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Modo: Corpus Pro

CONTRATO DE TRABAJO. LA NULIDAD DE LA CONDICIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXVII, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CONSISTENTE EN LA OBLIGACIÓN DIRECTA O INDIRECTA DE LOS TRABAJADORES PARA ADQUIRIR ARTÍCULOS DE CONSUMO EN TIENDAS O LUGARES DETERMINADOS, DEBE DECLARARSE JUDICIALMENTE. VALES DE DESPENSA. EL CONVENIO MEDIANTE EL CUAL EL TRABAJADOR MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE ADHERIRSE A UN PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL, CONSISTENTE EN EL OTORGAMIENTO DE AQUÉLLOS PARA SER CANJEADOS POR MERCANCÍA O SERVICIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PROPIEDAD DEL PATRÓN, Y QUE PARA TAL EFECTO SE LE DESCUENTE DE SU SALARIO EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE, CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES CONSIGNADOS EN LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXVII, INCISO E) Y DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VALES DE DESPENSA. SU OTORGAMIENTO MEDIANTE EL DESCUENTO CORRESPONDIENTE EN EL SALARIO DEL TRABAJADOR PARA SER CANJEADOS POR MERCANCÍA O SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS PROPIEDAD DEL PATRÓN, CONSTITUYE UNA CONDUCTA SEMEJANTE A LA PRÁCTICA DE LAS ANTIGUAS TIENDAS DE RAYA, ABOLIDAS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1917.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1180/2008. · Registro digital (IUS): 21143
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: RAÚL ÁVILA ANDUJO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, , Pág. 299.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1180/2008. RAÚL ÁVILA ANDUJO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de septiembre de dos mil ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil ocho, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chihuahua, Chihuahua, recibido posteriormente el catorce de marzo de dos mil ocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo, Raúl Ávila Andujo, por conducto de su apoderado Juan Diego Dávila Sáenz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del siguiente acto y autoridad:

Autoridad responsable: Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chihuahua, Chihuahua.

Acto reclamado: Laudo de ocho de febrero de dos mil ocho, dictado dentro del expediente número 4/07/0154.

SEGUNDO. El quejoso estimó violados en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señaló como tercera perjudicada a Operadora Wal Mart, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Narró los antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.

TERCERO. El presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, por proveído de veinticinco de marzo de dos mil ocho admitió a trámite la demanda de que se trata, con la que se originó el juicio de amparo directo laboral 179/2008. Concluido el trámite correspondiente, en sesión de veintisiete de mayo de dos mil ocho, sus integrantes emitieron la sentencia en la que otorgaron el amparo para efecto de que la Junta responsable: "I. Deje insubsistente el laudo reclamado. II. En su lugar dicte un nuevo laudo, en el que deje intocado lo que no fue materia de concesión, y siguiendo los lineamientos trazados en este fallo decrete la condena al pago de tiempo extraordinario."

CUARTO. Inconforme con la anterior resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, por lo que la secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, en proveído de cuatro de julio de dos mil ocho, ordenó remitir los autos relativos y el escrito de expresión de agravios a este Alto Tribunal para los efectos legales procedentes.

QUINTO. Recibidos los autos en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presidente, por auto de diez de julio de dos mil ocho, ordenó formar y registrar el toca de revisión relativo con el número 1180/2008; acordó que el Pleno no es legalmente competente para conocer del recurso de revisión y ordenó remitir a la Segunda Sala de este Alto Tribunal el toca, los autos relativos y constancias que sean necesarias para los efectos legales consiguientes.

El presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por auto de quince de julio de dos mil ocho, determinó radicar el asunto en dicha Sala y admitir el recurso sin perjuicio del análisis que posteriormente se haga para determinar si el caso se ajusta al requisito previsto en la fracción IX del artículo 107 constitucional, consistente en que la resolución que al efecto deba dictarse entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia y ordenó practicar la notificación respectiva al procurador general de la República para que formulara el pedimento si lo estimaba conveniente. En el mismo acuerdo y encontrándose el asunto en estado de resolución se turnó a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, para los efectos legales consiguientes.

El agente del Ministerio Público de la Federación, designado por el procurador general de la República para intervenir en el presente asunto, formuló pedimento número II/99/2008 en el sentido de que se confirmara la resolución impugnada y se conceda el amparo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo; en relación con el punto primero, fracción I, incisos a) y b), y segundo, fracción I, del Acuerdo Plenario 5/1999, así como el punto cuarto del diverso Acuerdo General 5/2001, publicados en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente, el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve y veintinueve de junio de dos mil uno; toda vez que se promueve en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo deducido de un juicio laboral, en la cual se hizo la interpretación directa de la fracción XXVII, inciso e), apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La sentencia impugnada se notificó por lista al recurrente el miércoles cuatro de junio de dos mil ocho (foja 66 del juicio de amparo), actuación que surtió efectos el jueves cinco siguiente, de ahí que el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el presente medio de impugnación, transcurrió del viernes seis al jueves diecinueve del mismo mes y año, sin contar los días siete, ocho, catorce y quince de junio por haber sido sábados y domingos, días inhábiles en términos del artículo 23 de la Ley de Amparo; en consecuencia, si el escrito de agravios se presentó el diecinueve de junio de dos mil ocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo en Chihuahua, Chihuahua, el recurso de revisión se presentó dentro del plazo legal.

TERCERO. El recurrente hizo valer como agravio, el que a continuación se transcribe:

"Único. Todo contrato de trabajo que entrañe obligación directa o indirecta de adquirir artículos de consumo en tiendas o lugares determinados, es nulo de pleno derecho y no genera derechos u obligaciones, tal nulidad absoluta la establece el artículo 123, apartado A, fracción XXVII, inciso e), constitucional, opera de pleno derecho sin necesidad de solicitar al patrón contratante su cancelación, y sin necesidad de demandar la nulidad de la cláusula respectiva. En el presente caso al trabajador se le efectuaban descuentos en su salario por concepto de vales de despensa que únicamente podría canjear por mercancía a precio al público en establecimientos determinados, lo anterior conforme al supuesto plan de previsión social de fecha 10 de agosto del 2001, tal contratación conlleva el aseguramiento de la venta de sus productos por parte del patrón y su respectiva ganancia, lo que actualiza la causal de rescisión consistente en falta de probidad y honradez, siendo que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito en la sentencia que se recurre de fecha 27 de mayo de 2008, dictada dentro del toca 179/2008 determinó que el clausulado de dicho plan de previsión social beneficiaba los intereses del patrón ya que del mismo se desprendía el consentimiento del trabajador para que se le efectuaran los descuentos en sus salarios antes descritos, y que si el trabajador estimaba que esa autorización le causaba agravio por limitar su opción de compra de productos a determinados establecimientos debió solicitar su cancelación o bien demandar la nulidad de la cláusula respectiva y es en este punto en que esta representación considera que el mencionado tribunal estableció una errónea interpretación directa del artículo 123, apartado A, fracción XXVII, inciso e), constitucional, pues ya que el mencionado plan de previsión social entraña obligación directa de adquirir los artículos de consumo en tienda o lugares determinados, tal condición de ninguna manera obliga al trabajador ni le resulta beneficio o derecho alguno al patrón para justificar con tal contrato absolutamente nulo de pleno derecho por haber efectuado los descuentos en su salario y canjeárselos por mercancía en tiendas determinadas, debiendo tomarse en cuenta que el dispositivo constitucional invocado decreta la nulidad absoluta de los contratos que entrañen obligación directa de adquirir artículos de consumo en tiendas determinadas sin necesidad de que el trabajador solicite al patrón la cancelación de los descuentos sin necesidad de que demande la nulidad de la cláusula respectiva, como erróneamente lo interpretó el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito en la sentencia que se recurre de fecha 27 de mayo de 2008 dictada dentro del toca 179/2008."

CUARTO. En virtud de que la procedencia del recurso de revisión es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio, es procedente ocuparse de esta cuestión.

Conforme a lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución General de la República y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero y segundo del Acuerdo General Plenario 5/1999, publicado el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, el recurso de revisión que se interponga en contra de la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito es procedente cuando se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución, habiéndose impugnado la constitucionalidad de una ley federal en la sentencia recurrida se decida u omita decidir sobre tal cuestión, debiendo limitarse la materia del recurso a las cuestiones propiamente constitucionales, siempre y cuando la resolución que vaya a pronunciar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.

El acuerdo precitado en lo que interesa dispone:

Acuerdo General Plenario 5/1999, aprobado el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

"Acuerdo:

"Primero. Procedencia

"I. El recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si se reúnen los supuestos siguientes:

"a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.

"b) Si el problema de constitucionalidad referido en el subinciso anterior, entraña la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva.

"Se entenderá que un asunto es importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente), se vea que los argumentos (o derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de constitucionalidad.

"II. Por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:

"a) Exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado;

"b) Cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir;

"c) En los demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente."

De la interpretación armónica de las anteriores disposiciones se arriba a la conclusión de que la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo requiere, en principio, de que en la demanda de amparo se hubiere impugnado la constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o de un reglamento, o se hubiere planteado en los conceptos de violación la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que al dictar la sentencia el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente haya decidido sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento impugnado; o bien, establecida la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal u omitido el estudio y decisión de estas cuestiones, siempre que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.

Es aplicable la jurisprudencia identificada con el número 2a./J. 64/2001, sustentada por esta Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, visible en la página 315, que es del tenor literal siguiente:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente."

En el presente caso sí se surten los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo en revisión, los que ya han sido precisados, acorde con lo siguiente:

Ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chihuahua, Raúl Ávila Andujo demandó de Operadora Wal Mart, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, la rescisión del contrato de trabajo, entre otras causas, porque la empresa le efectuó descuentos por la cantidad de $320.40 pesos, apareciendo cada uno bajo la clave 197, por concepto de despensa, y repercute en su salario que se le reembolsa con vales canjeables únicamente en las tiendas del patrón, lo cual es falta de probidad, pues con tal actuar, asegura la venta de sus productos y su ganancia, parecido a las antiguas tiendas de raya.

La autoridad laboral dictó laudo y resolvió que de los recibos de pago aparecen dichas deducciones, las cuales apoya la demandada, en el escrito de adición al plan de previsión social relativo al otorgamiento de vales de despensa de fecha diez de agosto de dos mil uno, con el cual se acredita que el actor manifiesta su conformidad a efecto de que se le descuente de su sueldo el porcentaje que se establezca en el plan de previsión social indicado, y que por ello no resultan indebidos los descuentos, sino que son la base de un programa que incluso aparece retribuido el importe mayor al de los descuentos mismos, señalando también, que tal práctica no es semejante a las antiguas tiendas de raya, por lo que su operación no configura falta de probidad y honradez.

En contra del laudo anterior, Raúl Ávila Andujo promovió juicio de amparo, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.

En los conceptos de violación el quejoso planteó los argumentos que se hacen consistir en que:

"En la demanda se estableció que la despensa puede ser una prestación a cargo del patrón a favor del trabajador pero no viceversa, en otras palabras, el patrón puede otorgarle al trabajador por sus servicios vales de despensa aparte de su salario, pero de ninguna manera se los puede vender, pues al efectuarle descuentos en su salario por concepto de despensa y al quedar estipulado en el documento que la demandada llama "Plan de previsión social" de fecha 10 de agosto de 2001 en el que se establece que lo que se le descuente al trabajador por concepto de despensa solamente podrá ser canjeado por mercancía mediante la presentación de los vales de despensa o mediante dispositivo electrónico en las cajas registradoras de las propias tiendas de la demandada, es claro que el patrón incurre con esto en falta de probidad, pues está asegurando su venta y su correspondiente ganancia, toda vez que la mercancía que les vende a sus empleados se las vende a precio al público, lo que se asemeja a la antigua práctica de pago en tienda de raya, véase como esta operación le es bien redituada al patrón si se toma en cuenta que el actor se obligaba a comprarle mercancía por más de $640.00 mensuales, ahora bien, tómese en cuenta los miles de trabajadores que se ven obligados a gastar sus salarios en tiendas de la demandada a nivel nacional. En resumen, lo que no entendió la responsable es que si el patrón le hace descuentos al trabajador en su salario para reembolsárselos en vales de despensa, los cuales únicamente podrán ser canjeados por mercancía en la propia fuente de trabajo a precio al público, tal actuar configura una falta de probidad y honradez, pues si el patrón asegura la venta y respectiva ganancia con tales descuentos no puede decirse que dicha actuación sea con rectitud de ánimo. Al respecto lo único que indica la responsable en el laudo que se impugna que tal práctica no es semejante a las antiguas tiendas de raya, por lo que su operación no configura falta de probidad y honradez patronal sin establecer argumento alguno en qué sustentar tal tajante determinación, dictando laudo incongruente. c) La parte actora en audiencia de fecha 22 de febrero de 2007 objetó la documental de fecha 10 de agosto del 2001 consistente en autorización para efectuarle descuentos al actor en su salario por concepto de despensa en los siguientes términos: ‘Tal autorización no puede estar por encima de lo que establece el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, no obstante el actor hubiera autorizado al patrón para descontarle prestaciones ilegales, por ser tal autorización contraria a derecho es nula y carente de efectos legales’, siendo el caso que la responsable en el laudo que se impugna ni siquiera tomó en cuenta tal objeción y determinó otorgarle valor probatorio pleno a dicha documental, lo que desde luego vulnera las garantías individuales del quejoso en términos de lo que dispone el artículo 123 constitucional, fracción XXVII, inciso e), el cual señala: ‘Serán condiciones nulas y no obligan a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato: ... Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados.’, dicho precepto constitucional se ve reflejado en las fracciones IX y XIII del artículo 5o. de la Ley Federal del Trabajo que establecen ‘no producirá efecto legal, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca: (fracción IX) La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar determinado; ... (fracción XIII) Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo. En todos estos casos se entenderá que rige la ley o las normas supletorias en lugar de las cláusulas nulas.’."

El Tribunal Colegiado en relación con tales argumentos consideró:

"Son fundados pero inoperantes los conceptos de violación sintetizados en los apartados 1, 2 y 3, en cuanto que la responsable dejó de analizar todos los argumentos expuestos en torno a la causa de rescisión por dos descuentos indebidos, y no determina porqué la práctica de la empresa no se asemeja a las tiendas de raya. En efecto, quedó apuntado que el laborioso esgrimió como argumento que la patronal incurrió en falta de probidad y honradez, por realizar dos descuentos indebidos de $320.40 (trescientos veinte pesos 40/100, moneda nacional) cada uno, bajo la clave 197, por concepto de despensa, ya que ésta es una prestación a cargo del patrón a favor del trabajador y no viceversa, además de que los vales entregados únicamente son canjeables por mercancía en esta ciudad, en las tiendas Wal Mart, Sams Club y Suburbia; el patrón asegura la venta de sus productos al precio al público y su correspondiente ganancia, parecido a las antiguas tiendas de raya prohibidas por el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. Sin que en el laudo reclamado la responsable se pronunciara respecto de que la prestación de despensa debe correr a cargo del patrón a favor del trabajador y no viceversa; que los vales entregados únicamente son canjeables por mercancía en establecimientos determinados, incluida la propia patronal, ni explica por qué tal práctica no se asemeja a las tiendas de raya. No obstante lo anterior, de cualquier manera tendría que resolver en contra de los intereses del quejoso, debido a que tales descuentos no actualizan una causa de rescisión imputable a la patronal. En efecto, para una mayor claridad conviene anotar el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo: ‘Artículo 110. Los descuentos en los salarios de los trabajadores, están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos siguientes: I. Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. La cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento será el que convengan el trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del treinta por ciento del excedente del salario mínimo; II. Pago de la renta a que se refiere el artículo 151 que no podrá exceder del quince por ciento del salario; III. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Asimismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se les descontará el 1% del salario a que se refiere el artículo 143 de esta ley, que se destinará a cubrir los gastos que se eroguen por concepto de administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se trate. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador; IV. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su conformidad y que no sean mayores del treinta por ciento del excedente del salario mínimo; V. Pago de pensiones alimenticias en favor de la esposa, hijos, ascendientes y nietos, decretado por la autoridad competente; y, VI. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos; VII. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el fondo a que se refiere el artículo 103 bis de esta ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo, o al pago de servicios. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder del veinte por ciento del salario.’ (el subrayado es propio). Asimismo, es dable transcribir el escrito de adición al plan de previsión social, base de los descuentos por despensa: (se transcribe). Con base en lo anotado se colige que la Ley Federal del Trabajo autoriza los descuentos al salario de los trabajadores cuando se derive de la adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. Y que fue voluntad del ahora quejoso adherirse al plan de previsión social en comento, cuya participación podía darse por terminada mediante la simple notificación por escrito al patrón, en cuyo caso se suspendería el descuento. Esto es, el trabajador dio su consentimiento para que se hiciera tal descuento y, por tanto, no actualiza una falta de probidad y honradez de la patronal, ya que esa autorización es conforme con el contenido del artículo 31 de la ley laboral, y obliga a las partes a su observancia, dicho numeral establece: ‘Artículo 31. Los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad.’. Y aunque la fracción I del numeral 110 de la ley laboral transcrita alude a la autorización de descuentos en los salarios de los trabajadores por las deudas contraídas con el patrón derivadas de la adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento, y en el caso no se trata estrictamente de insumos elaborados por la patronal, lo cierto es que debido al giro de la negociación demandada, que es una tienda departamental que expende al público en general bienes diversos, en el caso concreto se estima que con la adquisición de artículos vendidos por la demandada se configura un supuesto similar al que se prevé en el precepto legal en comento y, por tanto, este tribunal considera que los descuentos relacionados con tales adquisiciones están permitidos por la Ley Federal del Trabajo. Sin que en la especie la despensa aludida deba ser considerada como una prestación, y que por ello deba ser a cargo de la patronal en beneficio del trabajador, ni que implique la venta de vales de despensa, sino que es el cobro de deudas contraídas con el patrón por la adquisición de artículos vendidos por la patronal, y el hecho de que se haya estipulado para ello una parte fija del salario sólo implica que las partes contratantes buscaron garantizar que por lo menos esa suma fuera destinada a la adquisición de bienes y servicios básicos, según se desprende del escrito de adhesión al plan de previsión social. En todo caso, si el trabajador estimaba que esa autorización de descuento le causaba agravio por limitar su opción de compra de productos a determinados establecimientos, debió solicitar su cancelación, en la medida en que tenía expedito su derecho para ello, o bien demandar la nulidad de la cláusula respectiva de conformidad con el artículo 123, apartado A, fracción XXVII, inciso e), que establece: ‘Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: ... XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato: ... (e). Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados.’. Los descuentos multirreferidos tampoco comprenden una conducta semejante a las antiguas tiendas de raya, pues si bien los mecanismos para la defensa del salario se implementaron con motivo de múltiples abusos de los patronos, que impedían por distintos medios que el numerario pagado como salario llegara completo a su destino, entre otros casos cuando los trabajadores se veían obligados a comprar en las tiendas de raya artículos de primera necesidad que les vendían sus patrones a precios elevados y que los obreros tenían que consumir, provocando el menoscabo de su percepción y el endeudamiento con el empleador, que incluso era trasmitido a los familiares de los trabajadores después de su muerte (este criterio se sostuvo en el amparo directo laboral 595/2006), lo cierto es que en el asunto en estudio, el propio trabajador reconoció en su demanda laboral y en los conceptos de violación que los bienes y servicios se vendían al precio al público general, y según quedó plasmado en todo momento estuvo en posibilidad de dar por terminada la adhesión al plan de previsión social de trato ..."

En contra de esa determinación la parte quejosa interpuso recurso y a través de su escrito atribuye al Tribunal Colegiado del conocimiento que: Interpretó erróneamente el artículo 123, apartado A, fracción XXVII, inciso e), constitucional, al señalar que del clausulado del plan de previsión social el trabajador otorgó el consentimiento para que se le efectuaran los descuentos en su salario, y que si éste estimaba que esa autorización le causaba agravio por limitar su o

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21143-2f94682a/contrato-de-trabajo-la-nulidad-de-la-condicion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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