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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 110, FRACCIÓN IV, 111 Y 112 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO AL ESTABLECER QUE ENTRE LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA QUE CONTIENE EL NÚMERO DE CASILLAS, SU UBICACIÓN Y SUS INTEGRANTES Y EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL, MEDIA UN PLAZO DE QUINCE DÍAS, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 248, FRACCIÓN V Y 249, FRACCIONES I, II Y III, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO, PUBLICADOS MEDIANTE DECRETO NÚMERO 365, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 11 DE MAYO DE 2007, AL ESTABLECER LAS BASES GENERALES PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LA ENTIDAD, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 149/2007 Y SU ACUMULADA 150/2007. · Registro digital (IUS): 20381
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDOS POLÍTICOS CONVERGENCIA Y DEL TRABAJO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, , Pág. 1558.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 149/2007 Y SU ACUMULADA 150/2007. PARTIDOS POLÍTICOS CONVERGENCIA Y DEL TRABAJO.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al seis de agosto de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escritos presentados el diez de junio de dos mil siete, en el domicilio de las personas autorizadas por el secretario general de Acuerdos para recibir documentos fuera del horario de labores de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Maldonado Venegas, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Convergencia y Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Rubén Aguilar Jiménez y Ricardo Cantú Garza, en su carácter de integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las normas generales que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se mencionan:

"Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada. Lo es el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, como autoridad que emite el Decreto Número 365 y 364 mediante el cual se abrogó la Ley Electoral del Estado de Hidalgo y se ordena publicar una nueva ‘Ley Electoral del Estado de Hidalgo’, así como las modificaciones a diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, que por la presente vía se impugna. El gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, como autoridad que promulgó y publicó en el Periódico Oficial, órgano de difusión oficial del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, número 19 (tomo CXL), fechado (como alcance) en la ciudad de Pachuca de Soto el 11 de mayo de 2006, el Decreto Número 365 que abroga la Ley Electoral del Estado de Hidalgo y el Decreto 364 que modifica diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Norma general cuya invalidez se reclama y medio oficial en que fue publicada la norma general impugnada. El Decreto Número 365, mediante el cual se abroga la Ley Electoral del Estado de Hidalgo y se ordena publicar una nueva ‘Ley Electoral del Estado de Hidalgo’. Y el Decreto Número 364 que modifica diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Publicada en el Periódico Oficial, órgano de difusión oficial del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, número 19 (tomo CXL), fechado en la ciudad de Pachuca de Soto el 11 de mayo de 2007".

SEGUNDO. Los partidos políticos promoventes coinciden en señalar como antecedentes los siguientes:

"1. El día 10 de mayo de 2007 la Legislatura del Estado de Hidalgo aprobó las siguientes reformas: Decreto que contiene la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Decreto que modifica diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 2. El día 11 de mayo de 2007, la Legislatura del Estado de Hidalgo aprobó las siguientes reformas: Decreto que contiene la Ley Electoral del Estado de Hidalgo. Decreto que adiciona diversos artículos al Código Penal del Estado de Hidalgo. 3. El día 11 de mayo de 2007 fueron publicados los Decretos 363, 364, 365 y 366 que contiene reformas y establecen modificaciones a los siguientes cuerpos normativos: 363. Que contiene la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 364. Que contiene la Ley Electoral del Estado de Hidalgo. 365. Que modifica diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 366. Que se adicionan diversos artículos al Código Penal del Estado de Hidalgo. 4. En los artículos transitorios de los decretos que publicaron la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, se estableció que se abrogó en su totalidad la anterior ley con el mismo nombre".

TERCERO. Los promoventes esgrimieron coincidentemente los siguientes conceptos de invalidez:

"Primero. Los artículos 105 y 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, que se refieren a la integración del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, toda vez que violentan los artículos 17 y 116, fracción IV, incisos b) y c) de nuestra Carta Magna. Al respecto, los artículos combatidos señalan lo siguiente: ‘Artículo 105. El Tribunal Electoral se integra con cuatro Magistrados, quienes serán electos de acuerdo al procedimiento señalado en la Constitución Política del Estado y al artículo 107 de esta ley. Para el trámite de sus renuncias, se seguirá con el mismo procedimiento que para su nombramiento.’. ‘Artículo 110. El Pleno se integra por los cuatro Magistrados a que se refiere el artículo 105 de esta ley y conocerá los asuntos de su competencia.’. Antes de entrar al análisis para demostrar que son inconstitucionales las disposiciones antes señaladas, no desconocemos que el ámbito de acción de los partidos políticos para acudir a la vía de la acción de inconstitucionalidad es cuando se trate de leyes electorales federales o locales, como regla general. En el caso que nos ocupa, lo que se pretende que se declare como inconstitucional son disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, de las que se derivan actos electorales de integración de un órgano que calificará las elecciones en el Estado de Hidalgo, es decir, que tendrá repercusiones directas en el ámbito electoral. Para demostrar que al establecer la legislatura en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, el número de Magistrados que integrarán el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y que conlleva en sí que esa parte de la ley es de naturaleza electoral. Esto quiere decir, que los Partidos Políticos se encuentran legitimados para impugnar disposiciones que tendrán efectos en el ámbito electoral, como son las propias leyes electorales federales o locales, pero también se encuentran legitimados para impugnar leyes diversas siempre que contengan disposiciones que tendrán repercusiones en dicho ámbito. Así los partidos políticos se encuentran legitimados para inconformarse con leyes electorales o locales o con normas que tendrán efectos electorales, como en el caso que nos ocupa de los artículos 105 y 110, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, que se refiere a la integración del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Estas disposiciones evidentemente son de carácter electoral porque se refieren precisamente a la integración del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, que es precisamente el órgano que deberá resolver en su momento las controversias que se presenten de carácter electoral en el Estado, por lo que resulta de manera evidente, que las normas impugnadas son de naturaleza de una ley electoral y que definitivamente tendrá efectos electorales. Es por las consideraciones anteriores que este máximo órgano de control de constitucionalidad debe entrar al fondo del estudio de la inconstitucionalidad de los 2 artículos impugnados, en razón de que se trata de disposiciones de naturaleza electoral, idénticas a las disposiciones de las leyes electorales, sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: ‘ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDIMIENTO PARA SUSTANCIARLAS CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES QUE CONTENGAN DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA ELECTORAL Y OTRAS DE NATURALEZA DISTINTA, Y AMBOS ASPECTOS HAYAN SIDO COMBATIDOS.’. (se transcribe). ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 69 DE LA CONSTITUCIÓN Y 78 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DEL ESTADO DE JALISCO, SON DE NATURALEZA ELECTORAL, POR LO QUE EL PROCEDIMIENTO PARA IMPUGNARLOS POR ESA VÍA SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO DE DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL UNO).’. (se transcribe). A continuación se analiza las razones de inconstitucionalidad de los artículos 105 y 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Consideramos que dichas disposiciones se oponen a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dicho precepto se refiere a la garantía de seguridad jurídica de las resoluciones de la autoridad que implica que en dichas resoluciones debe existir certidumbre en sus determinaciones es decir, que la autoridad que emite el acto debe de emitirlo con pleno conocimiento de causa. Esta certidumbre a que nos referimos debe estar garantizada por una integración funcional de los órganos encargados de la impartición de justicia, y que para el caso concreto que nos ocupa, se observa que con la integración planteada por la legislatura no se garantiza ni la legalidad de las resoluciones y mucho menos la certidumbre de las determinaciones y por el contrario, se observa que pueden existir serios problemas de orden práctico al conformar el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo con 4 Magistrados por la falta de consenso a la hora de aplicar la ley. La integración de los órganos encargados de la impartición de justicia deben estar integrados de tal manera que ante situaciones polémicas o divididas se tome una determinación en uno u otro sentido, donde los votos de cada uno de los Magistrados valgan por igual. Definitivamente, el integrar un órgano de impartición de justicia en par (que en el caso que nos ocupa es de 4), da la posibilidad de que ante ciertos casos se empaten las decisiones y que el presidente en turno tenga voto de calidad, lo cual no es deseable en ningún órgano, sino que se debe privilegiar por un sistema que garantice una mayoría y una minoría en la determinación de las resoluciones. No pasa desapercibido que pueden existir casos de licencias, impedimentos y recusaciones, mediante las cuales los Magistrados se pueden excusar de conocer de determinados litigios, y que pueden traer como consecuencia empate en las decisiones dejando al presidente un voto de calidad, sin embargo, estos casos tienen la característica de ser completamente excepcionales y se justifica el voto de calidad de su presidente, pero no así cuando desde su integración no se está privilegiando que exista una mayoría y una minoría y que implica que con mayor frecuencia se deba de utilizar el voto de calidad, lo cual se genera cuando se integra un órgano con pares. En efecto, consideramos que una adecuada integración de los órganos encargados de la impartición de justicia, son los que privilegian una mayoría y una minoría desde su integración con nones, ya sea con 3 o 5 Magistrados, porque finalmente no hay forma de que exista empate alguno, salvo por una cuestión excepcional de impedimento o recusación, donde sí es completamente válido que exista un voto de calidad del presidente en turno. Debe aclararse que anteriormente antes de la reforma que se combate, el Tribunal Electoral del Estado se integraba con 2 Salas que se integraban cada una por 3 Magistrados, lo cual era correcto, porque de manera clara evitaba cualquier situación de empate que tuviera que definir el presidente de la Sala correspondiente mediante voto de calidad, debido a que la integración era en nones, y a contrario sensu, la integración que plantea la reforma que se combate ya no se refiere a Salas y sólo existe un Pleno que se integra con 4 Magistrados, lo cual como ya ha quedado establecido no favorece una impartición de justicia en el que el voto de cada uno de los Magistrados valga igual que el de los demás, porque para cualquier caso de empate definirá con su voto de calidad. De lo anteriormente expuesto se desprende que los artículos 105 y 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, son inconstitucionales en relación con el artículo 17 de nuestra Carta Magna, toda vez que dicha disposición establece que es una obligación del Estado contar con tribunales que se encarguen de impartir justicia a cualquier persona que la solicite pero para lograr tan valioso fin, es necesario que dichos tribunales cuenten con la integración que resulte ser funcional para el cumplimiento de sus actividades y obligaciones. Y que para el caso que nos ocupa no se cumple con una integración funcional, porque como ya lo hemos señalado, una integración adecuada es la que se conforma con nones y no con pares, con la finalidad de evitar empates en la votación y de esta manera evitar que los desempates en la votación sean privilegiados por el voto de calidad del presidente en turno. Éstas son las razones por las que consideramos que los artículos 105 y 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo son inconstitucionales en relación con el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, como ya lo hemos señalado anteriormente, consideramos que también resultan ser inconstitucionales respecto al artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), que se refieren a que los órganos electorales deben conducir su actuación de acuerdo con los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad e independencia en sus decisiones, es decir, estos son los principios rectores de la función electoral, lo cual abarca tanto a las autoridades encargadas de la organización de los procesos electorales como a las autoridades encargadas de la impartición de justicia en materia electoral. Al respecto, el siguiente criterio jurisprudencial emitido por esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala con claridad lo que implica cada uno de los principios rectores de la función electoral: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, noviembre de 2005. Tesis P./J. 144/2005. Página 111. ‘FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO.’. (se transcribe). Como podemos observar, una de las preocupaciones expresadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116, fracción IV, se refiere a la independencia con que deben contar las autoridades electorales en sus decisiones. La independencia en sus decisiones de acuerdo con el criterio antes citado, se refiere a la imparcialidad con que las autoridades deben tomar sus decisiones, sin que pueda influir en sus decisiones, sus superiores jerárquicos, ni alguno de los Poderes del Estado, o en general cualquier persona con que guarden alguna afinidad política, social o cultural. Estas son precisamente las consideraciones que deben tomarse en cuenta para declarar la inconstitucionalidad de los artículos 105 y 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, es decir, al establecer la ley un esquema de integración en pares en lugar de nones, puede llegar a dificultar en gran medida la impartición de justicia por las situaciones de empate que esto genera, donde el presidente en turno tendrá voto de calidad para desempatar, sin embargo, consideramos que dicha integración debe garantizar que no exista especulación alguna sobre las determinaciones que en su momento deberán de adoptar, porque estamos hablando de un presidente que podría llegar a ser presionado, ya sea por personas, Poderes del Estado o incluso por sus propios superiores jerárquicos. Con lo anterior queremos decir que la independencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, queda garantizada si su integración se realiza en nones y no en pares, porque se privilegiaría que exista necesariamente en asuntos divididos una mayoría y una minoría, donde los votos de los Magistrados valer por igual. No debemos perder de vista que los principios rectores de la función electoral, se deben privilegiar incluso desde su integración, para que su actuación cotidiana esté salvaguardada, esto es, desde su integración se debe procurar que no exista especulación e incertidumbre en las decisiones que adopten y que en el caso que nos ocupa no resulta ser funcional de acuerdo con los principios rectores principalmente en cuanto a la independencia de dicho órgano, en razón de que dicho tribunal se integrará en pares y no en nones, así lo ha establecido incluso el siguiente criterio jurisprudencial: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, febrero de 2003. Tesis P./J. 1/2003. Página 617. ‘AUTORIDADES ELECTORALES ESTATALES. SU ACTUACIÓN Y CONFORMACIÓN ORGÁNICA SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’. (se transcribe). De la lectura de la tesis antes señalada y como se ha estado puntualizando, también es dable considerar que se debe privilegiar el principio de certeza, el cual no se ve colmado tanto en la integración, como en el funcionamiento del Tribunal Electoral, pues como se observa las determinaciones que tome dicho órgano no podrán garantizar el cumplimiento de dicho principio rector, al no existir una clara diferenciación respecto a los votos emitidos, pues como ya se dijo, una integración par puede producir resoluciones empatadas, sin la definición clara de una mayoría; se puede comprometer gravemente la emisión cierta y verificable de las resoluciones. También esto afectaría la certeza con la que se emitan las resoluciones, pues no se podría tener claridad de cómo se construyó una mayoría, al ser muy cuestionable un voto de calidad. Por otra parte, tampoco se podría garantizar el principio rector de objetividad, porque ya no sería posible establecer funcionamiento alguno que permita tener claridad sobre la calidad de las resoluciones. Cabe mencionar que todo en nuestro sistema electoral mexicano está diseñado con órganos nones y no pares, así el Pleno de esa Corte funciona para las cuestiones electorales con una integración de 11 Ministros (non), de la misma forma la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus Salas Regionales, tienen un funcionamiento estructural que establece para la última instancia 7 Magistrados y para las Salas Regionales 3 Magistrados, esto es un sistema non, por lo que la reforma aprobada no encuentra tampoco asidero respecto a la estructura del sistema electoral mexicano, visto desde un punto de vista estructural y funcional. En conclusión, es posible advertir claramente que el sistema establecido en las bases del artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previó necesariamente la integración non de los órganos jurisdiccionales y no otra, ya que de otra forma las resoluciones que se emitan carecerían de legitimidad y de una mayoría que las soportara. Incluso puede advertirse, que la integración non -por así decirlo- es una integración lógica que permite un correcto funcionamiento de los órganos. Es por las consideraciones antes señaladas que desde este momento solicito a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, declare inconstitucionales los artículos 105 y 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, ordenando al Congreso del Estado de Hidalgo que se legisle para establecer una integración del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo en nones. Segundo. Resultan ser inconstitucionales los artículos 110, 111 y 112 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, que se refieren al procedimiento para la integración y ubicación de las mesas directivas de casilla, por oponerse al principio de legalidad, a la posibilidad de la impartición de justicia y por no permitir la reparación del daño, de acuerdo con instancias de los medios de impugnación en materia electoral a que se refieren los artículos 16, 17 y 116, fracción IV, inciso e), de nuestra Carta Magna. al respecto, los artículos combatidos señalan lo siguiente: ‘Artículos 110, 111 y 112.’ (se transcriben). Dichos artículos son inconstitucionales en razón de que no permiten la reparación del daño, en el caso de que los partidos políticos se inconformen con el procedimiento de integración y ubicación de casillas, lo cual hace que no sea funcional la impartición de justicia a que se refiere el artículo 17 constitucional en franca violación al principio de legalidad, en razón de que por los tiempos en que se emite la lista definitiva de la ubicación e integración de las mesas directivas de casilla ya no se cuenta con el tiempo suficiente para que en la secuencia de las instancias impugnativas se puedan reparar los agravios. Así si llegará una impugnación hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya habría pasado la jornada electoral y, en consecuencia, ya estaríamos hablando de actos consumados de manera irreparable, lo cual contradice lo que señala el artículo 116, fracción IV, inciso e), de nuestra Carta Magna. Para que pueda ser viable cualquier reparación del daño en caso de controversia, deben ser modificados los tiempos a que se refieren los 3 artículos combatidos, porque debemos tomar en cuenta que en términos del artículo 112 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, marca que 15 días naturales antes del día de la elección, se publicará la lista definitiva de la integración y ubicación de las mesas directivas de casilla, y que al ser ya un acto definitivo, es el momento en que puede causar agravio a cualquiera de los Partidos Políticos que participarán en el proceso electoral. Para efecto de esquematizar y demostrar las razones por las que los plazos no son adecuados para lograr la reparación del daño, en cuanto a la integración y ubicación de las mesas directivas de casilla en caso de controversia, haremos un cálculo de la secuencia -o cadena- impugnativa. Como ya hemos señalado, la publicación de la lista definitiva de la integración y ubicación de las mesas directivas de casilla, se publica 15 días naturales antes del día de la elección, lo que quiere decir que en términos del artículo 9o. de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Hidalgo, si un partido político considerara que no fue correcta la integración y ubicación de casillas tendría 4 días para interponer el recurso de revisión, contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable. Debe además considerarse que el artículo 20, fracción III, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Hidalgo, otorga 3 días para que comparezcan los terceros interesados ante la autoridad responsable y un día más para hacer la remisión a la autoridad que debe resolver el medio de impugnación y, suponiendo que el órgano competente admita de inmediato tendrá 4 días para emitir su resolución. Si el agravio no ha sido subsanado a consideración del actor, podrá interponer el recurso de apelación, que implica 4 días más para presentar dicho medio de impugnación, repitiéndose los 3 días para que comparezcan los terceros interesados, un día para la remisión, un día para requerir al actor si fuera necesario, un día para que la autoridad competente dicte auto de admisión y a partir de ese momento se cuentan con 6 días para dictar sentencia, aquí terminarían las instancias locales pero si el actor considerara que aún no ha sido subsanado su agravio, puede presentar el juicio de revisión constitucional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la instancia del juicio de revisión constitucional, también se cuenta con 4 días para interponerlo, para lo que se cuenta con 72 horas para que comparezcan terceros interesados, 1 día para remitirlo a la autoridad competente, 1 día para que la autoridad resolutora lo turne al Magistrado instructor, 1 día para dictar el auto de admisión, además existe un periodo indeterminado para resolverse, toda vez que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sólo señala que es procedente si la reparación del daño es viable antes de la fecha de la toma de posesión de los funcionarios electos. En síntesis, podemos decir que la secuencia -o cadena- impugnativa no permite reparar agravio alguno en el caso que nos ocupa, si partimos de que la lista definitiva de la integración y ubicación de casillas se publica 15 días naturales antes de la jornada electoral, como se esquematiza a continuación: Recurso de revisión: 1. 4 días para interponerlo. 2. 3 días para que comparezcan terceros interesados. 3. 1 día para remitirlo a la autoridad competente. 4. 1 día para dictar auto de admisión. 5. 4 días para dictar resolución. Total 13 días en la instancia administrativa. Recurso de apelación: 1. 4 días para interponerlo. 2. 3 días para que comparezcan terceros interesados. 3. 1 día para remitirlo a la autoridad competente. 4. 1 día para realizar los requerimientos al actor. 5. 1 día para dictar auto de admisión. 6. 6 días para dictar sentencia. Total 16 días en la instancia jurisdiccional local. Juicio de revisión constitucional: 1. 4 días para interponerlo. 2. 3 días para que comparezcan terceros interesados. 3. 1 día para remitirlo a la autoridad competente. 4. 1 día para que la autoridad resolutora lo turne al Magistrado instructor. 5. 1 día para dictar auto de admisión. 6. Un periodo indeterminado antes de la toma de posesión de los funcionarios electos. Total de al menos 10 días en la instancia jurisdiccional federal. Derivado de lo anterior, resulta claro que con estos plazos no sería posible la reparación del daño, porque incluso para cuando el juicio de revisión constitucional llegue al conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya se habría celebrado la jornada electoral, con lo que se resolvería su improcedencia por tratarse de un acto consumado de manera irreparable, sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, septiembre de 2004. Tesis P./J.62/2004. Página 806. ‘INSTANCIAS IMPUGNATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 154 DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, QUE ESTABLECE QUE LOS CONSEJOS DISTRITALES, A MÁS TARDAR 15 DÍAS ANTES DEL DÍA DE LA ELECCIÓN, PUBLICARÁN LAS LISTAS DE LOS LUGARES EN QUE HABRÁN DE UBICARSE LAS CASILLAS ELECTORALES, NO PERMITE EL DESAHOGO OPORTUNO DE LAS QUE PROCEDEN EN CONTRA DE ESE ACTO, CONTRAVINIENDO EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO E), CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). En efecto, la cadena impugnativa abarca al menos 39 días, mientras que la publicación de la lista definitiva de la integración y ubicación de las mesas directivas de casilla es de 15 días naturales antes del día de la elección, es decir, la impartición de justicia en términos funcionales no se cumpliría, porque como ya hemos señalado, estaríamos hablando de un agravio en un momento del proceso electoral que ya es un acto consumado de manera irreparable, evidentemente por el defecto en los tiempos del procedimiento de integración y ubicación de las mesas directivas de casilla. Lo anterior evidentemente contradice lo establecido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales competentes de manera pronta y expedita, lo cual sencillamente no será posible en el caso que nos ocupa si se mantiene en sus términos los artículos 110, 111, 112 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo. En la especie la violación al artículo 17 de nuestra Constitución, también se viola el artículo 116, fracción IV, inciso e), de la misma, en razón de que no se permite que en la impartición de justicia se cumpla con plazos razonables y funcionales para reparar los agravios demandados, lo cual es un auténtico contrasentido en las funciones que desempeña, es decir, una norma debe permitir en todo momento que la reparación del daño sea viable y posible, si esto no es verificado y garantizado por el legislador en las normas que emiten resulta que hace ineficaz la función de la impartición de justicia en perjuicio de los gobernados que acuden a las instituciones solicitando una reparación del daño, que sencillamente no podrá otorgarse por defecto en la elaboración de la ley. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, septiembre de 2004. Tesis P./J. 61/2004. Página 807. ‘INSTANCIAS IMPUGNATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. LOS PLAZOS CONSTITUCIONALES PARA SU DESAHOGO, SON AQUELLOS QUE GARANTICEN UNA PRONTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.’ (se transcribe). Así de la lectura de la tesis antes reproducida, es lógico y procedente afirmar que los plazos establecidos en los artículos 110, 111 y 112 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, ordenando al Congreso del Estado, cuya inconstitucionalidad se reclama, tendría necesariamente que adaptarse para poder cumplir con la secuencia procesal correspondiente. Pues son demasiado extensos, incluso con una instancia jurisdiccional local menos. Es por las razones anteriores, que desde este momento solicito respetuosamente a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, declare inconstitucionales los artículos 110, 111 y 112 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, ordenando al Congreso del Estado modifique los tiempos del procedimiento en la integración y ubicación de casillas con la finalidad de que se adapten a los tiempos que exige el artículo 116, fracción IV, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por último, cabe apuntar que las normas impugnadas son susceptibles de ser revisadas por su inconstitucionalidad en virtud de lo establecido en el transitorio segundo de la norma impugnada que señala: Segundo. Se abroga la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, el día 10 de mayo de 2001. Así es perfectamente aplicable lo establecido en el criterio jurisprudencial que a continuación se cita: Novena Época. Instancia: Pl

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20381-cef40afe/accion-de-inconstitucionalidad-los-articulos-110-fraccion-iv · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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