ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA. DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. LOS ARTÍCULOS 22, NUMERAL 1; 24, NUMERAL 1, INCISO B); 28, NUMERAL 1, INCISO A); 29, NUMERAL 1; Y 30, NUMERALES 1 Y 2, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, NO TRANSGREDEN DICHA GARANTÍA. PARTIDOS POLÍTICOS. CORRESPONDE AL LEGISLADOR ESTABLECER LOS REQUISITOS PARA SU CREACIÓN, CON APEGO A LAS NORMAS CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES Y CONFORME A CRITERIOS DE RAZONABILIDAD QUE PERMITAN EL PLENO EJERCICIO DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICA. PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 22, NUMERAL 1, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, NO TRANSGREDE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICA CONSAGRADA EN LOS ARTÍCULOS 9o. Y 35, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 38, NUMERAL 1, INCISO D), DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, QUE ESTABLECE QUE SUS EMBLEMAS, DENOMINACIÓN Y COLORES QUE UTILICEN, NO DEBEN SER IGUALES O SEMEJANTES A LOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES YA EXISTENTES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 56, NUMERAL 4, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, QUE PROHÍBE QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, DURANTE SU PRIMERA ELECCIÓN, REALICEN FRENTES, COALICIONES O FUSIONES, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 9o., 35, FRACCIÓN III, Y 41 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/2004 Y SU ACUMULADA 9/2004. PARTIDO DEL TRABAJO Y LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA MOVIMIENTO NACIONAL DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y LAURA GARCÍA VELASCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciséis de marzo de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escritos presentados el veintinueve y treinta de enero de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Ricardo Cantú Garza, José Narro Céspedes, Rubén Aguilar Jiménez y Marcos Cruz Martínez, quienes se ostentaron como integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo y Kalyanamaya de León Villard, quien se ostentó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la agrupación política nacional, Movimiento Nacional de Organización Ciudadana, respectivamente, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se mencionan:
II. Autoridad que emitió y promulgó la norma general impugnada:
El partido político del Trabajo señaló como tales a:
a) La Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
b) La Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
c) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Por su parte, la agrupación política nacional, denominada Movimiento Nacional de Organización Ciudadana señaló a:
1. Cámara de Diputados.
2. Cámara de Senadores.
3. Presidente de la República.
4. Secretario de Gobernación.
5. Director del Diario Oficial de la Federación.
III. Norma general cuya invalidez se reclama y medio oficial en que se publica:
El Partido del Trabajo y la agrupación política nacional Movimiento Nacional de Organización Ciudadana, señalaron en forma coincidente:
Los artículos 22, numeral 1, 24, numeral 1, inciso b), 28, numeral 1, inciso a), 29, numeral 1, 30, numeral 1, 38, numeral 1, inciso d), la adición del numeral 2 al artículo 30 y la adición del numeral 4 al artículo 56 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil tres.
SEGUNDO. El Partido del Trabajo señaló como conceptos de invalidez los siguientes:
"Primer concepto de invalidez. Las reformas electorales realizadas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales son inconstitucionales y afectan de manera directa a los ciudadanos mexicanos y organizaciones de todo tipo, así como al propio Partido del Trabajo, puesto que en las mismas, de manera indebida se impide a todo tipo de organizaciones poder constituirse en partido político nacional, asimismo, se aumentan de forma desmedida los requisitos para poder constituir un partido, se hace exclusiva la utilización de los colores y se prohíben las coaliciones frentes y fusiones, hechos que ocasionan un detrimento a la democracia del país y violan el derecho a la libre asociación para tomar parte en los asuntos políticos de nuestra nación. De tal suerte que con la entrada en vigor de las reformas, se coarta directamente el derecho de la libre asociación restringiéndose ésta, se viola el concepto de democracia establecido en la Constitución y se discrimina nítidamente sin sentido alguno, por lo que al normar las reformas, hechos y requisitos contrarios a los establecidos en nuestra Constitución, dichas normas al efecto adquieren la característica de ser de carácter autoaplicativos donde con su sola vigencia causan agravio al interés público, ya que evidentemente violan tanto garantías individuales como derechos políticos-electorales. Vale la pena comentar sin ser óbice, antes de entrar en vigor las reformas electorales, sí era permisible para todo tipo de organizaciones constituirse en partido político nacional sin discriminación alguna, donde además, al haberse ya constituido de ninguna manera se les restringía por ser partidos de nueva creación su derecho a hacer coaliciones frentes y fusiones, hecho que desde luego repercute directamente a nuestro instituto político como más adelante se acreditará, ya que estará impedido para ejercer de igual forma su derecho a la libre asociación. En efecto Usías, las reformas electorales al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que se combaten mediante la presente acción de inconstitucionalidad resultan ser del todo violatorias de los artículos 1o., 9o. y 35 de nuestra Constitución Política Mexicana, puesto que al surtir efectos las mismas, se impide a los ciudadanos así como a las organizaciones, tanto el derecho a poder notificar su intención de querer formar un partido político nacional ante la autoridad competente, como el derecho a solicitar el registro del mismo, resultando así de dicha reforma una exclusión y discriminación que la misma ley de la materia antes de ser reformada no preveía y, por el contrario estimulaba e incentivaba la democracia mediante pluralidad de sujetos, entes e ideas, de quienes tuvieran la intención de conformarse como un instituto político nacional, siendo que ahora por el contrario sólo las agrupaciones políticas nacionales ya registradas tendrán el derecho exclusivo a formar partidos políticos nacionales, de ahí que la presente reforma sea de carácter autoaplicativo en perjuicio de la ciudadanía y demás organizaciones, así como violatoria de la Constitución Política Mexicana, ya que con su simple vigencia coarta el derecho de libre asociación, al resultar notorios dichos impedimentos inconstitucionales, por tanto dichas reformas son violatorias de garantías individuales así como de derechos políticos de los ciudadanos y organizaciones. A mayor abundamiento, el decreto de fecha 31 de diciembre del año 2003, promulgado por el Poder Ejecutivo que reforma los artículos 22, numeral 1, 24, numeral 1, inciso b), 28, numeral 1, inciso a), 29, numeral 1, 30, numeral 1, 35, numeral 1, inciso a), 38, numeral 1, inciso d) y la adición al artículo 30 con un numeral 2 y el artículo 56 con un numeral 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, desde luego que atenta contra la garantía individual establecida en el artículo 9o. constitucional el cual salvaguarda el derecho de asociación de los ciudadanos de la República con un fin lícito en asuntos políticos del país, donde claramente éste dice que: ‘No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en asuntos políticos del país. ...’. Es decir, de acuerdo con el contenido de las reformas electorales aprobadas por el H. Congreso de la Unión y asimismo ya promulgadas por el Poder Ejecutivo y/o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos que indebidamente se excluye para poder formar un partido político nacional a las organizaciones ciudadanas o a los ciudadanos mexicanos que en lo individual decidan asociarse con un fin lícito para constituir una entidad de interés público, por lo anterior, desde luego resulta ser del todo ilegal, excluyente y hasta discriminatorio como ya se dijo, violándose así dicha garantía individual y derecho político, cuando la esencia del artículo 9o. constitucional establece lo contrario, es decir, impide constitucionalmente coartar el derecho de asociarse con cualquier objeto lícito a los ciudadanos de la República que quieran tomar parte en los asuntos políticos del país. Como lo puede ser por ejemplo, por medio de un partido político nacional. De ahí que el Partido del Trabajo tenga el interés jurídico necesario y suficiente para promover la presente acción de inconstitucionalidad, toda vez que de acuerdo al artículo 41 constitucional es su obligación promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, así como contribuir a la integración de la representación nacional, por lo que ante ello y toda vez que las reformas electorales son inconstitucionales, como se ha manifestado se acredita nuestro interés constitucional para que el país no sufra un detrimento en su sistema político, vida democrática así como tampoco que ésta se acote, coartándose garantías individuales y derechos políticos, razón por la que se promueve la presente acción. Por lo que el haberse suprimido mediante dicha reforma ofensiva al derecho, el que las organizaciones de todo tipo no puedan constituirse en partido político y sólo lo puedan hacer las agrupaciones políticas nacionales, es inconstitucional de acuerdo a lo que por su naturaleza jurídica establece el artículo 9o. de nuestra Carta Magna, que no impone más límites que los que el mismo artículo ordena, y que evidentemente por parte de las leyes ordinarias se deben respetar y no restringir acorde lo ordenado por el artículo 1o. constitucional, pues de lo contrario todos aquellos actos ciudadanos que cumplan con el artículo 9o. constitucional se verán seriamente coartados, volviéndose así letra muerta el derecho a la libre asociación. Segundo concepto de invalidez. Las reformas electorales aprobadas por las autoridades responsables ordenan lo siguiente, donde para su mejor ilustración, se procede a hacer una comparación de lo que decía el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales antes de ser reformado y lo que monstruosamente ahora manifiesta: a) El artículo 22 antes de ser reformado decía: ‘1. La organización o agrupación política que pretenda constituirse en partido político para participar en las elecciones federales deberá obtener su registro ante el Instituto Federal Electoral. ...’. b) El artículo 22 ahora reformado sólo dice: ‘1. La agrupación política nacional que pretenda constituirse en partido político para participar en las elecciones federales deberá obtener su registro ante el Instituto Federal Electoral. ...’. a) El artículo 24 antes de ser reformado decía: ‘1. Para que una organización pueda ser registrada como partido político nacional, deberá cumplir los siguientes requisitos. ...’. b) El artículo 24 ahora reformado dice: ‘1. Para que una agrupación política nacional pueda ser registrada como partido político nacional, deberá cumplir los siguientes requisitos. ...’. a) El artículo 28 antes de ser reformado decía: ‘1. Para constituir un partido político nacional, la organización interesada notificará ese propósito al Instituto Federal Electoral entre el 1o. de enero y el 31 de julio del año siguiente al de la elección y realizará los siguientes actos previos tendientes a demostrar que se cumple con los requisitos señalados en el artículo 24 de este código. ...’. b) El artículo 28 ahora reformado dice: ‘1. Para constituir un partido político nacional, la agrupación política nacional interesada notificará ese propósito al Instituto Federal Electoral entre el 1o. de enero y el 31 de julio del año siguiente al de la elección y realizará los siguientes actos previos tendientes a demostrar que se cumple con los requisitos señalados en el artículo 24 de este código. ...’ a) El artículo 29 antes de ser reformado decía: ‘1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido político nacional, la organización interesada, en el mes de enero del año anterior al de la elección, presentará ante el Instituto Federal Electoral la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes documentos. ...’. b) El artículo 29 ahora reformado dice: ‘1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido político nacional, la agrupación política nacional interesada, en el mes de enero del año anterior al de la elección, presentará ante el Instituto Federal Electoral la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes documentos. ...’. a) El artículo 30 antes de ser reformado decía: ‘1. El Consejo General del Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro como partido político nacional, integrará una comisión para examinar los documentos a que se refiere el artículo anterior a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en este código. La comisión formulará el proyecto de dictamen de registro.’. b) El artículo 30 ahora reformado dice: ‘1. El Consejo General del Instituto, al conocer la solicitud de la agrupación política nacional que pretenda su registro como partido político nacional, integrará una comisión para examinar los documentos a que se refiere el artículo anterior a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en este código. La comisión formulará el proyecto de dictamen de registro.’. Como se puede apreciar, de la reforma a dichos preceptos, recae la supresión del derecho de las organizaciones de todo tipo a formar un partido político, que evidentemente son quienes físicamente representan a éste así como a las agrupaciones políticas nacionales, luego entonces, raya en lo absurdo su eliminación lo que es del todo inconstitucional de los artículos 9o. y 35, pues se priva y coarta el derecho de todas aquellas organizaciones ciudadanas de querer constituirse como partido político nacional, obligándoseles por cierto, a formar antes una agrupación política nacional, cuando muchas de estas organizaciones quizá no tengan el más mínimo interés en ser agrupación política nacional, por lo que entonces la pregunta que surge es: ¿Por qué si existe en la Constitución el libre derecho y prerrogativa del ciudadano de asociarse individual y libremente para tomar parte de los asuntos políticos del país, siendo uno de los medios un partido político nacional, ahora con dicha reforma electoral al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se coarta ese derecho y se impone la obligación de ser una agrupación política nacional, antes de poder ser partido? ¿Cuál es el sentido de ello? En la exposición de motivos a las reformas de la legislación electoral federal no aparece ningún sentido y sí por el contrario, denota la intención de violar evidentemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arruinar la débil democracia lograda desde el año de 1996 y, por supuesto, bloquear la pluralidad política de corrientes ideológicas existentes en México para así convertir a nuestro sistema político democrático en uno fascista, donde con el tiempo quizá hasta se impida totalmente crear nuevos partidos políticos. Es decir, ahora resulta que la pluralidad democrática que tuvo apertura en el año de 1996, con las más trascendentes reformas electorales de los últimos 10 años en el país, donde se creó un Instituto Federal Electoral autónomo con consejeros electorales ciudadanos, se creó un tribunal especializado en materia electoral perteneciente al Poder Judicial de la Federación, se creó la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, por supuesto, se reformó de alguna manera mejorándose los procedimientos electorales que ya contenía el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; con sendas espurias reformas se pretende eliminar esa pluralidad democrática, el avance democrático político y jurisdiccional y los derechos políticos ciudadanos, coartándose así de igual forma la antes existente optatividad que se tenía por medio de las organizaciones al querer formar ya sea sólo una agrupación política nacional, o en su caso, crear directamente un partido político nacional. Luego entonces, ante la eliminación del derecho que tenían las organizaciones ciudadanas de todo tipo de poder constituirse en partido político nacional, quedando ese derecho ahora sólo para las agrupaciones políticas nacionales, es claro que con la reforma que se hizo a los artículos antes transcritos lo único que se obtuvo es un ilegal filtro o prerrequisito que va en detrimento de lo que nuestra Constitución expresa en su artículo 3o. sobre la democracia, y que a saber dice: ‘la democracia no es sólo una estructura jurídica y un régimen político, sino además un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.’. Concepto que debe respetarse irrestrictamente en virtud de que en términos del artículo 40 constitucional es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática y federal. Luego entonces, al ser y tener nuestro país el sistema político de una República democrática, dicho concepto es evidente que por ningún motivo, acto o ley de autoridad, puede éste sufrir quebranto alguno. Tercer concepto de invalidez. De acuerdo con el artículo 41 constitucional los partidos políticos son entidades de interés público, no entidades que al parecer con dicha reforma, ahora serán sólo de las organizaciones políticas existentes que aprobaron dicha reforma electoral, donde éstas acotan dicho concepto como consecuencia de las reformas combatidas, y donde pretenden controlar a quienes sólo de manera exclusiva podrán formar un partido político nacional, atentando así contra el principio constitucional de la libre asociación. En los términos anotados si no hay un constante mejoramiento a esa democracia ya iniciada en nuestro país, es evidente que con dicha reforma electoral a los artículos ya citados, lejos de mejorarse, ésta sufrirá más bien un menoscabo al estarse acotando los derechos democráticos de la pluralidad tan amplia que hay en nuestro país, donde, por ende, se estaría permitiendo como ya se ha referido en múltiples ocasiones, una violación más clara que el agua al artículo 9o. constitucional, debido a que con la vigencia de dichas reformas, se coarta el derecho de las organizaciones ciudadanas o de los ciudadanos en lo individual, de asociarse y así lícitamente tomar parte en los asuntos políticos del país, mediante la creación de un partido político nacional, es decir, la asociación libre como derecho de las organizaciones está coartada al no poder como tales, solicitar constituirse en partido político nacional como anteriormente sí lo podían hacer y, como consecuencia, de ahora en adelante de igual forma queda coartado su derecho para poder tomar parte en asuntos políticos del país. Situación que implica entonces que los ciudadanos que no estén constituidos en una agrupación política nacional no podrán tomar parte de los asuntos políticos del país, siendo lícito como garantía y prerrogativa, excluyéndoseles y discriminándoseles así de su derecho constitucional claramente establecido. Es decir, aquellos ciudadanos que no tengan o no pertenezcan a una agrupación política nacional, y quieran formar un partido político, con senda espuria reforma estarán impedidos por siempre y, como consecuencia, nunca tendrán representatividad alguna, salvo quizá la de facto o clandestina, y asimismo, estarán por siempre bajo el imperio de una ley electoral antidemocrática y con requisitos inconstitucionales. Cuarto concepto de invalidez. El artículo 9o. constitucional, prevé en su primer párrafo elementos esenciales que las normas ordinarias deben respetar y es por ello, precisamente que en dichas leyes se manifieste que: 1. No se coarte del derecho de asociarse o reunirse pacíficamente. 2. Cuando el objeto sea lícito y 3. Solamente permitir a los ciudadanos de la República tomar parte en asuntos políticos del país. Por lo anterior, es evidente que con dichas reformas, al haberse suprimido la palabra organización y que a éstas se les impida constituirse en partido político, se excluye y limita dicha garantía individual, resultando así una ley que está restringiendo garantías individuales, hecho del todo prohibido por el artículo 1o. constitucional, ya que además denota que va más allá de lo que la misma Constitución Federal prevé, de tal manera es evidente que se está coartando el derecho de los ciudadanos a organizarse para así constituirse en entidad de interés público, lo cual es lícito, con un requisito que la misma Ley Suprema no exige y más aún siendo mexicanos, donde de igual forma no se exige ni siquiera dentro de las prerrogativas establecidas en el artículo 35, fracción III, constitucional. Además, no tan sólo se violaría el artículo 9o. constitucional, sino que, aunado a esto, se violaría el derecho de las organizaciones ciudadanas consagrado en el artículo 35, fracciones III y V, de nuestra Carta Magna, toda vez que en dicho precepto constitucional imperan las prerrogativas del ciudadano, donde una de ellas es nuevamente la de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, así como el de ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición; y, si con dichas reformas electorales al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se excluyó y suprimió a las organizaciones el derecho a poder constituirse en partido político nacional, es evidente la violación al referido precepto en virtud de que las organizaciones, en el ámbito electoral, no podrán ya asociarse ni tomar parte activamente en los asuntos políticos del país mediante la creación de un partido político nacional, es decir, sus derechos políticos se transgredirán gravemente al impedírseles como ciudadanos, pretender crear un partido político nacional, por lo que ante tal exclusión de igual forma las organizaciones ciudadanas no podrán ejercer su derecho de petición en el ámbito electoral ante el Instituto Federal Electoral para solicitar su intención de formar un partido político, no obstante que la prerrogativa dice que es en toda clase de negocios, hecho que se reitera, antes de las reformas sí se podía ejercer; por lo anterior señor instructor Ministro, el capítulo IV, De los ciudadanos mexicanos, contenido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se está transgrediendo de forma directa al prohibirse con las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prerrogativas ciudadanas ya establecidas en el artículo 35 constitucional y más aún, cuando de forma absurda la reforma a los artículos combatidos, es contradictoria con lo que establece el mismo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 5o., el cual a la letra dice: ‘1. Es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente. ...’. Luego entonces ¿Los ciudadanos u organizaciones ciudadanas pueden o no pueden, de acuerdo con la ley en la materia constituirse en partido político? Puesto que este artículo faculta indiscutiblemente a todos los ciudadanos mexicanos para solicitar al Instituto Federal Electoral su intención de constituirse en partido político, mientras que los que entraron en vigor se los prohíbe al trasladar ese derecho sólo a las agrupaciones políticas nacionales. Incoherente ¿no?, es decir, con dicho precepto al parecer están debidamente legitimadas las organizaciones ciudadanas para ser partido político, sin embargo, ante la torpeza de los legisladores que aprobaron las reformas, a la autoridad electoral no le quedará más que la opción de resolver quizá discrecionalmente con uno u otro artículo y así acceder a la petición de los ciudadanos o en su caso denegarla fundándose en los artículos reformados, lo que la obligará, desde luego, a violar el principio de certeza electoral, razón suficiente para acudir Usías, a que sean combatidos. Al estar anteriormente contemplada la palabra organización, ésta en su interpretación se utilizaba de forma amplia, donde se tenía la oportunidad y gran margen de ser no tan sólo una organización ciudadana, sino quizá una asociación civil, una agrupación política nacional, una agrupación política local, un sindicato o meros ciudadanos en lo individual con el deseo de integrarse en la constitución de un partido político nacional, es decir, existía precisamente la amplitud de formas y conceptos de entes jurídicos para poder, ante la autoridad, solicitar ser partido político y con lo cual evidentemente se respetaba la libre asociación de la forma que fuese, siempre y cuando el objetivo fuese lícito y se quisiese tomar parte en los asuntos políticos del país, así como también irrestrictamente se respetaban las prerrogativas ciudadanas de aquellos que quisiesen asociarse individual y libremente. Hechos que lamentablemente ahora se restringen ilegalmente con dichas reformas electorales, otorgándose la exclusividad sólo a las agrupaciones políticas nacionales el poder convertirse en partido político nacional. Quinto concepto de invalidez. Otra comparación que podemos hacer, para así demostrar cómo precisamente el derecho de la libre asociación debe prevalecer en todo, siempre y cuando sea lícito, es en el ámbito laboral donde tenemos que el artículo 123 constitucional, fracción XVI, prevé que: ‘Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera.’. De esto último podemos apreciar cómo el Constituyente deja de forma indeterminada el tipo de organización que pueden formar tanto los obreros como los empresarios, donde expresa el término etcétera el cual es infinito, por tanto se vela por la libre asociación, siempre y cuando ésta sea lícita, no restringiéndose en lo más mínimo, salvo en los casos cuando la misma Constitución lo establece, es decir, cuando la misma restringe hechos de forma legal, por diversas circunstancias, por lo que ninguna ley puede hacerlo si no existe armonía en la misma con lo que se ordene en la Constitución Federal. Y como ejemplo mencionaremos la excepción existente a los ministros de culto religioso, quienes de acuerdo con el artículo 130, inciso e), tienen prohibido asociarse con fines políticos, por tanto, la ley secundaria lo reglamenta de forma armoniosa y no contraviniéndola como ocurre en el caso con las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales contravienen nítidamente los artículos 1o., 9o. y 35 constitucionales, al ir más allá de lo que limita la propia Constitución Federal. Además, se respaldan los anteriores conceptos de invalidez con la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se expresan claramente los alcances de los artículos 9o. y 35 de nuestra Constitución, y como consecuencia se acredita la violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ‘DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. BASE DE LA FORMACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. El derecho de asociación en materia político-electoral es un derecho fundamental consagrado en el artículo 35, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno. La libertad de asociación, que subyace a ese derecho, constituye una conditio sine qua non de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos políticos y de asociaciones de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral está en la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas. Sobre el particular, es necesario dejar establecido que todo ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9o.; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo in fine, y IV; y 99, fracción V, de la Constitución Federal, así como 5o., párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los ciudadanos pueden formar partidos políticos y agrupaciones políticas, cumpliendo con los requisitos que se establecen en la ley. El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la Constitución Federal. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el proceso electoral.’. Sala Superior. Tesis: S3ELJ 25/2002. Sala: Superior. Época: Tercera. Tipo de tesis: jurisprudencia. Sexto concepto de invalidez. Partiendo de un cuestionamiento de reflexión, al permitirse el que queden firmes dichas reformas que coartan derechos fundamentales de la libre asociación de cualquier organización, qué sentido tendría entonces una democracia pluralista representativa y contemporánea, como la que incipientemente existe en México, si el derecho de asociación, junto con la libertad de expresión y el derecho al sufragio que constituyen la base del régimen democrático, se están obstruyendo nítidamente. El derecho de asociación más allá de su
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18023-407ae679/accion-de-inconstitucionalidad-las-agrupaciones-politicas-nacionales-carecen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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