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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REFORMA O ADICIÓN A UNA NORMA GENERAL AUTORIZA SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO SE REPRODUZCA ÍNTEGRAMENTE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR, YA QUE SE TRATA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. EL ARTÍCULO 30, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUE CONDICIONA SU ACCESO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL DEBE ESTABLECER LAS REGLAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE AQUÉLLOS, GARANTIZANDO EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 121 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DE ESA ENTIDAD. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. TRATÁNDOSE DE LAS ELECCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, SE ENCUENTRAN SUJETOS AL ESTATUTO DE GOBIERNO Y A LA LEY ELECTORAL DE ESA ENTIDAD.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 5/2004 Y SU ACUMULADA 7/2004. · Registro digital (IUS): 18015
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDOS POLÍTICOS CONVERGENCIA Y DEL TRABAJO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, , Pág. 963.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 5/2004 Y SU ACUMULADA 7/2004. PARTIDOS POLÍTICOS CONVERGENCIA Y DEL TRABAJO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciséis de marzo de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escritos presentados el veintiocho de enero de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y veintinueve de enero del mismo año, en el domicilio del secretario autorizado para recibir demandas y promociones fuera del horario de labores, respectivamente, Dante Delgado Rannauro, quien se ostentó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional y representante del partido político Convergencia, y Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Ricardo Cantú Garza, José Narro Céspedes, Rubén Aguilar Jiménez y Marcos Cruz Martínez, quienes se ostentaron como integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por los órganos que a continuación se mencionan:

a) La III Legislatura de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al reformar, adicionar y derogar los diversos artículos del Código Electoral del Distrito Federal, concretamente, por lo que hace a su artículo 30, que establece lo relativo al financiamiento público de los partidos políticos.

b) El jefe de Gobierno del Distrito Federal, con facultades de promulgar los decretos que emita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Norma general cuya invalidez se reclama:

El decreto mediante el cual se reforma el artículo 30 del Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha treinta de diciembre de dos mil tres.

SEGUNDO. El partido político Convergencia señaló como antecedentes de la norma impugnada los siguientes:

"1. El 6 de julio del año 2003 se realizaron elecciones en el Distrito Federal para renovar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es decir, fueron elecciones para elegir diputados por ambos principios en la entidad. 2. El 30 de junio de 1999 Convergencia por la Democracia obtuvo su registro como partido político nacional, ante el Instituto Federal Electoral, cambiando de denominación a ‘Convergencia’, por disposición de la II Asamblea Nacional Extraordinaria el día 16 de agosto del año 2002, aprobada por el Consejo General del IFE. 3. El día 12 de julio de 1999 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo relativo del Instituto Federal Electoral, por el cual se le otorga su registro a Convergencia por la Democracia como partido político nacional. 4. El día treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Convergencia fue inscrito en sesión ordinaria ante el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, para efecto de hacerse acreedor de los derechos y obligaciones que le confiere la ley, lo que se confirma en el oficio número SECG-IEDF/87/04 del 27 del actual mes, suscrito por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal, Lic. Adolfo Riva Palacio Neri. 5. El día 30 de diciembre del año 2003 se publicó en la Gaceta Oficial, en la décima tercer época, número 102-Ter, decreto por el que se reforman, adicionan y derogan los diversos artículos del Código Electoral del Distrito Federal, contando previamente con la promulgación del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, el decreto presentado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal."

Por su parte, el partido político del Trabajo no señaló antecedentes de la norma impugnada.

TERCERO. Los promoventes esgrimieron los conceptos de invalidez que a continuación se transcriben.

Del partido político Convergencia:

"La reforma del artículo 30 del Código Electoral del Distrito Federal es inconstitucional, por las consideraciones siguientes: Anteriormente, el Código Electoral del Distrito Federal señalaba en su artículo 30, fracción IV, lo siguiente: ‘Artículo 30. ... IV. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección o sin representación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las siguientes bases: a) Se le otorgará a cada partido político el 2% del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como en el año de la elección una cantidad adicional igual para gastos de campaña; y b) Se les otorgará el financiamiento público por sus actividades específicas como entidades de interés público.’. En este orden de ideas, Convergencia, como partido político nacional, tiene derecho a que se le otorgue financiamiento público; en función del dispositivo anterior, al no contar con representación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, situación acorde a lo dispuesto por los artículos 41, base II; 122, inciso c), base primera, fracción V, inciso f); 116, fracción IV, incisos f) y h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permiten cumplir con los fines constitucionales de los partidos políticos, es decir, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y local y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Dicho artículo es correcto, pues los partidos políticos nacionales tienen derecho a que se les otorgue financiamiento público, tanto ordinario como de campaña, pues el primero es por concepto de sus actividades ordinarias permanentes y el segundo para la campaña de sus postulados, plataformas y difusión de las propuestas de sus candidatos, con el objeto de la consecución del voto en los electores. Sin embargo, la reforma al Código Electoral del Distrito Federal publicada mediante decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 15 de mayo del año 2003, señala en su artículo 30, párrafo primero, lo siguiente: ‘Artículo 30. Los partidos políticos que por sí mismos hubieren obtenido por lo menos el 2% de la votación total emitida en la elección de diputados a la Asamblea Legislativa por el principio de representación proporcional, tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este código, conforme a las disposiciones siguientes: ...’. Posteriormente, el 30 de diciembre de 2003 se publica en la Gaceta Oficial No. 102-Ter, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan los diversos artículos del Código Electoral del Distrito Federal, dentro de los cuales se encuentra el artículo 30 que en su fracción II indica: ‘Artículo 30. ... II. Para gastos de campaña: a) En el año en que deban celebrarse elecciones para diputados a la Asamblea Legislativa, jefes delegacionales y jefe de Gobierno, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña, un monto equivalente al financiamiento público que, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponden en ese año. b) En el año en que deban celebrarse elecciones para diputados a la Asamblea Legislativa y jefes delegacionales, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña, dos tercios del monto equivalente al financiamiento público que, para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes le corresponden en ese año. El monto para gastos de campaña a que se refieren los incisos anteriores, se otorgará a los partidos políticos en forma adicional al resto de las prerrogativas.’. De lo anteriormente transcrito podemos hacer las siguientes consideraciones: 1. Viola en perjuicio del partido que represento la disposición marcada con el párrafo primero y fracción II del artículo 30 del Código Electoral del Distrito Federal, al indicar que los partidos políticos que por sí mismos hubieren obtenido por lo menos el 2 por ciento de la votación total emitida tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en el Código Electoral. Dicha reforma se contrapone con lo dispuesto en el artículo 41 constitucional, bases I y II, pues no se permite al partido que represento participar en las elecciones con los mínimos medios para poder contender dignamente, elecciones que se celebrarán con posterioridad; aunado a lo anterior, también incumple con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala lo siguiente: ‘Artículo 116. ... IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: ... f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal.’. De acuerdo con lo anterior se infiere que los partidos políticos deben recibir financiamiento público por dos conceptos, como son el financiamiento público por actividades ordinarias y para gastos de campaña, sin importar, como el caso que nos ocupa, que Convergencia sea un partido político que no cuente con el porcentaje del 2 por ciento que describe el artículo 30 en su primer párrafo, es decir, no es óbice para no recibir el financiamiento público no tener el porcentaje anterior, puesto que es imposible para mi representado, en estos momentos, obtener dicho porcentaje, ya que, como es sabido, el 6 de julio del año anterior se llevaron a cabo elecciones en el Distrito Federal, obteniendo el 1.74 por ciento de la votación para la elección de diputados por ambos principios a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por lo que en estos momentos es imposible para mi representado cumplir con el citado porcentaje de votación, por lo que considero que se incumple con lo dispuesto en el artículo 41, base I y en el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se pretende no otorgar ningún tipo de financiamiento, tanto por actividades ordinarias como por gastos de campaña, como lo señala la Carta Magna. Como podemos observar, la Constitución Federal obliga a los Estados y al Distrito Federal a otorgar financiamiento público de acuerdo con las disponibilidades presupuestales de la propia entidad, por lo que podemos decir que aun existiendo armonía entre las normas locales que regulan el financiamiento público, también es cierto que la combatida reforma electoral no establece el financiamiento público que se le debe otorgar a los partidos políticos que no hayan obtenido el dos por ciento en la elección de diputados de la Asamblea Legislativa por actividad ordinaria y, por el contrario, se les excluye del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30, párrafo primero y fracción II, del Código Electoral del Distrito Federal, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que al tener el partido político que represento su registro vigente ante el propio Instituto Electoral del Distrito Federal desde el mes de junio de 1999, consideramos que no existe ningún impedimento para recibir dicha prerrogativa, pues esto implicaría que no se cumpla con los principios de legalidad y de equidad, principios a los que está sujeto el Instituto Electoral del Distrito Federal, de acuerdo con los artículos 116, fracción IV, inciso b), de nuestra Carta Magna y 3o. del Código Electoral del Distrito Federal vigente. No se puede marginar al partido que represento de la partida de financiamiento público por gasto ordinario, por el simple hecho de que no cuenta con el porcentaje de votación antes descrito en la elección de diputados, puesto que el partido que represento obtuvo su registro como partido político nacional ante el Instituto Federal Electoral a partir del 30 de junio de 1999, por así derivarse del acuerdo del Instituto Federal Electoral, y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de julio del mismo año; en consecuencia, el instituto político que represento tiene reconocidos sus derechos vigentes y no se le puede exigir ahora un porcentaje de votación que en estos momentos no tiene por qué cumplir, por lo que es un acto de imposible cumplimiento, ya que es conocido que el 6 de julio del año dos mil tres se realizaron elecciones en el Distrito Federal. De lo anterior, podemos observar que el artículo 30, párrafo primero y fracción II, del Código Electoral del Distrito Federal es inconstitucional, puesto que al parecer limita a recibir el financiamiento público exclusivamente a los partidos que hubieren obtenido el dos por ciento en la elección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; en consecuencia, resulta materialmente imposible cumplir con estas condiciones y, bajo el principio general del derecho de que nadie está obligado a lo imposible, tal situación resulta inadmisible, al contravenir lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Federal, al no garantizar el derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, además de que ello deberá hacerse en forma equitativa. Podemos concluir que a Convergencia se le está privando de una prerrogativa a que tiene derecho por mandato de nuestra Carta Magna, en su artículo 116, fracción IV, inciso f). Refuerzo lo anterior con los siguientes criterios jurisprudenciales, emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ‘EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL. NO VIOLA ESTE PRINCIPIO EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, QUE ESTABLECE LAS REGLAS GENERALES CONFORME A LAS CUALES DEBERÁ DISTRIBUIRSE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. El artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Federal consagra como principio rector en materia electoral la equidad en el financiamiento público entre los partidos políticos, la cual estriba en el derecho igualitario consignado en la ley para que todos los partidos puedan llevar a cabo la realización de sus actividades ordinarias y las relativas a la obtención del sufragio universal, atendiendo a las circunstancias propias de cada partido, de manera tal que cada uno perciba lo que proporcionalmente le corresponda, acorde con su grado de representatividad. En congruencia con lo anterior, al establecer el artículo 69, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Morelos las reglas conforme a las cuales deberá distribuirse el financiamiento público, en efectivo o en especie, que reciban los partidos políticos con cargo al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, autorizando, por una parte, recursos ciertos y fijos (10% del monto total del financiamiento público distribuido en forma igualitaria a todos los partidos políticos registrados) y, por la otra, recursos aleatorios (40% en forma igualitaria y 50% en proporción a los votos obtenidos, para aquellos partidos que hubieren conseguido más del 3% de la votación en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior), no transgrede el principio rector de referencia, porque no da un trato diferenciado a los partidos políticos, en virtud de que todos están sujetos a la misma reglamentación y el partido que guarde una situación distinta frente a otro en función de la votación última obtenida, recibirá un trato distinto y proporcional a esa situación. Conforme al principio de equidad en materia electoral los partidos políticos se diferencian por el grado de representatividad que tengan entre los ciudadanos votantes, sin que ello limite su derecho a obtener mayores recursos si logran una representación mayor pues, de estimarse lo contrario, se llegaría al extremo de reconocer una condición igualitaria entre partidos con distinta representatividad, concediéndoles mayores derechos para la asignación de recursos a los que no hubieren obtenido una votación mayor de los que sí la tienen.’ (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo: XIV, julio de 2001. Página: 694. Tesis de jurisprudencia). ‘EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, EL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL, QUE ESTABLECE LAS REGLAS GENERALES PARA DISTRIBUIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL ANUAL ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES QUE OBTENGAN SU REGISTRO COMO TALES, NO CONTRAVIENE DICHO PRINCIPIO. La equidad en el financiamiento público a los partidos políticos que como principio rector en materia electoral establece el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Federal, estriba en el derecho igualitario consignado en la ley para que todos los partidos políticos puedan llevar a cabo la realización de sus actividades ordinarias y las relativas a la obtención del sufragio universal, atendiendo a las circunstancias propias de cada partido político, de tal manera que cada uno perciba lo que proporcionalmente le corresponde acorde con su grado de representatividad. En estas condiciones, el artículo 28 de la citada Ley Electoral del Estado de Aguascalientes que prevé el derecho de los partidos políticos nacionales acreditados ante el Consejo Estatal Electoral para que se les ministre financiamiento público estatal anual para el sostenimiento de sus actividades permanentes y para gastos de campaña, tomando en consideración las circunstancias particulares de cada partido y su grado de representatividad, no contraviene el principio rector de referencia. Ello es así, porque el citado artículo 28, al establecer las reglas para la distribución del aludido financiamiento, otorga a los partidos políticos que hayan obtenido su registro ante el referido consejo, con posterioridad al último proceso electoral local, un tratamiento distinto a aquellos que ya cuentan con antecedentes electorales y que tienen elementos objetivos que permiten determinar con certeza el grado de representatividad que tienen, esto es, proporciona un trato equitativo a los partidos que se encuentran en igualdad de circunstancias y uno distinto a los que se ubican en una situación diferente.’ (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo: XII, septiembre de 2000. Página: 399. Tesis de jurisprudencia). Debemos señalar que el financiamiento público de los partidos políticos tiene como finalidad proveer el fortalecimiento de sus propias actividades, así como para la difusión de sus postulados y candidatos, es decir, para permitir un enlace entre la sociedad y el propio partido, a lo cual está obligado a velar el Instituto Electoral del Distrito Federal, es decir, al fortalecimiento del sistema de partidos políticos, y el hecho de que se niegue el financiamiento público en cuanto a actividades ordinarias permanentes y de campaña, condena a mi representado prácticamente a su extinción en el Distrito Federal, puesto que sin estas percepciones no sería posible el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y de campaña. Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su artículo 41 establece el derecho de los partidos políticos nacionales de participar en las elecciones federales, estatales y municipales, pero para poder ejercer el derecho antes mencionado, es obvio que se requiere contar con los mínimos recursos para poder realizar sus actividades y a la vez intervenir de una manera digna en los procesos electorales, lo cual se cumple solamente con el otorgamiento del financiamiento público en sus dos especies. De esta manera podemos observar que el artículo 30, párrafo primero y fracción II, del Código Electoral del Distrito Federal, no cumple cabalmente con su objetivo de otorgar financiamiento público a los partidos políticos para contribuir subsidiariamente al desarrollo y promoción de sus actividades políticas, puesto que no se otorga el financiamiento público por gasto ordinario y de campaña, contraviniéndose de esta manera lo dispuesto por el artículo 41, base I y el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En razón de lo anterior es que a nombre del partido que represento solicito que al no prever el Código Electoral del Distrito Federal el financiamiento público por actividades ordinarias y de campaña a los partidos políticos que hubieran obtenido su registro o acreditación con posterioridad a la última elección, y en virtud de que el artículo 30, párrafo primero del Código Electoral del Distrito Federal se aplicará a partir de los resultados que se obtuvieron en la elección ordinaria de diputados del año 2003, se convierte dicha disposición, en cuanto a su aplicación, en un acto de imposible cumplimiento para el partido que represento y, por tanto, violatorio de nuestra Carta Magna, es decir, es un requisito que es imposible para el instituto político que represento cumplir, pero al contar el mismo con acreditación vigente en el Distrito Federal se le debe otorgar dicha prerrogativa, pues, en caso contrario, se estaría contraviniendo lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme lo anterior, dicha disposición del artículo 30, párrafo primero y fracción II, del Código Electoral del Distrito Federal, viola lo dispuesto por el artículo 121 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal que señala lo siguiente: ‘Artículo 121. En las elecciones locales del Distrito Federal sólo podrán participar los partidos políticos con registro nacional. De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos recibirán, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y contarán durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal. La ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.’. Como podemos observar, señores Ministros, el artículo 30, párrafo primero y fracción II, del Código Electoral del Distrito Federal vigente, no garantiza que los partidos políticos nacionales, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, reciban en forma equitativa financiamiento público para su sostenimiento y para la obtención del sufragio. Cabe mencionar que una cosa es la disponibilidad presupuestaria y otra que se haga nugatorio este derecho, cuando no se contempla por el Código Electoral en comento, siendo que tal mandato es constitucional y estatutario. Por todas las consideraciones anteriormente señaladas es que consideramos que tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al reformar indebidamente el Código Electoral en cuanto al financiamiento público, como el jefe de Gobierno del Distrito Federal, al promulgar y ordenar publicar la misma, no solamente ignoran lo establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso f), sino que también ignoran que existe un principio de supremacía constitucional que se establece en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, que establece a la letra lo siguiente: ‘Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’. Con base en lo anterior, podemos señalar que ni la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ni el jefe de Gobierno se sujetaron a la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al no fundamentar su actuación, principalmente, en lo que dispone el artículo 116, fracción IV, de dicho ordenamiento, en cuanto a la distribución del financiamiento público a los partidos políticos en sus dos especies, que para el caso que nos ocupa, no se le otorgaría a Convergencia el financiamiento público por actividades generales y de campaña; lo que implica una violación más a nuestra Carta Magna, además de lo anteriormente señalado. A mayor abundamiento, diremos que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las Particulares de los Estados, las cuales en ningún caso podrán contravenir las disposiciones del Pacto Federal, dado que, como lo hemos dicho, el artículo 133 establece un principio de jerarquía normativa en el ordenamiento mexicano y la supremacía de la Constitución Federal, razones estas por las que los Estados no pueden contravenir o eludir las estipulaciones del Pacto Federal, ya sea por vía de sus ordenamientos o mediante las decisiones de sus órganos internos, lo que podría traer como consecuencia la alteración de la naturaleza del Pacto Federal. Por ello, el Constituyente Permanente de la Unión, al emitir la reforma al artículo 41 de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, contempló para estas instituciones de interés público el derecho de recibir financiamiento público, el cual se constituye con los recursos económicos que el Estado otorga a los partidos políticos, en el que se comprenden las ministraciones destinadas a la realización de las actividades ordinarias permanentes y, en proceso electoral, a aquellas tendentes a la obtención del voto, con el propósito fundamental de garantizar la supervivencia de tales entidades y la realización de sus fines; contemplándose, además, el financiamiento público por actividades específicas que comprenden las actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales. El financiamiento público a los partidos tiene su razón de ser en que la actividad desarrollada por éstos es una función pública, de donde resulta que es obligación del Estado proporcionarlo y así garantizar su independencia económica y política en igualdad de condiciones en la lucha electoral. A mayor abundamiento, el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Federal, dedica como principio rector en materia electoral la equidad en el financiamiento público entre los partidos políticos, la cual consiste en el derecho igualitario, consignado en la ley para que todos los partidos puedan llevar a cabo la realización de sus actividades ordinarias y las relativas a la obtención del sufragio universal, atendiendo a las circunstancias propias de cada partido, por lo que mi representado no pretende tener más financiamiento de lo que por derecho le corresponde, más aún cuando no existe ninguna reforma al código de la materia en la cual se establezca que los partidos políticos nacionales, al no contar con el porcentaje del dos por ciento en la elección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pierdan su inscripción o demás derechos, como es la participación en el proceso electoral por cuestión del porcentaje de votación; de manera tal que cada uno perciba lo que proporcionalmente le corresponda, acorde con su grado de representatividad. En incongruencia con lo anterior, al establecer el artículo 30, párrafo primero, del Código Electoral del Distrito Federal, las reglas conforme a las cuales deberá distribuirse el financiamiento público y no contemplar a los partidos políticos, tanto de nueva creación como aquellos que no cuentan con representación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, transgrede el principio rector de referencia, porque no da un trato diferenciado a los partidos políticos, en virtud de que todos están sujetos a la misma reglamentación y el partido que guarde una situación distinta frente a otro en función de la votación última obtenida recibirá un trato distinto y proporcional a esa situación, sin que excluya a los demás partidos que no cuenten con el porcentaje antes referido. Conforme al principio de equidad en materia electoral, los partidos políticos se diferencian por el grado de representatividad que tengan entre los ciudadanos votantes, sin que ello limite su derecho a obtener mayores recursos si logran una representación mayor pues, de estimarse lo contrario, se llegaría al extremo de reconocer una condición igualitaria entre partidos con distinta representatividad, concediéndoles mayores derechos para la asignación de recursos a los que no hubieren obtenido una votación mayor de los que sí la tienen, por eso es que mi representado no pide más que lo que en derecho le corresponde, es decir, que sea contemplado en la distribución de financiamiento por actividades ordinarias y de campaña en función de su fuerza electoral o representatividad, sin menoscabo de que los partidos políticos con mayor fuerza electoral, por el principio de equidad, obtengan más financiamiento, conforme al principio elemental de justicia distributiva de dar un trato igual a los iguales y otro a los desiguales. En otro orden de ideas, señores Ministros, es necesario plantear ante este Alto Tribunal que mi represe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18015-dd653c3d/accion-de-inconstitucionalidad-la-reforma-o-adicion-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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