I. RECURSO DE RECLAMACIÓN EN ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA CONTRA RESOLUCIONES DIVERSAS A LAS QUE DECRETEN SU IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO (RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DICTADA EN UNA DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO).
RECURSO DE RECLAMACIÓN 5/2016-CA, DERIVADO DE LA DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO 1/2016, POR APLICACIÓN DE NORMAS DECLARADAS INVÁLIDAS EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 50/2015 Y SUS ACUMULADAS 55/2015, 56/2015 Y 58/2015. DENUNCIANTES Y RECURRENTES **********. 27 DE ABRIL DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de abril de dos mil dieciséis.
VISTOS, para resolver el expediente relativo al recurso de reclamación identificado al rubro, y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Acción de inconstitucionalidad. Mediante escritos presentados el dieciséis, veintiocho, treinta y treinta y uno de julio de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los partidos políticos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Morena, promovieron respectivamente, acciones de inconstitucionalidad en contra del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y del Decreto por el que fue expedido de primero de julio de dos mil quince.
SEGUNDO. Admisión y resolución de las acciones de inconstitucionalidad. Por diversos acuerdos de diecisiete, veintinueve, treinta y treinta y uno de julio de dos mil quince, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenaron formar y registrar los expedientes relativos a las acciones de inconstitucionalidad **********, **********, ********** y **********, admitiéndolas a trámite, así como solicitando los informes y opiniones correspondientes. Posteriormente, se ordenó la acumulación de los expedientes respectivos y, realizados diversos trámites procesales, en sesión de diez de noviembre de dos mil quince, el Tribunal Pleno resolvió esos expedientes al tenor de los resolutivos que a continuación se reproducen:
"(...).
PRIMERO. Son procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad ********** y **********, promovidas por el Partido Político Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática, respectivamente.
SEGUNDO. Son parcialmente procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad ********** y **********, promovidas por el Partido Acción Nacional y por el partido MORENA, respectivamente.
TERCERO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad **********, respecto del artículo cuarto transitorio, párrafo segundo, del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en la acción de inconstitucionalidad **********, en cuanto a los artículos 10, 175, 261, fracciones II y III, 284, 285 y 286 del referido Código Electoral, en términos del considerando cuarto de este fallo.
CUARTO. Se desestiman las acciones de inconstitucionalidad **********, **********, ********** y **********, promovidas por los Partidos Políticos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y MORENA, respectivamente, por lo que ve a los artículos 16, párrafo último, en la porción normativa que dice 'En los ayuntamientos de regiduría única no será aplicable la paridad de género.', 267, párrafo cuarto, fracciones I y II, 269, 287, fracción II, 290, párrafos segundo y tercero, y décimo transitorio del Decreto por el que fue expedido el Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado el primero de julio de dos mil quince en la Gaceta Oficial de dicha Entidad.
QUINTO. Se reconoce la validez del proceso legislativo que dio origen al Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado el primero de julio de dos mil quince en la Gaceta Oficial de dicha Entidad, en términos del considerando séptimo de este fallo.
SEXTO. Se declaran infundadas las omisiones legislativas que se atribuyen al Congreso del Estado de Veracruz, respecto de la aprobación del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado el primero de julio de dos mil quince en la Gaceta Oficial de dicha Entidad, así como de la falta de señalamiento de los supuestos para el recuento total y parcial en los consejos distritales y municipales, en términos de los considerandos octavo y decimonoveno de la presente ejecutoria.
SÉPTIMO. Se reconoce la validez de los artículos 16, párrafos primero y séptimo, 29, fracciones VI y VII, 30, 31, 32, 35, 40, 41, 42, fracción V, 48 -con excepción de las porciones normativas que indican 'de la Unidad de Fiscalización y', así como 'en sus respectivos ámbitos de competencia,'-, 50, apartado B, fracción III, 69, párrafo último, 108, fracciones X y XXXVII, 115, fracciones I, XIII y XVI, 122, 140, párrafo primero, 147, párrafo primero, 154, 155, este último en términos de la interpretación conforme contenida en el considerando vigésimo primero de este fallo, en el sentido de que se excluya a los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 233, 262, 287, fracción V, 293 y 410 del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado el primero de julio de dos mil quince en la Gaceta Oficial de la Entidad.
OCTAVO. Se declara la invalidez de los artículos 38, 39, 48, en las porciones normativas que indican 'de la Unidad de Fiscalización y', así como 'en sus respectivos ámbitos de competencia,', 49, en la porción normativa que señala 'y el respeto a los topes de gastos de precampaña y campaña', 50, apartado B, fracción IV, 67, 70, fracción V, en las porciones normativas que refieren ', difamación o que denigre', 'ciudadanos, aspirantes o precandidatos,' e 'instituciones públicas o privadas, o a otros partidos y sus candidatos', 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 101, fracciones VI, inciso e), IX, inciso a), y de su párrafo último, en la porción normativa que enuncia 'El ingreso, evaluación, promoción y permanencia de los servidores públicos y del personal directivo y técnico del Instituto Electoral Veracruzano se regirán por el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, hasta en tanto no sea aprobado el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional', 108, fracción XLIV, 113, fracción VI, en las porciones normativas que citan 'del Servicio Profesional Electoral, así como' y 'capacitación electoral', 114, párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, 115, fracción XVIII, 116, párrafo primero, 123, 162, 165, 166, 167, 173, apartados A, fracción IV, y B, fracción XIII, y párrafos segundo y tercero, 238, fracción I, inciso a), en la porción normativa que precisa 'que, en su caso, obtenga como mínimo el quince por ciento de la votación municipal emitida en el municipio de que se trate, entendiéndose la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento, los de los candidatos no registrados, los votos nulos y los votos de los candidatos independientes; la regiduría será asignada al partido', e inciso b), 278, párrafo primero, fracción II, inciso j), 288, fracción IX, en las porciones normativas que prevén 'ofensas, difamación,', 'o cualquier expresión que denigre', 'otros candidatos, partidos políticos,' e ', instituciones públicas o privadas', 296, 305, 315, fracción IV, en la porción normativa que expresa 'que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o', 319, fracción XII, en la porción normativa que puntualiza ', instituciones o los partidos políticos', y 408, del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado el primero de julio de dos mil quince en la Gaceta Oficial de dicha Entidad, así como de los artículos transitorios octavo, párrafo último, en la porción normativa que dice 'los servidores públicos y demás personal', noveno y décimo primero del Decreto por el que fue expedido dicho ordenamiento, publicado el primero de julio de dos mil quince en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.
NOVENO. En relación con la declaratoria de invalidez decretada respecto de los artículos transitorios octavo, párrafo último, en la porción normativa que dice 'los servidores públicos y demás personal', y noveno del Decreto por el que fue expedido el Código Electoral, publicado el primero de julio de dos mil quince en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, por la deficiente regulación de los recursos materiales y humanos que garanticen el oportuno funcionamiento del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el propio Congreso y el Gobernador de ese Estado deberán aprobar las reformas legislativas que permitan subsanar dicha deficiencia legislativa; lo anterior en el entendido de que, mientras no lo hagan, los bienes muebles e inmuebles, así como los servidores públicos y demás personal del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con excepción de sus magistrados, se entenderán transferidos al Tribunal Electoral, y en la inteligencia de que, en tanto no entren en vigor los referidos actos legislativos, los bienes muebles e inmuebles, así como los servidores públicos y demás personal del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con excepción de sus magistrados, se entenderán transferidos al Tribunal Electoral, respetando los derechos de esos trabajadores.
DÉCIMO. Se declara la invalidez, en vía de consecuencia, de los artículos 47, en la porción normativa que indica 'así como por el Titular de la Unidad de Fiscalización', y 276, fracción VI, en las porciones normativas que indican 'ofensas, difamación,', 'o cualquier expresión que denigre', 'otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos,' e ', instituciones públicas o privadas', del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado el primero de julio de dos mil quince en la Gaceta Oficial de la Entidad.
DÉCIMO PRIMERO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Veracruz.
DÉCIMO SEGUNDO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
(...)".
TERCERO. Denuncia de incumplimiento por aplicación de normas declaradas inválidas en las acciones de inconstitucionalidad acumuladas. Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil dieciséis ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, **********, **********, ********** y **********, quienes comparecieron en su carácter de empleados del Poder Judicial del Estado de Veracruz, denunciaron el incumplimiento de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad ********** y acumuladas **********, ********** y **********, argumentando sustancialmente, que de la lectura a la versión estenográfica de la sesión del Tribunal Pleno, el resolutivo noveno de la ejecutoria correspondiente y el Decreto 605 que deroga, reforma y adiciona diversas disposiciones del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, se advierte que el Poder Judicial del Estado se encuentra vinculado y, por ende, obligado a readscribir a los promoventes dentro de ese Poder, en las mismas condiciones en las que venían desempeñando sus funciones; sin embargo, eso no ha ocurrido, a pesar de que mediante diversos escritos presentados ante esa instancia, han solicitado se les informe su nueva adscripción, lo que no ha sido atendido.
CUARTO. Auto recurrido. Al escrito referido le recayó el acuerdo de dos de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el Ministro Presidente de este Alto Tribunal, en el que determinó que no ha lugar a admitir la denuncia de incumplimiento referida, en los siguientes términos:
"(...).
México, Distrito Federal, a dos de febrero de dos mil dieciséis.
Visto el escrito y anexos de cuenta, de **********, **********, **********, ********** y **********, quienes en su calidad de empleados del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y por su propio derecho, denuncian incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad decretada en la sentencia dictada el diez de noviembre de dos mil quince por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad ********** y sus acumuladas **********, ********** y **********, promovidas por los partidos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Morena, fórmese y regístrese el expediente relativo a la denuncia de incumplimiento que hacen valer.
En relación con lo anterior, es indispensable tener presente que los artículos 47 y 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente:
'Artículo 47'. (Se transcribe).
De la transcripción anterior es dable desprender, por principio de cuentas, del párrafo primero del artículo 47 de la ley reglamentaria de la materia se advierte que la denuncia por aplicación de normas o actos declarados inválidos en una controversia constitucional, de la cual debe conocer este Alto Tribunal, procede a instancia de cualquiera de las partes, considerando como tales a aquellas que tienen el carácter de 'entidades, poderes u órganos de gobierno' a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 10 de la ley reglamentaria de la materia.
Además, atento a lo previsto en el párrafo tercero del artículo 47 citado, quienes no son parte en la controversia constitucional y se vean afectados por la aplicación de una norma general declarada inválida en el referido medio de control de constitucionalidad pueden denunciar dicho acto de aplicación conforme al procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo.
Finalmente, resulta importante señalar que el artículo 59 de la ley reglamentaria de la materia dispone que en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en el Título III de la invocada ley reglamentaria que las regula, en lo conducente, las disposiciones relativas a las controversias constitucionales, por lo que es válido concluir que la denuncia de incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad también es aplicable a las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad como ocurre en el presente asunto.
Ahora bien, en el caso, los promoventes denuncian que el Poder Judicial de Veracruz incumple la declaratoria general de inconstitucionalidad de los artículos transitorios octavo, último párrafo, en la porción normativa que dice 'los servidores públicos y demás personal', y noveno del decreto de expedición del Código Electoral del Estado Número 577, decretada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad ********** y sus acumuladas **********, ********** y **********, declaratoria de invalidez que surtió efectos el once de noviembre de dos mil quince con la notificación de los puntos resolutivos al Congreso estatal, en los términos literales siguientes:
(Se transcribe).
Lo anterior evidencia que los promoventes de la presente denuncia de incumplimiento por aplicación de normas declaradas inconstitucionales en la acción de inconstitucionalidad ********** y sus acumuladas **********, ********** y **********, son particulares que dicen haber trabajado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Veracruz, y que acuden ante este Alto Tribunal en defensa de intereses individuales, para que el Poder Judicial del Estado cumpla con lo determinado en los efectos de la sentencia dictada en el medio de control de constitucionalidad de mérito.
En ese orden de ideas, los promoventes hacen valer denuncia de incumplimiento por aplicación de normas declaradas invalidas en la acción de inconstitucionalidad ********** y sus acumuladas **********, ********** y **********, a partir de lo que consideran afectaciones a sus derechos como empleados del Poder Judicial del Estado de Veracruz, conforme a las adecuaciones legislativas elaboradas por el Congreso y sancionadas por el Ejecutivo estales las cuales se materializaron en los artículos transitorios décimo sexto y décimo séptimo del decreto de expedición del Código Número 577 Electoral del Estado, en virtud de que mencionan que hasta la fecha de presentación de su escrito de denuncia no han sido readscritos al Poder Judicial de Veracruz en los mismos términos en que fueron contratados, respetando sus derechos y prerrogativas laborales adquiridos.
Así, resulta evidente que los ahora accionantes son personas que acuden por su propio derecho, sin ser parte en las acciones de inconstitucionalidad acumuladas, en defensa de sus intereses particulares por verse afectadas con la aplicación de normas declaradas inconstitucionales en dichos medios impugnativos y, en esta lógica, conforme a las consideraciones desarrolladas con antelación en este proveído, no ha lugar a admitir la denuncia de incumplimiento que hacen valer ante este Alto Tribunal, con fundamento en lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 47 de la ley reglamentaria de la materia.
No obstante lo anterior, quedan a salvo los derechos de los promoventes para que hagan valer la denuncia por incumplimiento de la declaratoria de inconstitucionalidad que deriva de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la acción de inconstitucionalidad ********** y sus acumuladas **********, ********** y **********, conforme al procedimiento previsto para tal efecto en el artículo 210 de la Ley de Amparo.
(...)".
QUINTO. Recurso de reclamación. En contra de ese acuerdo los denunciantes interpusieron recurso de reclamación por escrito presentado el quince de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEXTO. Admisión. Mediante auto de dieciséis de febrero siguiente, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió el recurso de reclamación, al que correspondió el número 5/2016-CA; ordenó dar vista a la Procuradora General de la República y turnó el expediente al Ministro Alberto Pérez Dayán.
SÉPTIMO. Desistimiento del recurso de reclamación por uno de los recurrentes. Mediante escrito de uno de marzo de dos mil dieciséis, presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, por su propio derecho, manifestó su desistimiento respecto del recurso de reclamación.
Posteriormente, por acuerdo de tres de marzo de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente envió el asunto para su radicación y resolución a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, a la que se encuentra adscrito el Ministro designado como Ponente.
OCTAVO. Avocamiento. Mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil dieciséis, dictado por el Ministro Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que ésta se avocara al conocimiento del presente recurso y ordenó remitir los autos a su Ponencia para su resolución.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 10, fracción V y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con los puntos segundo, fracción II, tercero y quinto del Acuerdo General número 5/2013(3) de este Alto Tribunal, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno en el presente asunto.
En relación con la competencia de esta Segunda Sala es importante señalar que si bien el artículo 53 de la Ley de la materia, establece que el proyecto de resolución del recurso de reclamación deberá someterse al Tribunal Pleno, también lo es que el Acuerdo General 5/2013 en su punto segundo, fracción II ordena que éste conservará para su resolución las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención, y el punto tercero prevé que las Salas resolverán los asuntos de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el punto segundo, lo que se explica porque ese Acuerdo General tiene entre otros objetivos, la adecuada distribución de los expedientes que competa conocer a la Corte, de donde se entiende que queda en las Salas el conocimiento de aquéllos en los que no sea necesario fijar criterios trascendentes al orden jurídico nacional, para concentrar en el Pleno el conocimiento y resolución de los de mayor importancia y trascendencia; tan es así, que el punto segundo alude a la necesidad de la intervención de éste en la resolución de recursos derivados de acciones de inconstitucionalidad, lo que significa que reconoce que no es una exigencia que conozca de todo ese tipo de expedientes.
Por añadidura, es importante destacar que el Acuerdo General 5/2013 tiene su antecedente en el diverso 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en el cual claramente se expresa la importancia de diversas reformas constitucionales tendentes a consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, lo que se logra mediante la distribución proporcionada de los asuntos de los que conoce.
SEGUNDO. Improcedencia. Por ser una cuestión de orden público, debe analizarse, de forma preferente, la procedencia del presente recurso de reclamación.
Al respecto, se da lectura a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 70, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente:
"Artículo 70. El recurso de reclamación previsto en el artículo 51 únicamente procederá en contra de los autos del ministro instructor que decreten la improcedencia o el sobreseimiento de la acción.
(...)".
La porción normativa del artículo referido, ordena que en materia de acciones de inconstitucionalidad, el recurso de reclamación previsto en el artículo 51 de la Ley de la materia únicamente procederá en contra de los autos del ministro instructor que decreten: a) la improcedencia de la acción y, b) el sobreseimiento de ésta.
Por otra parte, el acuerdo materia de impugnación en el recurso de reclamación que nos ocupa, lo constituye el emitido por el Ministro Presidente de este Alto Tribunal en el expediente de la "denuncia de incumplimiento **********, por aplicación de normas declaradas inválidas en la acción de inconstitucionalidad ********** y sus acumuladas **********, ********** y **********", en el cual determinó que no ha lugar a admitir la denuncia de incumplimiento que hicieron valer los promoventes como empleados del Poder Judicial del Estado de Veracruz, porque son personas que acuden a esta Suprema Corte por su propio derecho, sin haber sido parte en las acciones de inconstitucionalidad referidas, citando para ello lo dispuesto en los artículos 105 de la Constitución Federal, así como 10, 47 y 59 de la Ley de la materia y 210 de la Ley de Amparo; así como precisó que quedaban a salvo los derechos de los promoventes para hacer valer la denuncia por incumplimiento de la declaratoria de inconstitucionalidad, conforme al procedimiento previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo.
De lo anterior, se desprende que en el acuerdo recurrido se decidió no admitir la denuncia de incumplimiento de sentencia de acción de inconstitucionalidad hecha valer, por lo que resulta claro que en el presente recurso de reclamación no se configura ninguna de las hipótesis para la procedencia de ese medio de impugnación que prevé el primer párrafo del artículo 70 de la Ley Reglamentaria, que establece que ese recurso únicamente procede en contra de los acuerdos del ministro instructor, que decreten la improcedencia o sobreseimiento de la acción; por ende, si el acuerdo combatido en la reclamación no decretó la improcedencia o el sobreseimiento de acción alguna, sino que determinó no admitir la denuncia de incumplimiento presentada, es indiscutible que el recurso es improcedente y que debe desecharse.
Cabe destacar que el Tribunal Pleno al resolver el recurso de reclamación **********, derivado de la acción de inconstitucionalidad ********** y sus acumuladas,(4) determinó que los supuestos de procedencia a que se refiere el artículo 70 de la Ley de la materia, son restrictivos, en virtud de que se pretende regular un procedimiento sumarísimo para el trámite y resolución de las acciones de inconstitucionalidad, lo que desprendió del examen del proceso legislativo del que derivó la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, lo que confirma que la procedencia del recurso está constreñida a las hipótesis de la norma que nos ocupa.
Por otro lado, es importante expresar que no se desconoce que de acuerdo con el artículo 59 de la Ley de la materia,(5) en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en lo conducente las disposiciones contenidas en el Título II "De las controversias constitucionales", en donde se incluye el artículo 51 de la Ley,(6) que regula diversos supuestos de procedencia del recurso de reclamación; sin embargo, la aplicación de esas reglas opera en aquello que no se encuentre previsto en el Título III correspondiente a las acciones de inconstitucionalidad.
Esto implica que, al existir norma expresa que establece la procedencia del recurso de reclamación en acciones de inconstitucionalidad, queda excluida la aplicación del artículo 51 referido, que consagra las reglas relativas a la procedencia del recurso en controversias constitucionales; razonamiento que también corresponde al Tribunal Pleno al resolver el recurso de reclamación **********, ya referido.
Máxime que en el caso, en el acuerdo recurrido por el que se determinó que no ha lugar a admitir la denuncia por incumplimiento, se arribó a esa conclusión bajo el argumento toral de que los promoventes no fueron parte en las acciones de inconstitucionalidad acumuladas, sino que comparecen en defensa de sus intereses particulares, pero no se ubican en ninguno de los supuestos a que se refiere la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal.(7) Por ello, sin desconocer que el acuerdo combatido no es favorable a la pretensión que buscaban los promoventes, esto no se traduce en otorgarles una legitimación de la que carecen y, mucho menos, en crear un supuesto de procedencia de un medio de impugnación que sólo procede en los supuestos restrictivos que determinó el legislador.
Tampoco es óbice a la conclusión a la que se llega, la circunstancia de que los recurrentes, en el escrito que contiene su recurso, lo hayan apoyado en los artículos 104, 105 y 106 de la Ley de Amparo, en virtud de que esas disposiciones corresponden al recurso de reclamación en el juicio de amparo y, en el caso, no se está ante un expediente de esa naturaleza.
En el orden de ideas antes expuesto y toda vez que no se cumplió con los requisitos necesarios para la procedencia del recurso de reclamación, debe desecharse el presente medio de impugnación, sin que sea obstáculo a esta conclusión el hecho de que por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación lo haya admitido, ya que dicho proveído no es definitivo, ni vincula a este órgano colegiado.
Cabe agregar que por lo que hace al desistimiento expresado por **********, según escrito de uno de marzo de dos mil dieciséis, no requiere mayor pronunciamiento, ante la improcedencia del recurso de reclamación.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO. Se desecha por improcedente el recurso de reclamación 5/2016-CA derivado de la denuncia de incumplimiento **********, por aplicación de normas declaradas inválidas en la acción de inconstitucionalidad ********** y sus acumuladas **********, ********** y **********.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente). El señor Ministro José Fernando Franco González Salas emitió su voto en contra. El señor Ministro Eduardo Medina Mora I., emitió su voto en contra de consideraciones.
Firma el Ministro Presidente y en su calidad de Ponente, con el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala que autoriza y da fe.
EL PRESIDENTE Y PONENTE:
MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN.
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA:
LIC. MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ.
En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplica
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200022-59a52e22/i-recurso-de-reclamacion-en-accion-de-inconstitucionalidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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