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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 158-K, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA, MODIFICADO MEDIANTE DECRETO 340, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 2 DE AGOSTO DE 2007, AL ESTABLECER QUE EL CONGRESO LOCAL NOMBRARÁ AL PRESIDENTE MUNICIPAL CUANDO EL ELECTO NO SE PRESENTE A TOMAR POSESIÓN DEL CARGO O EN CASO DE SU FALTA ABSOLUTA, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 39, 40, 41, 115 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO 340, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA EL 2 DE AGOSTO DE 2007, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, AL ESTABLECER LOS PLAZOS PARA LA RENOVACIÓN DEL CONGRESO LOCAL NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 41 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE COAHUILA. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN IX, DE LA LEY RELATIVA, MODIFICADO MEDIANTE DECRETO 341, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 2 DE AGOSTO DE 2007, TRANSGREDE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN TANTO QUE EL REQUISITO QUE PREVÉ ATENTA CONTRA EL DERECHO A SER VOTADO. INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE COAHUILA. EL ARTÍCULO 26, FRACCIONES I Y III, DE LA LEY RELATIVA, QUE PREVÉ LA INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 52 Y 54 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (DECRETO 341 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 2 DE AGOSTO DE 2007). INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE COAHUILA. EL ARTÍCULO 144, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, MODIFICADO MEDIANTE DECRETO 341, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 2 DE AGOSTO DE 2007, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 41, 115 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE COAHUILA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY RELATIVA, MODIFICADO MEDIANTE DECRETO 341, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 2 DE AGOSTO DE 2007, AL CONDICIONAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES EN LAS ELECCIONES ESTATALES A LA OBTENCIÓN DE UN PORCENTAJE MÍNIMO DE VOTACIÓN, TRANSGREDE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE COAHUILA. LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN VIRTUD DE QUE LA LEGISLATURA LOCAL ESTÁ FACULTADA PARA REGULAR LOS PROCESOS ELECTORALES QUE LE SEAN PROPIOS (DECRETO 341 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 2 DE AGOSTO DE 2007). INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE COAHUILA. LA DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 224 A 228 DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN TANTO QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE QUEJAS PREVISTO EN ELLOS NO CONSTITUÍA UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN Y EL DICTAMEN CON EL QUE CONCLUÍA NO ERA UNA RESOLUCIÓN VINCULANTE (DECRETO 341 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 2 DE AGOSTO DE 2007). INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE COAHUILA. LOS ARTÍCULOS 35, 36, 46, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO, 48, 49, 51, FRACCIÓN XIII, 56, FRACCIONES I Y XI Y 65, FRACCIONES VII Y VIII, DE LA LEY RELATIVA, AL REFERIRSE A LA INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 158/2007 Y SUS ACUMULADAS 159/2007, 160/2007, 161/2007 Y 162/2007. · Registro digital (IUS): 20861
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDOS POLÍTICOS DEL TRABAJO, CONVERGENCIA, CARDENISTA COAHUILENSE, REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, , Pág. 956.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 158/2007 Y SUS ACUMULADAS 159/2007, 160/2007, 161/2007 Y 162/2007. PARTIDOS POLÍTICOS DEL TRABAJO, CONVERGENCIA, CARDENISTA COAHUILENSE, REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de noviembre de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escritos presentados en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el treinta y uno de agosto de dos mil siete, Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Rubén Aguilar Jiménez y Ricardo Cantú Garza, en su calidad de integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo; Luis Maldonado Venegas, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia, Partido Político Nacional; Francisco Navarro Montenegro, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Cardenista Coahuilense; Leonel Efraín Cota Montaño, como presidente del Partido de la Revolución Democrática; así como Alberto Begne Guerra y Jorge Leonel Wheatley Fernández, en su calidad de presidente y vicepresidente del Comité Ejecutivo Federado del Partido Alternativa Socialdemócrata, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las normas emitidas y promulgadas, respectivamente, por el Congreso y el gobernador del Estado de Coahuila, que a continuación se señalan:

1. Decreto Número trescientos cuarenta, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el dos de agosto de dos mil siete, por medio del cual se modifican y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; y

2. Decreto trescientos cuarenta y uno, publicado en el Periódico Oficial de la misma fecha, por el que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila y de la Ley del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

En este apartado es necesario señalar que de la lectura a los escritos de demanda, se advierte que los promoventes de la acción plantean exclusivamente, la invalidez de los artículos 33, primer párrafo, 35, fracción VI, 158-K, fracción VI y segundo transitorio, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 15, fracción IX, 16, segundo párrafo, 23, 24, fracción III, 25, fracción I, 26, 35, 36, 42, 46, fracciones I, III y V, 48, 49, 51, fracción XIII, 56, fracciones I y XI, 65, fracciones VII y VIII, 140 y 144, último párrafo y la derogación del título sexto, del libro tercero, de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila; y artículos 34, fracciones II, III y IV, 35, fracciones IV, VI, VII y X y 42, fracción XII, de la Ley del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila.

SEGUNDO. Los partidos políticos promoventes coinciden en señalar como antecedentes del caso, los siguientes:

"Antecedentes. 1. En el mes de enero de 2007 el Congreso del Estado de Coahuila convocó a diversos sectores de la población y a los ciudadanos coahuilenses en general, a participar en foros de consulta ciudadana, organizados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, a fin de conocer su opinión respecto de las leyes electorales del Estado, propuestas que debieron ser valoradas y estudiadas para convertirlas en reformas a las normas electorales del Estado por la Comisión Especial para la Reforma Electoral en el Estado, integrada por diputados del Congreso del Estado y que sin embargo, a la postre no fueron consideradas como consta en las iniciativas y dictámenes de los Decretos 340 y 341 de reformas al marco jurídico electoral del Estado de Coahuila, que por este medio se reclama su invalidez. 2. El 9 de julio un grupo de diputados integrantes de la Comisión Especial para la Reforma Electoral en el Estado, presentaron una iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila y en la misma fecha se le dio lectura en el Pleno del Congreso del Estado de Coahuila. En la exposición de motivos de dicha iniciativa expresamente se manifiestan diversas razones en contra del principio de pluralismo político y de los fines y naturaleza del principio de representación proporcional, al sostenerse que la representación política de los coahuilenses se encuentra manifiesta en los 20 distritos electorales uninominales, en referencia a los diputados electos por el principio de mayoría relativa, y por lo que hace a las diputaciones a elegirse por el principio de representación proporcional, sostiene que estos diputados a diferencia de los electos por el principio de mayoría relativa no son electos de manera directa, y que los mismos son designados, además en ocasiones con la intervención de los tribunales electorales, sustituyendo la voluntad ciudadana por fórmulas y acuerdos partidistas. También sobre el principio de representación proporcional sostiene que un número elevado de curules electas por este principio no es un factor del pluralismo político y que basta con mantener condiciones mínimas para que las minorías sean representadas, por lo que no se les debe dar representación por ‘decreto de ley’. Asimismo, se sostiene que la reducción de diputados de representación proporcional producirá una reducción sustancial del gasto que imanta directamente en las finanzas públicas y que representará un ahorro significativo que no afectará el desarrollo de las actividades legislativas. Razones y motivos que asimismo se retoman y sustentan los dictámenes de los Decretos 340 y 341, cuya invalidez se reclama. Asimismo, en la iniciativa se dice que su sentido y contenido se sustenta en los foros de consulta ciudadana a que se hace referencia en el numeral anterior del presente capítulo de antecedentes, sin que en el mismo se aprecien elementos de los que se obtenga que las propuestas realizadas en dichos foros fuesen valoradas y estudiadas a profundidad como se indica en la propia iniciativa. 3. El 18 de julio de 2007 el Congreso del Estado de Coahuila aprobó diversas reformas a la Constitución Política del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila. En esta misma fecha fue presentada una iniciativa de reformas a la Ley del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila; a la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila; al Código Penal para el Estado de Coahuila; y a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana. 4. El 1o. de agosto de 2007 el Congreso del Estado de Coahuila promulgó el Decreto Número 340, por el que se modifican la fracción I, los numerales 3o., 4o. y 9o. de la fracción III del artículo 27, el párrafo primero del artículo 33, la fracción VI del artículo 35, el párrafo primero de la fracción V del artículo 67, la fracción VI del artículo 158-K y se derogan los párrafos tercero y cuarto de la fracción X del apartado A del artículo 136 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como el Decreto 341 por el que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila; se modifican, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila; se derogan, modifican y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Coahuila; asimismo se modifican diversas disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana. 5. El 2 de octubre de 2007 el gobernador del Estado de Coahuila publicó en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, extraordinario, tomo CXIV, fechado en la ciudad de Saltillo, Coahuila, número 61, los Decretos 340 y 341, citados en los numerales anteriores."

TERCERO. Los promoventes señalaron que los decretos cuya invalidez demandan, son violatorios de los artículos 1o., 5o., 14, 16, 17, 35, fracciones I, II y III, 36, fracciones III, IV y V, 38, 39, 40, 41, 52, 54, fracción IV, 114, 115, 116, fracciones I y IV, bases b), c), e), f) e i), 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo coinciden en señalar como conceptos de invalidez, lo que a continuación se resume:

Primer concepto de invalidez.

a) Que los decretos cuya invalidez se demanda son contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en los dictámenes que antecedieron a éstos, se da cuenta que el sentido y contenido de la reforma a la Constitución y Leyes Electorales del Estado de Coahuila, se sustentan en los trabajos realizados en los diversos foros de consulta ciudadana desarrollados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, a los que convocó el propio Congreso del Estado, sin embargo, el sentido y contenido de las reformas realizadas a esa normatividad, no corresponden con las propuestas realizadas en dichos foros, ni tampoco encuentran sustento en la orientación de la mayoría de las proposiciones hechas por los ciudadanos que participaron en esos eventos, esto es, no fueron tomados en cuenta en la aprobación de los decretos impugnados, por lo que éstos son contrarios al principio de democracia que sustenta el marco jurídico electoral del Estado de Coahuila; agregan que, por ello, los decretos carecen de la motivación aducida por el propio Congreso del Estado y para la cual implementó la organización de diversos foros en las regiones del Estado, sin que en la exposición de motivos de las iniciativas y dictámenes cuya invalidez se reclama, se realice el más mínimo análisis de las propuestas recibidas.

b) Que el procedimiento legislativo que culminó con los decretos cuya invalidez se demanda se encuentra viciado, toda vez que el primero de agosto de dos mil siete, el Congreso del Estado de Coahuila emitió de manera simultánea el Decreto trescientos cuarenta y uno de reformas a las leyes electorales, junto con el Decreto trescientos cuarenta de reformas a la Constitución Estatal, lo que implica una violación a ese procedimiento, pues no se dio oportunidad a que concluyera el procedimiento de la reforma constitucional para que, con posterioridad, se aprobara y emitiera la reforma a la legislación electoral, por lo que esa circunstancia provoca que se hayan violado los principios de legalidad, certeza, publicidad y jerarquía jurídica electoral, establecidos en la Constitución Federal.

Asimismo señalan que en el artículo primero transitorio del Decreto trescientos cuarenta, publicado el dos de agosto de dos mil siete, en el Periódico Oficial del Estado, se establece que éste entrará en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, surtió efectos el tres de agosto de dos mil siete, por lo que a partir de esa fecha es cuando el Congreso del Estado se encontraba en posibilidad de dar curso al proceso legislativo de reforma a las leyes secundarias electorales, de ahí que si el Decreto trescientos cuarenta y uno se publicó en la misma fecha en que se publicó el decreto de reforma constitucional, es claro que el primero carece de validez, pues no medió entre la fecha de publicación y la entrada en vigor de dicho decreto, el tiempo suficiente para que se cumpliera con el contenido de la reforma constitucional; en consecuencia, las reformas a la Constitución Local debieron publicarse primero, a fin de que entraran en vigor y, en ese contexto, el Congreso del Estado pudiera reformar las leyes ordinarias de carácter electoral, lo que no ocurrió por el hecho de que los decretos se publicaron e iniciaron su vigencia el dos de agosto de dos mil siete, es decir, que sin estar vigente la reforma constitucional, se llevó a cabo la reforma a la legislación electoral impugnada.

Segundo concepto de invalidez.

a) Que la fracción IX del artículo 15 de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila, es inconstitucional por afectar el derecho fundamental de ser votado; que esto es así, porque esa disposición establece que para desempeñar un cargo de elección popular se deberán cubrir entre otros requisitos, no haber sido integrante, en los términos de los estatutos correspondientes, de un partido político distinto al que lo postula cuando menos dos años antes de la fecha de registro de candidatos de la elección de que se trate, lo que, aducen, es una norma irracional y discriminatoria, porque no permite el libre ejercicio del derecho de ser votado; además de que impone una restricción que afecta la libre asociación partidista para ejercer el derecho a participar en la conformación política del Estado, de donde es claro que se está ante una disposición desproporcional e innecesaria, porque no se prueba la lesividad a terceros o al sistema de partidos para poder justificar una restricción a ese derecho fundamental; en otras palabras, esa norma establece una restricción al derecho a ser votado por razón de lo que en ciencia política se conoce como transfuguismo político, es decir, que nadie podrá ser electo a un cargo de elección popular si es postulado por un partido político diferente al que pertenecía con dos años de anticipación.

b) Agregan, que el requisito de elegibilidad cuya invalidez se demanda es contrario a los artículos 35 y 41 de la Constitución Federal, pues esos preceptos establecen que cualquier persona tiene derecho a pertenecer a cualquier partido, así como dejar de pertenecer a éste, por lo que resulta inconstitucional que en la norma combatida se impida a las ciudadanos del Estado a aspirar a un cargo de elección popular por el hecho de haber pertenecido a un partido político distinto al que lo postula; que la fracción II del artículo 35 de la Constitución Federal, define las calidades para poder ser votado, las cuales si bien pueden ser desarrolladas por las Legislaturas Locales, también lo es que ello deben hacerlo en la medida que no se afecte el contenido esencial de esa prerrogativa constitucional, derecho que además debe ser garantizado a fin de permitir que los interesados participen en la conformación de la voluntad popular y estatal, máxime que el derecho a ser votado previsto en la Constitución Federal se complementa con diversas normas del sistema universal e interamericano de derechos humanos, aplicables al sistema jurídico mexicano, particularmente con el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del Ciudadano y el diverso 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el derecho a ser votado y el acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas del país; por tanto, si la norma cuya invalidez se demanda restringe el derecho a ser votado por haber sido integrante de un partido distinto al que formula la postulación, es claro que se afecta el libre ejercicio del derecho a ser votado.

c) Finalmente argumentan que la norma también se debe declarar inválida porque implica una intromisión en la vida interna de los partidos políticos, al imponerles restricciones en la postulación de sus candidatos, máxime que es una prerrogativa de los partidos políticos la de postular candidatos a elección popular con base en su normatividad interna, la que contempla en la generalidad de los institutos políticos, la posibilidad de postular candidatos ciudadanos o externos, sin que sean militantes de los partidos políticos de que se trata, de ahí que la fracción IX del artículo 15 de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila, sea una disposición contraria a la Constitución Federal y al régimen democrático del Estado mexicano.

Tercer concepto de invalidez.

a) Que los artículos 33, primer párrafo y 35, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como el segundo párrafo del artículo 16 y el 23 de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila, son contrarios a la Constitución General de la República, en virtud de que atentan contra las bases generales del principio de representación proporcional que rige en la conformación de los Congresos Locales, así como atentan contra los principios que al respecto ha fijado la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que esto es así, porque esas disposiciones determinan en principio, la disminución de cuatro escaños para diputados de representación proporcional y conserva intactos a veinte diputados bajo el principio de mayoría relativa, esto es, prevén que el Congreso del Estado se integrará por veinte diputados de mayoría relativa y once de representación proporcional, lo que aducen, puede provocar una sobrerrepresentación política del partido mayoritario que puede tener hasta veinte diputaciones como máximo y va en contra de la representación basada en el pluralismo político; y que con base en esas disposiciones, el partido mayoritario puede tener casi el sesenta y cinco por ciento de la representación política total en el Congreso, lo cual dista de la base constitucional de tener hasta un sesenta por ciento como límite máximo de la representación mayoritaria, lo que desde luego, afecta el principio de pluralismo político que debe imperar en la conformación del Poder Legislativo.

b) Que del análisis al artículo 33, primer párrafo, de la Constitución Local, en relación con el 16 de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila, se advierte que no se respetaron los porcentajes del sesenta por ciento de los integrantes del Congreso electos por el principio de mayoría relativa y el cuarenta por ciento por el principio de representación proporcional, porcentajes que derivan de la conformación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en términos del artículo 52 de la Constitución Federal, ya que el Congreso Local de Coahuila estaría integrado por treinta y un diputados de los cuales veinte son uninominales que representan el sesenta y cuatro punto cincuenta y dos por ciento y once plurinominales que representan el treinta y cinco punto cuarenta y ocho por ciento, con lo cual un partido político que tenga veinte diputados se excedería del límite de la representación mayoritaria que es una base constitucional, pues tendría casi el sesenta y cinco por ciento de representación política, lo que es una sobrerrepresentación contraria a la Constitución Federal, máxime que ésta es clara en establecer un límite a la representación mayoritaria de un partido en un Congreso, la cual no debe exceder del sesenta por ciento.

Añaden que con los porcentajes que se derivan de las normas cuestionadas, se rompe con el principio de pluralismo político que rige en las decisiones que toma el Congreso de un Estado, ya que con esa representación política el partido mayoritario sólo necesitaría además de sus veinte diputados, la suma de un diputado más de la oposición para tomar decisiones relevantes, lo que implicaría que un solo partido gobernara como consecuencia de esa sobrerrepresentación.

c) También señalan que los artículos 33, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Coahuila y 24, fracción III y 25, fracción I, de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila, son inconstitucionales porque prevén que un partido político debe obtener cuando menos el tres punto cinco por ciento de la votación válida emitida para tener derecho a la representación proporcional, lo que aducen, violenta el principio de igualdad en la asignación de la representación política por la vía proporcional, además de que es un porcentaje excesivo e incongruente, en virtud de que cada uno de los diputados que integran el Congreso de la entidad representa solamente el tres punto veintidós por ciento de la composición del mismo, lo que también constituye un problema de sobrerrepresentación.

d) Que el artículo 23 de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila, prevé que la representación política de un partido por ambos principios, debe corresponder al porcentaje de su votación, respecto de la votación total emitida más el dieciséis por ciento, salvo el caso del partido político que por sus triunfos en distritos, obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso superior a la suma del porcentaje de su votación estatal emitida más el dieciséis por ciento, lo que señalan, es inconstitucional, pues implica una violación al límite de la sobrerrepresentación del sesenta por ciento; además de que también genera un tratamiento privilegiado a favor del partido triunfador por mayoría, beneficiándolo con un procedimiento particular de asignación de diputados en forma de sobrerrepresentación, que los demás partidos no tienen, pues éstos deben acogerse a reglas comunes que no resultan aplicables a aquél, lo que transgrede el principio de igualdad y equidad en materia electoral, que supone que se otorgue el mismo trato para la designación de las personas que conformarán el Congreso, pues sólo al partido ganador por mayoría relativa se le permite obtener veinte diputados en el Congreso, para exceder de la representación del sesenta por ciento, cuando cuenta con cierto excedente por encima de su grado de representatividad legalmente autorizado, a diferencia del resto de partidos que sí deben respetar su representación en función de su votación.

Cuarto concepto de invalidez.

a) Asimismo indican que se debe declarar la invalidez del artículo 56, fracción I, de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila, porque vulnera lo dispuesto en el inciso f) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Federal; que esto es así, porque la norma impugnada establece que el financiamiento público ordinario para el desarrollo de las actividades permanentes de los partidos políticos se otorgará anualmente por el Instituto Electoral del Estado a aquellos partidos con registro o inscripción de registro que hubieren alcanzado como mínimo el tres por ciento de la votación válida emitida en el Estado, lo que, alegan, viola el principio de equidad en materia electoral, pues si los partidos políticos nacionales no han perdido su registro a nivel nacional deben seguir contando con las condiciones para participar en elecciones locales, con independencia de la votación que hayan obtenido; máxime que si resulta fundado el concepto de invalidez relativo al porcentaje mínimo para asignar diputaciones de representación proporcional, es claro que por un principio de igualdad el umbral que debe ser congruente para recibir financiamiento local debe ser igual al que corresponda a la representación política proporcional, ya que el derecho a la financiación debe ser consecuencia del derecho a la representación política.

b) Que la norma combatida es contraria a los criterios que en materia de equidad ha fijado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues excluyen del financiamiento público a los partidos políticos que no obtengan más del tres por ciento del financiamiento público, vulnerando el principio de equidad contenido en el artículo 116, fracción V, inciso f), de la Carta Magna, sobre todo si se toma en cuenta que el financiamiento público a los partidos políticos tiene como objetivo facilitar su desenvolvimiento en la arena democrática y evitar que recursos de origen dudoso sean utilizados para ese efecto, por lo que si el legislador no tomó en cuenta esas circunstancias, ello significa que la norma también viola lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Federal; agregan, que mientras los partidos políticos nacionales no pierdan su registro a nivel nacional, deben seguir contando con financiamiento público para desarrollar actividades relacionadas con elecciones locales, reiterando que si resultara procedente la invalidez planteada con relación en el porcentaje del tres punto cinco de la votación como requisito para tener derecho a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional y, por ello, al continuar vigente el requisito consistente en obtener el dos por ciento de la votación para tener ese derecho, previsto en la norma modificada, debería regir el mismo porcentaje de votación para tener derecho al financiamiento público, esto con base en los principios de igualdad y de congruencia que rigen en la materia electoral, por lo que al no considerarlo así la disposición cuya invalidez se demanda, es claro que la misma resulta inconstitucional.

Quinto concepto de invalidez.

a) En otro orden de ideas, los partidos políticos argumentan que el artículo 26, fracciones I y III, de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila, es contrario a la Constitución General de la República, concretamente al principio de representación proporcional, porque establece una sobrerrepresentación en la conformación del gobierno de un Ayuntamiento, en favor del partido político que represente la fórmula ganadora, es decir, le permite tener más del sesenta por ciento de los integrantes del Ayuntamiento, dejando a la oposición menos del cuarenta por ciento de esos lugares, lo que demuestra que, en el caso, no se respetaron los parámetros del sesenta por ciento de integrantes de los Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa y cuarenta por ciento por el principio de representación proporcional, en otras palabras, un partido puede ganar el Municipio con un porcentaje de votación del cuarenta por ciento y contar con más del sesenta por ciento de los miembros del Ayuntamiento, provocando una severa distorsión al principio de representación proporcional, que consiste en asignar a un partido político tantos representantes como corresponda a su fuerza electoral, mientras que los demás partidos políticos que representan en su conjunto un mayor número de votos quedan subrrepresentados.

b) Que los principios previstos en los artículos 52 y 54 de la Constitución Federal y que rigen para la integración de las Legislaturas Locales, resultan aplicables en la conformación de los Ayuntamientos, pues es irrazonable que un partido que sea la fórmula ganadora represente más del sesenta por ciento de los integrantes de un Ayuntamiento y la oposición menos del cuarenta por ciento, lo que es inconstitucional porque trae como consecuencia que el partido que obtenga el triunfo en la elección municipal quede sobrerrepresentado, máxime que puede darse el caso de que gane la elección con un cuarenta por ciento de la votación y, sin embargo, contar con más del sesenta por ciento de los miembros del Ayuntamiento.

Sexto concepto de invalidez.

a) Los partidos políticos argumentan que se debe declarar la invalidez de los artículos 35, 36, 42, 46, fracciones I, II, III, segundo párrafo, IV y V, 48, 49, 51, fracción XIII, 56, fracciones I y XI y 65 fracciones VII y VIII, de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila, así como del artículo 42, fracción XII, de la Ley del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ya que violan lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Federal, que establece que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en elecciones estatales y municipales, sin embargo, esa prerrogativa se ve vulnerada con las disposiciones impugnadas, pues exigen a los partidos políticos nacionales un nuevo registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de dicho Estado, para poder participar en las elecciones locales, propiciando una duplicidad de registros, cuando los partidos políticos nacionales ya cuentan con un registro que además es de carácter federal; reiteran, que se condiciona su participación en las elecciones locales de la entidad por el hecho de exigirles "inscripción de su registro" ante el Instituto Electoral mencionado, lo que en realidad constituye un nuevo registro como partido político, sin que se tome en cuenta que los partidos políticos nacionales se rigen por disposiciones de carácter federal y que su registro lo otorga exclusivamente el Instituto Federal Electoral.

Que es la Constitución Federal la que establece que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales, participación que no se restringe por el porcentaje de votos que se obtengan en una elección anterior, pues para participar en un proceso electoral es suficiente que conserven su registro nacional en términos de las disposiciones federales, empero, las disposiciones cuestionadas limitan la participación de los partidos políticos nacionales, a la obtención de un determinado porcentaje de votos, lo que atenta contra lo dispuesto en el artículo 41 de la Carta Magna; agregan que si bien para postular y registrar candidatos deben observar las leyes locales correspondientes, esa obligación no implica que se pueda restringir su participación en las elecciones locales por el simple hecho de no satisfacer un porcentaje de votación; y que los partidos políticos nacionales podrán no tener derecho a financiamiento público o no tener espacios en los Congresos o en los Cabildos, pero de ninguna manera se les puede restringir su participación en elecciones locales, de ahí que es claro, que las normas cuestionadas resultan inconstitucionales, toda vez que imponen una serie de regulaciones a los partidos políticos nacionales para poder participar en elecciones locales, que no son acordes con el sistema de partidos previsto en el artículo 41 de la Constitución Federal.

Añaden que todo lo concerniente a los partidos políticos nacionales, se re

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20861-98163e02/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-158-k-fraccion-vi · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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