AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 171/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL DÉCIMO CIRCUITO, TERCERO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y DÉCIMO CUARTO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. AUSENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ÓSCAR VÁZQUEZ MORENO.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintiocho de septiembre de dos mil veintidós emite, la siguiente:
SENTENCIA
1. Denuncia de contradicción de criterios. Mediante escrito signado electrónicamente por Wilber Alcaraz Domínguez, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de Lidia Janet Romero Cantú, parte recurrente en el amparo en revisión 360/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, así como por oficio 624/2022 de catorce de junio de dos mil veintidós, suscrito por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y recibido, digitalmente, en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince del mismo mes y año, con folio de recepción 39700-MINTER, denunciaron la existencia de una posible contradicción de criterios entre el sustentado por ese órgano colegiado, al resolver el amparo en revisión 360/2021, y los criterios emitidos por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 361/2014, y por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja 69/2020 y 18/2021.
2. Trámite de la denuncia de la contradicción de criterios. Por auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós el presidente de este Alto Tribunal admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y ordenó su registro bajo el número de expediente 171/2022; asimismo, instruyó que se turnara el asunto al Ministro Alberto Pérez Dayán, a quien por razón de turno le correspondió conocer de éste.
3. Por otra parte, solicitó por conducto del MINTERSCJN a las presidencias de los Tribunales Colegiados Tercero del Vigésimo Séptimo Circuito y Décimo Cuarto en Materia de Trabajo del Primer Circuito, la versión digitalizada de los escritos y los agravios (sic), y del original o, en su caso, de la copia certificada de las ejecutorias relativas, así como del proveído en el que informen si el criterio sustentado en dichos asuntos de su índice, se encuentra vigente o, en caso de que se tenga por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, deberá remitir la versión digitalizada de la ejecutoria en la que se sustente el nuevo criterio.
4. Mediante proveído de siete de julio de dos mil veintidós la presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avocó el asunto al conocimiento de la Sala. Al encontrarse debidamente integrado el expediente relativo a la presente denuncia de contradicción de criterios, por acuerdo de uno de agosto de ese mismo año ordenó su envío al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
I. Competencia
5. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito; sin que se estime necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.
II. Legitimación
6. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue formulada por Wilber Alcaraz Domínguez, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de Lidia Janet Romero Cantú, parte recurrente en el amparo en revisión 360/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, así como por el Magistrado presidente de ese órgano colegiado.
III. Criterios contendientes
7. A fin de establecer si existe o no la contradicción de criterios denunciada se estima conveniente analizar los antecedentes de los asuntos respectivos y las consideraciones esenciales que sustentan las ejecutorias que contienen los criterios materia de contradicción.
8. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito
9. Conoció del amparo en revisión 360/2021, interpuesto por Lidia Janet Romero Cantú, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 137/2021, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en la Ciudad de Coatzacoalcos.
10. Los antecedentes del caso son los que a continuación se resumen:
11. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, Lidia Janet Romero Cantú promovió juicio de amparo indirecto señalando como autoridad responsable a la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de la que reclamó la "omisión de emitir el laudo en el juicio laboral 687/2012".
12. De la demanda de amparo le correspondió conocer al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, cuyo Juez de Distrito ordenó el registro con el número 137/2021 y determinó desechar la demanda de amparo por considerar, básicamente, que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo –estos últimos en sentido contrario–, toda vez que la parte quejosa carecía de legitimación para instar la protección de la Justicia Federal.
13. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso el recurso de queja 76/2021, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, cuyo órgano colegiado pronunció sentencia en la que declaró fundado el recurso de queja, a fin de que se admitiera la demanda y se continuara con el trámite correspondiente.
14. En cumplimiento a lo anterior, se admitió a trámite el ocurso inicial de demanda y agotada la instrucción correspondiente, se dictó sentencia en la que se negó la protección de la Justicia Federal solicitada.
15. En contra de dicha determinación, Lidia Janet Romero Cantú interpuso el recurso de revisión 360/2021, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.
16. En sesión celebrada el cuatro de mayo de dos mil veintidós, dicho órgano colegiado resolvió en el sentido de confirmar la resolución recurrida y negar a la quejosa el amparo solicitado.
17. Para lo que aquí interesa, de la referida ejecutoria destaca lo siguiente:
"... Por otra parte, rebate la disconforme que el secretario en funciones de Juez de Distrito incurrió en un error al resolver en la forma en que lo hizo, toda vez que, desde su perspectiva, no bastaba que, para ello, la responsable hubiere manifestado en su informe que mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, cerró la instrucción en el juicio natural.
"Lo anterior, porque el juzgador de amparo no sólo debió considerar el plazo transcurrido desde la fecha en que se cerró la instrucción del juicio natural y la presentación de la demanda; sino, adicionalmente, el transcurrido en la secuela procedimental del juicio constitucional, porque los efectos de la violación se seguían propagando durante su sustanciación.
"Para fortalecer ese deposado, la disconforme invocó el precedente de rótulo: ‘LAUDO. PARA ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA OMISIÓN DE SU DICTADO NO SÓLO DEBE ATENDERSE A LA DILACIÓN EXISTENTE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, SINO TAMBIÉN AL TIEMPO EN QUE SE PROLONGUE DURANTE DICHO JUICIO.’
"Continúa alegando la recurrente que, es errónea la cuantificación hecha por quien hizo las veces de juzgador constitucional para el plazo razonable antes mencionado; ya que, a su parecer, para que se actualice la obligación de la autoridad laboral para dictar el laudo correspondiente, sólo deben transcurrir veinticinco días naturales, dentro de los cuales, únicamente los cinco días a que se refiere el artículo 886 de la ley laboral deben ser computados como hábiles; y no los treinta y tres días hábiles más cuarenta y cinco días naturales, considerados por el fedatario en funciones de titular.
"Son inoperantes, en una parte, e infundados, en otra, los agravios antes compendiados.
"Sobre el tópico del escrutinio constitucional respecto de las dilaciones procesales en un juicio laboral, el Máximo Tribunal Constitucional estableció que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra ellas, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva.
"Fortalece a tal premisa, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1086, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de dos mil dieciséis, materias constitucional y común, con registro: 2011580, que dice:
"‘AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.’ (Transcribe contenido).
"Ahora bien, el Alto Tribunal también ponderó que, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento laboral que haga procedente el juicio de amparo indirecto, deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, incluidos los treinta y tres días hábiles de ley ‘... hábiles de ley, contados a partir ...’ contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.
"Es congruente con lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), que sostuvo la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la República, localizable a foja 1643, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, en el Libro 64, Tomo II, materias común y laboral, con folio digital: 2019400, de rubro y texto siguientes:
"‘AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.’ (Transcribe contenido).
"Sin embargo, en el criterio de marras no se establece si el juicio biinstancial es procedente aun cuando el plazo razonable no se cumple a la fecha de la presentación de la demanda, pero se colma en la sustanciación de éste.
"En ese menester, se establece que el juicio de amparo, según la doctrina, se rige, entre otros, por el principio de agravio personal y directo, que no es más que podrá solicitar amparo quien sea el titular del derecho subjetivo que se considere afectado por el acto de autoridad; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5o., fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.
"Lo cual resulta evidente que dicha afectación debe suscitarse antes o, cuando menos, al momento mismo en que se formule la demanda de amparo; pues, ello dará lugar a que se tramite el reclamo constitucional correspondiente, en observancia al principio de referencia, ya que seguirá la lógica de un acto u omisión existente que podrá ser juzgada su constitucionalidad.
"En el caso a estudio, se desprende que la autoridad responsable informó que había cerrado instrucción en el juicio laboral 687/2012, formulado por la aquí amparista, el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.
"Tal afirmación se encuentra robustecida con la documental pública anexa al informe de la responsable, en donde se aprecia lo siguiente:
"(Reproduce imagen).
"De ello, se obtiene que, ciertamente, la autoridad laboral cerró instrucción el mismo día en que la amparista presentó su demanda constitucional, esto es, el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, según se constata del sello de recepción correspondiente.
"Y, como ya se mencionó en el considerando correspondiente, el secretario del juzgado en funciones de a quo de Distrito celebró la audiencia y resolvió el fondo del asunto el seis de agosto del año en mención.
"De acuerdo con tal premisa, se observa que el plazo de cuarenta y cinco días naturales contenido en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) del Alto Tribunal, no había acontecido, al menos, en la presentación del libelo de garantías.
"En ese entendido, este Tribunal Colegiado arriba a la conclusión que, el plazo razonable a que se contrae el criterio vinculante de referencia debe haber transcurrido a la data de la presentación del ocurso de amparo, sin que pueda ni deba considerarse en el cómputo el generado con motivo de la sustanciación del medio de control constitucional.
"En tanto que el juicio constitucional no se ocupa de actos futuros, sino de atropellos a derechos humanos acaecidos con anterioridad a su promoción, que sean susceptibles de ser escudriñados por esta vía extraordinaria.
"De lo contrario se llegaría al absurdo de permitir la sustanciación del juicio de derechos fundamentales sin infracción existente al momento de la presentación del libelo de garantías y estar supeditado a que puedan acontecer en la secuela procesal, en detrimento de las máximas de certeza y seguridad jurídica, establecidas en el dispositivo 17 del Pacto Federal, que resentirían las restantes partes procesales en el sumario constitucional.
"Lo que ocasionaría, incluso, el desuso de las causales de improcedencia relativas a la cesación de acto reclamado, cambio de situación jurídica y la de falta de interés jurídico, ya que, aun cuando no existiera afectación personal y directa en la esfera jurídica del gobernado, al momento de presentarse la demanda, pudieran ocasionarse en el futuro (durante su ventilación).
"...
"Lo así razonado no debe confundirse con el carácter de tracto sucesivo que tienen las omisiones que hoy se reclaman; pues, sin perjuicio de que se sigan causando por el lapso del tiempo, ello sólo implicaría que a la amparista le nacería día a día el derecho de formular la demanda de amparo, sin que esté sujeto al plazo establecido en el numeral 17 de la ley de la materia.
"Sin embargo, lo que en todo caso debe verificarse es que, al momento de su promoción, exista esa afectación personal y directa a su esfera de derechos, con la finalidad de que pueda analizarse la situación jurídica ya existente, con independencia de los actos generados directa o indirecta de aquél, o los producidos en forma desvinculada ..."
18. Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito
19. Conoció del amparo en revisión 361/2014, interpuesto por Pedro José Guadalupe Pech Pech, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 425/2014, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal.
20. Los antecedentes del caso son los que a continuación se resumen:
21. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, Pedro José Guadalupe Pech Pech promovió juicio de amparo indirecto señalando como autoridad responsable al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, de la que reclamó la "falta de dictado del laudo en el juicio laboral DIT 146/2013".
22. Posteriormente, con motivo del desahogo de una prevención, también señaló como acto reclamado la determinación de uno de julio de dos mil catorce, por la que se acordó conceder a las partes el plazo de tres días para formular alegatos.
23. De la demanda de amparo le correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, cuyo Juez de Distrito ordenó el registro con el número 425/2014.
24. Sustanciada la instrucción, se dictó sentencia en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo por lo que respecta a la determinación de uno de julio de dos mil catorce y, por otra, se negó el amparo respecto de la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral DIT. 146/2013.
25. En contra de dicha determinación, Pedro José Guadalupe Pech Pech interpuso el recurso de revisión 361/2014, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
26. En sesión celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil catorce, dicho órgano colegiado resolvió en el sentido de modificar la resolución recurrida y otorgar el amparo solicitado.
27. Para lo que aquí interesa, de la referida ejecutoria destaca lo siguiente:
28. Las consideraciones son las siguientes:
"... 2. Agravios por dilación del dictado del laudo respecto a los agravios en los que el recurrente señala que ‘existe dilación de impartición de justicia, lo cual se acredita con toda la secuela del procedimiento laboral, desde la presentación de la demanda laboral, al no ser pronta y expedita (sic) tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que con base al estado que guardan los autos del expediente laboral DIT-146/2013, se aprecia que lo único que falta es el dictado del laudo, por lo que al no concedérsele el amparo y protección de la Justicia Federal se le causa agravio,’ se califican de fundados tales agravios por los siguientes motivos.
"Si bien fue correcto el fallo del Juez de Distrito al resolver que dada la fecha de presentación de la demanda de amparo –tres de julio de dos mil catorce–, y a la data de aceptación de los tres días que se le otorgó al quejoso a partir del uno del mismo mes y año, para que formulara alegatos, aún no vencía el término para que el tribunal laboral prosiguiera con lo conducente, lo cierto es que al día de la emisión de esta sentencia, la autoridad responsable ha incurrido en dilación del dictado del laudo.
"Así, al ser el acto reclamado la omisión de dictar laudo en un juicio laboral, tal dilación no debe evaluarse únicamente a la fecha de presentación de la demanda, sino también es susceptible analizarla por el tiempo prolongado que subsista tal aplazamiento.
"Primeramente, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: (Transcribe contenido).
"En lo que interesa, el precepto transcrito establece diversos principios que integran el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, a cuya observancia están obligadas las autoridades jurisdiccionales; los cuales son: "1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes;
"2. De justicia completa, relativo a que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y que garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado;
"3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y,
"4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público.
"Ahora bien, si el citado derecho constitucional está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho.
"Así en el juicio laboral que se trata, tiene aplicación el procedimiento previsto en el Capítulo XVI de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, que en lo que interesa, menciona:
"(Transcribe contenido de los artículos 131 a 134).
"De manera simplificada el proceso anterior tiene las siguientes etapas y términos para actuar por parte de la autoridad jurisdiccional:
Ver etapas y términos
"Como ha quedado descrito los artículos 132 y 134 de la Ley Burocrática del Estado de Quintana Roo, prevén que en una sola audiencia debe reducirse la mayoría del proceso, incluida la formulación de alegatos y el dictado del laudo.
"Por lo que fue incorrecto que la autoridad responsable aplicara supletoriamente la Ley Federal del Trabajo en el sentido de otorgar tres días a las partes para que formularan sus alegatos y posteriormente dictar laudo, toda vez que como se reitera, los alegatos y el dictado del laudo deben darse en una sola audiencia; por lo tanto, no es aplicable la supletoriedad prevista en el artículo 133 de la ley burocrática estatal. Sin embargo, como quedó descrito en el apartado de ‘agravios respecto al sobreseimiento de amparo’, el quejoso aceptó tal determinación.
"No pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado, que si bien las posibilidades de emitir laudo en la misma audiencia es una tarea titánica ante las cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales laborales o la complejidad de cada caso, el tribunal responsable no está exento o impedido para cerrar la audiencia y con posterioridad reanudarla para emitir el laudo, entendida tal acción como un solo acto procesal.
"Ahora bien, en el caso particular ocurre que dentro del juicio laboral DIT-146/2013, promovido por Pedro José Guadalupe Pech Pech, una vez seguidas las etapas procesales se declaró cerrada la instrucción el diez de julio de dos mil catorce, por lo que inmediatamente después debió dictarse el laudo, sin que a la fecha se haya realizado.
"Asimismo, a la fecha en que la autoridad señalada como responsable rindiera su informe justificado –esto es el once de agosto de dos mil catorce–, la misma ya había incurrido en dilación del dictado del laudo, toda vez que había transcurrido poco más de diez días hábiles desde que se cerrara la instrucción.
"De igual manera entre el diez de julio de dos mil catorce –fecha en que se declaró cerrada la instrucción– y la fecha en que se dicta la presente resolución, han transcurrido poco más de cinco meses; lo cual constituye una paralización del procedimiento laboral contrario a lo establecido en el artículo 132 y 134 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, que a su vez, evidencia la existencia de una violación al artículo 17 constitucional, que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio.
"Como ya se detalló, el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley.
"Entonces, ante tal transcurso del tiempo y en aras de impartir justicia, este Tribunal Colegiado concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Pedro José Guadalupe Pech Pech, para los efectos y medidas a precisar ..."
29. Tales consideraciones dieron origen a la tesis aislada XXVII.3o.19 L (10a.),(1) de contenido siguiente:
"LAUDO. PARA ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD EN LA OMISIÓN DE SU DICTADO NO SÓLO DEBE ATENDERSE A LA DILACIÓN EXISTENTE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, SINO TAMBIÉN AL TIEMPO EN QUE SE PROLONGUE DURANTE DICHO JUICIO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios que integran el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, la cual debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita; la prontitud se traduce en la obligación de las autoridades jurisdiccionales de resolver las controversias dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes de la materia; así, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto consista en la omisión del dictado del laudo, el análisis de su constitucionalidad no sólo debe atender a la dilación existente a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, sino también al tiempo que transcurra durante el juicio constitucional, pues es precisamente la expeditez en la impartición de justicia la que se reclama, y lo que hace susceptible de analizar la constitucionalidad de la omisión por el tiempo prolongado que subsista."
30. Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito
31. Conoció del recurso de queja 69/2020, interpuesto por Edgar Velázquez Juárez en contra del desechamiento dictado en el juicio de amparo indirecto 1151/2020, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México.
32. Los antecedentes del caso son los que se narran a continuación:
33. Edgar Velázquez Juárez presentó demanda de amparo indirecto señalando como autoridad responsable a la Junta Especial Número 10 de la Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, de la que reclamó la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 899/2017.
34. De dicha demanda le correspondió conocer al Juez Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 1151/2020, quien desechó el ocurso inicial de demanda, por considerar que el acto reclamado no constituía un acto procesal de ejecución irreparable que produjera una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa.
35. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso el recurso de queja 69/2020, del que conoció el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
36. Ese órgano colegiado pronunció sentencia en la que declaró fundado el recurso de queja.
37. Las consideraciones son las siguientes:
"... QUINTO.—Estudio. El único agravio es fundado, suplido en su deficiencia.
"No asiste razón al recurrente al argumentar que el Juez de Distrito aplicó de manera errónea el criterio jurisprudencial en que se basó para desechar la demanda de amparo, ya que la circunstancia que la autoridad responsable hubiera suspendido labores a partir del veintitrés de marzo de dos mil veinte, con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19, no impidió que transcurrieran los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en la que concluyó el plazo en el que legalmente la autoridad responsable debió pronunciar el laudo, pues de acuerdo con la jurisprudencia invocada por el juzgador el plazo de mérito se contabiliza en días naturales, de modo que a la fecha en que presentó la demanda de amparo ya había transcurrido dicho término, lo que tornaba procedente la acción de amparo.
"En efecto, la jurisprudencia en que el Juez Federal fundó su determinación, identificada con el número 2a./J. 33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2019400, Décima Época, es del tenor siguiente:
"‘AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.’ (Se transcribe contenido).
"Dicho criterio derivó de la contradicción de tesis 294/2018, cuyas consideraciones son del tenor siguiente:
"(Se transcribe contenido).
"Como puede observarse, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar en qué casos puede considerarse que la autoridad laboral incurrió en una dilación excesiva traducida en una paralización en el dictado de proveídos dentro del procedimiento o en la emisión del laudo respectivo, que haga procedente el amparo indirecto, tomó como parámetro lo d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31104-64c00ca8/amparo-indirecto-en-materia-laboral-para-que-resulte · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA DE MANERA NOTORIA E INDUDABLE LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII (ACTOS CONSENTIDOS), EN RELACIÓN CON (VI.2o.T.15 K (10a.))
- IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA O RESOLUCIÓN DEFINITIVA. NO ES MANIFIESTA E INDUDABLE MIENTRAS ÉSTA SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, (XXII.3o.A.C.10 K (11a.))
- DILACIÓN EXCESIVA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UN AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2a (2a./J. 12/2022 (11a.))
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