que dice:

"DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado."

En torno a lo anterior, se debe concluir que derechos adquiridos serán aquellos que han entrado al patrimonio del individuo o a su dominio o a su haber jurídico y los cuales no se le pueden ya arrebatar. En otras palabras

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20571-727cbe1b/bienes-nacionales-el-segundo-parrafo-del-articulo-septimo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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