Sin rubro
RECURSO DE RECLAMACIÓN 8/2016-AI DERIVADO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 15/2016. 28 DE ABRIL DE 2016. MOVIMIENTO CIUDADANO. PONENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: DANIEL ÁLVAREZ TOLEDO Y ALEJANDRO GONZÁLEZ PIÑA.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veintiocho de abril de dos mil dieciséis.
VISTOS, los autos, para resolver el recurso de reclamación 8/2016-AI.
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Presentación y trámite de la acción de inconstitucionalidad. Por escrito presentado el doce de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dante Alfonso Delgado Rannauro, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Martha Angélica Tagle Martínez, Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz, Janet Jiménez Solano, Jorge Álvarez Máynez, Christian Walton Álvarez, Juan Ignacio Samperio Montaño, Alejandro Chanona Burguete y María del Pilar Lozano Mac Donald, con el carácter de Coordinador, integrantes y Secretaria General de Acuerdos, respectivamente, de la Comisión Operativa Nacional del partido político Movimiento Ciudadano, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de la expedición, promulgación y publicación del "Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Cuidad de México", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis.(1)
2. En proveído de quince de febrero de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el escrito de demanda, la registró con la acción de inconstitucionalidad número 15/2016 y turnó el asunto al Ministro Javier Laynez Potisek, para que instruyera el procedimiento correspondiente.(2)
3. SEGUNDO. Desechamiento de la demanda de acción de inconstitucionalidad. Mediante auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, el Ministro instructor desechó por improcedente la demanda, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el propio artículo 105, fracción II, inciso f) constitucional, así como con los diversos 59 y 65 de la Ley Reglamentaria.
4. Lo anterior, al considerar esencialmente que la acción de inconstitucionalidad no es la vía para impugnar una reforma constitucional.
5. TERCERO. Interposición y trámite del recurso de reclamación. Inconforme con lo anterior, los promoventes de la acción de inconstitucionalidad interpusieron recurso de reclamación, el cual se admitió a trámite en proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se radicó con el número 8/2016-AI.
6. En dicho auto, el Ministro Presidente ordenó enviar el expediente a la Ponencia de la señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández, para la formulación del proyecto de resolución que deberá someterse a consideración del Tribunal Pleno.(3)
CONSIDERANDO:
7. PRIMERO. Competencia. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de reclamación derivado de la acción de inconstitucionalidad 15/2016, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracciones XII y XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en el Punto Segundo, Fracción II, del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de un recurso de reclamación interpuesto en contra de un auto que desechó la demanda de acción de inconstitucionalidad, el cual es competencia del Tribunal Pleno.
8. SEGUNDO. Legitimación y procedencia. El presente recurso de reclamación es procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 70, párrafo primero, en relación con el diverso 51, fracción I, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haberse interpuesto en contra del auto del Ministro Instructor, en el que desechó la acción de inconstitucionalidad 15/2016.
9. Se estima, asimismo, que su presentación se realizó por parte legitimada, en tanto que fue formulada por el Coordinador, la Secretaria General de Acuerdos y por diversos integrantes de la Comisión Operativa Nacional del partido político Movimiento Ciudadano, quienes promovieron la acción de inconstitucionalidad 15/2016, de la cual deriva el presente recurso de reclamación. Por tal motivo, debe concluirse que tienen legitimación para interponer este medio de impugnación.
10. TERCERO. Oportunidad. El proveído impugnado se notificó a la parte promovente, por medio de oficio 663/2016, el jueves dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, según se aprecia de la constancia que obra a foja 227 del expediente en que se actúa, por lo que surtió efectos el diecinueve siguiente, en términos del artículo 6 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
11. Siendo así, el plazo de cinco días que establece el artículo 52 de dicha ley reglamentaria, para interponer el recurso de reclamación, transcurrió del veintidós al veintiséis de febrero del citado año, descontando los días veinte y veintiuno, por ser sábado y domingo, respectivamente. Luego, si el recurso de reclamación se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, entonces se hizo oportunamente.
12. No pasa inadvertido que el artículo 70 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca que tratándose de la materia electoral, el plazo para interponer el recurso de reclamación se reduce a tres días; sin embargo, en el caso debe acudirse al plazo más amplio (cinco días), pues determinar si se está en presencia o no de la materia electoral, es un tema que en todo caso deberá dilucidarse en el estudio respectivo.
13. CUARTO. Acuerdo recurrido. El proveído recurrido, en lo que interesa, establece lo siguiente:
"[...]
De conformidad con los artículos 25, en relación con el 59 y 65, primer párrafo de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del análisis integral del escrito por el que se promueve el presente medio de control, es manifiesto e indudable que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 del citado ordenamiento, en relación con el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal, lo que da lugar a desecharlo de plano.
En los últimos numerales en cita es dable desprender que las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes cuando dicha figura procesal resulte de alguna disposición de la propia ley y, en todo caso, de la propia Constitución Federal, por ser éstas las que delinean el objeto y finalidad de este medio de control; de lo contrario, su procedencia sería antitética al sistema de control constitucional del que forma parte o de la integralidad y naturaleza del juicio mismo. Sirve de apoyo a esta consideración, por analogía, el siguiente criterio sustentado por el Tribunal Pleno:
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, NO ES INDISPENSABLE QUE EXISTA Y SE VINCULE CON UNA DISPOSICIÓN EXPRESA Y ESPECÍFICA AL RESPECTO EN ESE ORDENAMIENTO JURÍDICO. Conforme a la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia del juicio debe resultar de alguna disposición de esa ley, esto es, que sea consecuencia de la misma, sin que sea necesario que expresa y específicamente esté consignada como tal en alguna parte del ordenamiento, pues siendo la condición para que dicha causa de improcedencia se actualice, que resulte del propio ordenamiento, ésta válidamente puede surtirse cuando del conjunto de disposiciones que integran a la citada ley reglamentaria y de su interpretación, en lo que se refiere a la controversia constitucional, en tanto delinean el objeto y fines de la propia figura procesal constitucional, se revelen casos en que su procedencia sería contraria al sistema de control constitucional del que forman parte o de la integridad y naturaleza del juicio mismo.
La causa de improcedencia se surte en el caso concreto por virtud de que el objeto de tutela de las acciones de inconstitucionalidad previstas en la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal solamente comprende el control de "normas generales" entendidas éstas como leyes ordinarias federales o locales, expedidas por los órganos legislativos, así como los tratados internacionales enunciados en la indicada fracción II, sin comprender otro tipo de normas, como son las reformas constitucionales, incluidos los artículos transitorios, como pretende el partido político promovente.
En efecto, dicho precepto fundamental distingue el término "disposiciones generales" o "normas generales", e incluso, "leyes electorales federales", "leyes electorales locales" y "tratados internacionales" de la acepción "Constitución", la cual, de acuerdo con el propio numeral, es el referente al parámetro para examinar a todas ellas, es decir, la materia de análisis es que dichas "disposiciones generales", incluidas las electorales, sean conformes con la Norma Fundamental, por lo cual no puede interpretarse que al aludir el citado artículo 105, fracción II, a "normas generales", se hubiera comprendido a la propia Constitución, porque su interpretación integral limita su objeto a las leyes en sentido estricto, esto es, a las expedidas por el legislador ordinario, sea federal, de los Estados o del Distrito Federal.
Sirve de apoyo a la anterior consideración, el criterio mayoritario del Tribunal Pleno contenido en la tesis P. V/2009, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU OBJETO DE TUTELA, RESPECTO DE "NORMAS GENERALES", SÓLO COMPRENDE LEYES ORDINARIAS, FEDERALES O LOCALES Y NO LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
En ese orden, si bien la Constitución Federal es, en sentido amplio, un conjunto de normas, lo cierto es que por su propia definición, como documento político, contiene las bases de un Estado constitucional, al comprender, esencialmente, la forma de gobierno y su organización, el reconocimiento de derechos humanos y los medios de control constitucional, así como los principios y valores fundamentales del Estado, por lo que no puede considerarse como ley ni conferírsele un ámbito federal o local y, menos aún, clasificarse en una materia en concreto, según el precepto o preceptos de que se trate, para los efectos de la procedencia de este medio de control.
De lo anterior se evidencia que la acción de inconstitucionalidad no es la vía idónea para ejercer el control de la regularidad constitucional del contenido de las reformas a la Constitución Federal, incluidos desde luego sus disposiciones transitorias, al formar parte de ellas, pues la propia Norma Fundamental, al establecer dicho medio de control no contempló la posibilidad de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda ejercerlo sobre el procedimiento de reforma previsto en el artículo 135 constitucional, ni mucho menos que pueda hacerlo respecto de la constitucionalidad del contenido de tales reformas.
Así, es improcedente que el Alto Tribunal se avoque al conocimiento de una acción de inconstitucionalidad que conforme al propio texto constitucional no se estatuyó para impugnar reformas constitucionales y se otorgue, a partir de ahí, legitimación a entes que no cuentan con ella para ejercer dicha vía en su contra, lo que conllevaría, asimismo, una problemática mayor en cuanto a sus sustanciación, pues el artículo 105, fracción II, constitucional, enuncia los entes legitimados para promoverla a partir del ámbito de aplicación de la norma general impugnada y, en otros supuestos, atendiendo a su ámbito material.
Conforme a lo anterior, si este medio de control es improcedente para combatir las reformas y adiciones al texto de la Constitución Federal, deviene inconcuso también que un partido político no tenga legitimación para ejercerla aduciendo que el contenido material que combate es de naturaleza electoral, como ocurre en la especie, en que el partido Movimiento Ciudadano combate el artículo Séptimo Transitorio del Decreto de Reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero del año en curso.
En efecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario ha sostenido que los partidos políticos carecen de legitimación para impugnar en esta vía las reformas a la Constitución Federal en materia electoral, puesto que dichos institutos tienen limitada dicha capacidad de acción, tanto por el contenido material como por su ámbito de aplicación, pues su legitimación se circunscribe a las leyes electorales que, precisamente, tendrán aplicación en los procesos electorales en los que participarán, ya sea como partidos nacionales o locales, sin que la Norma Fundamental pueda catalogarse como una ley electoral. Sostener lo contrario implicaría afirmar que le son aplicables las reglas previstas en el artículo 105, fracción II, esto es, que debiera promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vaya a aplicarse, y durante el mismo no podría modificarse sustancialmente, lo cual es insostenible, dado su carácter de Norma Suprema, que irradia a todo el orden nacional y no frente a procesos electorales en concreto. Por tanto, resulta notorio y manifiesto que los partidos políticos no tienen legitimación para impugnar vía acción de inconstitucionalidad, el procedimiento de reforma constitucional, pues para ello se tendría, primero, que conceptualizar a la Constitución como una ley, además, darle un rango federal o local y, por último, clasificarla como electoral, lo cual, como se dijo, no es posible.
En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el propio artículo 105, fracción II, inciso f) constitucional, así como con los diversos 59 y 65 de la Ley Reglamentaria, toda vez que la acción de inconstitucionalidad no es la vía para impugnar una reforma constitucional.
[...] "
14. QUINTO. Conceptos de invalidez. Con el fin de tener un panorama generalizado de los argumentos que motivaron la acción de inconstitucionalidad presentada por el partido político Movimiento Ciudadano, se considera necesario hacer un resumen de los conceptos de invalidez expuestos en la demanda.
15. Primero. Inconstitucionalidad por violación de derechos humanos. A manera de "planteamiento material", aludieron que el derecho a votar y ser votado, consagrado en las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución General, también es un derecho humano consagrado en tratados suscritos por el Estado Mexicano. A partir de ello, adujeron que cuando el artículo Séptimo Transitorio de la reforma constitucional de la Ciudad de México establece que de los cien constituyentes, cuarenta serán asignados por los poderes constituidos Federales y el Jefe de Gobierno, en vez de permitir que todos sean electos por la vía democrática, se está ante una evidente violación de los derechos [políticos] de los ciudadanos.
16. La violación aludida, sostuvieron, se actualiza de diferentes formas. Por una parte, la representatividad del pueblo que conforma el Distrito Federal, toda vez que quienes sean electos como representantes de los poderes constituidos no necesariamente provienen o representan los intereses de quienes habitan en dicha ciudad, lo que implica una violación al derecho a votar; además, advirtieron que el hecho de que puedan existir veintiocho legisladores federales, que serán constituyentes del Distrito Federal, no implica que todos hayan sido electos por el principio de mayoría ni que hayan sido electos dentro del Distrito Federal, por lo que no existe una representatividad del pueblo que conformará, en el futuro, a la Ciudad de México.
17. Establecieron que dicho esquema de organización, reduce las posibilidades de aspirantes tanto independientes como de partidos políticos de acceder a una posición legislativa constituyente, lo que actualiza una afectación al derecho a ser votado, además de que al reducirse a sesenta los puestos de representación popular, se menoscaban las opciones de voto de los ciudadanos del Distrito Federal.
18. Argumentaron que el sistema de fórmulas planteado en el artículo Séptimo Transitorio resulta violatorio del derecho a ser votado de los candidatos independientes, toda vez que resulta menos gravoso para el ciudadano el votar por una fórmula, que recordar el nombre de la fórmula de candidatos independientes, por lo que el ejercicio del voto es inequitativo y eso vicia la recepción del voto y menoscaba el derecho a ser votado.
19. Otro planteamiento formal que alegaron tiene relación con el principio de progresividad. Sostuvieron que con el hecho de realizar un mecanismo diferente a la elección de legislaturas por mayoría y representación en el régimen de artículos transitorios de la Constitución del Distrito Federal para la integración del Constituyente, se "rompería" con el derecho de votar y ser votado así como con el derecho a la organización soberana y democrática del pueblo, pues existiría una violación al principio de progresividad como límite competencial y, por lo tanto, dichos artículos son inconstitucionales, ya que su inequidad les impide integrarse al cuerpo de la Constitución.
20. Segundo. Inconstitucionalidad por violación a la forma de gobierno democrático y federal. Adujeron que al despojar a los ciudadanos del derecho a ser elegidos o a elegir a los restantes cuarenta diputados constituyentes, el Decreto impugnado priva a los ciudadanos del derecho soberano de instituir en su integridad al poder constituyente de la nueva entidad federativa.
21. Como planteamiento formal alegaron una violación al principio de gobierno democrático. Señalaron que los dos últimos párrafos del referido artículo Séptimo Transitorio, violan el principio democrático establecido en el diverso 40 Constitucional, porque facultan exclusivamente al Jefe de Gobierno a elaborar y remitir un proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, que será discutido, modificado, adicionado y votado por la Asamblea Constituyente, por lo que a su parecer se subvierte de forma diferente el principio democrático establecido en la Constitución Federal.
22. Como "planteamiento material" alegaron violación al derecho de ejercicio soberano por medio de autoorganización popular. Al respecto, manifestaron que al existir una porción del constituyente que no va a ser designada de forma democrática, se actualiza un menoscabo en el derecho a la autoorganización soberana por medio de elecciones populares que le confieren los artículos 40 y 41 de la Constitución Federal al pueblo residente de la Ciudad de México.
23. En otro "planteamiento material", alegaron la inconstitucionalidad por violación al Pacto Federal al haber falta de isomorfismo institucional. Manifestaron que el principio isomorfo democrático contenido en los artículos 40, 41 y 115 de la Constitución Federal, se ve violentado por el referido artículo transitorio, toda vez que atenta contra el límite competencial de organización democrática.
24. Tercero. Inconstitucionalidad por afectación de principios relativos a la contienda electoral. En este apartado, como "planteamiento material", alegaron violación a las garantías institucionales de los partidos. Manifestaron que los artículos transitorios de la reforma constitucional producen una afectación seria a las garantías institucionales del instituto político al que representan, al establecer un cuarenta por ciento de los constituyentes de la Ciudad de México por designación de órganos constituidos, en lugar de permitir que los cien sean electos; hecho con lo que, adujeron, se afecta el rol de garante de la vida democrática y de facilitador del acceso al poder público, de Movimiento Ciudadano, así como el de sus militantes.
25. Alegaron también que el régimen de transitorios violenta el principio de equidad en la contienda contenido en el artículo 41, fracción II de la Constitución Federal.
26. Cuarto. Inconvencionalidad por violación a la forma democrática. En este concepto de invalidez, los recurrentes hicieron referencia al bloque de constitucionalidad como "instrumentador" de los derechos humanos contenidos en los tratados y costumbre internacionales.
27. Precisaron que dicho bloque se encuentra contenido en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Federal, por lo que a su parecer los artículos transitorios constitucionales pueden ser impugnados en virtud de que contravienen no sólo los principios constitucionales sino también los principios de derechos humanos contenidos en los tratados y documentos que constituyen costumbre internacional, suscritos por el Estado Mexicano, siendo utilizados como base para el control constitucional.
28. Señalaron que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los diversos 1, 2 y 3 de la Carta Democrática Interamericana hacen referencia a la materia política, por lo que la democracia directa y representativa, se encuentra contenida como un derecho humano internacional constitucionalizado. Con base en ello, los promoventes manifestaron que no se tomó en cuenta la separación de poderes en el ejercicio democrático toda vez que el Jefe de Gobierno y los poderes federales constituidos podrán designar a modo a una cuarta parte del constituyente, violentando con ello el derecho a votar y ser votado.
29. Quinto. Como planteamiento formal alegaron, esencialmente, la inconstitucionalidad por omisión al no haber disposiciones que garanticen la paridad de género y la representación de pueblos y barrios originarios en el constituyente, con lo cual, se infringe lo establecido en el artículo 40 de la Constitución General así como con la costumbre internacional contenida en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, específicamente sus artículos 1 y 5.
30. SEXTO. Agravios. En este considerando se hará un resumen de los agravios expresados por el partido político que promovió el presente recurso de reclamación.
31. En el epígrafe relativo a la oportunidad del recurso, los recurrentes argumentan que si bien en un primer momento esta Suprema Corte suscribió la teoría de que los poderes Constituyente Originario y Reformador estaban exentos de control judicial, lo cierto es que dicha teoría no implica que esos poderes sean ilimitados, porque una reforma constitucional que no siga las formalidades constitucionales para su expedición, específicamente los previstos en el artículo 135 constitucional, es inválida.
32. Argumentan que la naturaleza jurídica del sistema constitucional mexicano cambió a raíz de la reforma constitucional sobre derechos humanos del año dos mil once, y por ello han quedado superados los criterios previos que rechazan la posibilidad de someter a control de constitucionalidad las reformas a la propia Constitución a través de la acción de inconstitucionalidad.
33. Que, además, los derechos humanos son universales y absolutos, lo que implica que no tienen excepciones, y si el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho humano universal, entonces debe concluirse que la acción de inconstitucionalidad es procedente cuando se pretenda tutelar derechos humanos.
34. Y que ese medio de control de constitucionalidad es procedente porque, en el caso, existe el peligro de que se cometan violaciones irreparables a derechos humanos de participación política y al principio democrático.
35. En el primer agravio, los integrantes de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, sostienen lo siguiente:
36. En el acuerdo mediante el cual se desechó la acción de inconstitucionalidad 15/2016, se hizo una indebida interpretación de los artículos 19, 25, 59 y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del inciso f) del artículo 105 constitucional; debido a que en el referido acuerdo se estimó que las reformas constitucionales no son normas de carácter general.
37. La improcedencia decretada en la acción de inconstitucionalidad no es manifiesta e indudable, ya que el Ministro instructor excedió su competencia al hacer dicha consideración pues la realizó con desapego al principio de legalidad contenido en el artículo 16 constitucional. Además consideran que los precedentes aislados que se citaron en el auto recurrido no constituyen motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues existen criterios posteriores que los contravienen como son las tesis LXXV/2009 y LXXVI/2009 de rubros: "PODER REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓN. EL PROCEDIMIENTO REFORMATORIO RELATIVO EMANADO DE ESTE ÓRGANO CON FACULTADES LIMITADAS, ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL" y "PROCEDIMIENTO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. NO ES MANIFIESTA NI INDUDABLE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA".
38. Que al existir tesis aisladas en ambos sentidos y a disposición del juzgador, no concurre un motivo manifiesto ni indudable para declarar improcedente su medio de impugnación, sino que el juzgador hizo elección de los criterios que le fueron más llamativos y con base en ello realizó la justificación de los mismos. Añaden que el artículo 105 en su fracción II no excluye ni incluye a la Constitución como norma objeto de impugnación, por lo que el juzgador buscó darle un alcance restrictivo.
39. El Ministro instructor no era autoridad competente, en términos del artículo 16 constitucional, para desechar la acción de inconstitucionalidad, toda vez que el desechamiento fuera de esos términos es facultad exclusiva del Tribunal Pleno.
40. Por otra parte, aducen que no se tomó en cuenta el contenido del artículo 1o. constitucional, en lo referente a la obligación de garantizar los derechos humanos y de hacer uso del principio pro homine, toda vez que sobre la procedencia de un medio de control de constitucionalidad en contra de reformas a la constitución, existen criterios a favor y en contra. Al ser así, el Ministro instructor incurrió en una inconstitucionalidad al no tomar en cuenta la obligación que el artículo 1º constitucional impone en relación a que se debe aplicar la interpretación más amplia y favorable, para la protección de los derechos humanos.
41. Concluyen argumentando que es procedente la vía que se intenta toda vez que existe una posible y gravísima violación a los derechos humanos de corte político, los cuales son universales y no admiten excepción.
42. En el segundo agravio, los recurrentes sostienen lo siguiente:
43. Al no ser el juicio de amparo una vía para impugnar la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales, toda vez que en la Ley de Amparo vigente dicha opción es improcedente, la única vía disponible para hacerlo es la acción de inconstitucionalidad; añaden que al establecer, en el auto de desechamiento, que la acción de inconstitucionalidad no es la vía idónea, se menoscaba el derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 constitucional.
44. Refieren que al ser un partido político una entidad pública que es resultado de un ejercicio continuo y reiterado de derechos de asociación política, así como estar tutelando un derecho colectivo a votar y ser votado, resulta aplicable el derecho humano de tutela judicial efectiva, lo cual fundamentan con la tesis aislada 1a. CCXCI/2014 de rubro: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO."
45. Que en términos de los artículos 1o. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y al encontrarse en peligro un derecho colectivo a votar y ser votado, así como de la reforma democrática en la República Mexicana, debe privilegiarse la procedencia de la vía pues al no hacerlo se actúa de forma inconstitucional e inconvencional, pues se niega tanto el acceder a la justicia como su tutela efectiva por medio de Juez competente.
46. SÉPTIMO. Estudio de fondo. La materia de la litis de este recurso de reclamación consistirá en analizar la legalidad del acuerdo dictado el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis por el señor Ministro instructor Javier Laynez Potisek, en el cual desechó la acción de inconstitucionalidad 15/2016, con base en lo previsto en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal, en relación con el propio numeral 105, fracción II, inciso f), constitucional, así como los diversos numerales 59 y 65 de la misma
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80191-03924f56/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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