ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. AL NO SER LA VÍA PARA IMPUGNAR REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER DE ELLA. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO PUEDE CONSIDERARSE COMO LEY NI CONFERÍRSELE UN ÁMBITO FEDERAL O LOCAL Y, MENOS AÚN, CLASIFICARSE EN UNA MATERIA EN CONCRETO, PARA LA PROCEDENCIA DE DICHA VÍA. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR A TRAVÉS DE ESE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA ELECTORAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA EJERCER EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS O RESPECTO DEL CONTENIDO DE LAS REFORMAS RELATIVAS. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU OBJETO DE TUTELA, RESPECTO DE "NORMAS GENERALES", SÓLO COMPRENDE LEYES ORDINARIAS, FEDERALES O LOCALES Y NO LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 168/2007 Y SU ACUMULADA 169/2007. PARTIDOS POLÍTICOS CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiséis de junio de dos mil ocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escritos recibidos el trece de diciembre de dos mil siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Maldonado Venegas, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Convergencia y Jorge Antonio Kahwagi Macari, en su carácter de presidente de la Junta Ejecutiva Nacional del Partido Político Nueva Alianza, promovieron acción de inconstitucionalidad, en la que solicitaron la invalidez del decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 6o.; se reforman y adicionan los artículos 41 y 99; se reforma el párrafo primero del artículo 85; se reforma el párrafo primero del artículo 108; se reforma y adiciona la fracción IV del artículo 116; se reforma el inciso f) de la fracción V de la base primera del artículo 122; se adicionan tres párrafos finales al artículo 134; y se deroga el párrafo tercero del artículo 97, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el trece de noviembre de dos mil siete.
SEGUNDO. El Partido Político Convergencia señaló, como antecedentes de la reforma constitucional impugnada, los siguientes:
1. El seis de noviembre de dos mil siete, el Congreso de la Unión, previa aprobación de la mayoría de las Legislaturas de los Estados, aprobó el decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. El trece de noviembre de dos mil siete, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional cuya invalidez se demanda.
3. En los artículos transitorios del referido decreto, se establece su entrada en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por su parte, el Partido Político Nueva Alianza refirió los siguientes antecedentes:
1. El trece de abril de dos mil siete, se promulgó el decreto por el que se expide la Ley para la Reforma del Estado, por el que se crea la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, como órgano rector de la conducción del proceso de la reforma del Estado en México.
La Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos quedó integrada por los presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas Cámaras y las presidencias de las Comisiones de Reforma del Estado de las dos Cámaras.
En la Comisión Ejecutiva, participaron representantes del Poder Ejecutivo Federal, así como las dirigencias de los partidos políticos nacionales, quienes asistieron a las sesiones y reuniones de trabajo con derecho a voz, pero sin derecho a voto.
De la misma manera, participó un representante del Poder Judicial de la Federación, exclusivamente, en cuanto al tema de la Reforma del Poder Judicial.
De acuerdo con la Ley para la Reforma del Estado, la Comisión Ejecutiva estaría presidida, en periodos de seis meses cada uno, por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en el orden anunciado.
2. El treinta y uno de agosto de dos mil siete, los senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera y Jesús Murillo Karam, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Santiago Creel Miranda y Ricardo Francisco García Cervantes, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Carlos Navarrete Ruiz, Arturo Núñez Jiménez y René Arce Islas, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Alejandro González Yáñez, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; así como los diputados Diódoro Carrasco Altamirano y Héctor Larios Córdova, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Emilio Gamboa Patrón, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Javier González Garza, Raymundo Cárdenas Hernández y Juan Guerra Ochoa, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenándose su turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores.
Tal como señalaron sus promoventes, dicha iniciativa "es el primer resultado trascendente de la Ley para la Reforma del Estado".
La finalidad de promover una reforma electoral, afirmaron, es dar respuesta a los problemas, deficiencias y vacíos del sistema electoral mexicano, así como consolidar los importantes avances producidos por las reformas realizadas en la materia de mil novecientos setenta y siete a dos mil cinco, a través de acuerdos entre los partidos políticos y los grupos parlamentarios representados en la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión.
La propuesta de los promoventes fue la de reformar, en su totalidad, los artículos 41 y 99, el artículo 85, párrafo primero, el artículo 108, párrafo primero, el artículo 116, fracción IV, el artículo 122, base primera, fracción V, inciso f), adicionar tres párrafos al artículo 134 y derogar el párrafo tercero del artículo 97, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. El cinco de septiembre de dos mil siete, reunidos los integrantes de las citadas Comisiones Unidas en la sede del Senado de la República y habiéndose verificado la existencia de quórum legal, se procedió a la presentación del proyecto de dictamen sobre dicha iniciativa. El referido proyecto quedó como base para el análisis y discusión que habrían de realizar las Comisiones Unidas, mismas que decidieron, por votación unánime, declararse en sesión permanente.
4. El diez de septiembre de dos mil siete, a las diecinueve horas, las Comisiones Unidas celebraron una segunda reunión de trabajo, en el marco de la sesión permanente declarada el cinco de septiembre, para conocer una segunda versión del proyecto de decreto antes mencionado, acompañado de un documento explicativo de los cambios introducidos por el grupo de trabajo formado por integrantes de las Comisiones Unidas. A la reunión asistieron, para fines de información, los diputados integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación de la Cámara de Diputados.
Después de un amplio intercambio de opiniones y de la presentación de diversas propuestas, el presidente de las Comisiones Unidas informó que las mismas continuarían en sesión plenaria hasta la conclusión de su encomienda.
5. El once de septiembre de dos mil siete, las Comisiones Unidas reanudaron la sesión permanente, a fin de conocer la propuesta final de dictamen con proyecto de decreto respecto de la iniciativa, motivo de sus trabajos.
En esta sesión de trabajo, se contó con la asistencia de miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y de diversos comunicadores, llevándose a cabo un nutrido intercambio de opiniones. Al término de dichas intervenciones, se declaró un receso, para reanudar los trabajos a las veinte horas con treinta minutos, con los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras.
Posteriormente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos, emitieron el dictamen correspondiente.
6. El doce de septiembre de dos mil siete, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores declaró aprobado, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 6o.; se reforman y adicionan los artículos 41 y 99; se reforma el párrafo primero del artículo 85; se reforma el párrafo primero del artículo 108; se reforma y adiciona la fracción IV del artículo 116; se reforma el inciso f) de la fracción V de la base primera del artículo 122; se adicionan tres párrafos finales al artículo 134 y se deroga el párrafo tercero del artículo 97, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenándose su remisión a la Cámara de Diputados, como minuta de ley.
7. El trece de septiembre de dos mil siete, los secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores remitieron a los secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la minuta correspondiente, turnándose, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
8. En sesión de trece de septiembre de dos mil siete, los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación celebraron una reunión de trabajo, con objeto de analizar y discutir la minuta con proyecto de decreto remitida por la Cámara de Senadores, elaborándose un dictamen, por el que se aprobaba dicha minuta.
9. El catorce de septiembre de dos mil siete, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la minuta con proyecto de decreto, antes referida, con cuatrocientos ocho votos a favor, treinta y tres en contra y nueve abstenciones, pasando a las Legislaturas Estatales, para los efectos constitucionales.
10. El trece de noviembre de dos mil siete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional en materia electoral, a que se ha hecho alusión, iniciando su vigencia el catorce del mismo mes y año.
TERCERO. El Partido Político Convergencia, respecto de la procedencia de la presente acción de inconstitucionalidad, señaló lo siguiente:
La presente vía es procedente, esencialmente, porque la actividad del Poder Reformador violenta las decisiones jurídico-políticas fundamentales y los valores supremos del Estado social y democrático de derecho, que prevé nuestra Ley Fundamental.
En efecto, nuestro régimen constitucional tiene como base o estructura inalienable, los principios dogmáticos o directrices que se dio el pueblo mexicano, a través de su Congreso Constituyente. En este sentido, el Poder Reformador, previsto en el artículo 135 de la Constitución, puede modificar o adicionar el texto, pero no está autorizado para violentar los principios supremos que estableció el creador de la Constitución.
Lo anterior es así, ya que, de otra forma, la soberanía, que reside originaria y esencialmente en el pueblo, sería vulnerada, sin que pudiera soslayarse que el único autorizado por nuestra Carta Magna, para modificar la voluntad popular, es el propio pueblo.
Incluso, el artículo 136 constitucional establece que, cuando la Constitución pierda su fuerza y vigor, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se reestablecerá su observancia.
Al respecto, no podemos olvidar que tanto el Poder Reformador como los Poderes Constituidos, están supeditados a los valores que forman parte de nuestro régimen constitucional.
Asimismo, debe destacarse que la doctrina del derecho constitucional comparado ha generado, a través de la historia, tres corrientes fundamentales: una, que se refiere a que los Textos Constitucionales del orden democrático no deben ser modificados por ningún otro poder distinto de aquel que los creó; otra, que señala que es necesario que surjan modificaciones constitucionales, para evitar revoluciones, de tal forma que la Constitución se adapte a la realidad social y, finalmente, aquella que ha prevalecido, en el sentido de que, si bien es necesario que las Constituciones adapten su texto a la realidad social, esto debe hacerse respetando los principios y valores que consagra la propia Ley Fundamental.
No es menor la apreciación, en el sentido de que, a lo largo de las últimas décadas, en muy diversas naciones, ante la eventualidad de que se pretenda modificar la Constitución, su reforma o adición sólo es posible si se refiere a alguna decisión jurídico-política fundamental y si se realiza mediante consulta al pueblo.
En el caso que nos ocupa, el pueblo de México estableció decisiones jurídico-políticas fundamentales, que han sido violentadas por el Poder Reformador. Es el caso que las elecciones, como medio democrático de acceso al poder, deben ser auténticas y equitativas, tal como se establece en los artículos 35, 39 y 41 de la Constitución Federal.
Dichas violaciones, desde luego, son en agravio de los ciudadanos y de aquellos partidos políticos emergentes, como es nuestro caso, pues alteran el régimen pluripartidista, para convertirlo, de facto y como resultante, en un régimen corporativo que limita la participación ciudadana y la de las nuevas fuerzas políticas reconocidas en nuestro sistema constitucional.
Las violaciones a nuestro régimen constitucional hallan, no sólo congruencia, sino identidad, en cuanto a su oposición respecto de tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, en los que se contienen principios universales que obligan a nuestra nación.
Además, como es del conocimiento de ese Alto Tribunal, es muy amplia la doctrina que apoya la tesis que limita la reformabilidad de la Constitución.
Bastaría citar a Maurice Horiou, quien alude al concepto de "superlegalidad constitucional", a Carl Schmidt, quien se refiere a las decisiones jurídico-políticas fundamentales, a George Bourdeau, William Marbury y Constant Mortati, quienes señalan que "el control de constitucionalidad de que disfruta la Corte Constitucional se extiende a las normas emanadas del Poder Reformador".
Pero también la doctrina mexicana ha sido prolífica sobre el particular. Dentro de los distinguidos tratadistas que han sostenido la tesis relativa a que el Poder Reformador se encuentra limitado, destacan, por tan sólo citar algunos, José María del Castillo Velasco, Emilio O. Rabasa, Luis Felipe Canudas Oreza y Guilebaldo Murillo, por lo que hace a los siglos XIX y XX.
De forma destacada, debe citarse al ilustre constitucionalista Felipe Tena Ramírez, quien señala que, por vía de reforma o adición, nada escapa a la competencia del Poder Reformador, con tal de que subsista -he aquí la limitante- el régimen constitucional que integran aquellos principios que forman parte de la conciencia histórica del país y de la época, considerados esenciales para que exista una Constitución.
De lo anterior, se concluye que los principios de equidad electoral, democracia representativa, pluripartidismo, libertad de asociación y libertad de expresión, por tratarse de principios que forman parte de la conciencia histórica del país y de la época y considerarse esenciales para que exista una Constitución, no pueden, ni deben, ser vulnerados por el Poder Reformador, como en la especie acontece.
Cabe destacar que, de no permitirse la procedencia de la acción de inconstitucionalidad cuando, con ella, se busca evitar la vulneración de los principios fundamentales que atesoran los anhelos del pueblo mexicano, se estaría consagrando la tesis de que, frente a la vulneración de tan altos valores, fuera sólo el camino de la violencia el que pudiera dar remedio a tan grave situación.
Por su parte, el Partido Político Nueva Alianza, respecto del mismo punto, manifestó lo siguiente:
Esa Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacándose que la vía intentada, por su esencia y naturaleza, procede en contra de actos o leyes de cualquier rango o jerarquía, así sea la Constitución General de la República, mediante su reforma, máxime cuando las mismas devienen en flagrantes violaciones a principios fundamentales consignados en la misma, como se demuestra ampliamente en el primer concepto de invalidez de este escrito.
A lo que debe agregarse la evidente contradicción en la que la enmienda constitucional que se impugna incurre, al reafirmar, por una parte, mediante la adición al artículo 6o. constitucional, la garantía de libertad de expresión que, desde su origen, ha consagrado nuestra Carta Magna y al desvirtuar por completo, por otra, esa misma garantía individual, al imponer, en el penúltimo párrafo del apartado A del artículo 41 constitucional, severas restricciones a la misma, que la hacen nugatoria e inoperante por lo que toca al ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos que, además de desprenderse de la propia garantía de libertad de expresión, tienen su origen en la letra y el espíritu del artículo 9o. de la Constitución Federal.
Contradicción constitucional que, al contraponer una reforma a la parte orgánica del texto constitucional, entra en pugna directa con principios fundamentales y garantías que, como parte dogmática, integran la esencia y los principios fundamentales de la Ley Suprema y que hacen procedente esta acción de inconstitucionalidad.
La admisión y estudio de la acción de inconstitucionalidad que se promueve, resulta procedente, en atención a que el artículo 105 de la Constitución Federal, otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una competencia implícita derivada de la propia Norma Suprema, al no establecer una limitación expresa que prohíba el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, como medio de control en contra de los procesos de reforma a la Constitución. Del mismo modo, la procedencia de la presente acción de inconstitucionalidad encuentra sustento en el hecho de que no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19, en relación con el diverso 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución.
No es óbice a lo anterior, el contenido de la tesis jurisprudencial de rubro: "PROCEDIMIENTO DE REFORMA Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL.", en atención a que la reforma no se aprueba sino mediante una ley. Ese es justamente el instrumento técnico utilizado y no otro, de ahí que las reformas constitucionales no sean sino "leyes de reforma" expedidas por el Congreso de la Unión, con mayoría reforzada y con la aprobación adicional de la mayoría de las Legislaturas de los Estados. Además, dado que el artículo 105 constitucional no excluye dichas leyes del control a través de la acción de inconstitucionalidad, no hay razón alguna para sostener su exclusión.
Por el contrario, ha de defenderse la existencia y procedencia de un control procedimental de constitucionalidad de las reformas constitucionales, consecuencia del principio de teleología política (Schmidt), así como de la separación y distinción del Poder Constituyente y los poderes constituidos (Sieyés).
En consecuencia, no es aceptable que un Poder Constituido, como lo es siempre el de reforma, pueda modificar la norma constitucional a su libre arbitrio, como fundamento que es de su propia competencia (Bourdeau), sin sujeción a los límites que la propia norma constitucional le señala. El Poder de Reforma Constitucional es un comisionado del Poder Constituyente y no puede actuar ultra vires; luego, el órgano de la constitucionalidad es quien puede comprobar si se ha dado esa extralimitación en los poderes delegados. Por ello, el primer aspecto al que tiene que extenderse el control de constitucionalidad de un verdadero órgano de la constitucionalidad es a la observancia de los requisitos establecidos en la propia Constitución.
No cabe alegar que, una vez aprobadas las reformas a la Constitución, éstas "forman parte integrante de la Constitución". Tal argumento está viciado, pues, precisamente, lo que se discute es si la reforma constitucional ha cumplido los requisitos que el Constituyente Originario ha querido que se respeten, para considerar esas leyes como parte integrante de la Constitución; empero, si tales requisitos no se cumplen, la pretendida reforma no puede tener validez.
Toda reforma a la Constitución ha de cumplir los requisitos que ésta ha previsto para su reforma y, en tanto las leyes de reforma no se excluyan constitucionalmente y de manera expresa del control de constitucionalidad, éste también ha de extenderse a ellas. En este punto, no debe olvidarse que el Constituyente Permanente, en cuanto reformador del texto constitucional, se encuentra también sometido a éste.
Tampoco cabe alegar que, si se admite el control de constitucionalidad en estos supuestos, el órgano de constitucionalidad se sitúa al mismo nivel del Constituyente Originario. García de Enterría señala que el órgano de constitucionalidad es un poder neutro que se limita a sostener la efectividad del sistema constitucional, pero, en modo alguno, configura y, menos aún, impide su cambio. Es en la facultad de acordar este cambio donde está la nota de soberanía y lo que constituye el límite infranqueable de la justicia constitucional. Ésta viene a garantizar que la revisión tenga que hacerse por los cauces que las técnicas de rigidez constitucional le reservan, ya que sólo puede organizarse como tal, por virtud de lo dispuesto en la Constitución misma. El tribunal constitucional es justamente el guardián de esa rigidez. La asamblea podrá promover la revisión constitucional, pero deberá hacerlo en observancia a los procedimientos, quórum y eventuales refrendos que la Constitución haya dispuesto.
A este respecto, debe citarse la parte relativa de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo Norteamericano, en el caso Marbury vs. Madison: "O la Constitución es la ley suprema que no puede ser variada por medios ordinarios, o bien, está en el nivel de los actos legislativos ordinarios y, como cualquier otra disposición legislativa, puede ser alterada cuando a la legislatura le plazca alterarla. Si la primera proposición de esta última alternativa es cierta, un acto legislativo contrario a la Constitución no es derecho; si la segunda proposición es verdadera, las Constituciones escritas son intentos absurdos del pueblo, para limitar un poder que, por su propia naturaleza, es ilimitable."
Por todo ello, ante el silencio constitucional sobre las reformas constitucionales, como objeto de control de la constitucionalidad, un sector de la doctrina ha entendido que nos encontramos frente a una competencia implícita. Éste es el criterio cuya aplicación se pretende.
Del análisis de fondo de la reforma constitucional que se impugna, se desprende que se trata de una simple regulación que puede o debe establecerse en una ley federal electoral ordinaria y no en la Constitución. La procedibilidad de la presente acción de inconstitucionalidad se sustenta, precisamente, en que dichas reformas, meramente regulatorias, se elevaron a rango constitucional, para que su contenido ilegítimo no pudiera ser revisado por los tribunales federales.
Reste señalar que se cubre con la legitimación establecida en el artículo 105 de la Constitución Federal, en el que se establece que la dirigencia de un partido político con registro nacional puede accionar esta vía ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la acción de inconstitucionalidad.
CUARTO. El Partido Político Convergencia formuló los siguientes conceptos de invalidez:
a) Violación del proceso de reforma constitucional.
El artículo 14 constitucional establece la garantía de audiencia previa, que constituye una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, que impone la obligación a cargo de las autoridades para que, previamente al dictado de cualquier acto de autoridad, cumplan con una serie de requisitos, a saber, (i) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, (iii) la oportunidad de alegar y (iv) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. La reforma constitucional que se impugna, no observó las formalidades que la propia Constitución establece para ser reformada.
En efecto, si bien, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, circularon la iniciativa con proyecto de decreto, es falso que los partidos políticos representados en la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión hubieran llegado a un amplio consenso.
Para dar cumplimiento a la garantía de audiencia, hubiese sido necesario someter a la consideración de los integrantes de la Comisión Ejecutiva, el proyecto de iniciativa, para su aprobación, firma y posterior presentación; sin embargo, la iniciativa fue presentada por el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, a nombre propio y en representación de los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y del Trabajo, que la suscribieron sin respetar el procedimiento establecido por la Ley para la Reforma del Estado.
De igual forma, se alteró el procedimiento señalado en el Reglamento Interno de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, que establece el derecho y obligación de los integrantes de la referida comisión, de emitir su voto en los asuntos tratados en las sesiones o reuniones de trabajo de dicha comisión.
b) Violación del derecho de votar y ser votado, de que goza todo ciudadano.
Se vulnera el principio democrático de representatividad, en el sentido de que las elecciones deben ser auténticas y equitativas, así como el derecho de los ciudadanos, de conocer a las diferentes fuerzas políticas, en igualdad de circunstancias. El principio constitucional de que las elecciones deben ser auténticas implica la posibilidad efectiva de que las diferentes fuerzas políticas estén en aptitud de tener acceso a los medios masivos de comunicación, en condiciones de efectiva competencia electoral.
Al establecerse, en la reforma constitucional impugnada, que una vez distribuido el treinta por ciento del tiempo en radio y televisión, en forma igualitaria, el setenta por ciento restante se distribuirá en proporción al número de votos que hayan obtenido los diversos partidos políticos en la elección anterior de diputados federales, resulta evidente que los partidos de nueva creación compiten en condiciones de inequidad en su contra, toda vez que no podrán ser igualmente observados y calificados por el electorado, que aquellos partidos políticos tradicionales.
La reforma constitucional de que se trata, contraviene lo dispuesto por los artículos 35, 39, 40, 41, 115 y 116 de la Constitución Federal, de los que derivan los elementos básicos para que toda elección pueda considerarse válida.
La reforma constitucional que se impugna, incumple con los principios básicos antes referidos, violando la esencia misma de la soberanía nacional, pues rompe con el sistema jurídico electoral, previsto en el artículo 41 constitucional, esto es, con la renovación periódica de los poderes, las elecciones libres, auténticas y, consecuentemente, con los principios de sufragio universal, libre, secreto y directo y, lo que es más, atenta contra el pluralismo político.
En efecto, la reforma constitucional cuestionada, al establecer este tipo de restricciones, afecta el contenido esencial del derecho a ser votado, en virtud de que la libertad política implica que cualquier persona tenga el derecho de pertenecer a cualquier partido político, así como de dejar de pertenecer al mismo, por lo que resulta inválido establecer una norma que impida presentarse a las elecciones a una persona, por el hecho de haber sido integrante de un determinado partido y ser postulada finalmente por otro.
El derecho a ser votado es un derecho fundamental de carácter político-electoral, de base constitucional y configuración legal. El legislador ordinario puede desarrollar dicho derecho, en la medida en que no afecte su contenido esencial. La libertad de ser electo implica que todo aquel que pretenda acceder a los cargos públicos, deba contar con las mismas oportunidades de impacto e influencia para alcanzar el poder. Este derecho a ser electo, como parte del derecho a participar en la conformación de la voluntad popular, se complementa con diversas normas del sistema universal e interamericano de derechos humanos, aplicables al sistema jurídico mexicano. La posibilidad de ser votado se funda en el derecho a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas. En consecuencia, en la Constitución no se pueden establecer normas que, de manera irracional, impidan el libre ejercicio del derecho a ser votado.
El hecho de que un ciudadano pertenezca a un partido en determinado contexto de su carrera política, no puede justificar la renuncia, ni la sanción, ni mucho menos el impedimento, para ser electo, si abandona dicho partido y es postulado por otro, pues se estaría afectando el núcleo esencial de su derecho a ser votado. La Constitución Federal limita las calidades para ser electo a un numerus clausus de circunstancias, que deberán basarse en criterios objetivos y razonables, toda vez que el ejercicio de ese derecho por los ciudadanos, no puede suspenderse, ni negarse, salvo por los motivos previstos en la legislación.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21103-463578cf/accion-de-inconstitucionalidad-al-no-ser-la-via · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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