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RECURSO DE RECLAMACIÓN 9/2016-AI DERIVADO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 17/2016. MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA). 2 DE MAYO DE 2016. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LOS MINISTROS LUNA RAMOS, FRANCO GONZÁLEZ SALAS SEPARÁNDOSE DE ALGUNAS CONSIDERACIONES, PARDO REBOLLEDO SEPARÁNDOSE DE ALGUNAS CONSIDERACIONES, PIÑA HERNÁNDEZ, MEDINA MORA I., LAYNEZ POTISEK, PÉREZ DAYÁN Y PRESIDENTE AGUILAR MORALES. LOS MINISTROS GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, COSSÍO DÍAZ Y ZALDÍVAR LELO DE LARREA CON PRECISIONES. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: DANIEL ÁLVAREZ TOLEDO Y ALEJANDRO GONZÁLEZ PIÑA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día dos de mayo de dos mil dieciséis.
V I S T O S, los autos, para resolver el recurso de reclamación 9/2016-AI.
R E S U L T A N D O
1. PRIMERO. Presentación y trámite de la acción de inconstitucionalidad. Por escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, quien se ostenta como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de la expedición, promulgación y publicación del "Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis.(1)
2. En proveído de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el escrito de demanda, la registró con la acción de inconstitucionalidad número 17/2016 y turnó el asunto al Ministro Javier Laynez Potisek, para que instruyera el procedimiento correspondiente.(2)
3. SEGUNDO. Desechamiento de la demanda de acción de inconstitucionalidad. Mediante auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, el Ministro instructor desechó por improcedente la demanda, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el propio artículo 105, fracción II, inciso f) constitucional, así como con los diversos 59 y 65 de la Ley Reglamentaria.(3)
4. Lo anterior, al considerar esencialmente que la acción de inconstitucionalidad no es la vía para impugnar una reforma constitucional.
5. TERCERO. Interposición y trámite del recurso de reclamación. Inconforme con lo anterior, el promovente de la acción de inconstitucionalidad interpuso recurso de reclamación, el cual se admitió a trámite en proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se radicó con el número 9/2016-AI.
6. En dicho auto, el Ministro Presidente ordenó enviar el expediente a la Ponencia de la señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández, para la formulación del proyecto de resolución que deberá someterse a consideración del Tribunal Pleno.(4)
C O N S I D E R A N D O:
7. PRIMERO. Competencia. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de reclamación derivado de la acción de inconstitucionalidad 17/2016, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 y 70 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracciones II, V y XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en el Punto Segundo, Fracción II, del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de un recurso de reclamación interpuesto en contra de un auto que desechó la demanda de acción de inconstitucionalidad, el cual es competencia del Tribunal Pleno.
8. SEGUNDO. Legitimación y procedencia. El presente recurso de reclamación es procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 70, en relación con el diverso 51, fracción I, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haberse interpuesto en contra del auto del Ministro Instructor, en el que desechó la acción de inconstitucionalidad 17/2016.
9. Se estima, asimismo, que su presentación se realizó por parte legitimada, en tanto que fue formulada por Andrés Manuel López Obrador, quien se ostenta como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA, quien promovió la acción de inconstitucionalidad 17/2016, de la cual deriva el presente recurso de reclamación. Por tal motivo, debe concluirse que tienen legitimación para interponer este medio de impugnación.
10. TERCERO. Oportunidad. El proveído impugnado se notificó a la parte promovente, por medio de oficio 694/2016, el viernes diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, según se aprecia de la constancia que obra a foja 287 del expediente en que se actúa, surtiendo efectos el día hábil siguiente, esto es, el lunes veintidós de febrero del mismo año, en términos del artículo 6 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
11. Siendo así, el plazo de cinco días que establece el artículo 52 de la ley reglamentaria de la materia para interponer el medio de defensa de que se trata transcurrió del veintitrés al veintinueve de febrero del citado año, descontando los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho por ser sábados y domingos. Luego, si el recurso de reclamación se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintidós de febrero dos mil dieciséis, es inconcuso que se hizo oportunamente.
12. No pasa inadvertido que el artículo 70 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca que tratándose de la materia electoral, el plazo para interponer el recurso de reclamación se reduce a tres días; sin embargo, en el caso debe acudirse al plazo más amplio (cinco días), pues determinar si se está en presencia o no de la materia electoral, es un tema que en todo caso deberá dilucidarse en el estudio respectivo.
13. CUARTO. Acuerdo recurrido. El acuerdo recurrido, en lo que interesa, es del tenor siguiente:
"[...]
De conformidad con los artículos 25, en relación con el 59 y 65, primer párrafo de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del análisis integral del escrito por el que se promueve el presente medio de control, es manifiesto e indudable que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 del citado ordenamiento, en relación con el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal, lo que da lugar a desecharlo de plano.
En los últimos numerales en cita es dable desprender que las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes cuando dicha figura procesal resulte de alguna disposición de la propia ley y, en todo caso, de la propia Constitución Federal, por ser éstas las que delinean el objeto y finalidad de este medio de control de lo contrario, su procedencia sería antitética al sistema de control constitucional del que forma parte o de la integralidad y naturaleza del juicio mismo. Sirve de apoyo a esta consideración, por analogía, el siguiente criterio sustentado por el Tribunal Pleno:
´CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, NO ES INDISPENSABLE QUE EXISTA Y SE VINCULE CON UNA DISPOSICIÓN EXPRESA Y ESPECÍFICA AL RESPECTO EN ESE ORDENAMIENTO JURÍDICO. Conforme a la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia del juicio debe resultar de alguna disposición de esa ley, esto es, que sea consecuencia de la misma, sin que sea necesario que expresa y específicamente esté consignada como tal en alguna parte del ordenamiento, pues siendo la condición para que dicha causa de improcedencia se actualice, que resulte del propio ordenamiento, ésta válidamente puede surtirse cuando del conjunto de disposiciones que integran a la citada ley reglamentaria y de su interpretación, en lo que se refiere a la controversia constitucional, en tanto delinean el objeto y fines de la propia figura procesal constitucional, se revelen casos en que su procedencia sería contraria al sistema de control constitucional del que forman parte o de la integridad y naturaleza del juicio mismo.´
La causa de improcedencia se surte en el caso concreto por virtud de que el objeto de tutela de las acciones de inconstitucionalidad previstas en la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal solamente comprende el control de "normas generales" entendidas éstas como leyes ordinarias federales o locales, expedidas por los órganos legislativos, así como los tratados internacionales enunciados en la indicada fracción II, sin comprender otro tipo de normas, como son las reformas constitucionales, incluidos los artículos transitorios, como pretende el partido político promovente,
En efecto, dicho precepto fundamental distingue el término "disposiciones generales" o "normas generales", e incluso, "leyes electorales federales", "leyes electorales locales" y "tratados internacionales" de la acepción "Constitución", la cual, de acuerdo con el propio numeral, es el referente al parámetro para examinar a todas ellas, es decir, la materia de análisis es que dichas "disposiciones generales", incluidas las electorales, sean conformes con la Norma Fundamental, por lo cual no puede interpretarse que al aludir el citado artículo 105, fracción II, a "normas generales", se hubiera comprendido a la propia Constitución, porque su interpretación integral limita su objeto a las leyes en sentido estricto, esto es, a las expedidas por el legislador ordinario, sea federal, de los Estados o del Distrito Federal.
Sirve de apoyo a la anterior consideración, el criterio mayoritario del Tribunal Pleno contenido en la tesis P. V/2009, de rubro: ´ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU OBJETO DE TUTELA, RESPECTO DE "NORMAS GENERALES", SÓLO COMPRENDE LEYES ORDINARIAS, FEDERALES O LOCALES Y NO LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.´
En ese orden, si bien la Constitución Federal es, en sentido amplio, un conjunto de normas, lo cierto es que por su propia definición, como documento político, contiene las bases de un Estado constitucional, al comprender, esencialmente, la forma de gobierno y su organización, el reconocimiento de derechos humanos y los medios de control constitucional, así como los principios y valores fundamentales del Estado, por lo que no puede considerarse como ley ni conferírsele un ámbito federal o local y, menos aún, clasificarse en una materia en concreto, según el precepto o preceptos de que se trate, para los efectos de la procedencia de este medio de control.
De lo anterior se evidencia que la acción de inconstitucionalidad no es la vía idónea para ejercer el control de la regularidad constitucional del contenido de las reformas a la Constitución Federal, incluidos desde luego sus disposiciones transitorias, al formar parte de ellas, pues la propia Norma Fundamental, al establecer dicho medio de control no contempló la posibilidad de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda ejercerlo sobre el procedimiento de reforma previsto en el artículo 135 constitucional, ni mucho menos que so pretexto de ello pueda hacerlo respecto de la constitucionalidad del contenido de tales reformas.
Así, es improcedente que el Alto Tribunal se avoque al conocimiento de una acción de inconstitucionalidad que conforme al propio texto constitucional no se estatuyó para impugnar reformas constitucionales y se otorgue, a partir de ahí, legitimación a entes que no cuentan con ella para ejercer dicha vía en su contra, lo que conllevaría, asimismo, una problemática mayor en cuanto a sus sustanciación, pues el artículo 105, fracción II, constitucional, enuncia los entes legitimados para promoverla a partir del ámbito de aplicación de la norma general impugnada y, en otros supuestos, atendiendo a su ámbito material.
Conforme a lo anterior, si este medio de control es improcedente para combatir las reformas y adiciones al texto de la Constitución Federal, deviene inconcuso también que un partido político no tenga legitimación para ejercerla aduciendo que el contenido material que combate es de naturaleza electoral, como ocurre en la especie, en que el partido MORENA combate los artículos 122, así como Primero, Séptimo, Octavo y Noveno Transitorios del Decreto de Reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero del año en curso.
En efecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario ha sostenido que los partidos políticos carecen de legitimación para impugnar en esta vía las reformas a la Constitución Federal en materia electoral, puesto que dichos institutos tienen limitada dicha capacidad de acción, tanto por el contenido material como por su ámbito de aplicación, pues su legitimación se circunscribe a las leyes electorales que, precisamente, tendrán aplicación en los procesos electorales en los que participarán, ya sea como partidos nacionales o locales, sin que la Norma Fundamental pueda catalogarse como una ley electoral. Sostener lo contrario implicaría afirmar que le son aplicables las reglas previstas en el artículo 105, fracción II, esto es, que debiera promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vaya a aplicarse, y durante el mismo no podría modificarse sustancialmente, lo cual es insostenible, dado su carácter de Norma Suprema, que irradia a todo el orden nacional y no frente a procesos electorales en concreto. Por tanto, resulta notorio y manifiesto que los partidos políticos no tienen legitimación para impugnar vía acción de inconstitucionalidad, el procedimiento de reforma constitucional, pues para ello se tendría, primero, que conceptualizar a la Constitución como una ley, además, darle un rango federal o local y, por último, clasificarla como electoral, lo cual, como se dijo, no es posible.
En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el propio artículo 105, fracción II, inciso f) constitucional, así como con los diversos 59 y 65 de la Ley Reglamentaria, toda vez que la acción de inconstitucionalidad no es la vía para impugnar una reforma constitucional.
[...] "
14. QUINTO. Conceptos de invalidez. Con el fin de tener un panorama generalizado de los argumentos que motivaron la acción de inconstitucionalidad presentada por el partido político MORENA, se considera necesario hacer un resumen de los conceptos de invalidez expuestos en la demanda.
15. Primero. En el primer concepto de invalidez, MORENA sostuvo que el Constituyente Permanente incurrió en vicios de competencia al aprobar el "Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política de la Ciudad de México", en particular el contenido de los artículos Séptimo, Octavo y Noveno del referido Decreto.
16. El accionante argumentó que ni el pueblo del Distrito Federal ni su Asamblea Legislativa intervinieron en el procedimiento de reformas constitucionales, lo cual vulnera el artículo 30 de la Constitución que establece que sólo el pueblo o cuerpo electoral, titular originario de la soberanía, tiene derecho (competencia) para alterar o modificar la forma de su gobierno; en tanto que, el poder constituyente derivado (los poderes constituidos) si bien tienen atribución de reformar o modificar la Carta Magna, no pueden sustituirla, modificarla, limitarla ni destruirla en cuanto a sus ejes esenciales o principios fundamentales, ni tampoco violar derechos humanos o políticos.
17. El partido político alegó que al ser inalienable el derecho del pueblo de alterar o modificar la forma de su gobierno, no puede desposeerse o privarse de tal derecho ni cederlo o transmitirlo a ente alguno, de modo que debió haberse consultado a los ciudadanos vía referéndum o consulta popular respecto del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que el Poder Constituyente Permanente entiende reformadas y derogadas mediante Decreto de veintinueve de enero de dos mil dieciséis.
18. Señaló que no basta la aplicación literal del artículo 135 constitucional, sino que es menester, también, que se demuestre: i) que se trata de reformas o adiciones a la Constitución y no así de alteración o modificación alguna a la forma de gobierno, a menos que se convoque a consulta popular; ii) que las adiciones o reformas al texto constitucional no vulneran los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales; iii) que sean aprobadas por el voto de las dos terceras partes de los diputados y senadores presentes, y que sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados; y, iv) que el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, constate que en las legislaturas locales y en ambas Cámaras del Congreso de la Unión se hayan respetado las normas del procedimiento señaladas en sus constituciones, leyes y reglamentos.
19. Sostuvo que no tenía competencia el Constituyente Permanente para imponer un número y porcentaje determinado de "diputados constituyentes", pues los ciudadanos no consintieron, a través de su participación directa, el facultar a representante popular, del nivel y región que fuere, el sustituirlo en la referida designación, en la medida que ello, incluso, afecta el derecho ciudadano de elegir y de poder ser elegidos a la totalidad de los referidos cargos de elección popular.
20. MORENA señaló que los apartados B y C del artículo Séptimo Transitorio del Decreto, que establecen que serán designados 14 senadores y 14 diputados por el voto de dos tercios de los legisladores presentes en cada una de las Cámaras, a propuesta de sus respectivas Juntas de Coordinación Política, excluye al resto de los ciudadanos del acceso al cargo de diputado constituyente por esa vía, lo que evidencia, además, un acto equiparable a reelección disfrazada en un doble cargo
21. Argumentó que el Decreto impugnado, modifica y altera incluso el correcto funcionamiento de las instituciones al prever el doble carácter de Constituyente Permanente y de diputados constituyentes a una Asamblea para la redacción de la Constitución.
22. Segundo. El partido MORENA sostuvo en su segundo concepto de invalidez que el Decreto impugnado, al establecer en su artículo Séptimo Transitorio, que de cien integrantes que compondrán la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México solamente sesenta serán electos por el pueblo y que los cuarenta restantes serán designados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión y por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, violenta los principios de democracia y soberanía popular, siendo que la Asamblea encargada de aprobar la Constitución de la Ciudad de México tendrá un contenido en parte legítimo y en parte "espurio".
23. Alegó que el Constituyente Permanente al conferir la atribución de autodesignarse o designar constituyentes a la Asamblea que emitirá la Constitución de la Ciudad de México, y al conferir también dicha potestad a los ejecutivos federal y local, además de afectar el principio fundamental del federalismo, así como el de división de poderes, incurren en responsabilidades como servidores públicos por violaciones a la Constitución y a su forma de gobierno, en la medida que, sin tener la competencia debida, dieron vigencia a normas cuya aparente aplicabilidad les beneficia en lo personal o bien a sus intereses políticos o de control del ejercicio del poder, ya que podrán designar en forma ilegítima, no democrática y sin provenir a 40 diputados constituyentes.
24. Por otro lado sostuvo que la previsión relativa a que los cien cargos de diputados constituyentes son honoríficos y, por lo tanto, no percibirán remuneración alguna, es inconstitucional e inconvencional, por contravenir al principio de igualdad y no discriminación, puesto que en la realidad material y formal, los senadores y diputados federales que sean designados como constituyentes locales sí percibirán remuneración, sobre todo si se considera como una comisión que tales legisladores federales ejercerán en el ámbito de una entidad federativa.
25. Tercero. En su tercer concepto de invalidez MORENA impugnó los apartados B, C, D, y E del Decreto al señalar que el Poder Reformador de la Constitución no tiene competencia para contradecir al Constituyente en lo que al principio de elección democrática, representativa, popular e igualitaria se refiere.
26. Afirmó que reunir en algunos individuos el doble carácter de senador (o diputado federal) y de diputado constituyente, es incompatible con el desempeño de ambos cargos y se altera el principio de separación de poderes, no sólo porque en esos catorce senadores y catorce diputados se reunirán una parte de los poderes legislativo federal y de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, sino que, aunado a ello, los titulares de los Poderes Ejecutivo Federal y Ejecutivo del Distrito Federal, reunirán en sí, cada cual a través de sus designados diputados constituyentes, tanto el respectivo Poder Ejecutivo que ostenten como parte de la composición del referido Poder Constituyente local.
27. Cuarto. En su cuarto concepto de invalidez, MORENA señaló que el Decreto impugnado derogó tácitamente el derecho fundamental de iniciativa ciudadana previsto en el artículo 122 constitucional.
28. Sostuvo que al derogarse y quedar sin existencia la norma en mención, se vulneró el principio de legalidad constitucional, por emitir el constituyente una regulación regresiva que afecta el principio de progresividad en perjuicio de los ciudadanos. Argumentó que el poder de reforma de la Constitución no tenía competencia ni legitimidad para derogar un principio indisponible e inderogable que ya estaba establecido y formaba parte de la esfera de derechos fundamentales de los ciudadanos del entonces Distrito Federal.
29. Quinto. En el quinto concepto de invalidez MORENA impugnó el Decreto por vicios de procedimiento, específicamente el artículo 122 y los artículos Transitorios Primero, Séptimo, Octavo y Noveno.
30. El partido político señaló que entre la fecha en que el Senado remitió a las legislaturas locales la Minuta del Proyecto del Decreto y la fecha en que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo el cómputo de los votos de los Congresos de los veintitrés Estados y la Declaratoria de su aprobación, transcurrió alrededor de un mes, lo cual revela un apresuramiento en el procedimiento de reformas constitucionales ahora impugnadas, contraria al principio de democracia deliberativa que debe primar en este tipo de asuntos.
31. Alegó que en el caso no se respetó el procedimiento legislativo; esto es, la fuente legislativa original, encargada de construir una ley electoral de aplicación general en toda la república mexicana, al no garantizarse la paridad de género en la elección de diputados constituyentes a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
32. Sexto. Como sexto concepto de invalidez MORENA impugnó actos de omisión del poder constituyente permanente u órgano reformador de la Constitución, en dos aspectos: i) la abstención del deber de gestionar y convocar a los ciudadanos mexicanos a una consulta popular directa, ratificatoria o revocatoria del Decreto, y ii) la omisión de prever normas o artículos en el Decreto impugnado para que la Constitución de la Ciudad de México disponga el derecho de los ciudadanos que la habitan a ratificarla o revocarla.
33. En cuanto a la primera omisión, sostuvo que es injustificada por el hecho de que, al cambiar el régimen jurídico del Distrito Federal para controvertirlo en una "entidad federativa", capital del país y asiento de los poderes federales, no bastaba que las legislaturas de los Estados tuvieran intervención sino que debió consultarse a los ciudadanos mexicanos en general y en especial a los de Distrito Federal, en la medida que ello implicó un cambio en la forma de gobierno de esa entidad, la definición de capitalidad y lo relativo a la sede del gobierno de la República, lo cual solo lo debe determinar, y es derecho inalienable y competencia del pueblo.
34. La segunda abstención se cuestionó al señalar que si los ciudadanos de la Capital han de tener una Constitución de la Ciudad de México bajo cuya normativa estarán sujetos, es evidente que, en ejercicio de soberanía popular, deben poder decidir cómo autodeterminarse política y jurídicamente, situación que implica la realización de un proceso de consulta directa a los ciudadanos. Por lo cual, alegó, el Constituyente Permanente debió prever la orden expresa a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México de que al aprobar la primera Constitución, se ratificara o revocara vía consulta popular directa o referéndum.
35. Séptimo. En su séptimo concepto de invalidez MORENA argumentó que se incurrió injustificadamente en la omisión de llamar a los pueblos originarios del Distrito Federal antes de emitirse las reformas y derogaciones de preceptos constitucionales por medio del Decreto impugnado.
36. El partido político sostuvo que la reforma constitucional niega a los pueblos originarios toda posibilidad de garantizar su participación en la integración de la Asamblea Constituyente y, por tanto, en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México. Asimismo, en las bases para la integración de la legislatura de la Ciudad de México y los cabildos, no está contemplada su participación y para ello tampoco fueron consultados, ni tampoco lo están en las bases para la redistribución del territorio, no obstante ser propietarios de parte del territorio del Distrito Federal, que será objeto de redistribución para conformar nuevas demarcaciones políticas de la Ciudad de México. Tampoco está garantizada su participación en las bases para la administración pública de la Ciudad de México ni en las bases para normar lo relacionado a los recursos naturales y medio ambiente de la entidad.
37. En cuanto al nombre de la Ciudad de México, señaló que los pueblos originarios tienen derecho a preservar y enriquecer su cultura e identidad, y siendo el nombre de dichos pueblos parte fundamental de la cultura e identidad, ningún agente externo, puede imponerles un nombre diferente, así como tampoco pueden obligar a sus habitantes a asumirse e identificarse como parte de la Ciudad de México.
38. Todo ello, adujo, quebranta el estado de derecho y viola en perjuicio de los pueblos su derecho a mantener su cultura e identidad, vulnerando el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que establece que el gobierno tiene la obligación de consultar a los pueblos interesados cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
39. Octavo. En el octavo concepto de invalidez MORENA impugnó el penúltimo párrafo del artículo Séptimo Transitorio del Decreto al establecer la atribución exclusiva y excluyente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para elaborar y remitir a la Asamblea Constituyente el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México.
40. Sostuvo que al conferir o asignar a una sola persona, de manera exclusiva y excluyente, atribuciones que en términos constitucionales también debe poder ejercer el poder legislativo, en este caso, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, así como la actual Asamblea Legislativa, e inclusive ese derecho deben poder ejercerlo los diputados en lo individual o por Grupos Parlamentarios de cada una de tales Asambleas, y hasta los ciudadanos en los porcentajes que corresponda según el derecho de iniciativa temporalmente vigente y aplicable, lo previsto en la porción normativa impugnada resulta desacorde con los principios de separación de poderes, soberanía popular, seguridad jurídica y legalidad constitucionales.
41. Noveno. Finalmente en el último concepto de invalidez MORENA impugnó los artículos 122 Constitucional y Séptimo Transitorio al dejar de garantizar la aplicabilidad del principio de paridad de género en la postulación, registro y acceso a los cargos de diputados y diputadas constituyentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
42. La omisión de la responsable en el Decreto impugnado de garantizar en el proceso de conformación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y en la Asamblea Legislativa correspondiente la paridad de género -consideró-, resulta violatorio de los principios constitucionales y convencionales exigidos para la protección de las medidas afirmativas a favor de las mujeres.
43. SEXTO. Agravios. En este considerando se hará un resumen de los agravios expresados por el partido político promovente del presente recurso de reclamación.
44. Primero. MORENA sostiene que el Ministro instructor omitió pronunciarse expresamente respecto al capítulo de su escrito denominado "CONSIDERACIONES PREVIAS. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INCONSTIT
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80192-80322db3/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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