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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ IMPEDIDA PARA SUPLIR LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ Y PARA FUNDAR LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA VIOLACIÓN A CUALQUIER PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). AGRUPACIONES POLÍTICAS ESTATALES. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO PROHÍBA SU PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS ELECTORALES CON UNA COALICIÓN, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. BOLETAS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 163 DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, AL PREVER QUE NO SERÁ MOTIVO PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE LA VOTACIÓN LOS ERRORES EN LOS NOMBRES O LA AUSENCIA DEL DE LOS CANDIDATOS SUSTITUTOS EN AQUÉLLAS, NO LIMITA EL ACCESO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A LA JUSTICIA ELECTORAL. CANDIDATOS A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN II, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, AL SEÑALAR QUE AQUÉLLOS DEBERÁN SATISFACER LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y, ADEMÁS, SER ELECTOS O DESIGNADOS CON ESE CARÁCTER POR UN PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN, DE CONFORMIDAD CON SUS PROCEDIMIENTOS DEMOCRÁTICOS INTERNOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, AL PREVER QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES DEBERÁN CONSTITUIR UN ÓRGANO RESPONSABLE DE LA PERCEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GENERALES Y DE CAMPAÑA, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE CERTEZA Y LEGALIDAD CONSIGNADOS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 91, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, AL CONTEMPLAR COMO RESPONSABLES SOLIDARIOS RESPECTO DE SU USO Y DESTINO AL TITULAR DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA PERCEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GENERALES Y DE CAMPAÑA Y AL PRESIDENTE DEL PARTIDO POLÍTICO, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE CERTEZA Y LEGALIDAD PREVISTOS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, AL PREVER QUE SE OTORGARÁ A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE FORMEN UNA COALICIÓN, SOLAMENTE EL FINANCIAMIENTO QUE CORRESPONDA A UNO SOLO DE LOS QUE LA CONFORMEN, RESULTA CONTRARIO A LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN I Y 116, FRACCIÓN IV, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. LOS ARTÍCULOS 71 Y 86 DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, QUE CONDICIONAN SU ENTREGA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESTATALES DE RECIENTE REGISTRO HASTA EL MES DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE AL DE SU OBTENCIÓN, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. INSTANCIAS IMPUGNATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 154 DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, QUE ESTABLECE QUE LOS CONSEJOS DISTRITALES, A MÁS TARDAR 15 DÍAS ANTES DEL DÍA DE LA ELECCIÓN, PUBLICARÁN LAS LISTAS DE LOS LUGARES EN QUE HABRÁN DE UBICARSE LAS CASILLAS ELECTORALES, NO PERMITE EL DESAHOGO OPORTUNO DE LAS QUE PROCEDEN EN CONTRA DE ESE ACTO, CONTRAVINIENDO EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO E), CONSTITUCIONAL. INSTANCIAS IMPUGNATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. LOS PLAZOS CONSTITUCIONALES PARA SU DESAHOGO, SON AQUELLOS QUE GARANTICEN UNA PRONTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. JORNADA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 159, PÁRRAFO CATORCE, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, AL PREVER QUE EN CASO DE QUE UN REPRESENTANTE PARTIDISTA SE NIEGUE A FIRMAR EL ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL, NO RECIBIRÁ LA COPIA QUE LE CORRESPONDE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO RECTOR DE CERTEZA PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV, INCISO B), DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, AL PREVER QUE LOS QUE PIERDAN SU ACREDITACIÓN O REGISTRO ANTE LA AUTORIDAD ELECTORAL LOCAL, LE ENTREGUEN A ÉSTA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE POSEAN Y QUE HAYAN SIDO ADQUIRIDOS CON FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOCAL, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARTIDOS POLÍTICOS. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 110 DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, AL PREVER QUE LA COALICIÓN DEBERÁ ACREDITAR TANTOS REPRESENTANTES ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES COMO SI SE TRATASE DE UN SOLO PARTIDO POLÍTICO, RESULTA CONTRARIO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PRECAMPAÑA ELECTORAL. CONCEPTO Y FUNCIÓN, CONFORME A LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO. PRECAMPAÑAS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 268 DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, AL FACULTAR A LOS CIUDADANOS QUE NO SEAN MILITANTES O SIMPATIZANTES DE ALGÚN PARTIDO POLÍTICO PARA QUE LAS REALICEN, NO CONTRAVIENE EL SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS, NI LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PRECAMPAÑAS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 276 DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE CERTEZA CONTENIDO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PRECAMPAÑAS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 278 DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, AL ESTABLECER UN LÍMITE A LOS GASTOS Y OBLIGAR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS A LLEVAR UNA CONTABILIZACIÓN ESPECIAL AL RESPECTO, NO INTERFIERE CON EL SISTEMA ELECTORAL FEDERAL. PRECAMPAÑAS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 280 DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO ESTABLECE LAS MODALIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE SU FINANCIAMIENTO, LO QUE GENERA CERTEZA AL ELECTORADO RESPECTO DE LOS RECURSOS QUE SE UTILIZAN TANTO EN LAS PRECAMPAÑAS COMO EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES. PRECAMPAÑAS ELECTORALES. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 271 DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO FACULTE TANTO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS COMO A LA AUTORIDAD ELECTORAL LOCAL A RECONOCER EL MOMENTO EN EL CUAL HA DADO INICIO LA PRECAMPAÑA DE UN ASPIRANTE QUE NO DIO AVISO FORMAL DE SU DESEO DE LLEVARLA A CABO, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE CERTEZA Y LEGALIDAD EN MATERIA ELECTORAL, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PRECAMPAÑAS ELECTORALES. LA OBTENCIÓN DE SU FINANCIAMIENTO DEBE SUJETARSE A LAS PREVISIONES DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL ÁMBITO MUNICIPAL. EL ARTÍCULO 245, PENÚLTIMO Y ÚLTIMO PÁRRAFOS, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, NO ROMPE CON EL ESQUEMA DE ESE PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL ÁMBITO MUNICIPAL. LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN IV, Y 243, FRACCIÓN I, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, AL CONDICIONAR LA EVENTUAL ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR DICHO PRINCIPIO A QUE LOS PARTIDOS O COALICIONES PARTICIPEN CON CANDIDATOS A REGIDORES EN POR LO MENOS SEIS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, NO SON CONTRARIOS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 14/2004 Y SUS ACUMULADAS 15/2004 Y 16/2004. · Registro digital (IUS): 18333
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDOS POLÍTICOS CONVERGENCIA, ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, , Pág. 438.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 14/2004 Y SUS ACUMULADAS 15/2004 Y 16/2004. PARTIDOS POLÍTICOS CONVERGENCIA, ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al quince de junio de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escritos presentados el dos de abril de dos mil cuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el tres del mismo mes y año en el domicilio del funcionario autorizado por el secretario general de Acuerdos para recibir demandas y promociones fuera del horario de labores de este Alto Tribunal, Dante Delgado Rannauro, Luis Felipe Bravo Mena y Leonel Godoy Rangel, quienes se ostentaron como presidentes de los Comités Ejecutivos Nacionales de los partidos políticos Convergencia, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada, respectivamente, por los órganos que a continuación se mencionan:

a) El Congreso del Estado de Quintana Roo.

b) El Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo.

Norma general cuya invalidez se reclama:

El decreto mediante el cual se expidió la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el cuatro de marzo de dos mil cuatro.

SEGUNDO. Los promoventes esgrimieron los conceptos de invalidez que a continuación se transcriben.

El Partido Político Convergencia:

"Primero. Se considera que la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo en diversos artículos son inconstitucionales (sic) en virtud de los siguientes razonamientos: A. El artículo 64 indica que: ‘Toda organización que pretenda constituirse como partido político local, deberá dar aviso de esa intención al instituto, un año antes de presentar su solicitud de registro como tal, y acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: I. Su conformación como agrupación política estatal con una antigüedad de por lo menos tres años; II. Formular una declaración de principios ... III. Contar con un mínimo de mil quinientos afiliados ... IV. Acreditar a través de constancia expedida por notario público, tener domicilio y órganos de representación en por lo menos, diez distritos electorales ... V. Haber realizado actividades políticas independientes de cualquier otra organización política ... VI. La designación de sus representantes, con carácter provisional ...’. El artículo 65 señala que: ‘La declaración de principios contendrá necesariamente: I. La obligación de observar la Constitución Federal y la Constitución Particular, así como la de respetar las leyes e instituciones ... II. Las bases ideológicas de carácter político, económico y social que postula ... III. La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros ... IV. La obligación de encauzar sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática.’. Como podemos apreciar, de lo anterior se desprenden un sin fin de requisitos inverosímiles para poder constituirse como partido político local, siendo que la Carta Magna consagra en su artículo 9o. la garantía de libre asociación que implica la potestad que tienen los individuos para constituir una entidad o persona moral con sustantividad propia y distinta de los asociantes y que tiende a la consecución de objetivos plenamente identificados cuya realización es constante y permanente; en el artículo 41, fracción I, de la Carta Magna se regula un tipo de asociación como son los partidos políticos, que tienen como fin permanente la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la asociación de la representación y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Por tanto, el enfoque que se le dé a los artículos cuestionados debe ser para brindar lo antes señalado en nuestra Carta Magna, abriendo oportunidades no restringiéndolas. De los artículos citados en un principio podría parecer que no se transgrede ningún precepto de nuestra Carta Magna, en virtud de que las Legislaturas de los Estados tienen facultades para especificar las condiciones de asociación. No obstante lo anterior, se afirma categóricamente que dichos artículos efectivamente vulneran lo ordenado por nuestra Ley Fundamental al transgredir los artículos 9o. y 41 de nuestra Ley Fundamental, se incumple a la sociedad y se vulnera el precepto constitucional. De igual manera se transgrede el principio rector de nuestra Carta Magna al señalar en su artículo 116, fracción II, que deberán preservarse los principios rectores de la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Segundo. El artículo 96 nos indica que ‘Los partidos políticos acreditados ante el instituto contarán de manera igualitaria con elementos para llevar a cabo sus actividades, por tanto, gozarán de la prerrogativa de acceso a los medios de comunicación social propiedad del Estado, de acuerdo a las siguientes formas, procedimientos y tiempos: ‘I. Cada partido político dispondrá de quince minutos semanalmente, que no serán acumulativos ... II. En periodo de campaña, dispondrán de treinta minutos semanales, que no serán acumulativos ... III. Los partidos políticos coaligados sólo dispondrán de treinta minutos semanales, mismos que en ningún caso podrán acumularse; IV. Los partidos políticos y coaliciones tendrán participación igualitaria en un programa especial conjunto de radio y televisión, organizado por la Dirección de Partidos Políticos del instituto ... V. El instituto organizará de manera permanente dos programas mensuales de una hora cada uno; VI. En el caso de los partidos políticos nacionales, la prerrogativa de acceso a medios de comunicación, se otorgará a partir de ...’. Los artículos señalados carecen de toda lógica, ya que el artículo en comento vulnera el artículo 116, fracción IV, inciso g), que nos indica: Es prioridad de las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizar que se propicien condiciones de equidad, para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; luego entonces, carece de toda lógica, resultando irónicos los criterios aplicados en este artículo 96 de la Ley Electoral de Quintana Roo, condicionando el acceso a medios de comunicación que deben ser libres y equitativos. De igual manera y en consecuencia entraría en este apartado el artículo 101 de la Ley Electoral en cuestión (el cual señala que el Consejo General, a partir de la sesión en que inicie el proceso electoral, pondrá a disposición ...) debiendo establecer en este ámbito para que exista y se dé la equidad tan señalada en nuestra Carta Magna, una prerrogativa adicional a los partidos políticos estatales como apoyo a sus programas de difusión, ya que los partidos políticos con registro estatal, por su naturaleza, únicamente cuentan con las ministraciones que les asigna el Consejo Estatal Electoral y que puedan obtener hasta el límite que la ley les permite por concepto de financiamiento privado, circunstancia que innegablemente los coloca en una clara desventaja, máxime si están sujetos a todo lo expresado en el apartado de financiamiento de la presente ley en controversia. Tercero. La Ley Electoral de Quintana Roo en su título quinto ‘De los frentes, coaliciones y fusiones’, capítulo primero ‘De los frentes y la formación de coaliciones’, en su artículo 102 expresa: ‘Los partidos políticos podrán constituir frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes, elaborando convenio por escrito haciendo constar duración, causas ... artículo 107 manifestando como requisito calendarios de asambleas y señalando fechas para realizarlas’. Lo anterior transgrede el principio de equidad de nueva cuenta del artículo 9o. de nuestra Ley Fundamental, ya que se debe advertir que el ciudadano mexicano tiene la libertad de formar coaliciones, tiene la independencia de asociarse y esta característica de rango constitucional no se debe coartar y sujetar a lo que disponga una ley ordinaria, máxime que la Carta Magna implica el derecho que tenemos de contar con preceptos rectores de imparcialidad e independencia, siendo entonces que el artículo 102 de la Ley Electoral de Quintana Roo vulnera los preceptos constitucionales señalados. De la interpretación armónica y sistemática de lo dispuesto por los citados preceptos constitucionales, se advierte que la libertad de asociación es para que cada coalición trabaje en pro de la ciudadanía, por tanto, una disposición estatal deberá brindar todas las facilidades para lo anterior sin restringir y exigir más requisitos que la misma Constitución Federal establece. Cuarto. El artículo 109 que a la letra indica que la coalición en la que se postulen candidatos a gobernador del Estado, diputados o miembros de los Ayuntamientos, se sujetará a lo siguiente: a) Tendrá financiamiento público para gastos de campaña como si se tratara de un solo partido político, por lo que le será asignado sólo el monto que corresponda al partido político coaligado que haya obtenido la mayor votación válida en la elección de diputados inmediata anterior. b) Tendrá las prerrogativas en materia de radio y televisión y podrá contratar en estos medios como si se tratara de un solo partido ... c) Por lo que se refiere al tope de gastos de campaña el límite se respetará como si se tratara de un solo partido político; el artículo 110 de la ley antes señalada indica que la coalición actuará como un solo partido político y, por tanto, la representación de la misma sustituye para todos los efectos a que haya lugar a la de los partidos políticos coaligados. Los artículos señalados establecidos en la ley estatal vulneran nuestro principio de equidad claramente señalado en el artículo 116, fracción IV, inciso f), que nos indica que todos y cada uno de los partidos políticos deben recibir en forma equitativa financiamiento público para su sostenimiento y contarán durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal. Es importante, asimismo, visualizar que el principio de equidad en materia electoral respecto del financiamiento público de los partidos consiste en el derecho igualitario consignado en la ley, para que todos puedan llevar a cabo la realización de sus actividades atendiendo a las circunstancias propias de cada uno, precepto constitucional que brindaría a nuestro país otros principios constitucionales como lo son de nueva cuenta el de la equidad e imparcialidad, por lo que los artículos citados al principio de este párrafo, de la multicitada ley, dejan en clara desventaja a los partidos coaligados."

El Partido Acción Nacional:

"Primero. Resulta inconstitucional lo dispuesto por el artículo 28 en sus fracciones I y VI de la Ley Electoral de Quintana Roo aprobada. Por cuestión de método se analizará el primero de ellos, que a la letra dispone: ‘I. Los distritos uninominales deberán atender invariablemente a la densidad de población, las condiciones geográficas y las circunstancias socioeconómicas prevalecientes de las distintas regiones de la entidad.’. Esto sin duda contraviene nuestra Ley Suprema y en específico lo preceptuado en el artículo 116, fracción II, que literalmente ordena: ‘El número de representantes en las Legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra.’. De la simple lectura de lo anterior se desprende con claridad que el Poder Reformador de nuestro Código Político tuvo como intención el privilegiar el criterio poblacional sobre el territorial para efectos de establecer las circunscripciones o distritos uninominales. Sin embargo, contrario a lo dispuesto por nuestra Ley Fundamental, el dispositivo que se ataca por esta vía fija otros criterios que al ir más allá de nuestro Máximo Ordenamiento, resulta inconstitucional. Dichos criterios son dos y me permito citarlos: condiciones geográficas y circunstancias socioeconómicas prevalecientes. Así, se puede advertir que el legislador secundario quintanarroense establece dos criterios que en todo momento se contraponen al criterio que en forma exclusiva y excluyente establece el citado dispositivo constitucional, ya que precisamente la razón de ser del criterio poblacional es no desvirtuar el sentido de que cada legislador debe representar a una cantidad de habitantes similar en la medida de lo posible y no atendiendo a una condición geográfica o circunstancias socioeconómicas, pues entonces nos encontraríamos, como se detallará en los párrafos subsecuentes, en una situación desproporcional, ya que habrían diputados que representarían a altas cantidades de población y otros que representarían a pequeñas concentraciones de habitantes. En la misma tesitura, se ataca por inconstitucional lo dispuesto en la fracción VI del citado artículo 28, que a la letra dispone: ‘VI. Para la numeración de los distritos se establecerá un punto geográfico inicial y un sentido para asignarla siguiendo la continuidad territorial de los mismos. En todo caso, cada Municipio tendrá cuando menos un distrito electoral uninominal.’. Al igual que el dispositivo anterior, se considera que la fracción en comento del artículo 28 también conculca lo dispuesto por nuestro artículo 116 en su fracción II, transcrito en líneas anteriores, mismo que ordena a las legislaturas estaduales el que para efectos de establecer su número de representantes se debe atender únicamente al criterio poblacional y no a otro. Bajo ese orden de ideas y realizando una exégesis conjunta sobre la inconstitucionalidad que guardan las fracciones I y VI del artículo 28 de la Ley Electoral de Quintana Roo, me permito hacer notar que precisamente el criterio poblacional para la división de un territorio en circunscripciones o distritos electorales que consagra nuestra Ley Suprema, se basa en que en cada uno de los distritos electorales en los cuales se divide el territorio tenga un número similar de electores, ya que la división territorial del Estado se hace basándose en la población existente en el mismo y busca que cada diputado represente un número similar de votantes. Este criterio, denominado poblacional, tiene una enorme diferencia con el criterio geográfico, haciéndolos incompatibles uno con el otro, ya que este último toma como base para la distritación una cierta extensión territorial a la cual le corresponden ciertos Municipios que no necesariamente tendrán un número similar de electores, pues lo que importa es la división geográfica y no la poblacional. Así pues, las fracciones del artículo de marras son contrarias a nuestra Constitución Federal, pues ésta ordena expresamente en el citado artículo 116, fracción II, que el criterio a seguir por las Legislaturas de los Estados es el poblacional en relación con los distritos o representantes, de ahí que el número de diputados en las Legislaturas de los Estados deba ser proporcional al número de habitantes de la entidad federativa correspondiente, y si los representantes son precisamente los diputados, debe concluirse que el número de diputados debe ser en todo momento proporcional al número de habitantes. Ahora bien, los diputados son electos en distritos electorales, y si a cada diputado corresponde un distrito, debemos afirmar que los distritos electorales deben ser proporcionales al número de habitantes en las entidades federativas. Lo anterior obliga a reflexionar sobre el fin que persigue el Poder Constituyente Permanente al establecer esta proporcionalidad con base en la población. Esta finalidad es precisamente que cada diputado represente un número similar de electores a fin de que la población se encuentre equitativa, proporcional y debidamente representada en el Congreso, buscándose evitar que exista una subrepresentación o una sobrerepresentación en las Legislaturas Estatales. Al respecto, en tratándose de la representatividad, el célebre maestro Enrique Sánchez Bringas en su obra Derecho Constitucional señala que: ‘Esa representatividad cobra especial importancia en el Estado Federal porque cada Estado o provincia tiene un número variable de diputados federales en proporción a su población, a diferencia de la Cámara de Senadores donde es el mismo número de individuos por cada entidad federativa sin considerar las diferencias territoriales y poblacionales de los Estados.’. Una vez transcrito el artículo cuya inconstitucionalidad se reclama y el precepto constitucional federal violado, me permito abundar en las argumentaciones jurídicas en virtud de las cuales consideramos que los preceptos que se atacan resultan inconstitucionales. Se considera pertinente señalar qué se debe entender por ‘geografía electoral’, la cual es considerada como la delimitación del ámbito territorial para el registro y distribución de los ciudadanos que habrán de participar en unas elecciones; así, podemos afirmar que debido a los fenómenos migratorios, la movilidad poblacional y los cambios en la geografía económica, la distribución territorial debe actualizarse en forma periódica, ya que el aumento o disminución de la población en determinado territorio puede traer efectos desfavorables, como distorsiones o desajustes en el equilibrio que debe existir en una contienda electoral. Así las cosas, para evitar estos efectos nocivos, la distribución territorial debe perseguir fundamentalmente los siguientes propósitos, a saber: a) El valor idéntico de cada voto, es decir, lograr el objetivo de ‘un ciudadano un voto’, este propósito consiste en vincular una parte de la población ciudadana asentada en una porción del territorio con un cierto número de representantes a elegir, de tal forma que cada cargo represente, en la medida de lo posible, la misma cantidad de habitantes. De esta manera se busca que cada voto emitido tenga el mismo valor por servir siempre para elegir un número similar de representantes, lo cual constituye una forma de concretar el principio democrático de la igualdad del voto, tratándose de evitar las distorsiones en la representación anteriormente comentada, de tal forma que cada voto se refleje de manera equitativa en la integración del órgano a elegir. Así podemos ver que uno de los casos más conocidos de este tipo de distorsiones, comúnmente citado por la doctrina, es el acontecido en Inglaterra en mil novecientos cincuenta y uno, en donde el Partido Laborista obtuvo con doscientos mil votos más que su adversario el cuarenta y nueve por ciento de los votos, mientras que el Partido Conservador consiguió el cuarenta y ocho por ciento. No obstante por esta ventaja, por efecto de una distritación distorsionada, los conservadores se adjudicaron veintiséis escaños más que el laborismo (Fuente: Pacheco Guadalupe, Ricardo Becerra y José Woldenberg. La Nueva Geografía Electoral, revista Etcétera, número 68, 19 de mayo de 1994, México). Otro ejemplo de estos desajustes lo representa lo acontecido en el Distrito Federal en las elecciones federales de mil novecientos noventa y cuatro, en las que se dio el caso de un distrito electoral con seiscientos mil electores (Distrito XL) y otro con 50 electores (Distrito XXXIII), este fenómeno que tuvo sus orígenes en una distritación establecida antes de mil novecientos noventa, provocó sin duda inequidad en el valor del voto, pues en el primer distrito citado la curul tuvo un costo en votos doce veces mayor que en el otro distrito mencionado (Fuente: Memoria del Proceso Electoral Federal 1997. Publicación del Instituto Federal Electoral). De igual forma y para mayor abundamiento, nos permitimos citar casos que en Estados Unidos de América se han dado al respecto. Nos permitimos hacer esta referencia por dos cuestiones fundamentalmente: la primera es que existen similitudes entre los sistemas constitucionales norteamericano y mexicano; y la segunda es que en México no se ha dado una discusión a nivel de Justicia Federal tan abundante ni con tanta jurisprudencia en la materia de la representación y la distritación electoral. Por ejemplo en el caso de Wells contra Rockefeller (Wells vs. Rockefeller, 394 U.S. 542 en 546 [1969]), la Corte rechazó el plan de Nueva York porque no se apegaba a los criterios de protección equitativa. El plan de Nueva York daba como resultado distritos de casi el mismo tamaño en las distintas regiones del Estado, pero no de igual población en todo su territorio. El Alto Tribunal dictaminó que esto era inaceptable por cuanto el Estado no podía alegar, ni alegaba que sus legisladores habían procurado de buena fe lograr una igualdad matemática precisa entre los distritos para elegir congresistas. Fue otra vez Brennan quien expresó la opinión de la Corte: ‘aceptar un plan como el de Nueva York abriría la puerta para que ciertos grupos de distritos con intereses de orientación definida lograran mayor representación a expensas de los que tienen orientaciones distintas. La igualdad de población entre los distritos subestatales no es justificación para la desigualdad de los distritos estatales’. En 1967 el Alto Tribunal insinuó la estricta posición que adoptaría dos años después. Con dos opiniones sin firma devolvió a Indiana y Missouri para su revisión unos planes de redistribución distrital para la elección de congresistas que permitían variaciones de hasta el 20% del promedio de población correspondiente a cada distrito. (Duddleston vs. Grillis, 385 U.S. 155; Kirkpatrick vs. Preisler, 385 U.S. 450 [1967]). Dos años después, el plan revisado de Missouri volvió a la Corte para su estudio. Con el dictamen para el caso de Kirkpatrick contra Preisler, el Alto Tribunal rechazó el plan por una votación de seis contra tres. La mayoría lo juzgó inaceptable porque permitía variaciones de hasta 3.1% de lo que serían los distritos con poblaciones estrictamente iguales (Kirkpatrick vs. Preisler 394 U.S. 526 [1969]). En esta forma, la Corte puso en evidencia su rigurosa aplicación de la norma ‘una persona un voto’ a la redistribución de distritos electorales para congresistas. Sólo se permitirían desviaciones mínimas al estricto principio de igualdad poblacional cuando el Estado presentara pruebas convincentes de que la variación no podía evitarse. En nombre de la mayoría, el Juez Brennan declaró que no existía ‘un número o porcentaje fijo de variación poblacional que resulte lo suficientemente pequeño como para considerarlo «de minimis» (sic) y que satisfaga sin discusión el criterio de «hasta donde sea viable»’ (Kirkpatrick vs. Preisler 394 U.S. 530 [1969]). En 1973 la Corte reafirmó unánimemente el riguroso criterio para el trazado de distritos legislativos que había fijado en el caso Kirkpatrick. En 1971 invalidó el plan de distribución Texas, el cual presentaba diferencias de casi 5% entre los distritos más populosos y menos poblados. Un poco más estricto este principio se analizó diez años después, el 22 de junio de 1983, la Corte volvió a subrayar el estricto criterio de ‘una persona un voto’, pero esta vez no hubo unanimidad. Dividida en cinco votos contra cuatro al fallar el caso de ‘Karcher contra Daggett’, la Corte abrogó el plan de redistribución de distritos para congresistas de Nueva Jersey, basado en el censo de 1982. Aunque la variación entre el distrito más populoso y el menos poblado no llegaba al 1%, la Corte sostuvo que se debía justificar esa diferencia como necesaria para alcanzar un importante objetivo estatal. Nueva Jersey no había presentado ninguna justificación. La Suprema Corte abrió las puertas a toda una nueva categoría de casos políticos el 30 de junio de 1986, cuando dictaminó que las demarcaciones políticas arbitrarias están sujetas a la revisión constitucional de los tribunales federales, incluso si los distritos controvertidos cumplen con el criterio de ‘una persona un voto’. ‘Se trata de un problema de representación’ escribió el Juez Byron R. White en el caso de ‘Davis contra Bandemer’ (478 U.S. 109), y ‘declinamos sentenciar que tales demandas no son jamás justiciables’. El caso de ‘Davis contra Bandemer’ se presentó ante la Corte como una recusación de los demócratas de Indiana contra la redistribución hecha en 1981 de la proporcionalidad de los escaños en la Legislatura Estatal. Los demócratas alegaron que el mapa diseñado por los republicanos favorecía de tal modo a este partido que en la práctica negaba a los demandantes una representación adecuada en el Estado. Todos los datos anteriores fueron obtenidos y pueden ser consultados en el libro: La Suprema Corte de Justicia y los Derechos Individuales. De Elder Witt, De. Gemika, 1998, págs. 177 y ss. Ahora bien, volviendo al caso que nos ocupa vemos que con la redacción de la fracción VI del artículo 28 multicitado, que hoy se combate, se obliga al órgano electoral estatal, en este caso Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, a realizar una distritación tomando como base el criterio geográfico y las condiciones socioeconómicas y no únicamente el poblacional, ya que como se desprende de la multicitada ley, se establece expresamente que cada Municipio del Estado debe contar con una representación particular en el Congreso del Estado, es decir, cada Municipio debe tener mínimo un diputado sin tomar en cuenta la población total con que cada Municipio cuenta, lo cual representaría que existieran diputados con una sobrerepresentación y otros con una subrepresentación. La anterior afirmación la fundamentamos en los siguientes hechos. En primer término se presenta una tabla en la cual se muestra la conformación de los distritos electorales en las elecciones pasadas celebradas el día 17 de febrero de 2002, señalando la lista nominal de electores y el padrón electoral (cuadro 1): Cuadro 1. Contiene la lista nominal y el padrón electoral de las elecciones del 17 de febrero de 2002.

Ver cuadro 1

"En el presente cuadro se aprecia que hay distritos electorales como el XIV que sólo tiene 8,424 electores en la lista nominal en comparación con el XI que tiene 84,409 electores en la lista nominal; con lo cual se aprecia que en el distrito electoral XIV existe una sobrerepresentación y en el XI una subrepresentación. De igual forma y para mejor ilustrar presentamos la siguiente tabla, en la cual se muestra la población total del Estado y la forma de distribución de los distritos electorales uninominales tomando como base el criterio geográfico de distribución establecido por la norma general cuya inconstitucionalidad se reclama, y basándonos en el último censo de población llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el Estado de Quintana Roo (cuadro 2). Cuadro 2: Contiene la población total del Estado de Quintana Roo distribuida en cada Municipio del mismo, según datos del último censo de población llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en la entidad en el año 2000.

Ver cuadro 2

"En el cuadro anterior nos damos cuenta de que mientras en el Municipio de Benito Juárez la representación actual por distrito es de 104,953 personas por distrito, en los Municipios de Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas la representación es de 11,313 y 20,411 habitantes por distrito, respectivamente, es decir, el diputado del distrito que correspondería al Municipio de Benito Juárez representaría el 11 (por ciento) de la población total del Estado, y los diputados de los distritos que correspondan a los Municipios de Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas representan el 1.29 y 2.33 por ciento, respectivamente, de la población total de la entidad, por lo que se puede apreciar que hay una clara desigualdad en la representación de la población y el principio de una persona un voto, no se cumple, lo cual constituye una clara contravención a lo establecido por nuestra Carta Magna. A mayor abundamiento y para efectos de reforzar nuestro dicho en el sentido de que la reforma toma como base un criterio geográfico y no poblacional, nos permitimos señalar que en 1999 y 2002 esa Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó precedentes al respecto, por lo que nos permitimos transcribir los criterios sostenidos por ese Alto Tribunal al resolver las acciones de inconstitucionalidad 12/99 y 35/2001: ‘Es importante destacar lo que debe entenderse por geografía electoral. En los lugares de gran población y territorio, la organización de las elecciones plantea problemas técnicos importantes, sobre todo lo que se refiere al registro y distribución de los electores. Lo anterior obliga a buscar mecanismos de distribución con diversos propósitos, entre los cuales destaca el de vincular una parte de la población ciudadana asentada en una porción del territorio nacional con un cierto número de representantes a elegir, de tal modo que, tomando como ejemplo el caso de los comicios para integrar la Cámara de Diputados, cada curul representa en la medida de lo posible la misma cantidad de habitantes. De esta manera se logra que cada voto emitido tenga el mismo valor, al servir siempre para elegir un número similar de representantes, lo que constituye una forma de concretar el principio democrático de la igualdad del voto. Sin embargo, existen casos justificados en los cuales un representante no se elige necesariamente por el mismo número de electores, como ocurre en nuestro país con la elección de senadores

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18333-c94b09d2/accion-de-inconstitucionalidad-cuando-se-impugnen-normas-generales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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