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Modo: Corpus Pro

INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY. SUS LÍMITES. MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO 881 DE INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY, EMITIDO POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 16 DE OCTUBRE DE 2004, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2004 Y SUS ACUMULADAS 27/2004 Y 28/2004. · Registro digital (IUS): 18656
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS CONVERGENCIA Y ACCIÓN NACIONAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, , Pág. 1103.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2004 Y SUS ACUMULADAS 27/2004 Y 28/2004. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS CONVERGENCIA Y ACCIÓN NACIONAL.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN, LAURA GARCÍA VELASCO, RAÚL MEJÍA GARZA Y ROBERTO LARA CHAGOYÁN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de noviembre de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escritos presentados el veintiséis y veintinueve de octubre de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfonso Vázquez Cuevas, Cirina Apodaca Quiñonez, Ángel Rafael Deschamps Falcón, Galileo Apolo Flores Cruz, Joaquín Guzmán Avilés, José Joaquín Vivas Enríquez, Vicente Ramírez Martínez, José Luis Arenas Pérez, Francisco Briseño Cortés, Alejandro Salas Martínez, José Maurilio Fernández Ovando, Rolando E. Andrade Mora, José Luis Lobato Campos, Francisco Javier del Ángel Trejo, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot y Víctor Molina Dorantes, quienes se ostentaron como diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Dante Delgado Rannauro, quien se ostentó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, en representación del partido político Convergencia y Luis Felipe Bravo Mena, quien se ostentó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promovieron acciones de inconstitucionalidad en las que solicitaron la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por los órganos que a continuación se mencionan:

I. Autoridad que emitió y promulgó la norma general impugnada:

Los diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz y el partido político Convergencia, en forma coincidente, señalaron como tales a:

I. Autoridades legislativas:

a) La Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

II. Autoridades promulgadoras:

a) El Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

b) El secretario general de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

c) El director de la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz.

El Partido Acción Nacional, señaló como tales a:

a) La Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

b) El Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

c) El secretario general de Gobierno del Estado de Veracruz.

III. Norma general cuya invalidez se reclama y medio oficial en que se publica:

Los diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, y los partidos políticos Convergencia y Acción Nacional señalaron en forma coincidente:

"El Decreto Número 881 (ochocientos ochenta y uno) de interpretación auténtica de la ley, relativa al artículo 206 del Código Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave."

SEGUNDO. Los diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz señalaron como conceptos de invalidez, los siguientes:

"Único. Las autoridades responsables al momento de aprobar el Decreto Número Ochocientos Ochenta y Uno, que fuera publicado con fecha dieciséis de octubre del dos mil cuatro, en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Agravia la Constitución Federal por ser normas inválidas, por estar violando y ser contradictorias frente a las disposiciones contenidas en los artículos 14, 16, 35, 38, 40, 41, 105 fracción II, penúltimo párrafo, 116, 120, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más los que adelante invocaremos, por las siguientes razones jurídicas: I. Antecedentes. Sobre la norma general cuya invalidez demandamos: 1. El cinco de marzo del año de mil novecientos noventa y siete; el licenciado Patricio Chirinos Calero, en aquel entonces Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz-Llave por el Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de dicha entidad federativa. Ante los innegables beneficios de la referida iniciativa de reforma constitucional; previo cumplimiento del trámite legislativo de rigor, consistente en su aprobación por mayoría calificada de los diputados locales y mayoría absoluta de los Ayuntamientos (de doscientos diez Municipios dos votaron en contra y ciento cuarenta y cuatro a favor, el resto se abstuvo), el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete se publicó en la Gaceta Oficial del Estado Número 34, la Ley Número 59, que reformó y adicionó los preceptos 27, 28, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 68 y 123; en el artículo tercero transitorio, fracción IV, estableció literalmente que: ‘el domingo cinco de septiembre del año dos mil cuatro, se eligieran en la misma jornada electoral gobernador, diputados y Ayuntamientos del Estado, que iniciarían sus funciones en las fechas establecidas en la propia Constitución Política del Estado de Veracruz.’. Ante una intentona gubernamental previa, esta reforma se declaró constitucional por este mismo Tribunal Federal y, por ende, se aplicó en el proceso electoral de Veracruz para el año dos mil cuatro, conforme a la siguiente tesis de jurisprudencia cuyo rubro reza: Novena Época, P./J. 5/2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, página 979. ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ESTABLECIDA EN LOS ARTÍCULOS 64, FRACCIÓN III, Y 65, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE. NO DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA ACCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’. 2. El ciudadano Miguel Alemán Velasco, fue electo Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz-Llave, para el periodo comprendido entre el día primero de diciembre del año de mil novecientos noventa y ocho, al día treinta y uno de noviembre del año dos mil cuatro. En pleno cumplimiento a las normas constitucionales federal y local en vigor. a) Dentro de sus facultades legales, el ciudadano gobernador del Estado presentó una iniciativa de reforma, que dio lugar a la Ley Número 53, que reformó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave; que fuera aprobada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial de fecha tres de febrero del año dos mil, se reformó integralmente la Constitución Política del Estado. En el artículo 21 de dicha reforma se estableció, en los párrafos segundo, cuarto y quinto lo siguiente: ‘La ley establecerá la fórmula de asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional. Para la modificación del número de distritos electorales uninominales, se atenderá lo establecido por esta Constitución y la ley ...’. El cuarto reza: ‘... En caso de que el Congreso se integre por menos de 50 diputados, al partido mayoritario no podrán asignársele más de 4 diputados por el principio de representación proporcional, y en caso de que el Congreso se integre por 50 diputados o más, al partido mayoritario no podrá asignársele más de 5 diputados por este principio. En ningún caso el Congreso se integrará por más de 60 diputados ...’ Y el quinto párrafo establece: ‘... Ningún partido político podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, mayor al número total de distritos electorales uninominales.’. Asimismo, en el artículo 33 de dicha reforma se estableció, en sus fracciones I y II, lo siguiente: ‘Artículo 33. Son atribuciones del Congreso: I. Aprobar reformas y abolir las leyes o decretos; II. Dar la interpretación auténtica de las leyes o decretos.’. b) Asimismo, dentro de sus facultades legales, el ciudadano gobernador del Estado presentó una iniciativa de ley, que dio lugar al Código Número 75 Electoral, para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; que fuera aprobada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Veracruz, y que entró en vigor, conforme el artículo primero transitorio al día siguiente a aquel en que se tenga por concluido el proceso electoral del año dos mil. En la fracción X y en la parte final del artículo 206, que se encuentra en la sección tercera de los resultados del cómputo de la circunscripción plurinominal; establece: ‘Artículo 206. El cómputo de la circunscripción plurinominal, se sujetará al procedimiento siguiente: ... X. La asignación de diputaciones por representación proporcional, se hará en primer término al partido que haya obtenido mayor número de votos, y en orden decreciente a los demás ... En ningún caso al partido mayoritario se le asignarán más de cinco diputados por este principio ...’. Además que conforme a la aplicación de los artículos 133, 134, 135, 136 y demás relativos y aplicables de dicho Código Electoral; en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se inició el proceso electoral local correspondiente al año dos mil cuatro, en el mes de enero del presente año, tal como lo ordena la ley y hasta este momento no ha finalizado o concluido. 3. Desde que la reforma constitucional expedida, antes citada en el inciso número uno arábigo del presente capítulo, Ley Número 59, entró en vigor, las disposiciones contenidas en los artículos transitorios segundo y tercero, fracciones I, II y III se han acatado estrictamente, traduciéndose en que la elección de los Ayuntamientos para el trienio de mil novecientos noventa y ocho al año dos mil, se efectuó el domingo diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y siete; los diputados locales que integraron la Quincuagésima Octava Legislatura fueron elegidos en la misma fecha que el gobernador del Estado para el sexenio de los años mil novecientos noventa y ocho al dos mil cuatro; o sea, el domingo dos de agosto de mil novecientos noventa y ocho y duraron en su encargo dos años y dos meses; los diputados al Congreso del Estado que conformaron la actual Quincuagésima Novena Legislatura, cuyo periodo es de cuatro años, y los Ayuntamientos actualmente en funciones, con duración igualmente por cuatro años, se eligieron el domingo tres de septiembre del año dos mil y, por tanto, faltaba únicamente cumplimentar lo mandado en la fracción IV del tercero transitorio, que el domingo cinco de septiembre del presente año, se eligieron al gobernador, los diputados locales y Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 4. En las fracciones I y II del artículo 18 y 47 de la Ley Número 72 Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado, el viernes seis de octubre del año dos mil, se establece: ‘Artículo 18. Son atribuciones del Congreso: I. Aprobar, reformar y abolir las leyes o decretos; II. Dar la interpretación auténtica de las leyes o decretos.’. Título tercero. De las resoluciones y del proceso legislativo. Capítulo I. De las resoluciones. ‘Artículo 47. El Congreso del Estado, así como sus comisiones y la Diputación Permanente, tomarán sus decisiones por el voto aprobatorio de la mayoría de los diputados presentes, salvo en aquellos casos en que la Constitución del Estado y esta ley exijan mayoría calificada. Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de ley, decreto, acuerdo, reforma constitucional o iniciativa ante el Congreso de la Unión.’. Ahora bien, en ese mismo orden de ideas, tenemos entonces a los artículos 75, 76 y 77 del Decreto 538 por el que se expide el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado; publicado en la Gaceta Oficial del Estado número 34 de fecha diecisiete de febrero del año dos mil tres, los cuales disponen: Título cuarto. Del proceso legislativo. Capítulo I. De las resoluciones. ‘Artículo 75. Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de ley, decreto, acuerdo, reforma constitucional o iniciativa ante el Congreso de la Unión.’. ‘Artículo 76. Ley es toda disposición que contiene una serie ordenada de preceptos o artículos que, con carácter de general, abstracta e impersonal, verse sobre un tema de interés común.’. ‘Artículo 77. Decreto es toda disposición de carácter concreto. Toda reforma, adición o derogación de artículos de una ley, recibe el nombre de decreto.’. 5. Conforme a la aplicación del artículo 116 constitucional, establece en su primer párrafo que: ‘El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.’. En el tercer párrafo, al final de la fracción II del mismo numeral se establece que: ‘Las Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes.’. Esta norma debe aplicarse, observando en todo lo que dispone el artículo 73 constitucional, en el cual, en ninguna de sus fracciones, aparece que el Congreso de la Unión tenga facultad de ‘interpretar’ la ley electoral, en la forma en que la responsable lo hiciera; en todo caso debe estimarse como un nuevo acto legislativo, por ser una resolución en la cual su naturaleza jurídica proviene de un decreto, y que conforme a la ley orgánica y su propio reglamento antes señalado y transcrito: ‘Decreto es toda disposición de carácter concreto. Toda reforma, adición o derogación de artículos de una ley, recibe el nombre de decreto.’, es más, en ese caso en concreto, la Ley Constitucional solamente lo faculta para legislar previamente al proceso electoral local; asimismo, se robustece el presente razonamiento, en el sentido de aplicar el artículo 124 constitucional que norma el sentido de las facultades federales. Adicionalmente, debe de observarse inválido el acto reclamado por ser antijurídico y anticonstitucional, conforme a que la naturaleza jurídica del decreto en cuestión, es de ‘resolución’ conforme hemos analizado, lo prevé tanto el reglamento interior como la Ley Orgánica del Congreso del Estado responsable. Y, en la correcta aplicación del penúltimo párrafo de la fracción segunda romano del artículo 105 de la Constitución General de la República en vigor, donde dice: ‘Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ... II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. ... Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrán haber modificaciones legales fundamentales. ...’. Por ello, se deviene la inconstitucionalidad del decreto impugnado y es procedente el declarar su invalidez, por violar plenamente la letra de la ley, de la Constitución Federal. 6. El dictamen realizado por la Comisión Permanente de Justicia de Puntos Constitucionales de la Quincuagésima Novena Legislatura responsable, establece en el proyecto de decreto, en sus antecedentes lo siguiente: ‘1. El pasado 13 de octubre, la C. Diputada Claudia Serapio Francisco presentó ante la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado, la solicitud de que este cuerpo legislativo, ejerciendo la atribución que le confieren los artículos 33, fracción II, de la Constitución Estatal y 18, fracción II, de la ley orgánica invocada, de interpretación auténtica al último párrafo del artículo 206 del Código Electoral en vigor. 2. La interpretación requerida se refiere específicamente a determinar a qué partido político alude y, en consecuencia, a cuál instituto político resulta aplicable la mención que el código en comento hace de «partido mayoritario» y, por tanto, a quién se aplicaría, en un caso hipotético, la limitación de 5 diputados de representación proporcional, como máximo asignable por el Instituto Electoral Veracruzano, ya sea que por esa mención debe entenderse al partido que hubiese obtenido un mayor número de curules bajo el principio de mayoría relativa, o al que hubiese logrado mayor número de votos en la elección de que se trate. 3. Recibida formalmente la petición antes aludida, la Diputación Permanente, mediante oficio DP-SO/2o./4o./068/2004, turnó dicha solicitud a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para los efectos de dictaminación que le competen por mandato expreso de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso. 4. Al efecto de que el pleno cameral estuviera en condiciones de conocer y resolver respecto al dictamen que esta comisión formulase, la Diputación Permanente consideró oportuno incluir el asunto en la agenda del periodo de sesiones extraordinarias a que se convocó a este Congreso, a partir del día 16 de octubre, por lo que es procedente someter a la asamblea el conocimiento de nuestra propuesta.’. En consecuencia de lo anterior, la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, cuyos miembros suscribieron el dictamen de referencia, sometieron a la consideración del Pleno, previo el supuesto análisis del capítulo de resultandos, los siguientes considerandos: ‘Primero. La evolución de las instituciones jurídico-políticas en materia electoral en nuestro Estado, ha sido influida y orientada por la transformación de las mismas a nivel constitucional y legal en el orden federal, la que a partir de 1963, con la incorporación de los diputados de partido, dio origen a un régimen democrático que paulatinamente ha consolidado el respeto a los derechos de las minorías y a la pluralidad de criterios y opiniones en el campo político. En 1977, se superó la simple admisión de voces disidentes en un Poder Legislativo de perfil hegemónico y se adoptó un sistema electoral mixto, en el que el principio de representación mayoritaria se complementaba con el de representación proporcional y, de conformidad con el cual, los partidos deberían presentar candidatos tanto en los distritos electorales uninominales, como integrar listas de ellos en las circunscripciones territoriales en que se dividió el país. El avance de este proceso de modernización del derecho electoral, tuvo lugar básicamente en la última decena del siglo pasado, mediante la promulgación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), la creación de un Instituto Federal Electoral (IFE) ciudadanizado y un sistema jurisdiccional, transparente y confiable, y con la expedición de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Contribuyeron a esa reforma la redistritación del territorio nacional, conforme a la nueva distribución demográfica, así como la paulatina eliminación de cláusulas de gobernabilidad y de fórmulas excesivamente complejas para el reparto de curules de representación proporcional, culminando toda esa secuela con el reconocimiento de límites de representatividad máxima que un partido político pudiese alcanzar en las Cámaras Federales y Locales, con el fin de prevenir la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo. Este tema es magníficamente expuesto en la obra Nuevo Derecho Electoral Mexicano, del Maestro Jaime Patiño Camarena, publicado por la editorial Constitucional y el IFE, México, 1999. En el capitulado relativo a los sistemas electorales, el referido autor relata la reciente transformación del derecho electoral mexicano, evolucionando de un sistema mixto con dominante mayoritario, a un sistema mixto equilibrado, que atenúa los excesos que pudiese acarrear la votación directa uninominal, con restricción al número y a la proporción de diputados, que una fracción parlamentaria puede llegar a tener en una Cámara, a efecto de evitar su dominancia, en detrimento de los partidos minoritarios o de menor participación en el total de curules del órgano legislativo correspondiente. Segundo. A nivel de la Constitución Federal, en forma clara e incuestionable, el artículo 54, en sus fracciones IV, V y VI, consagra disposiciones que limitan de manera expresa el poder relativo de un partido mayoritario en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en los términos siguientes: «IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios; V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios, que represente un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida, más el ocho por ciento; y VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello, en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.». Los principios anteriores se desarrollan con mayor detalle, pero en el mismo orden de ideas, en la legislación reglamentaria de la materia, particularmente en el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, e inciden también, al provenir de la Constitución General de la República, en diversos ordenamientos estatales, como es el caso de nuestro Código Electoral. Tercero. La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, reformada de manera integral en el año 2000, recogió y proyectó al marco local, las modernas orientaciones y avances alcanzados en el derecho electoral en el orden federal. El artículo 21 de la Ley Suprema de la entidad, incorpora esa misma tendencia hacia un sistema electoral mixto, con dominante mayoritario atenuado, como se advierte en sus dos últimos párrafos: «En caso de que el Congreso se integre por menos de 50 diputados, al partido mayoritario no podrán asignársele más de 4 diputados por el principio de representación proporcional, y en caso de que el Congreso se integre por 50 diputados o más, al partido mayoritario no podrá asignársele más de 5 diputados por este principio. En ningún caso el Congreso se integrará por más de 60 diputados. Ningún partido político podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, mayor al número total de distritos electorales uninominales.». De igual forma que ocurre tratándose de la Constitución General de la República, la Constitución Política Local orienta la redacción de sus normas reglamentarias en la legislación secundaria, lo que se representa concretamente en los artículos 203, 204, 205 y, particularmente, en el 206 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Es de advertirse que en innumerables preceptos, el ordenamiento mencionado hace referencia a los partidos políticos, pero exclusivamente se refiere a su especie «partido político mayoritario» en el último precepto mencionado, por lo que se advierte con claridad que el calificativo atribuido a esa organización política partidaria, sólo se da tratándose del apartado relativo a la distribución de diputaciones plurinominales, no así en todo lo referente a la actuación y los resultados obtenidos por los partidos políticos en las elecciones de gobernador y de Ayuntamientos. En otras palabras, el concepto mayoritario pertenece en exclusiva al marco jurídico regulatorio de la vida parlamentaria y es, por tanto, un concepto vinculado más que al derecho electoral, al derecho legislativo que, entre otras materias, regula las funciones, prerrogativas y limitantes de la acción de los grupos legislativos dentro del Congreso del Estado. Mayorías y minorías resultan de cualquier elección, pero «partido mayoritario y partidos minoritarios» sólo se dan en el marco de la normatividad parlamentaria, lo que se confirma en México, a través de todas las leyes orgánicas y los reglamentos para el Gobierno Interior de los Congresos Federales y Locales. (Dentro de la doctrina es de destacarse la obra, Teoría del Derecho Parlamentario, editorial Oxford, México, 1999, del Lic. Bernardo Bátiz Vázquez, hoy procurador general de Justicia del Distrito Federal, pero que ha trascendido como diputado federal en diversos grupos parlamentarios. En el libro citado, en su página 28, hace una sola mención de partido mayoritario, de manera literal, precisamente al abordar las características distintivas de una organización política de esa especie, que actúa ya dentro de una Asamblea, Parlamento o Congreso). Cuarto. En la exposición de motivos de nuestra reforma constitucional del año 2000, no se hizo mención expresa al concepto de partido político mayoritario, pero podemos practicar un ejercicio de exploración histórico-parlamentaria, mediante la consulta del Diario de los Debates de la LVIII Legislatura del Estado, en el tomo del mes de mayo de ese mismo año, relativo al periodo de sesiones extraordinarias en que se conoció y aprobó la reforma citada. En ese documento se relata la presentación del dictamen a la asamblea y se hace transcripción de las intervenciones de los diputados en lo referente al artículo 21 del proyecto. Varios fueron los señores diputados que se refirieron al precepto en cuestión, que había sido reservado para su discusión en lo particular por el señor Lic. Sergio Vaca Betancourt, en esa época integrante del grupo legislativo del Partido Acción Nacional. A fin de establecer con precisión el sentido y alcance que tuvo la expresión partido mayoritario para quienes fueron los creadores de la norma constitucional citada, nos será muy útil reproducir algunos de los comentarios que se hicieron en torno a ese concepto: a) El propio diputado Vaca Betancourt, en la parte conducente de su intervención, expresó «... qué poca vida tendrá ya el número de distritos electorales, dejarlo para después y en una ley secundaria, donde con sólo 23 votos, pues no requiere mayoría calificada; redistritación a su entero gusto y conveniencia, garantizará una sola cosa la sobrerrepresentación por parte de los diputados del PRI; todos los que somos ajenos a ese grupo legislativo hemos visto la forma en que nos mayoritean e imponen su número, todos sin excepción hemos padecido la incongruencia de ganar frecuentemente la discusión y perder la votación.» b) Alejandro Cossío Hernández, del propio grupo legislativo del PAN, comentó: «... nadie nos asegura que en la próxima legislatura un determinado partido político tenga una mayoría, por lo que si queda esto en la ley reglamentaria, pues con un número de diputados que puede tener un partido político con una mayoría simple, podría variar la fórmula y eso es realmente delicado y eso es realmente grave para cualquier partido político, y ahí, ahí queda el asunto. Por otro lado, aquí es el artículo en donde debería estar expresado el famoso candado de la sobrerrepresentación y, con todo respeto, no está en este artículo; en la última fracción dice, ningún partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios mayor al número total de distritos electorales uninominales, y dado que en otra parte se refiere del famoso 60-40, aquí es donde en automático con el resultado que tenga cualquier partido, el mayoritario se va en automático al 60, porque también no se considera lo que a nivel federal se tiene, que es la famosa cláusula de gobernabilidad, aquí es donde tenía que estar el 8, el 10 o lo que hubiesen acordado, aquí es donde se debería haber considerado, no en la ley reglamentaria, compañeros diputados, aquí es donde debería estar expresado. ...». c) El diputado Jaime Gárces Veneroso, del grupo legislativo del PRD (contestando una interpelación del diputado Cossío Hernández) dijo: «Le respondo con mucho gusto. Mire, éste es un candado que fundamentalmente el Partido de la Revolución Democrática incluye para que no se nos dispare; precisamente por esa regla 60, 40 ... No se nos dispare un partido mayoritario, cualquiera que sea el mayoritario, que no se vaya a disparar de manera exorbitante, primer lugar; segundo lugar, porque cualquiera de las técnicas, efectivamente que se utilizan para la redistritación, hoy, no podría dar en el Estado un número mayor de distritos tal que nosotros llegáramos a sobrepasar los 60 diputados en la legislatura, es por eso ...». d) El diputado Flavino Ríos Alvarado, del PRI, sostuvo: «Estamos de acuerdo con el grupo legislativo del PRD, y es por eso que en caso de que el Congreso se integre por menos de 50 diputados, al partido mayoritario no podrán asignársele más de 4 diputados por el principio de representación proporcional, y en el caso de que el Congreso se integre de 50 diputados o más, al partido mayoritario no podrá asignársele más de 5 diputados por este principio ...». De la lectura anterior se desprende el hecho incuestionable de que todos los diputados, cuyas expresiones se han transcrito, se referían a la conveniencia de limitar la sobrerrepresentación y, en función de ello, la influencia excesiva que podrían tener en las decisiones camerales el que resultase partido político mayoritario, o sea, el que tuviese un número de diputados con derecho a ejercer su voto, superior a las demás organizaciones políticas integrantes de la asamblea. Quinto. El artículo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18656-38f00703/interpretacion-autentica-de-la-ley-sus-limites-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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