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MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADA EN EL SISTEMA MIXTO O TRADICIONAL. SU REVISIÓN NO ATENTA CONTRA EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, YA QUE ES UN DERECHO HUMANO CUYA PROTECCIÓN Y MATERIALIZACIÓN SE LOGRAN CON LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL. ES INEXISTENTE TRATÁNDOSE DE LA REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADA EN EL SISTEMA MIXTO O TRADICIONAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTROS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADA EN EL SISTEMA MIXTO O TRADICIONAL. EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTROS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016 QUE LA PREVÉ, NO SE CONTRAPONE AL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DIVERSO DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EN DICHO MEDIO DE DIFUSIÓN OFICIAL EL 18 DE JUNIO DE 2008, SINO QUE AMBOS PRECEPTOS SE COMPLEMENTAN, ATENTO AL PRINCIPIO PRO PERSONA. REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADA EN EL SISTEMA MIXTO O TRADICIONAL. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016 QUE LA ESTABLECE, NO ESTÁ RESTRINGIDA CONSTITUCIONALMENTE POR EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DIVERSO DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2008.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 314/2016. · Registro digital (IUS): 27332
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-09-01
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Pág. 1889.

MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADA EN EL SISTEMA MIXTO O TRADICIONAL. SU REVISIÓN NO ATENTA CONTRA EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, YA QUE ES UN DERECHO HUMANO CUYA PROTECCIÓN Y MATERIALIZACIÓN SE LOGRAN CON LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016.

RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL. ES INEXISTENTE TRATÁNDOSE DE LA REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADA EN EL SISTEMA MIXTO O TRADICIONAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTROS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016.

REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADA EN EL SISTEMA MIXTO O TRADICIONAL. EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTROS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016 QUE LA PREVÉ, NO SE CONTRAPONE AL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DIVERSO DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EN DICHO MEDIO DE DIFUSIÓN OFICIAL EL 18 DE JUNIO DE 2008, SINO QUE AMBOS PRECEPTOS SE COMPLEMENTAN, ATENTO AL PRINCIPIO PRO PERSONA.

REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADA EN EL SISTEMA MIXTO O TRADICIONAL. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016 QUE LA ESTABLECE, NO ESTÁ RESTRINGIDA CONSTITUCIONALMENTE POR EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DIVERSO DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2008.

AMPARO EN REVISIÓN 314/2016. 29 DE MAYO DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO. PONENTE: HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO. SECRETARIOS: JORGE DANIEL AGUIRRE BARRERA Y ÉRIKA YAZMÍN ZÁRATE VILLA.

CONSIDERANDO:

III.-Estudio. El recurrente aduce, en síntesis, los siguientes motivos de disenso:

1. El Juez recurrido determinó "indebida e ilegalmente", que el artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales -reforma publicada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación-, era aplicable en favor del quejoso **********, en cuanto a la revisión de medidas cautelares, a pesar de que es contradictorio con el artículo cuarto transitorio constitucional -reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación-, que establece que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio, debían ser concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto, lo cual, incluso, se encuentra corroborado en el diverso artículo tercero transitorio del referido Código Nacional.

2. La resolución del Juez de amparo resulta contradictoria, pues por una parte acepta que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema penal deberán concluirse conforme a las disposiciones vigentes y, por otro lado, señala, de manera "infundada", que la aplicación del artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales es válida, por ser una excepción al artículo cuarto transitorio constitucional -reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho-; sin embargo, el actuar del Juez de Distrito transgredió el principio de supremacía constitucional, pues fue omiso en advertir que la intención del Constituyente respecto del mencionado artículo cuarto transitorio constitucional, era no combinar el sistema penal "inquisitorial" con el sistema penal acusatorio.

3. De manera errónea, el Juez recurrido establece que en aras de proteger los principios de presunción de inocencia, debido proceso y plazo razonable, bajo una interpretación pro persona, la prisión preventiva que le fue impuesta al quejoso **********, debe ser revisada conforme con lo dispuesto por el artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales -reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho-; ello, ya que el peticionario de amparo no fue objeto de detención o encarcelamiento arbitrario, pues se le dictó sentencia condenatoria por delito grave -defraudación fiscal- y, por ende, no tenía derecho a gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución.

4. El Juez de amparo fue omiso en advertir que "el incidente" que hizo valer el quejoso **********, para la revisión de la prisión preventiva que le fue impuesta, es "accesorio a un procedimiento penal" y sigue la suerte del procedimiento principal; de ahí que no deben aplicarse las reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales a dicho "incidente".

5. Resulta inexacto que el Juez recurrido, al emitir su fallo, lo sustentara en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues "cuando la Constitución prevé una restricción a un derecho humano, se debe estar a lo que establece dicha Norma Suprema", tal como lo establece la jurisprudencia de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.". De ahí que los criterios que aplicó el Juez de amparo, de rubros: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE." y "PRINCIPIO PRO HOMINE, SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA.", sean "inaplicables e instrascendentes" en el caso concreto.

Agravios planteados por el agente del Ministerio Público de la Federación, cuyo estudio se efectuará en atención al principio de estricto derecho, tal como lo establece el criterio jurisprudencial de rubro: "LITIS EN LA REVISIÓN, RIGE EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, CUANDO EL RECURRENTE ES EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL.",(4) el cual se comparte por este Tribunal Colegiado; de ahí que, en el presente caso, la suplencia de la deficiencia de la queja no puede alcanzar al extremo de beneficiar a la del fiscal recurrente, (sic) cuya institución es eminentemente técnica y, además, porque no se advierte la actualización de alguna de las diversas hipótesis de suplencia oficiosa, contenidas en el artículo 79 de la Ley de Amparo.

Precisado lo anterior, este órgano colegiado establece que los agravios del agente del Ministerio Público recurrente son infundados, por las razones que se expresarán en el presente considerando; sin embargo, previo al análisis de dicha conclusión, y para una mejor comprensión del presente asunto, es importante mencionar los siguientes antecedentes de la sentencia recurrida:

• El treinta de noviembre de dos mil once, se consignó sin detenido, la averiguación previa **********, por el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la mesa doce de la Fiscalía de Delitos Fiscales, Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, en donde ejerció acción penal en contra del quejoso ********** y otros, por el delito de defraudación fiscal calificada y solicitó se librara la respectiva orden de aprehensión en contra de aquéllos. (fojas 821 a 857, anexo I)

• En esa misma fecha, en el Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, se radicó la averiguación previa aludida, la cual se registró con el número de expediente ********** (foja 858 y vuelta, anexo I); y el uno de diciembre siguiente, el titular de dicho juzgado negó la orden de aprehensión solicitada. (fojas 420 a 435 vuelta, anexo II)

• Inconforme con dicha determinación, el agente del Ministerio Público de la Federación interpuso el recurso de apelación, del cual conoció el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, quien el veintidós de marzo de dos mil doce, dentro del toca penal **********, revocó la resolución impugnada y libró orden de captura en contra del quejoso y otros (fojas 436 a 450 vuelta, anexo II), la cual se cumplió el veintiuno de mayo de dos mil trece, dejando interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de esta ciudad a dicho justiciable y a disposición del mencionado Juez del proceso. (fojas 482 a 485 vuelta, anexo II)

• Luego, el veintidós de mayo de dos mil trece, en la declaración preparatoria que rindió el quejoso, previa información de los derechos constitucionales otorgados a su favor y la designación que realizó de su defensor particular, el Juez de instancia hizo de su conocimiento que el delito por el cual se ejerció acción penal en su contra, estaba considerado como grave y, por ende, que no tenía derecho a disfrutar del derecho a la libertad provisional bajo caución. (fojas 498 a 500 vuelta, anexo II)

• Una vez seguido el procedimiento en todas sus etapas, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se dictó sentencia condenatoria en contra del referido quejoso y otros, por el delito defraudación fiscal -se le impuso una pena de cuatro años seis meses de prisión-. (fojas 730 a 822, anexo VII)

• Por acuerdo de seis de junio de dos mil dieciséis, el Juez de la causa tuvo por recibidos los escritos del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como del defensor público federal del quejoso y otro de sus coinculpados, a través de los cuales interpusieron recurso de apelación;(5) y se reservó proveer lo conducente hasta en tanto obrara la notificación ordenada a los cosentenciados del quejoso -********** y **********-. (fojas 923 a 925 vuelta, anexo VII)

• Luego, mediante proveído de veintinueve de junio siguiente -acto reclamado-, el Juez de instancia ordenó integrar el escrito del quejoso **********, a través del cual solicitó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta, mediante la aplicación del artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales -reforma publicada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación- (fojas 932 y 933, anexo VII) y, en esa misma fecha, el Juez de la causa desechó de plano dicha solicitud, bajo el argumento toral de que en el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma a diversos preceptos constitucionales -publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación-, se estableció que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, debían ser concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto. (fojas 936 a 942 vuelta, anexo VII)

• Inconforme con dicha determinación, el veinte de julio subsecuente, el quejoso **********, -a través de su defensor público federal- promovió demanda de amparo, de la que conoció el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, bajo el juicio de amparo indirecto **********, quien mediante sentencia de diez de octubre del año pasado, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada para el efecto de que el Juez responsable dejara insubsistente el acuerdo que se le reclamó, y dictara uno nuevo en el que diera trámite a la petición que formuló el quejoso, para que con plenitud de jurisdicción resolviera sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta; y, en caso de sustituirla, aplicara en lo conducente, la vigilancia de la misma. (fojas 63 a 82 vuelta, del cuaderno de amparo)

Ante dicha determinación, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho juzgado, interpuso recurso de revisión, el cual es motivo de análisis en el presente fallo.

Destacado lo anterior, se insiste, resultan infundados los agravios del impugnante, los cuales se concentran en controvertir lo relativo a que de manera desacertada el Juez de amparo determinó que el artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales -reforma publicada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación-, era aplicable a favor del quejoso **********, en cuanto a la revisión de medidas cautelares, a pesar de que es contradictorio con el artículo cuarto transitorio constitucional -reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación-, que establece que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio, debían ser concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto, lo cual, incluso, se encuentra corroborado en el diverso artículo tercero transitorio del referido Código Nacional; y que con dicho actuar, el ahora Juez recurrido transgredió el principio de supremacía constitucional.

Lo infundado de estos argumentos estriba en que si bien es cierto que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el Constituyente Permanente determinó reformar los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, fracciones XXI y XXIII, 115, fracción VII y 123, apartado B, fracción XIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la implementación del sistema procesal penal acusatorio oral en el territorio nacional -que se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación- y que en el artículo cuarto transitorio se estableció que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, continuarían sustanciándose hasta su conclusión, conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad, lo cual también quedó plasmado en el artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce;(6) también es cierto que, el artículo quinto transitorio(7) del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras legislaciones, estableció la posibilidad de que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva -la cual fue impuesta al quejoso **********- que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente, la revisión de dichas medidas.

De ahí que, contrario a lo aducido por el recurrente en sus agravios, de manera acertada el Juez de amparo, al momento de emitir su resolución y observando lo narrado en supralíneas, estableció que el sistema de justicia penal acusatorio -instaurado en la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho- sólo era aplicable a los procedimientos iniciados con su entrada en vigor, pues en aquellos asuntos iniciados con anterioridad, se seguiría al procesado **********, con el mismo sistema que se le ha venido aplicando -tradicional o mixto- hasta ser sentenciado, y que esa sentencia cause ejecutoria, ya que de ninguna manera se le podían aplicar las disposiciones procesales del nuevo sistema de justicia penal para determinar si los hechos que cometió constituían o no un delito, ni lo relativo a la responsabilidad penal en su comisión.

Aunado a que señaló que el artículo quinto transitorio de la llamada "miscelánea penal", no se contraponía con la restricción del diverso artículo cuarto transitorio constitucional, sino que se complementaban, pues el primero de los referidos artículos transitorios facultaba al juzgador de primera instancia, aun en el sistema tradicional, a revisar la medida cautelar impuesta basando su petición en un derecho vigente como lo es el artículo 19 constitucional; de modo que no existía aplicación retroactiva de la norma en perjuicio del quejoso sujeto a proceso, sino que por el contrario, ello redundaba en su beneficio por aplicación del principio pro homine contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales -Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- y las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -respecto a la prisión preventiva-.

Razonamientos que este órgano colegiado considera acertados, ya que dichos artículos transitorios no se contraponen al permitir que exista la revisión de medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva, impuestas por autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio.

Ello, en virtud de que del artículo quinto transitorio de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se advierte una clara intención del legislador de incorporar el marco constitucional al sistema procesal penal anterior, tratándose de la prisión preventiva, en beneficio de los imputados y atendiendo a la mínima intromisión a los derechos humanos; todo esto, en aras de tutelar el derecho humano a la libertad personal y en observancia del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que todas aquellas normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Norma Máxima del Estado Mexicano y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia; precepto constitucional que, además, impone a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, aplicando lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos -artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 2- y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos -artículo 9, numeral 3-, en torno a la prisión preventiva, en atención al principio pro persona, esto es, que la autoridad siempre debe actuar a favor de las personas, como lo es en el caso.

Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, de título, subtítulo y contenido:(8)

"PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.-De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano."

Aunado a que la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta al quejoso, cobra aplicación no solamente conforme a lo previsto a nivel constitucional y en los referidos instrumentos internacionales, sino también en atención a lo establecido en las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en torno a que la prisión preventiva es una medida excepcional y no una regla general;(9) ello, en virtud de que éstas son vinculantes para los Jueces mexicanos, siempre que los criterios ahí establecidos sean más favorables para la persona, como lo es en el caso, pues de no permitirse la revisión de dicha medida cautelar que le fue impuesta al quejoso de mérito, no sería posible constatar si se violentan o no en su perjuicio los principios de presunción de inocencia, debido proceso legal y plazo razonable, precisamente porque al ser la prisión preventiva una medida que debe estar sujeta a criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, es factible examinar, pasado un plazo razonable y al no existir todavía una decisión firme al respecto de la culpabilidad del inculpado, si la mencionada restricción a su libertad debe tutelarse desde otra perspectiva; todo ello, en aras de favorecerlo en la protección más amplia conforme al principio pro persona.

Al respecto, se menciona la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 204 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas», de título, subtítulo y texto:

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos."

En esa tesitura, es de colegirse que, contrario a la aducido por el recurrente en sus motivos de disenso, el Juez de amparo no inobservó el principio de supremacía constitucional al momento de emitir la resolución que ahora se recurre, ya que de la interpretación literal y sistemática del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, respecto al primer párrafo del artículo 1o. constitucional, se advierte que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente -en el Texto Constitucional o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte-, no se relacionan en términos jerárquicos, porque conforman el llamado "parámetro de control de regularidad constitucional", lo cual evita que dichas normas puedan contravenir el principio de supremacía constitucional, precisamente porque al integrarse expresamente al ordenamiento jurídico interno, forman parte del catálogo de derechos humanos que se encuentra elevado a rango constitucional; aunado a que, si bien es cierto que cuando en la Constitución existe una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la Norma Constitucional, en el presente caso, no se advierte que el derecho humano consistente en la libertad del mencionado quejoso, se encuentre restringido, pues en el propio artículo 19 constitucional -antes y después de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho-, no existe restricción alguna respecto a la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta y, por ende, lejos de irrumpirse con el principio de supremacía constitucional, éste se reafirma, al incorporarse el marco constitucional al sistema procesal penal anterior, tratándose de los aspectos relacionados con la prisión preventiva que establece dicho numeral constitucional, hoy vigente.

De ahí que sin irrumpir con el principio de supremacía constitucional, y en pleno acatamiento al deber de salvaguardar la tutela de derechos humanos bajo un principio de progresividad, que consagra el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera acertada, el Juez de Distrito concedió el amparo solicitado por el quejoso, para que el Juez responsable aplicara en beneficio de aquél, las reglas que para la revisión de la medida privativa de libertad establece la legislación procesal adversarial -artículos 153 a 171 y 176 a 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales-, contenidas en el artículo quinto transitorio a que se ha hecho referencia, es decir, para que realice los actos procesales correspondientes y, en su caso, revise, sustituya, modifique o cese la prisión preventiva -en términos del actual artículo 19 constitucional-.

Máxime que la petición del quejoso, en ningún momento implica una completa aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales al proceso que se le instruye, sino únicamente la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta y, por ende, no existió inobservancia alguna a lo señalado por el Constituyente Permanente en el artículo cuarto transitorio constitucional -reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación-, toda vez que no se concedió el amparo para que se aplicaran las disposiciones del nuevo sistema de justicia penal, y se determinara si los hechos que cometió el mencionado quejoso, constituían o no un delito, ni para que se pronunciara en lo relativo a la responsabilidad penal en su comisión.

Por otro lado, existe el criterio jurisprudencial P./J. 20/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.",(10) el cual, incluso, menciona el recurrente en su escrito de agravios; sin embargo, en el caso, no existe una restricción constitucional al ejercicio del derecho humano de la libertad personal del quejoso, ya que mientras el artículo quinto transitorio de la "miscelánea penal" es una norma de carácter sustantivo, que versa respecto a un derecho humano que es el de la libertad personal, el artículo cuarto transitorio constitucional es una norma de carácter adjetivo; de ahí que la restricción tendría que ser también de naturaleza sustantiva y, por ende, se tiene que la Constitución no restringe la revisión de las medidas cautelares.

Más aún, mediante un ejercicio de abstracción, en un primer enfoque, considerando que no existiera el mencionado artículo quinto transitorio, es innegable que se encuentra vigente el artículo 19 constitucional, cuyo párrafo segundo prevé la llamada "prisión preventiva oficiosa" para determinado número de delitos; y que este precepto constitucional no prohíbe en forma expresa que exista la revisión de medidas cautelares, ni existe precepto secundario que impida esta posibilidad; razón por la cual, constitucional y legalmente se permite que una persona promueva un incidente innominado para solicitar la revisión de su situación jurídica, por la prisión preventiva que le fue impuesta, esto es, que aun ante la ausencia de precepto legal alguno, tanto en el sistema procesal penal tradicional como en el sistema acusatorio, es s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27332-49b28428/medida-cautelar-de-prision-preventiva-decretada-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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