DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE SU MONTO SEÑALADO EN LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN SU DIVERSO PRECEPTO 17-A, CONSTITUYE UNA MODIFICACIÓN A AQUELLA DISPOSICIÓN, QUE ES APLICABLE RETROACTIVAMENTE A FAVOR DEL INCULPADO PARA ADECUAR LA PENA, EN RESPETO Y PROTECCIÓN A SU DERECHO HUMANO DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN SU BENEFICIO.
AMPARO EN REVISIÓN 68/2012. 25 DE OCTUBRE DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ENRIQUE ESCOBAR ÁNGELES. PONENTE: MARÍA EUGENIA ESTELA MARTÍNEZ CARDIEL. SECRETARIA: MAYRA LEÓN COLÍN.
CONSIDERANDO:
DÉCIMO TERCERO. Este órgano colegiado advierte parcialmente fundados los agravios 3 y 4, suficientes para revocar la sentencia recurrida y conceder para efectos el amparo solicitado.
La parte infundada del motivo de disenso 3, deriva de que en la sentencia recurrida no se aprecia que el tribunal de amparo sólo se limitara a hacer suyas las consideraciones expuestas en la resolución materia de reclamo, sin tomar en cuenta las pruebas ofrecidas por el peticionario de garantías ni sus conceptos de violación, pues al margen de la forma en que los calificó para resolver en el sentido en que lo hizo (páginas 34, 56 a 67 de la sentencia recurrida), se aprecia que la autoridad de control constitucional precisó cada uno de ellos y los contestó de la manera que estimó procedente, salvo los que consideró inatendibles, así como aludió en ellos a las pruebas documentales que éste ofreció en copia, dentro de la demanda de garantías, consistentes en:
"1. ... La sentencia que se impugna de fecha (sic) de septiembre de 2011 (anexo I). 2. ... la publicación del treinta de enero de dos mil siete del Diario Oficial de la Federación, relativa a la décima segunda resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006 (anexo II). 3. ... la publicación del nueve de febrero de dos mil cuatro del Diario Oficial de la Federación, relativa a la novena resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003 (anexo III). 4. ... la publicación del 30 de diciembre de 1996 del Diario Oficial de la Federación, relativa a la reforma al Código Fiscal de la Federación (anexo IV). 5. ... la publicación del 28 de junio de 2006 del Diario Oficial de la Federación, relativa a la reforma al Código Fiscal de la Federación (anexo V). 6. ... escrito de fecha 26 de abril de 2011, el cual obra en autos, dentro del incidente de adecuación de la pena (anexo VI) ..."
En cambio, es fundada la parte del mismo agravio en que el recurrente arguye que el juzgador de garantías, al negar el amparo solicitado, no tomó en consideración que conforme al artículo 14 de la Constitución Federal, las penas deben estar previstas en una ley, lo que aconteció en el caso, porque las correspondientes a los delitos fiscales, se encuentran establecidas, entre otros numerales, en el diverso 108 del Código Fiscal de la Federación, las cuales si bien no han sido modificadas, sino únicamente actualizados los montos de lo defraudado para fijar las sanciones, a través de las misceláneas fiscales, es irrelevante que para la actualización de tales cantidades no se haga mediante procedimiento legislativo, por lo que, si con motivo de ese reajuste de montos, se advierte una pena más favorable al recurrente, debe aplicarse ésta en observancia a los preceptos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 56 del Código Penal Federal y 553 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Previo a exponer lo fundado de tal motivo de disenso, es pertinente señalar que en observancia a lo previsto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar por los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; además, que las normas relativas a tales prerrogativas se interpretarán de conformidad con la Constitución Federal y los tratados internacionales de la materia, adoptándose la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate en atención al principio pro persona; este Tribunal Colegiado ejercerá el control de convencionalidad ex officio, en respeto y protección al derecho de retroactividad de la ley en beneficio.
Ello, conforme a la tesis P. LXIX/2011 (9a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 552 (registro IUS 160525), de rubro y texto:
"PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los Jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el poder judicial al ejercer el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los Jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano- deben de interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte."
Al respecto, cabe destacar que en la ejecutoria que dio origen a tal criterio, el Pleno del Máximo Tribunal, en el considerando sexto relativo a "Obligaciones concretas que debe realizar el Poder Judicial", precisó entre otras, que "los Jueces deberán llevar a cabo un control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad"; y al respecto en los párrafos veintisiete a treinta y tres consideró:
"... 27. De este modo, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona.
"28. Estos mandatos contenidos en el nuevo artículo 1o. constitucional, deben leerse junto con lo establecido por el diverso artículo 133 de la Constitución Federal, para determinar el marco dentro del que debe realizarse este control de convencionalidad, lo cual claramente será distinto al control concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico.
"29. Es en el caso de la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Si bien los Jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 107 y 105 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia.
"30. De este modo, el mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente, pues no podría entenderse un control como el que se indica en la sentencia que analizamos si el mismo no parte de un control de constitucionalidad general que se desprende del análisis sistemático de los artículos 1o. y 133 de la Constitución y es parte de la esencia de la función judicial.
"31. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los Jueces del país, se integra de la manera siguiente:
"• Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación;
"• Todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.
"• Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte.
"32. Esta posibilidad de inaplicación por parte de los Jueces del país en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de las leyes, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación.
"33. De este modo, este tipo de interpretación por parte de los Jueces presupone realizar tres pasos:
"A) Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los Jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
"B) Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.
"C) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces, al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte."
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Acuerdo General 11/2011, de cuatro de octubre de dos mil once, precisó en el considerando quinto, que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, lo que implica, incluso, fijar el alcance de toda disposición general favoreciendo la tutela de esas prerrogativas y llegar a la conclusión que permita mayor tutela de los derechos fundamentales.
En atención a lo anterior, es de precisar que los artículos que en el caso se estima no fueron aplicados en favor del sentenciado, disponen:
Constitución de la República:
"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
"... En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. ..."
Convención Americana sobre Derechos Humanos
"Artículo 9. Principio de legalidad y de retroactividad.
"...Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello."
Código Penal Federal
"Artículo 56. Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en la más favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad que esté conociendo del asunto o ejecutando la sanción, aplicará de oficio la ley más favorable. Cuando el reo hubiese sido sentenciado al término mínimo o al término máximo de la pena prevista y la reforma disminuya dicho término, se estará a la ley más favorable. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado a una pena entre el término mínimo y el término máximo, se estará a la reducción que resulte en el término medio aritmético conforme a la nueva norma."
Código Federal de Procedimientos Penales
"Artículo 553. El que hubiese sido condenado por sentencia irrevocable y se encuentre en los casos de conmutación de sanciones o de aplicación de ley más favorable a que se refiere el Código Penal, podrá solicitar de la autoridad jurisdiccional o del Poder Ejecutivo, en su caso, la conmutación, la reducción de pena o el sobreseimiento que procedan, sin perjuicio de que dichas autoridades actúen de oficio y sin detrimento de la obligación de reparar los daños y perjuicios legalmente exigibles."
De los preceptos que anteceden, en lo que interesa, se desprende que el arábigo 14, párrafo primero, de la Carta Magna comprende el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio, el cual interpretado a contrario sensu, permite su aplicación retroactiva sólo en beneficio.
Además, el párrafo tercero del indicado artículo constitucional alude al principio de legalidad de la pena, relativo a que el juzgador no puede sancionar a alguien por determinado acto si no se estableció con anterioridad a su comisión la pena que deba imponérsele como consecuencia de aquél.
Ahora, el derecho del imputado de que se dé efecto retroactivo a la ley penal en su beneficio, lo retoman los restantes numerales, pues también está consagrado a nivel internacional, en el precepto 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos antes transcrito, incorporado a nuestro sistema nacional, así como en los dispositivos 56 y 553 de los códigos sustantivo y adjetivo de la materia y fuero indicados, al disponer todos ellos respecto del tema de las sanciones, que si con posterioridad a la comisión del delito e inclusive durante la extinción de la pena, la ley dispone la imposición de una más leve o entrare en vigor una nueva legislación o reforma, se estará a lo previsto en la más benigna al reo, ya sea de oficio o a solicitud del imputado.
De ahí que los preceptos de las normas secundarias, se aprecian acordes a ese derecho humano reconocido en la Constitución y en el aludido tratado internacional del que el Estado Mexicano es Parte, de manera que deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, de acuerdo con los razonamientos que enseguida se exponen y que permiten concluir la tutela de dicho derecho fundamental.
En efecto, si bien es cierto que para determinar si existe con posterioridad disposición más perjudicial o favorable que otra, debe partirse del diverso principio de legalidad de la pena, que protege el aludido artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución General de la República, relativo a que el juzgador no puede sancionar a alguien por determinado acto si no se estableció con anterioridad a su comisión la pena que deba imponérsele como consecuencia de aquél; es de considerarse que no obstante, tal postulado no impide que las normas jurídicas fiscales que prevén conductas delictivas, puedan tasar sus penas y ser actualizadas en términos de lo previsto en legislaciones de esa materia por el propio legislador, como así se desprende de la ejecutoria que dio origen a la tesis 1a. XXI/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, página 300 (registro IUS 181989), que se comparte, de rubro: "DEFRAUDACIÓN FISCAL. EL HECHO DE QUE LAS CANTIDADES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ TAL DELITO, DEBAN SER ACTUALIZADAS CONFORME AL NUMERAL 92 DE ESE ORDENAMIENTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY.", bajo las consideraciones siguientes:
"... Ahora bien, respecto del argumento del quejoso de que el Tribunal Colegiado omitió estudiar el argumento relativo a que la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación es inconstitucional ya que, todos los elementos del tipo penal deben estar contenidos en la ley y, en el caso concreto la obligación de actualizar la cantidad de $750,000.00 debía hacerla el legislador. Es fundado, pero insuficiente el agravio propuesto. ... el quejoso adujo que el artículo 108 impugnado era inconstitucional, pues ‘todos los elementos que constituyen un tipo penal deben estar contenidos en la ley’ y, en el caso, para poder individualizar la pena se deben actualizar las cantidades contenidas en el numeral 108 del Código Fiscal de la Federación, de acuerdo al precepto 92 del propio ordenamiento. ... No le asiste la razón al recurrente en cuanto a que la fracción III del artículo 108 de Código Fiscal de la Federación es inconstitucional pues la obligación de actualizar la cantidad de $750,000.00 debía hacerla el legislador. En primer término, debe insistirse en que el principio de legalidad por lo que hace a la pena -nulla poena sine lege-, implícito en el artículo 14 constitucional consiste en que el Estado no puede sancionar a una persona por determinado acto si no estableció con anterioridad a su comisión la pena que debe ser aplicada como consecuencia de su realización. Sin embargo, contrariamente a lo sugerido por el recurrente, del principio referido no se sigue que las normas jurídicas que prevén conductas típicas como delitos, forzosamente no puedan tasar sus penas conforme a una tabla, que deba ser actualizada por el juzgador en términos de lo previsto por la propia legislación de la materia. Esto es así, la (sic) fracción impugnada dispone: ‘El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes: ... III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $750,000.00’. Por otro lado, el propio Código Fiscal de la Federación dispone: ‘Artículo 92. ...’. ‘Artículo 17-A. ...’ (los transcribe). De la lectura de los artículos transcritos se advierte, en primer término que, conforme al último párrafo del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación el monto de todas las cantidades establecidas en el capítulo II, ‘De los delitos fiscales’, contenido en el título IV ‘De las infracciones y delitos fiscales’, se actualizarán en el mes de enero de cada año; y dentro de tal capítulo está el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, es fácil advertir que el Código Fiscal de la Federación prevé una mecánica mediante la cual, la cantidad a que alude la fracción III del artículo 108, debe ser actualizada. Dicha circunstancia, sin embargo, no genera una situación de incertidumbre jurídica, ni significa que el legislador no estableció todos los elementos que permiten al gobernado conocer con certeza la pena aplicable a dichos delitos. En efecto, el legislador estableció todos los elementos que permiten al gobernado saber de manera cierta, la forma en que se actualiza la cantidad contenida en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Por lo expuesto, se concluye que en el caso a debate no existe indeterminación por parte del legislador en el establecimiento de la pena. ..."
En ese sentido, asiste razón al recurrente al señalar en una parte del agravio 3, que si en el caso la pena (dos años de presidio) que solicitó vía incidente le sea impuesta en adecuación de la determinada en la sentencia condenatoria (tres años de prisión), ya que ambas están previstas en una ley, en específico, en el artículo 108, fracciones II y III, respectivamente, del Código Fiscal de la Federación, las cuales si bien no han sido modificadas, pero sí actualizados los límites mínimo y máximo de los montos de lo defraudado que sirven de parámetro para fijar las sanciones, a través de las misceláneas fiscales, "es irrelevante" que la actualización de tales cantidades no se hiciera mediante procedimiento legislativo, de modo que si esa modificación de montos le resulta favorable, debe aplicársele en su favor.
Se afirma lo anterior, pues como se expuso en las consideraciones de esa ejecutoria, el Código Fiscal de la Federación, al prever con anterioridad en sus artículos 92 y 17-A (actualmente sólo en este último numeral), la mecánica mediante la cual debe ser actualizado el monto de las cantidades establecidas en las infracciones y delitos previstos en dicha codificación (como las contenidas en el precepto 108 de esa legislación), ello no genera incertidumbre, dado que el propio legislador estableció la forma en que habrá de realizarse esa actualización.
Ello es así, porque aun cuando el tribunal de amparo sostuvo que si bien al sentenciado se le condenó con la pena de tres años de prisión, en términos del artículo 108, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, el cual al momento de los hechos (dos mil dos) preveía: "... El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes: ... III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $750,000.00 ...", dado que en el caso el monto del perjuicio fiscal causado con relación al ejercicio fiscal dos mil, ascendió a un millón setecientos veintinueve mil novecientos cuarenta y nueve pesos con cuatro centavos y, posteriormente, en virtud de la modificación al anexo cinco de la Cuarta Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil ocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil nueve, con base en lo dispuesto en el artículo 17-A del aludido código, se actualizaron los montos previstos en dicho numeral 108, de la manera siguiente: "... El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes: ... II. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de $1,221.950.00 pero no de $1,832,920.00. III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $1,832,920.00. ...", tal cambio de cantidades no podía aplicarse de manera retroactiva en beneficio del quejoso (quien así lo solicitó en el incidente innominado), en términos del numeral 56 del Código Penal Federal, como se consideró en el fallo reclamado, porque aquella resolución hacendaria al no tener su génesis en el proceso de expedición de leyes, no tiene el carácter de nueva ley o reforma a normas fiscales que sancionan delitos de esa materia, como lo exige el preindicado precepto, sino una disposición de índole administrativo emitida por el jefe del Servicio de Administración Tributaria, con el objeto de facilitar y clarificar la exacta observancia de las leyes fiscales establecidas por el legislador, como es la actualización de cantidades conforme a las condiciones económicas de este país.
Por lo que dicho órgano de garantías aseveró que, al regir a tal resolución fiscal los principios de reserva y supremacía de ley, no puede ir más allá de las disposiciones legales expedidas por el legislador, así como concluyó que no existe ley que beneficie al quejoso y, por ende, deba subsistir la pena impuesta en la sentencia condenatoria de segunda instancia.
Lo que sustentó en la tesis XIV.P.A.19 P, del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 3176 (registro IUS 163178), del tenor que sigue:
"DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UNA REFORMA A LA NORMA PENAL NI LA ENTRADA EN VIGOR DE UNA NUEVA LEY, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE SU APLICACIÓN RETROACTIVA PARA OBTENER LA SUSTITUCIÓN Y CONMUTACIÓN DE SANCIONES O CUALQUIER OTRO BENEFICIO. El artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación establece un sistema de actualización de las cantidades en moneda nacional correspondientes a las contribuciones, los aprovechamientos y las devoluciones a cargo del fisco federal, el cual realiza el Servicio de Administración Tributaria tomando en consideración la inflación, entre otros factores, para después publicar los montos actualizados en el Diario Oficial de la Federación, concretamente en el anexo de la Miscelánea Fiscal correspondiente. Ahora bien, aun cuando es verdad que la aplicación retroactiva de las cantidades actualizadas contenidas en las fracciones I a III del numeral 108 del citado código, que señalan los límites mínimo y máximo del perjuicio causado al fisco conforme a los cuales se fija la pena de prisión a imponer por el delito de defraudación fiscal, podría resultar favorable al sentenciado en relación con el quántum de la pena y, en especial, para obtener la sustitución y conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio, también lo es que tal aplicación con efectos retroactivos no procede respecto de la actualización de las cantidades en comento, porque ésta no tiene su génesis en una reforma a la norma penal ni puede equipararse a la entrada en vigor de una nueva ley que establece sanciones más benignas que las previstas por su antecesora, en términos del artículo 56 del Código Penal Federal que consagra el principio de la aplicación retroactiva de la ley en beneficio del reo, aunado a que el numeral 92 del Código Fiscal de la Federación, en su postrer párrafo, dispone que la fijación de la pena de prisión que corresponda a los delitos fiscales, de acuerdo con los límites del monto de las cantidades que constituyan el perjuicio, será conforme al que esté establecido en el momento de efectuarse la conducta ilícita de que se trate."
Consideraciones y criterio anteriores en los que se interpreta que en casos como en el presente, no existe disposición legal o ley posterior, que resulte más favorable al imputado, a que se refieren los preceptos 14 constitucional, 56 del Código Penal Federal y 553 del Código Federal de Procedimientos Penales; apreciaciones que en lo esencial este tribunal revisor no comparte, por lo siguiente:
Aun cuando es verdad que, de acuerdo con el precepto 17-A del Código Fiscal de la Federación, la autoridad exactora, en el caso el jefe del Servicio de Administración Tributaria, tiene la facultad de calcular de manera periódica el factor de actualización de las cantidades que aparecen en dicho ordenamiento, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, e integrar esos resultados a la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio respectivo, que se publica en el Diario Oficial de la Federación, por lo que conforme a esa regla, en las ediciones del aludido código se suprimen los montos originales (de lo defraudado) aprobados por el legislador, insertándose en su lugar los importes actualizados que se contienen en la resolución de miscelánea fiscal del ejercicio respectivo publicada.
Asimismo, que ese cálculo es un acto administrativo que, por sí mismo, no modifica ni deroga los valores establecidos por el Constituyente, sino sólo los actualiza; no obstante, al tratarse esa actualización de una regla contenida en la resolución de miscelánea fiscal respectiva (o anexos), constituye una disposición de observancia general, cuya emisión y publicación se rigen por los artículos 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, respectivamente, pues se trata de una de las disposiciones que tiene como finalidad precisar la regulación establecida en las leyes fiscales expedidas por el Congreso de la Unión, para lograr su eficaz aplicación, sujetándose a principios que tutelan la seguridad jurídica de los gobernados, entre ellos, los de reserva y supremacía de la ley, de manera que debe ceñirse a lo previsto en el acto formal y materialmente legislativo que habilita su emisión.
Ello, con apoyo en la tesis P. LV/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 15 (registro IUS 180485), de rubro y texto:
"RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL. LAS REGLAS QUE CONTIENE PUEDEN LLEGAR A ESTABLECER OBLIGACIONES A LOS CONTRIBUYENTES, YA QUE NO CONSTITUYEN CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN SINO DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL. De los artículos 33, párrafo penúltimo y 35 del Código Fiscal de la Federación se advierte que la atribución conferida a diversas autoridades fiscales para dar a conocer los criterios internos que deben seguirse en la aplicación de las normas tributarias, se refiere a las interpretaciones que esas autoridades realicen de cualquier disposición de observancia general que incida en el ámbito fiscal, bien sea una ley, un reglamento o una regla general administrativa, por lo que, por su propia naturaleza, no pueden generar obligación alguna a los gobernados sino, en todo caso, ser ilustrativas sobre el alcance de dichas normas y en caso de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, otorgarán derechos a los contribuyentes. En cambio, las disposiciones de observancia general cuya emisión y publicación se rigen, respectivamente, por lo dispuesto en los artículos 14, fracción I
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25033-a3c89d07/defraudacion-fiscal-la-actualizacion-de-su-monto-senalado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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