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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA LA AMPLIACIÓN O LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA DE UN JUICIO NATURAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 46/2024. · Registro digital (IUS): 32830
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-11-22
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUAL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SE
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo IV, Volumen 2, Pág.977.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 46/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUAL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 19 DE JUNIO DE 2024. MAYORÍA DE DOS VOTOS RESPECTO DEL PRIMER RESOLUTIVO, DE LA MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. DISIDENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. TRES VOTOS POR LO QUE HACE AL SEGUNDO RESOLUTIVO, DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIA: MARÍA ISABEL PECH RAMÍREZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión del día diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la denuncia de contradicción de criterios 46/2024, suscitada entre los sostenidos por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.

R E S U L T A N D O S :

PRIMERO. Denuncia de la contradicción y radicación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por oficio MI/SS/B/10001/2024 presentado vía MINISTERSCJN, al que se acompañó la ejecutoria dictada en la contradicción de criterios 244/2023, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declaró incompetente para conocer de la citada contradicción de criterios y declinó competencia a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, anexando, además de dicha ejecutoria, la denuncia de la posible contradicción de criterios suscitada entre el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito [queja 125/2023] y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito [amparo directo laboral 13/1997].

SEGUNDO. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de Presidencia de treinta de enero de dos mil veinticuatro, se ordenó formar y registrar el expediente de contradicción, al que correspondió el número 46/2024 y la admitió a trámite.

En ese mismo proveído, se turnaron los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado; y, se solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios, radicada en ese Alto Tribunal, en la que el tema a dilucidar guardara relación con el siguiente: “DETERMINAR SI CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA SOBRE EL DESECHAMIENTO DE UNA AMPLIACIÓN O ACLARACIÓN DE DEMANDA DE UN JUICIO NATURAL, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.”

TERCERO. Confirmación de turno. Integrado el expediente, en auto de veintidós de marzo de dos mil veinticuatro se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CUARTO. Aplazamiento. El catorce de mayo de dos mil veinticuatro, se listó el presente asunto para ser visto en sesión de veintitrés de mayo siguiente, en la que se determinó dejarlo aplazado; y

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, como se advierte de la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 244/2023, donde se declaró incompetente para conocer de la citada contradicción de criterios y declinó competencia a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur; así como de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales [reformado mediante Acuerdos Generales 38/2023 y 1/2024, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés y veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, respectivamente]; en relación con el 1°, fracción II, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; en virtud de que la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados pertenecientes a la Región Centro-Sur, acorde con lo decidido por el Alto Tribunal al resolver la contradicción de criterios 173/2023, y en cuya consideración se dijo: “No es óbice a la conclusión alcanzada la circunstancia de que la posible contradicción de criterios verse sobre un tema de materia común, puesto que, como quedó establecido, la creación de los plenos regionales tiene como fin evitar que el establecimiento de la jurisprudencia por contradicción de criterios se concentre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y así agilizar su resolución para dar certeza jurídica sobre la interpretación del orden jurídico nacional, máxime que constitucional y legalmente, la competencia de ambos órganos para resolver una contradicción de criterios suscitada entre tribunales colegiados de circuito se determinó atendiendo exclusivamente al criterio de territorialidad. Estimar que la competencia para conocer de una contradicción de criterios entre tribunales colegiados de circuito pertenecientes a la misma región se determina en razón de la materia del tema a dilucidar, implicaría sostener que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver todas aquellas que versen sobre un tema de materia común o de cualquier otra que no sea factible identificar como civil, administrativa, penal o de trabajo, lo cual resulta contrario al objetivo que se persigue con la creación de los plenos regionales.”

SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitima, ya que se trata de **** ******** **** ******, promovente del recurso de queja 125/2023, que constituye uno de los criterios contendientes en el presente asunto.

TERCERO. Criterios denunciados. Para mejor comprensión del asunto, a continuación se precisa cuáles fueron los asuntos denunciados como probables contendientes de los criterios.

I. Queja 125/2023, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resuelta el veintinueve de junio de dos mil veintitrés.

Antecedentes

Por propio derecho ***, demandó el amparo y protección de la justicia Federal, contra las autoridades y actos que se expresan a continuación:

“... III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:

1.- Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, (...)

2.- C. Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, (...)

3.- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, (...)

4.- Congreso de la Ciudad de México, (...)

IV.- ACTOS RECLAMADOS:

La sentencia de veintidós de febrero de dos mil veintitrés mediante la cual la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resuelve el recurso de queja **********.

El auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual el Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, resuelve el recurso de queja ******** (sic) ha causado ejecutoria.

De las autoridades marcadas con los números 3 y 4, reclamo su participación en la emisión de los artículos 36, 268 y 273 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.”

De dicha demanda correspondió conocer a la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, quien por auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, la registró con el número ************* y determinó desechar la demanda, al considerar que se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo.

Inconforme con tal determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, el cual, por razón de turno tocó conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde se registró con el número ******** de su índice, y, en sesión de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se resolvió:

“... CUARTO. Análisis de la legalidad del auto recurrido

I. Planteamientos del inconforme

(...)

II. Calificación de los argumentos propuestos en los agravios

22. Son infundados los agravios hechos valer por la parte recurrente y, por ende, insuficientes para revocar el auto recurrido.

III. Respuesta a los argumentos propuestos en los agravios

A. Postura de este órgano colegiado

23. Son infundados los argumentos hechos valer por la parte recurrente, relativos a que, el acto reclamado sí se trata de uno cuyos efectos son de imposible reparación que afectan a la promovente de amparo en su derecho de acceso a la justicia. Lo infundado radica en que las resoluciones reclamadas, consistentes en la sentencia de alzada que declaró firme el auto por el que se desechó la ampliación de la demanda del juicio natural y el diverso auto que la tuvo por ejecutoriada, no afectan directamente derechos sustantivos del quejoso, ahora inconforme.

(...)

B. Justificación al planteamiento

26. Previo a la justificación del planteamiento, se estima necesario narrar los antecedentes que dieron origen al acto reclamado que el quejoso narró bajo protesta de decir verdad:

27. a) Mediante escrito presentado el siete de mayo de dos mil veintiuno, el quejoso, ahora recurrente, demandó por propio derecho y en nombre y representación de ****** ***********, Sociedad Civil, diversas prestaciones relacionadas con el daño moral que le produjo **** ******, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **** ******, y otras empresas relacionadas.

28. b) Mediante acuerdo de once de mayo de dos mil veintiuno, el Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, quien conoció de la demanda, la registró con el número de expediente ******** y le previno para que, entre otras cosas, aclarara la relación de ****** ***********, Sociedad Civil, y las demandadas.

29. c) Previo desahogo de la prevención, mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el juez natural desechó la demanda por lo que respecta a ****** ***********, Sociedad Civil, considerando que la misma carecía de legitimación activa en el proceso.

30. d) En contra del auto anterior, el ahora recurrente interpuso recurso de queja, el cual fue resuelto por la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante sentencia de seis de julio de dos mil veintiuno, declarándola infundada.

31. e) Inconforme con lo anterior, el actor, ahora recurrente, promovió demanda de amparo, la cual fue radicada ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México con el número de expediente ********, el cual le otorgó el amparo y protección de la justicia de la unión mediante sentencia de seis de septiembre de dos mil veintidós.

32. f) Posteriormente, ante nuevos sucesos relacionados con el daño moral que le ocasionaron las demandadas en el juicio de origen, el actor promovió ampliación de demanda; sin embargo, mediante auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dicha ampliación fue desechada, razón por la cual interpuso nuevamente recurso de queja, la cual quedó radicada ante la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el número de expediente ********, el cual fue resuelto mediante sentencia de veintidós de febrero de dos mil veintidós, en el sentido de declarar infundado el recurso de referencia.

33. g) Al respecto, la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, notificó al Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, el cual, mediante auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, declaró que había causado estado la resolución de referencia por ministerio de ley.

34. Dichas resoluciones, la de veintidós de febrero, como la de dos de marzo, ambas de dos mil veintitrés, son las que constituyen los actos reclamados en la demanda de amparo indirecto de la que derivó el recurso de queja que se analiza; así como la emisión de los artículos 36, 268 y 273 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

Argumentos relativos a que el acto reclamado sí violó derechos sustantivos del quejoso, ahora recurrente.

35. El recurrente aduce que el auto recurrido violó en su perjuicio lo establecido en los artículos 74, 113 y 115 de la Ley de Amparo, en virtud de que, el acto reclamado no lo constituye la resolución de veintidós de febrero de dos mil veintitrés que declara infundado el recurso hecho valer en contra del desechamiento del recurso de apelación que intentó en contra del auto dictado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio número ******, mediante el cual se desechó la ampliación de la demanda formulada por la parte actora: sino la resolución de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, dictada por la Sala responsable en la queja ********, que declara infundado el recurso hecho valer en contra del auto dictado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós por el Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual se desechó la ampliación de la demanda formulada por la parte actora, lo que evidencia la indebida motivación del acuerdo recurrido.

36. Agrega que, contrario a lo señalado en la resolución recurrida, en el caso particular, no resulta notorio ni manifiesto que se actualice la causal de improcedencia contenida en los artículos 61 fracción XIII y 107, fracción V de la Ley de Amparo; toda vez que, el acto reclamado sí es de imposible reparación, pues el mismo violó sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al no haberse admitido la ampliación de la demanda en el juicio de origen, se violó de forma directa e inmediata su derecho humano al acceso a la justicia, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, violación que no puede ser reparada en el recurso de apelación que, en su caso, se interponga contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen.

37. El recurrente manifiesta que, la determinación emitida en primera instancia ya fue objeto de un recurso a que hace referencia el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, y porque la sentencia que en su caso se dicte no se va a ocupar de las pretensiones objeto de su ampliación, al no haber formado parte de la litis, y en apoyo a sus argumentos, invocó las tesis de rubros: “AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO.” y “JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL LABORAL EN LA AUDIENCIA TRIFÁSICA, EN EL SENTIDO DE QUE NO PROCEDE LA SOLICITUD DEL ACTOR PARA AMPLIAR SU DEMANDA, AL CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.”

38. El inconforme expone que, de conformidad con el artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, una vez formulada la contestación de la demanda la misma no podrá ampliarse, por lo que atendiendo a la literalidad del artículo de referencia cuya finalidad es respetar el derecho al debido proceso del demandado, en su vertiente de debida defensa, si el demandado da contestación a la demanda en el juicio de origen, la misma no podrá ampliarse con posterioridad, lo que evidencia la imposible reparación del multicitado acuerdo.

39. El impugnante refiere que, aun cuando haga valer la violación procesal en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva, resultaría incongruente que se ordenara admitir la ampliación de referencia, pues, al hacerlo, se contravendría el contenido del artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, y, por ende, el derecho al debido proceso del demandado que buscó salvaguardar al legislador local.

40. El recurrente argumenta que, resulta falso lo afirmado por el a quo en el sentido que el acto reclamado no atenta directamente sus derechos fundamentales ni tiene una ejecución irreparable al poder trascender o no al resultado final de la sentencia, que resuelva el juicio natural; pues, contrario a lo afirmado por la autoridad de amparo, resulta inconcuso que la resolución reclamada trascenderá al resultado final de la sentencia que resuelva el juicio natural, pues la sentencia que en su momento se dicte no se ocupará de las pretensiones que hizo valer en la ampliación de su demanda, inclusive esta es la razón por la que procede el recurso de queja en amparo indirecto, contra la determinación del juez de distrito que no admite la ampliación de la demanda de amparo tal y como se puede corroborar con el siguiente criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, cuyo rubro es: “QUEJA. ES EL RECURSO QUE DEBE INTERPONERSE PARA COMBATIR EL DESECHAMIENTO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO.”

41. Los anteriores argumentos son infundados.

42. En efecto, no le asiste razón a la parte recurrente, al sostener que resulta procedente el amparo en la vía bi-istancial, cuando se produzcan violaciones al procedimiento, que generen alguna afectación al derecho humano al acceso a la justicia, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, por lo que considera, que el acto reclamado sí es de imposible reparación.

43. Ello es así, pues las resoluciones reclamadas en la demanda de amparo lo constituyen la sentencia de veintidós de febrero de dos mil veintidós, emitida por la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que resolvió infundada la queja registrada con el número de toca ********, lo que tuvo como efectos confirmar el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, por el cual se desechó la ampliación de la demanda del juicio natural; así como el auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, por el que declaró que había causado estado la resolución de referencia por ministerio de ley.

44. Por ello, debe establecerse que es correcta la determinación de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; porque, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, las citadas resoluciones reclamadas ante la juzgadora federal, consistieron en la confirmación del auto que desechó la ampliación a la demanda del juicio natural, así como la declaratoria de su ejecutoria, actos que no son considerados de imposible reparación. 45. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece:

“Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...]

V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ...”

46. La fracción transcrita determina la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, contra actos emitidos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, concepto que el legislador definió como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos establecidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales suscritos por México, lo que excluyó la posibilidad de controvertir a través del amparo bi-instancial violaciones procesales que afecten al gobernado, pues ese concepto escapa de la definición establecida por el legislador para los actos de imposible reparación.

47. El legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.

48. En el caso, se coincide con la juzgadora de amparo, en cuanto a que las resoluciones que constituyen el acto reclamado no implican una afectación material e inmediata de algún derecho sustantivo de la quejosa tutelado por la Constitución o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que versa sobre una cuestión de naturaleza puramente adjetiva o procesal, cuyos efectos pueden ser subsanados con el dictado de una resolución favorable a sus intereses, y en el supuesto de que ese fallo le resultase adverso, podrá combatir aquella cuestión en vía de amparo directo como violación procesal.

49. Para concluirlo así, conviene tener en cuenta lo que determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de cuya ejecutoria, en lo que aquí interesa, se transcribe lo siguiente:

"...Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.

Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos ‘que afecten materialmente derechos’, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos ‘derechos’ afectados materialmente revistan la categoría de derechos ‘sustantivos’, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.

Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de ‘imposible reparación’ no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto ‘... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo’; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a ‘derechos sustantivos’, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza ‘material’ de la lesión que producen; expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios ...”

50. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada por la autoridad recurrida, la cual fue publicada en la página 39, del Tomo I, Libro 7, junio de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes:

“PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32830-e2ca5cbd/improcedencia-del-amparo-indirecto-se-actualiza-contra-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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