AMPARO DIRECTO 15/2012. **********. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PONENTE: MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIOS: AMALIA TECONA SILVA, EDUARDO DELGADO DURÁN Y JOSÉ ALFONSO HERRERA GARCÍA.
DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES RELATIVAS AL MONTO DEL PERJUICIO A LA HACIENDA PÚBLICA SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 17-A -RESOLUCIÓN DE MISCELÁNEA FISCAL- NO SE TRADUCE EN UNA REFORMA A LA NORMA PENAL QUE PERMITA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN Y CONMUTACIÓN DE SANCIONES O CUALQUIER OTRO BENEFICIO PREVISTO EN LA LEY.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2013. SUSCITADA ENTRE EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 22 DE ENERO DE 2014. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTES: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIENES RESERVARON SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO DE MINORÍA. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JESÚS ROJAS IBÁÑEZ.
CONSIDERANDO:
10. PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.
11. Lo anterior, con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009, tal como se desprende de la tesis aislada «P. I/2012 (10a.)» de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."
12. SEGUNDO. Legitimación para denunciar la contradicción. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, órgano colegiado que pronunció por mayoría de votos la sentencia en que se sustenta el criterio que se dice en contradicción con el criterio del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito.
13. TERCERO. Consideraciones de los Tribunales Colegiados. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción son las siguientes:
14. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el amparo en revisión **********, promovido por **********, contra la sentencia dictada por el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito el dieciséis de noviembre de dos mil once, autorizada el diecisiete de febrero de dos mil doce. Previo a las consideraciones sustentadas por el Tribunal Colegiado resulta pertinente mencionar los antecedentes siguientes:
15. El doce de diciembre de dos mil ocho, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos sentenció a ********** a tres años de prisión por el delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción V, y sancionado por el numeral 108, fracción III (prisión de tres a nueve años) cuando el monto de lo defraudado sea mayor de **********, en relación con el 95, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil dos; en virtud de que se abstuvo de presentar por más de doce meses su declaración anual por el pago del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil, no obstante, haber obtenido ingresos, sin aclarar, por la cantidad de **********, los cuales fueron abonados en diferentes cantidades en cuentas bancarias, ocasionando un perjuicio al fisco federal por la cantidad de **********. Además, el Juez determinó que no había lugar a condenar al sentenciado al pago de la reparación del daño.
16. Tal determinación fue confirmada en apelación por el Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito emitida en el toca **********.
17. En contra de esa resolución el sentenciado promovió juicio de amparo directo que tramitó el Tercer Tribunal Colegiado de ese mismo circuito con el número de expediente ********** y resolvió conceder el amparo solicitado, para el efecto de que el órgano jurisdiccional de segunda instancia emitiera una nueva resolución en la que diera respuesta a la totalidad de los agravios planteados; por lo que, en acatamiento a ese fallo protector, el dieciséis de diciembre de dos mil nueve, dicho tribunal de alzada dictó otra en la que confirmó la sentencia de primera instancia.
18. No conforme con esa determinación, el sentenciado nuevamente promovió juicio de amparo directo del que conoció el citado Tercer Tribunal Colegiado, bajo el expediente ********** y resolvió negar la protección constitucional.
19. Por escrito exhibido el once de noviembre de dos mil diez, el justiciable instó incidente no especificado de adecuación y conmutación de la pena; sin embargo, el a quo reservó acordar lo conducente, toda vez que en la sentencia definitiva dictada en la causa penal no le fue concedido ninguno de los beneficios establecidos en los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal y mediante proveído de dieciséis de noviembre del año en cita le revocó la libertad caucional y ordenó su reaprehensión, además, suspendió el procedimiento.
20. Contra la orden de reaprehensión el enjuiciado promovió demanda de amparo indirecto substanciado por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con el número **********, en el cual se le otorgó la suspensión provisional, por ello, el sentenciado solicitó la reanudación del procedimiento a fin de que se resolviera el incidente planteado, razón por la cual el Juez de origen por auto de cinco de enero de dos mil once levantó la suspensión de la secuela procesal. Sin embargo, en razón a que el Juez de garantías por sentencia de diecisiete siguiente negara el amparo y esa decisión fuera confirmada en revisión por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en proveído de dos de mayo de dos mil once suspendió nuevamente el procedimiento hasta que el acusado se recluyera para compurgar la pena privativa de libertad impuesta.
21. Al ser omiso el sentenciado el Juez de Distrito ordenó nuevamente su reaprehensión, en contra de la cual el reo presentó demanda de amparo del que conoció el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, admitido con el número ********** y bajo los efectos de la medida suspensional que le fue concedida compareció ante el Juez de la causa, quien levantó la suspensión del procedimiento y ordenó continuar con los trámites de la incidencia cancelando la orden de captura. Posteriormente, dicho órgano jurisdiccional declinó competencia a favor del Juzgado Sexto de Distrito de esa entidad.
22. En el procedimiento incidental, el Juez de la causa por interlocutoria de diez de junio de dos mil once determinó fundado el incidente en el que tomó en consideración la actualización de las cantidades establecidas en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación mismas que se fijaron a través del anexo 5 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil nueve.
23. Lo anterior porque de un análisis comparativo del contenido del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil dos y el actualizado, advirtió que se evidenció que en este último la cantidad a que ascendió el perjuicio ocasionado al fisco federal, ahora encuadraba en la fracción II del precepto citado, que prevé una penalidad de dos a cinco años de prisión, más benéfica que la establecida en la fracción III que comprende de tres a nueve años, aplicada en la causa penal en la época de los hechos; por tanto, en acatamiento al principio de exacta aplicación de lo más favorable al reo estimó que era procedente reducir la sanción restrictiva de la libertad impuesta en la sentencia ejecutoria, conforme al grado de culpabilidad mínimo que se le fijó, para quedar en dos años de prisión. Además, le otorgó los sustitutivos de dicha sanción por multa, tratamiento en libertad, trabajo a favor de la comunidad o semilibertad, de conformidad con lo previsto por el artículo 70 del Código Penal Federal, negándole el beneficio de la condena condicional.
24. Inconforme con la resolución incidental la representante social de la Federación interpuso recurso de apelación del que tocó conocer al Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito, con sede en Cuernavaca, Morelos, bajo el número de toca **********, resuelto el siete de septiembre de dos mil once con apoyo del Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en el cual determinó fundados los argumentos planteados por la representación social federal, en el sentido de que la Cuarta Resolución de Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil ocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil nueve, que actualiza las cantidades de diversos preceptos, entre ellos, el numeral 108 del Código Fiscal de la Federación, no tiene las características de una ley formalmente emitida.
25. En tal virtud no era procedente su aplicación retroactiva en favor del reo, apoyándose en la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, de rubro: "DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UNA REFORMA A LA NORMA PENAL NI LA ENTRADA EN VIGOR DE UNA NUEVA LEY, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE SU APLICACIÓN RETROACTIVA PARA OBTENER LA SUSTITUCIÓN Y CONMUTACIÓN DE SANCIONES O CUALQUIER OTRO BENEFICIO."
26. Así como la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFRAUDACIÓN FISCAL. EL HECHO DE QUE LAS CANTIDADES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ TAL DELITO, DEBAN SER ACTUALIZADAS CONFORME AL NUMERAL 92 DE ESE ORDENAMIENTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY."
27. En consecuencia, dicho Tribunal Unitario revocó la sentencia interlocutoria y declaró infundado el incidente no especificado promovido por el sentenciado tendente a obtener la adecuación de la pena.
28. En desacuerdo con la sentencia de apelación el enjuiciado promovió juicio de amparo del que correspondió conocer al Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito con el número **********, quien emitió resolución el diecisiete de febrero de dos mil doce, en la cual negó el amparo solicitado.
29. Inconforme con esta determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión tramitado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el número **********, quien dictó la sentencia en contradicción en la que concedió el amparo solicitado bajo los argumentos que, en su parte relativa, se transcriben a continuación:
"DÉCIMO TERCERO. Este órgano colegiado advierte parcialmente fundados los agravios 3 y 4, suficientes para revocar la sentencia recurrida y conceder para efectos el amparo solicitado. ... En cambio, es fundada la parte del mismo agravio en que el recurrente arguye que el juzgador de garantías al negar el amparo solicitado, no tomó en consideración que conforme al artículo 14 de la Constitución Federal, las penas deben estar previstas en una ley, lo que aconteció en el caso, porque las correspondientes a los delitos fiscales, se encuentran establecidas, entre otros numerales, en el diverso 108 del Código Fiscal de la Federación, las cuales si bien no han sido modificadas, sino únicamente actualizados los montos de lo defraudado para fijar las sanciones, a través de las misceláneas fiscales, es irrelevante que para la actualización de tales cantidades no se haga mediante procedimiento legislativo, por lo que, si con motivo de ese reajuste de montos, se advierte una pena más favorable al recurrente, debe aplicarse ésta en observancia a los preceptos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 56 del Código Penal Federal y 553 del Código Federal de Procedimientos Penales. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Acuerdo General 11/2011, de cuatro de octubre de dos mil once, precisó en el considerando quinto, que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, lo que implica, incluso, fijar el alcance de toda disposición general favoreciendo la tutela de esas prerrogativas y llegar a la conclusión que permita mayor tutela de los derechos fundamentales. De los preceptos que anteceden, en lo que interesa, se desprende que el arábigo 14, párrafo primero, de la Carta Magna comprende el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio, el cual interpretado a contrario sensu, permite su aplicación retroactiva sólo en beneficio. Además, el párrafo tercero del indicado artículo constitucional, alude al principio de legalidad de la pena, relativo a que el juzgador no puede sancionar a alguien por determinado acto si no se estableció con anterioridad a su comisión la pena que deba imponérsele como consecuencia de aquél. Ahora, el derecho del imputado de que se dé efecto retroactivo a la ley penal en su beneficio, lo retoman los restantes numerales, pues también está consagrado a nivel internacional, en el precepto 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos antes transcrito, incorporado a nuestro sistema nacional, así como en los dispositivos 56 y 553 de los códigos sustantivo y adjetivo de la materia y fuero indicados, al disponer todos ellos respecto del tema de las sanciones, que si con posterioridad a la comisión del delito e inclusive durante la extinción de la pena, la ley dispone la imposición de una más leve o entrare en vigor una nueva legislación o reforma, se estará a lo previsto en la más benigna al reo, ya sea de oficio o a solicitud del imputado. De ahí que los preceptos de las normas secundarias, se aprecian acordes a ese derecho humano reconocido en la Constitución y en el aludido tratado internacional del que el Estado Mexicano es parte, de manera que deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, de acuerdo a los razonamientos que enseguida se exponen y que permiten concluir la tutela de dicho derecho fundamental. En efecto, si bien es cierto que para determinar si existe con posterioridad disposición más perjudicial o favorable que otra, debe partirse del diverso principio de legalidad de la pena, que protege el aludido artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución de esta República, relativo a que el juzgador no puede sancionar a alguien por determinado acto si no se estableció con anterioridad a su comisión la pena que deba imponérsele como consecuencia de aquél; es de considerarse que no obstante, tal postulado no impide que las normas jurídicas fiscales que prevén conductas delictivas, puedan tasar sus penas y ser actualizadas en términos de lo previsto en legislaciones de esa materia por el propio legislador, como así se desprende de la ejecutoria que dio origen a la tesis XXI/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, materias constitucional y administrativa, página 300 (registro 181989), que se comparte, de rubro: ‘DEFRAUDACIÓN FISCAL. EL HECHO DE QUE LAS CANTIDADES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ TAL DELITO, DEBAN SER ACTUALIZADAS CONFORME AL NUMERAL 92 DE ESE ORDENAMIENTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY.’, bajo las consideraciones siguientes: (se transcribe). En ese sentido, asiste razón al recurrente al señalar en una parte del agravio 3, que si en el caso la pena (dos años de presidio) que solicitó vía incidente le sea impuesta en adecuación de la determinada en la sentencia condenatoria (tres años de prisión), ya que ambas están previstas en una ley, en específico, en el artículo 108, fracciones II y III, respectivamente, del Código Fiscal de la Federación, las cuales si bien no han sido modificadas, pero sí actualizados los límites mínimo y máximo de los montos de lo defraudado que sirven de parámetro para fijar las sanciones, a través de las misceláneas fiscales ‘es irrelevante’ que la actualización de tales cantidades no se hiciera mediante procedimiento legislativo, de modo que si esa modificación de montos le resulta favorable, debe aplicársele en su favor. Se afirma lo anterior, pues como se expuso en las consideraciones de esa ejecutoria, el Código Fiscal de la Federación al prever con anterioridad en sus artículos 92 y 17-A (actualmente sólo en este último numeral), la mecánica mediante la cual debe ser actualizado el monto de las cantidades establecidas en las infracciones y delitos previstos en dicha codificación (como las contenidas en el precepto 108 de esa legislación), ello no genera incertidumbre, dado que el propio legislador estableció la forma en que habrá de realizarse esa actualización. Ello es así, porque aun cuando el tribunal de amparo sostuvo que si bien al sentenciado se le condenó con la pena de tres años de prisión, en términos del artículo 108, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, el cual al momento de los hechos (dos mil dos) preveía: ‘... El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes: ... III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de ********** ...’, dado que en el caso el monto del perjuicio fiscal causado con relación al ejercicio fiscal dos mil, ascendió a ********** y, posteriormente, en virtud de la modificación al anexo cinco de la Cuarta Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil ocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil nueve, con base en lo dispuesto en el artículo 17-A del aludido código, se actualizaron los montos previstos en dicho numeral 108, de la manera siguiente: ‘... El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes: ... II Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de ********** pero no de **********. III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de ********** ...’, tal cambio de cantidades no podía aplicarse de manera retroactiva en beneficio del quejoso (quien así lo solicitó en el incidente innominado), en términos del numeral 56 del Código Penal Federal, como se consideró en el fallo reclamado, porque aquella resolución hacendaria al no tener su génesis en el proceso de expedición de leyes, no tiene el carácter de nueva ley o reforma a normas fiscales que sancionan delitos de esa materia, como lo exige el preindicado precepto, sino una disposición de índole administrativo emitida por el jefe del Servicio de Administración Tributaria, con el objeto de facilitar y clarificar la exacta observancia de las leyes fiscales establecidas por el legislador, como es la actualización de cantidades conforme a las condiciones económicas de este país. Por lo que dicho órgano de garantías aseveró que, al regir a tal resolución fiscal los principios de reserva y supremacía de ley, no puede ir más allá de las disposiciones legales expedidas por el legislador, así como concluyó que no existe ley que beneficie al quejoso y, por ende, deba subsistir la pena impuesta en la sentencia condenatoria de segunda instancia. Lo que sustentó en la tesis 19 P del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, materia penal, página 3176 (registro 163178), del tenor que sigue: ‘DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UNA REFORMA A LA NORMA PENAL NI LA ENTRADA EN VIGOR DE UNA NUEVA LEY, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE SU APLICACIÓN RETROACTIVA PARA OBTENER LA SUSTITUCIÓN Y CONMUTACIÓN DE SANCIONES O CUALQUIER OTRO BENEFICIO.’. Consideraciones y criterio anteriores en los que se interpreta que en casos como en el presente, no existe disposición legal o ley posterior, que resulte más favorable al imputado, a que se refieren los preceptos 14 constitucional, 56 del Código Penal Federal y 553 del Código Federal de Procedimientos Penales; apreciaciones que en lo esencial este tribunal revisor no comparte, por lo siguiente: Aun cuando es verdad que de acuerdo con el precepto 17-A del Código Fiscal de la Federación, la autoridad exactora, en el caso el jefe del Servicio de Administración Tributaria, tiene la facultad de calcular de manera periódica el factor de actualización de las cantidades que aparecen en dicho ordenamiento, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, e integrar esos resultados a la resolución miscelánea fiscal del ejercicio respectivo, que se publica en el Diario Oficial de la Federación, por lo que conforme a esa regla, en las ediciones del aludido código se suprimen los montos originales (de lo defraudado) aprobados por el legislador, insertándose en su lugar los importes actualizados que se contienen en la resolución de miscelánea fiscal del ejercicio respectivo publicada. Asimismo, que ese cálculo es un acto administrativo que, por sí mismo, no modifica ni deroga los valores establecidos por el Constituyente, sino sólo los actualiza; no obstante al tratarse esa actualización de una regla contenida en la resolución de miscelánea fiscal respectiva (o anexos), constituye una disposición de observancia general, cuya emisión y publicación se rigen por los artículos 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, respectivamente, pues se trata de una de las disposiciones que tiene como finalidad precisar la regulación establecida en las leyes fiscales expedidas por el Congreso de la Unión, para lograr su eficaz aplicación, sujetándose a principios que tutelan la seguridad jurídica de los gobernados, entre ellos los de reserva y supremacía de la ley, de manera que debe ceñirse a lo previsto en el acto formal y materialmente legislativo que habilita su emisión. Ello, con apoyo en la tesis LV/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, materia administrativa, página 15, (registro 180485), de rubro y texto: ‘RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL. LAS REGLAS QUE CONTIENE PUEDEN LLEGAR A ESTABLECER OBLIGACIONES A LOS CONTRIBUYENTES, YA QUE NO CONSTITUYEN CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN SINO DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL.’ (se transcribe). Además, debe considerarse que, tanto el numeral 17-A del Código Fiscal y la aludida modificación al anexo cinco de la Cuarta Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil ocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil nueve, forman parte del sistema previsto por el legislador federal para la imposición de sanciones a los transgresores de las disposiciones fiscales. Tan es así, que el legislador lo estableció en el precepto 92, in fine, del Código Fiscal de la Federación, ubicado en el título cuarto denominado ‘De las infracciones y delitos fiscales’, capítulo II ‘De los delitos fiscales’, el cual regía en
a época de los hechos (dos mil dos) y disponía: ‘... El monto de las cantidades establecidas en este capítulo, se actualizará en el mes de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año al mes de diciembre del último año inmediato anterior a aquel por el cual se efectúa el cálculo, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 17-A de este código.’, y posteriormente, con la reforma a aquel precepto legal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil cuatro, el que hasta la fecha dispone: ‘... Para fijar la pena de prisión que corresponda a los delitos fiscales conforme a los límites mínimo y máximo del monto de las cantidades que constituyan el perjuicio, cuando éste pueda ser determinado, será conforme al que esté establecido en el momento de efectuar la conducta delictuosa’, destacándose que el monto ‘establecido’ a que alude esa reforma necesariamente será el que aparezca ya actualizado periódicamente, no por modificación directa del legislador, sino conforme al procedimiento que éste previó en el dispositivo 17-A, en relación con las cantidades referidas en el precepto legal de que se trate (como las contenidas en el numeral 108 del Código Fiscal de la Federación), al momento en que se cometa el delito. Lo que se estima, puesto que tal reajuste del mínimo y máximo de aquellas cantidades a que se refiere el mencionado arábigo 108, por parte de la autoridad administrativa, se aprecia ordenado por el legislador en el decreto de ‘Ley que establece y modifica diversas leyes fiscales’ publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, a través del cual reformó el numeral 108 en cita y que siguió vigente en la época del delito cometido por el ahora recurrente, en los términos conducentes y siguientes: (se transcribe). No es óbice a lo anterior, que el precepto 92 del Código Fiscal que rige desde dos mil cuatro a la fecha, establezca: ‘... Para fijar la pena de prisión que corresponda a los delitos fiscales conforme a los límites mínimo y máximo del monto de las cantidades que constituyan el perjuicio, cuando éste pueda ser determinado, será conforme al que esté establecido en el momento de efectuar la conducta delictuosa ...’, ya que tal disposición en esos términos no estaba vigente en la época de los hechos y, por tanto, no puede considerarse aplicable al quejoso, pues le perjudica; en cambio, lo que le beneficia es la actualización de los montos a que alude el referido numeral 108, conforme a lo establecido por el legislador para tal reajuste de cantidades. Por tanto, si el propio legislador estableció que las cantidades que indican los límites mínimo y máximo del monto de lo defraudado, previstas en las tres fracciones del mencionado precepto 108, para fijar las penas que correspondan ya determinadas por dicho Constituyente, según el supuesto en que se ubique el importe del perjuicio causado con el delito en cada caso concreto, deberán actualizarse periódicamente por la autoridad hacendaria en términos de lo que preveía el numeral 92, último párrafo, y ahora sólo en el diverso 17-A de la referida ley fiscal; además, que de acuerdo a lo dispuesto en el actual contenido de la parte final del citado arábigo 92, las cantidades ya establecidas (de acuerdo a esas actualizaciones) en el momento de efectuar la conducta delictuosa, se tomarán en cuenta para determinar la pena de prisión que corresponda imponer; entonces, como bien lo aduce el recurrente en una parte del concepto de violación 4, tales actualizaciones también deben considerarse en beneficio del aquí inconforme aun cuando son posteriores al hecho delictivo por el cual se le sentenció, a fin de que se le adecue de manera favorable la pena ya impuesta. Lo anterior, porque conforme a los referidos numerales, así como a lo estatuido en el aludido artículo segundo transitorio, fracción VIII, de la reforma a la codificación fiscal, publicada el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis en el Diario Oficial de la Federación, se ordenan los reajustes a los montos previstos en el numeral 108 de esa legislación, como resultado del transcurso del tiempo y fenómeno inflacionario en la economía del país, a través de las resoluciones misceláneas fiscales, como en otra parte del mismo agravio lo arguye el recurrente; de tal manera que las actualizaciones a esas cantidades al integrarse o incorporarse a dicho Código Fiscal de la Federación (el cual regula las bases para su cálculo), pasan a formar parte de dicho ordenamiento para su operatividad, como lo es, servir de referente para poder fijar las penas ya determinadas por el legislador, según el monto de lo defraudado. Bajo esa tesitura, si tal actualización a los montos del precepto 108 del Código Fiscal de la Federación, aludida en la modificación al anexo cinco de la Cuarta Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil ocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil nueve, la cual se reitera, forma parte del sistema previsto por el legislador federal para la imposición de sanciones a l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80061-62d7b178/amparo-directo-15-2012-13-de-septiembre-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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