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COLEGIOS DE PROFESIONISTAS. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS DEL QUEJOSO COMO ASOCIADO POR EL PLAZO DE SEIS MESES, SIN EXENCIÓN DE CUOTAS, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, LO QUE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES 1o. Y 11 DE LA LEY DE AMPARO. LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2219/2009. · Registro digital (IUS): 22843
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, , Pág. 683.

AMPARO EN REVISIÓN 2219/2009. **********.

MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIO: RICARDO MANUEL MARTÍNEZ ESTRADA.

MINISTRA ENCARGADA DEL ENGROSE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: GUADALUPE M. ORTIZ BLANCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de abril de dos mil diez.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el trece de agosto de dos mil ocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, **********, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

Autoridades responsables:

1. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

2. El Congreso de la Unión;

3. Los secretarios de Gobernación, de Educación Pública, de Salud y de Relaciones Exteriores;

4. El jefe de Gobierno del Distrito Federal;

5. El director del Diario Oficial de la Federación;

6. La **********, Asociación Civil;

7. La ***********, Asociación Civil, y

8. El secretario de la Junta de Honor **********, Asociación Civil.

Actos reclamados:

1. Del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión, los secretarios de Gobernación, de Educación Pública, de Salud y de Relaciones Exteriores y el director del Diario Oficial de la Federación, se reclama, en el ámbito de sus respectivas competencias, la discusión, aprobación, sanción, promulgación, refrendo, orden de publicación y publicación de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, por lo que se refiere a la fracción r) del artículo 50, así como la omisión de la ley antes indicada de establecer el procedimiento que deba proceder a la aplicación de sanciones a los asociados de un colegio de profesionistas.

2. De la **********, Asociación Civil, en su carácter de colegio de profesionistas registrado ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, así como de la Junta de Honor de la **********, Asociación Civil, en tanto órgano representante o decisorio de dicho colegio, se reclama:

a) El primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso de la fracción r) del artículo 50 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, al dictar la resolución de dieciséis de julio de dos mil ocho, mediante la cual se confirma la sanción que le fue impuesta mediante resolución de dicho colegio de profesionistas de doce de diciembre de dos mil siete;

b) La sanción y reforma a los artículos 35, 36, fracción VIII, 38, 40, 47 y 48 de los Estatutos de la **********, Asociación Civil y el Reglamento de Procedimientos para el Trámite de Quejas ante la Junta de Honor, de fecha siete de marzo de dos mil siete, así como su aplicación retroactiva en perjuicio del quejoso.

c) La emisión y aplicación del artículo 48 de los Estatutos de la **********, Asociación Civil, que prevé la sanción que le fue impuesta al quejoso.

3. Del secretario de la Junta de Honor ***********, Asociación Civil, se reclama la notificación de la resolución de fecha dieciséis de julio de dos mil ocho, referida en el punto anterior.

SEGUNDO. Garantías que se estiman violadas, antecedentes de los actos reclamados y conceptos de violación. El quejoso indicó como garantías violadas las contenidas en los artículos 6, 13, 14, 16, 17, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señaló como tercero perjudicado a ********** y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes.

Como antecedentes narró, esencialmente, que mediante resolución de doce de diciembre de dos mil siete, la Junta de Honor **********, Asociación Civil, lo sancionó con una suspensión de seis meses en sus derechos de asociado, sin exención de cuotas, por haberse determinado que actuó como perito y abogado en un mismo asunto.

Dicha determinación, continúa el quejoso, fue posteriormente confirmada por diversa resolución de la propia Junta de Honor de dieciséis de julio de dos mil ocho, con motivo del recurso de reconsideración hecho valer por el interesado.

TERCERO. Trámite del asunto y sentencia del Juez de Distrito. La demanda de garantías se radicó ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Previos los trámites de ley, el titular del referido órgano jurisdiccional terminó de engrosar la sentencia el veintiséis de marzo de dos mil nueve, en la que resolvió: 1) sobreseer el juicio de garantías respecto de los artículos 35, 36, fracción VIII, 38, 40 y 47 de los Estatutos de la **********, Asociación Civil y el Reglamento de Procedimiento para el Trámite de Quejas ante la Junta de Honor; 2) negar el amparo respecto de la discusión, aprobación, sanción, promulgación, refrendo, orden de publicación y publicación de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, por lo que se refiere al inciso r) del artículo 50 y el artículo 48 de los Estatutos de la **********, Asociación Civil; y, finalmente, 3) conceder el amparo al quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable Junta de Honor de la **********, Asociación Civil, deje insubsistente la resolución reclamada y emita otra fundada y motivada (fojas 618, 619, 1053 a 1101 vuelta del expediente de amparo).

CUARTO. Trámite de los recursos de revisión. Inconformes con la sentencia de amparo, el quejoso, la parte tercera perjudicada y la autoridad responsable interpusieron recursos de revisión.

La presidenta del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió los recursos de revisión y ordenó solicitar al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Primer Circuito que, de no existir inconveniente legal alguno, remitiera copia de la resolución dictada en el amparo en revisión RA. 479/2008-6168 (foja 283 del expediente de amparo en revisión).

El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito desahogó el requerimiento que le fue formulado. Recibida la copia certificada respectiva en el Décimo Tribunal Colegiado, su presidenta declinó el turno para conocer del recurso de revisión 172/2009 a favor del Décimo Tercer Tribunal Colegiado, al cual ordenó que se remitieran los autos (fojas 303, 339 y 340 vuelta del expediente de amparo en revisión).

Mediante auto de ocho de junio de dos mil nueve, el presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó avocarse al conocimiento del recurso de revisión de que se trata, para lo cual ordenó formar el toca RA. 230/2009-2737, y continuar el trámite de los recursos de revisión y revisión adhesiva interpuestos (foja 349 del expediente de amparo en revisión).

QUINTO. Facultad de atracción. Mediante resolución de veintiuno de octubre de dos mil nueve, la Primera Sala de este Alto Tribunal determinó que se ejerciera la facultad de atracción respecto del amparo en revisión 230/2009-2732 del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de los recursos de revisión interpuestos por el tercero perjudicado, la **********, Asociación Civil, y el quejoso, así como de las revisiones adhesivas de la parte quejosa y la parte tercero perjudicada, respectivamente.

Por auto de once de diciembre de dos mil nueve, el presidente en funciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ese órgano colegiado se avocara al conocimiento del amparo en revisión 230/2009-2732, por lo que se designó a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para formular el proyecto de resolución respectivo.

En sesión de diez de enero de dos mil diez, la Primera Sala de esta Suprema Corte determinó enviar el asunto al Tribunal Pleno para que se avocara a su conocimiento.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en lo establecido en la fracción II del punto tercero del Acuerdo Plenario 5/2001, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en el que se cuestionó la constitucionalidad de un ordenamiento federal, como lo es la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, y la Primera Sala determinó que debía remitirse a este Pleno para su conocimiento.

SEGUNDO. Oportunidad en la presentación de los recursos de revisión.

Es oportuna la promoción de los recursos presentados por las partes, en el presente juicio.

Así es, el recurso de revisión interpuesto por el quejoso se presentó dentro del término de diez días que para tal efecto establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia recurrida se le notificó personalmente el veintisiete de marzo de dos mil nueve, como se desprende de la constancia que obra a foja 1118 del expediente del juicio de garantías, y el escrito relativo al recurso fue presentado el dieciséis de abril de dos mil nueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, como se advierte de la foja 108 del toca; por tanto, dicho término transcurrió del treinta y uno de marzo al dieciséis de abril de dos mil nueve, tomando en cuenta que fueron inhábiles el veintiocho y veintinueve de marzo, cuatro, cinco, ocho, nueve, diez, once y doce de abril del mismo año.

El recurso de revisión interpuesto por la Junta de Honor de la **********, Asociación Civil, también fue presentado en tiempo, esto es, dentro del término de diez días que para tal efecto establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia recurrida se le notificó por oficio el veintisiete de marzo de dos mil nueve, como se desprende de las constancias que obran a fojas 1131 y 1132 del expediente del juicio de garantías, y el escrito relativo al recurso fue presentado por conducto de su autorizado, el catorce de abril de dos mil nueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, como se desprende de la foja 70 del toca; por tanto, dicho término transcurrió del treinta de marzo al quince de abril de dos mil nueve, tomando en cuenta que fueron inhábiles el veintiocho y veintinueve de marzo, cuatro, cinco, ocho, nueve, diez, once y doce de abril del mismo año.

Finalmente, está en tiempo el recurso de revisión interpuesto por el tercero perjudicado, esto es, dentro del término de diez días que para tal efecto establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia recurrida se notificó por conducto de su autorizado, el veintisiete de marzo de dos mil nueve, como se desprende de la constancia que obra a foja 1120 del expediente del juicio de garantías, y el escrito relativo al recurso fue presentado el siete de abril de dos mil nueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, como se advierte de la foja 30 del toca; por tanto, dicho término transcurrió del treinta y uno de marzo al dieciséis de abril de dos mil nueve, tomando en cuenta que fueron inhábiles el veintiocho y veintinueve de marzo, cuatro, cinco, ocho, nueve, diez, once y doce de abril del mismo año.

El recurso de revisión adhesiva a los recursos del tercero perjudicado y de la autoridad responsable, presentado por el quejoso también es oportuno, pues se interpuso dentro del término de cinco días que para tal efecto establece el artículo 83, último párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que la admisión del recurso principal se notificó por medio de lista, el doce de mayo de dos mil nueve como se desprende de la constancia que obra a foja 139 del cuaderno de amparo en revisión, y el escrito relativo al recurso de revisión adhesiva fue presentado el veinte de mayo de dos mil nueve ante el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, como se desprende de la foja ciento ochenta y tres del toca; por tanto, dicho término transcurrió del catorce al veinte de mayo de dos mil nueve, tomando en cuenta que fueron inhábiles el dieciséis y diecisiete del mismo mes y año.

El recurso de revisión adhesiva al recurso de revisión del quejoso, interpuesto por el tercero perjudicado fue presentado en tiempo, esto es, dentro del término de cinco días que para tal efecto establece el artículo 83, último párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que la admisión del recurso principal se notificó por medio de lista el doce de mayo de dos mil nueve, como se desprende de la constancia que obra a foja 139 del cuaderno de amparo en revisión, y el escrito relativo al recurso de revisión adhesiva fue presentado el veinte de mayo de dos mil nueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Primer Circuito en Materia Administrativa en México, Distrito Federal, como se desprende de la foja ciento sesenta y tres del toca; por tanto, dicho término transcurrió del catorce al veinte de mayo de dos mil nueve, tomando en cuenta que fueron inhábiles el dieciséis y diecisiete del mismo mes y año.

TERCERO. Legitimación. La Junta de Honor de la ***********, Asociación Civil se encuentra legitimada para interponer el presente recurso de revisión, pues el a quo le reconoció el carácter de autoridad responsable; y está pendiente de decidirse la cuestión de si efectivamente es o no autoridad para efectos del juicio de amparo.

CUARTO. Firmeza del primer resolutivo de la sentencia recurrida. Debe quedar firme el sobreseimiento decretado por el a quo respecto de los artículos 35, 36, fracción VIII, 38, 40 y 47 de los Estatutos de la ***********, Asociación Civil y el Reglamento de Procedimiento para el Trámite de Quejas ante la Junta de Honor, contenido en el resolutivo primero de la sentencia, que se rige por los razonamientos expresados en su considerando cuarto, toda vez que el quejoso, hoy recurrente, no formuló agravios en su contra, de conformidad con la jurisprudencia 7/91, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 44 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 39, correspondiente a marzo de 1991, cuyo texto dice:

"REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquellos en contra de los cuales no formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente."

QUINTO. Estudio de los agravios del tercero perjudicado. Por razón de método se estudiarán en primer término los agravios expuestos por la parte tercero perjudicada, pues de resultar fundados actualizarían la improcedencia del juicio de amparo; tema que es de orden público y de análisis preferente.

En ellos, en esencia, aduce dos argumentos fundamentales:

1. La Junta de Honor de la **********, A.C. no es autoridad para efectos del juicio de amparo; y,

2. En la resolución de dieciséis de julio de dos mil ocho no se aplicó el artículo 50, fracción r), de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.

Para abordar su estudio, conviene precisar que los actos impugnados, que no fueron materia de sobreseimiento en primera instancia, son:

El artículo 50, fracción r), de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y la resolución dictada el dieciséis de julio de dos mil ocho por la Junta de Honor de la **********, A.C., mediante la cual se confirmó la sanción que le fue impuesta al quejoso por dicho colegio de profesionistas, consistente en la suspensión de sus derechos como asociado por el plazo de seis meses, sin exención de cuotas.

Este Alto Tribunal ha dicho que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juzgador no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación.

De ahí que se debe analizar, en primer lugar, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto de dicho acto y de la norma impugnada. Ilustra esta consideración la jurisprudencia que dice:

"LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: ‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.’, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." (Novena Época. Registro: 194092. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, abril de 1999, Materia(s): Común, tesis P. XVII/99, página 34).

Pues bien, en las sesiones públicas llevadas a cabo los días trece, quince y diecinueve de abril de dos mil diez, este Tribunal Pleno analizó si el juicio de garantías resulta procedente contra la resolución dictada por la Junta de Honor de la **********, A.C., particularmente, si fue emitida por una autoridad para efectos del juicio de amparo.

La conclusión a que se arribó es que la **********, A.C., no es autoridad responsable para efectos del juicio de garantías y, por tanto, éste resulta improcedente.

Las consideraciones que sustentan esta determinación son las que enseguida se exponen:

La esencia del juicio de amparo se ha caracterizado por ser un proceso de carácter constitucional que se tramita ante los Tribunales Federales en contra de las autoridades -nunca contra particulares- que tiene como finalidad proteger al individuo en el goce de sus garantías constitucionales y mantener el equilibrio entre las soberanías de la Federación y de los Estados.

El artículo 103 de la Norma Suprema en vigor sostiene esa característica determinante, al prever que los Tribunales de la Federación conocerán de las leyes y actos de las autoridades que violen las garantías individuales, o bien, impliquen la invasión de la soberanía de la Federación o de los Estados, lo cual se reitera en el artículo 107 constitucional, así como en los artículos 1o., fracciones II y III y 116, fracción VI, de la Ley de Amparo.

La noción de autoridad, como la mayor parte de los conceptos jurídicos, no es unívoca; en la práctica judicial, tal concepto deriva del contenido del artículo 11 de la Ley de Amparo, que lo define de la siguiente manera:

"Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado."

Como se observa, el legislador únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de garantías (dictar, promulgar, publicar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto reclamado), pero no abordó las características que deben reunir éstas para ser consideradas como autoridades para efectos de la procedencia de dicho juicio.

Es así que la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los tribunales federales, particularmente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República.

En la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación apareció publicada la tesis de jurisprudencia que define "autoridad para efectos del amparo" de la siguiente manera:

"AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término ‘autoridades’ para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen." (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, tesis 300, página 519).

Dada la importancia que tiene para este estudio la definición de autoridad adoptada por vez primera, es conveniente referir aquí las cinco sentencias ejecutorias que dieron origen a la jurisprudencia de que se trata. Destacando que en ninguno de los casos resueltos por este Alto Tribunal figura algún particular al que se le haya reconocido el carácter de autoridad.

Los datos de cada una de ellas son los siguientes:

Amparo en revisión 929/1919. Quejoso **********. Autoridad responsable **********. Resuelto el 10 de mayo de 1919, por unanimidad de ocho votos. Los razonamientos torales de la ejecutoria son los siguientes:

"SEGUNDO. Que el razonamiento expuesto por el inferior para fundamentar la denegación del amparo, es absolutamente injurídico e inaceptable, como muy bien lo hace notar el Ministerio Público en su pedimento ante la Corte. En efecto, al decir la Constitución General de la República, que el amparo procede por leyes o actos de autoridades que violen las garantías individuales, no significa, en manera alguna, que por autoridades deba entenderse, para los efectos del amparo, única y exclusivamente aquellas que estén establecidas con arreglo a las leyes y que, en el caso especial de que se trate, hayan obrado dentro de la esfera legal de sus atribuciones al ejecutar los actos que se reputan violatorios de garantías individuales. Lejos de eso, enseñan el señor Vallarta y otros tratadistas mexicanos de Derecho Constitucional, que el término ‘autoridades’, para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar, no como simples particulares, sino como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho mismo de ser pública la fuerza de que disponen; y agregan esos tratadistas que, bajo ese concepto, debe entenderse que el amparo procede, no solamente contra autoridades legítimamente constituidas, sino también contra meras autoridades de facto, por más que se les suponga usurpadoras de atribuciones que legalmente no les correspondan. Siendo, pues, ésta la verdadera doctrina constitucional aplicable al caso, y estando, por otra parte, demostrado que real y positivamente el mayor Canuto Ortega, según lo declararon varios testigos presenciales, intentó llevar consigo fuera de la población al quejoso, contra la voluntad de éste, y, por lo mismo, tenía la intención de privarlo de su libertad individual, es fuera de duda que los actos de que se trata son violatorios, en perjuicio del quejoso, de las garantías consignadas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna."

Amparo en revisión 466/30. Quejoso **********. Autoridades responsables director de la Escuela Nacional de Maestros y secretario de la misma. Resuelto el 25 de julio de 1930. Por unanimidad de cinco votos. Los razonamientos sustanciales en que se apoyó el fallo son:

"Por auto de siete de febrero último, se desechó la demanda presentada por el quejoso, fundándose el inferior en que ni el director, ni el secretario de la Escuela Nacional de Maestros tenían el carácter de autoridad, sino únicamente el de empleados públicos. El quejoso interpuso revisión contra ese auto, alegando como agravios que el amparo había sido instituido para proteger al individuo contra las agresiones del poder público, ya fuera este Legislativo, Ejecutivo o Judicial; que se desvirtuaba la naturaleza del juicio de amparo al negarse al director y secretario de la mencionada escuela el carácter de autoridades, con el sólo fin de desechar una demanda contra actos de los mismos que violaban garantías individuales y que únicamente podían ejecutar porque ejercían una autoridad administrativa propia o delegada, pero que en todo caso significada que tenían la representación del poder público dentro de su jurisdicción educativa y escolar en virtud de la cual obraban al ejecutar los actos de que se había quejado; que si los citados director y secretario de la Escuela Nacional de Maestros hubieran obrado como particulares no hubieran estado en la posibilidad de ejecutar los actos de que se había quejado, y que el ramo de educación pública era un servicio público y siendo la Escuela Nacional de Maestros un establecimiento de ese servicio público, la persona encargada de dirigirla era una autoridad dentro de la esfera de su competencia. Si por autoridad debe entenderse toda persona investida por la ley para dictar, según su propio criterio y bajo su responsabilidad, determinaciones de cumplimiento obligatorio y para hacer cumplir esas mismas determinaciones y, en el caso, el director y secretario de la Escuela Nacional de Maestros, dictaron e hicieron cumplir la determinación con fundamento en la cual se impidió al quejoso que se inscribiera en la susodicha escuela, resulta claro que los citados director y secretario de la mencionada escuela, sí tienen el carácter de autoridades; y siendo esto así, el auto que se revisa no está debidamente fundado, por lo que procede revocarlo."

Amparo en revisión 271/30. Quejoso **********. Autoridades responsables gobernador y Comisión Local Agraria del Estado de Puebla. Resuelto el 10 de diciembre de 1931. Por unanimidad de cuatro votos. Los razonamientos en que se sustenta el fallo, en lo conducente, son:

"SEGUNDO. Como la parte quejosa, señor Díaz Barriga, interpuso el recurso de revisión contra la sentencia de primera instancia, en cuanto sobreseyó en este asunto respecto de la Comisión Local Agraria, Inspección General de Policía y de los Departamentos de Gobernación, Justicia y Fomento del Gobierno del Estado de Puebla, por haber negado las dos primeras autoridades su injerencia en los actos reclamados, sin que se hubiese desvirtuado su negativa, y por no tener el carácter de autoridades los mencionados departamentos del Ejecutivo, es pertinente establecer desde luego, que siendo exacto que las expresadas Comisión Local Agraria e Inspección General de Policía negaron su injerencia en los actos reclamados, sin que hubiesen sido desvirtuadas dichas negativas, es procedente al sobreseimiento dictado por el Juez de Distrito respecto de tales autoridades, por falta de materia para conceder o negar el amparo; pues si bien es cierto que en el acuerdo del gobernador, de treinta de diciembre de mil novecientos veintinueve, por el que mandó dar posesión a Fidel Sandoval de los terrenos expropiados, dispuso que para prevenir cualquier alteración del orden público que pudiera suscitarse, se giraron órdenes al inspector de policía para que diez soldados al mando de un oficial de la gendarmería montada acompañaran a los empleados comisionados para dar aquella posesión, también lo es que del acta de la diligencia respectiva, que aparece haber sido practicada a las diez horas treinta minutos del día treinta y uno de diciembre de mil novecientos veintinueve, no consta que la inspección de policía hubiese tomado la intervención que se le mandó dar, ni aparecer tampoco que se le hubiesen librado las órdenes que dispuso el Ejecutivo; por lo que no puede estimarse que el informe negativo de dicha autoridad señalada como ejecutora, esté desvirtuado por el referido acuerdo de treinta de diciembre de mil novecientos veintinueve, que obra en autos en copia autorizada. Y respecto de los Departamentos de Gobernación, Justicia y Fomento del Gobierno del Estado de Puebla, no teniendo, ciertamente, como estimó el inferior, el carácter de autoridades, en cuanto son meras dependencias del Ejecutivo, sin autonomía alguna ni facultades legales para ejecutar actos propios, procede también el s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22843-ca10a9d1/colegios-de-profesionistas-la-resolucion-que-confirma-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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