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Modo: Corpus Pro

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN EJERCIDO ANTE UN DIPUTADO LOCAL, AL MARGEN DEL CONTENIDO MATERIAL DE ESA SOLICITUD Y DE QUE SOBRE LA MATERIA DE LO PEDIDO PUDIERA ACTUALIZARSE ALGUNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 162/2023. · Registro digital (IUS): 32146
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-02-09
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Febrero de 2024, Tomo III, Pág.3399.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 162/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS SOBRE LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. DISIDENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN EMITIÓ VOTO PARTICULAR. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA, RESPECTO DEL FONDO DEL ASUNTO. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIA: MARÍA EUGENIA MARTÍNEZ CARRILLO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con el 1o., fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del propio Consejo, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; en virtud de que la contradicción se suscitó entre Tribunales Colegiados en materias penal y administrativa, pertenecientes al Decimoséptimo Circuito, es decir, que comprenden a la materia y territorio de este órgano.

SEGUNDO.—Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, ya que se trata de la titular del Juzgado Octavo de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, quien desechó los juicios de amparo indirecto **********/********** y **********/********** que originaron los recursos de queja 84/2022 y 188/2022 del índice –respectivamente– del Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, los cuales constituyen los criterios contendientes en el presente asunto.

TERCERO.—Criterios denunciados. Para una mejor comprensión, enseguida se precisa cuáles fueron los asuntos denunciados como probables contendientes de los criterios.

A. Recurso de queja 84/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito.

• Antecedentes.

Juicio de amparo **********/**********. La parte quejosa demandó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos y autoridades siguientes:

"III: Autoridades Responsables: El C. Dip. Carlos Alfredo Olson San Vicente; como autoridad Ordenadora y Ejecutora; con domicilio oficial en ...

"IV: Actos Reclamados: Reclamo el Acto de Negarme Injustificadamente mi derecho de Petición, en los términos que previene nuestra Constitución Federal. Acto de Omisión consistente en No dar Respuesta a mi petición contenida en mi promoción personal, recibida en la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado desde el día 4 de enero/2022; sin que a la fecha se tenga respuesta alguna."

La demanda se turnó al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, cuya titular la registró con el número de expediente ********** y, por auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, determinó desecharla de plano, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Las consideraciones sustanciales de tal determinación fueron:

"... Sentado lo anterior, tenemos que, como ya se indicó, el acto que en esta vía se reclama, consiste en la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Chihuahua, el cuatro de enero de dos mil veintidós, en la que el quejoso solicitó al Diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente, Legislador del Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, realizara un punto de acuerdo en relación con la situación que se le planteó en dicho escrito, es decir, se hizo de su conocimiento una conducta que el promovente justifica la emisión de un punto de acuerdo.

"Ahora bien, es cierto que cualquier ciudadano puede hacer denuncias por escrito a un servidor público ante la Cámara de Diputados.

"Sin embargo, tal derecho de denuncia se agota en el momento en que se formula ese escrito de denuncia, de modo que lo actuado –o lo que se deje de hacer– en el procedimiento que derive de la denuncia o solicitud presentada no causa perjuicio alguno al denunciante.

"Lo anterior, pues tutela intereses públicos y no particulares, es por ello que si se reclama en amparo la omisión de acordar el escrito de solicitud de un punto de acuerdo, éste resulta improcedente, pues dicha omisión forma parte del procedimiento respectivo y no perjudica la esfera de derechos del particular, toda vez que la citada denuncia no constituye una petición protegida por el artículo 8 Constitucional, sino sólo la comunicación a la autoridad de hechos que el promovente considera causales de procedencia de un punto de acuerdo.

"Razón por la que se estima que resulta improcedente el presente juicio de amparo.

"Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis I.17o. A.2., emitida por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con el número 172746, de rubro y texto siguientes:

"‘JUICIO POLÍTICO. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA OMISIÓN DE ACORDAR EL ESCRITO DE DENUNCIA RESPECTIVO, PUES NO CONSTITUYE UNA PETICIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ...’."

• Inconforme con la anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual fue radicado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, bajo el número Q.A. 84/2022 y resuelto en sesión de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en los términos siguientes:

"ÚNICO.—Se revoca el auto recurrido."

Tal determinación se basó en las consideraciones torales que a continuación se reproducen:

"... QUINTO. Los agravios formulados por la recurrente son fundados, suplidos en su deficiencia, conforme a la jurisprudencia de rubro: ‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE EN UN RECURSO DE QUEJA CUANDO EL ÓRGANO REVISOR ADVIERTE EL DESECHAMIENTO INDEBIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, POR NO ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.’

"Como se adelantó son fundados los agravios, suplidos en su deficiencia.

"En principio, es importante destacar que de la lectura a las constancias del juicio de amparo se desprende que el quejoso señaló como transgredido, entre otros, lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Federal, que prevé el denominado derecho de petición, disposición que se reproduce a continuación:

"‘Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

"‘A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.’

"En relación con el derecho de petición, el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 14/2000-PL en sesión de veintisiete de febrero de dos mil uno, sostuvo que su titular es el gobernado en general, y que significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. Así como sustentó lo que se reproduce enseguida:

"‘...

"‘La existencia de este derecho como garantía individual surge como consecuencia de la exigencia jurídica y especial de un régimen de legalidad bajo el que no está permitido el hacerse justicia por propia mano, es decir surge como negación del sistema de la vindicta privata en que a cada cual era dable hacerse justicia por sí, al sentirse vulnerado en sus derechos, para exigir el respeto a su esfera jurídica, sin la intervención de autoridad alguna. La decadencia de tal sistema fue dando paso al régimen de autoridad en la solución de los conflictos y contiendas surgidos entre los miembros de la sociedad humana para ya no ejercerse directamente represalias contra quienes se consideraran responsables, sino para ocurrirse ante las autoridades para que por conducto de ellas se resolviera el conflicto suscitado. El derecho de pedir surgió, por tanto, como la potestad de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstos intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de las autoridades de dictar un acuerdo escrito a la solicitud o petición que el gobernado les eleve.

"‘Deriva de lo anterior que el derecho de petición tanto en virtud de su origen como en atención a su naturaleza de derecho público subjetivo consagrado como garantía individual, supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación se supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad que supone este derecho. ...’

"La contradicción transcrita culminó con la jurisprudencia que es del tenor siguiente:

"‘PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.’ [Transcribe texto]

"De acuerdo con el criterio del Tribunal Pleno, la existencia de ese derecho fundamental exige la formulación de un escrito dirigido a funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, por tanto, el juicio de amparo, en relación con ese derecho, es procedente cuando se acredita que el funcionario o servidor público obligado a contestar una solicitud, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responder la petición, pues esto supone una violación al derecho reconocido en el artículo 8 de la Constitución Federal, lo que hace necesario acudir directamente al juicio de amparo indirecto, a fin de obtener la protección efectiva del derecho humano involucrado.

"Precisado lo anterior, como se expresó, es procedente el juicio de amparo que se promueve en contra del diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente, del H. Congreso del Estado de Chihuahua cuando lo reclamado consiste en la omisión de atender una petición formulada con apoyo en el artículo 8 de la Constitución Federal, en la cual le solicitó la proposición de un punto de acuerdo, a efecto de que se invite al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua a comparecer ante esa representación.

"En efecto, tratándose del derecho de petición, cuando en un juicio de amparo se reclama de un diputado al H. Congreso del Estado de Chihuahua la omisión de dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio de ese derecho, el juicio resulta procedente en atención a la naturaleza que lo distingue, es decir, a la característica sustancial consistente en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares.

"En este sentido, es incorrecta la premisa fáctica en que se sustenta el acuerdo recurrido, en el sentido de que ‘tal derecho de denuncia se agota en el momento en que se formula ese escrito de denuncia, de modo que lo actuado –o lo que se deje de hacer– en el procedimiento que derive de la denuncia o solicitud presentada no causa perjuicio alguno al denunciante ... pues tutela intereses públicos y no particulares, es por ello que si se reclama en amparo la omisión de acodar el escrito de solicitud de un punto de acuerdo, éste resulta improcedente, pues dicha omisión forma parte del procedimiento respectivo y no perjudica la esfera de derechos del particular, toda vez que la citada denuncia no constituye una petición protegida por el artículo 8 Constitucional, sino sólo la comunicación a la autoridad de hechos que el promovente considera causales de procedencia de un punto de acuerdo’, pues como se ha visto, en el escrito presentado el cuatro de enero de dos mil veintidós no se formuló una denuncia, sino sólo se efectuó una petición, en los términos siguientes:

"‘Único: Que con fundamento en el párrafo 3o. del artículo 108 de nuestra Constitución Federal, vengo por este medio a proponer a usted la presentación de un punto de acuerdo para que se invite al C. Pte. Del Tribunal Superior de Justicia Chihuahua; ya se al H. Pleno o a Comisiones, para que a través de nuestra H. Representación Popular se informe a los gobernados cómo es que la "procedibilidad" autoriza a los magistrados del poder judicial para violar nuestra constitución federal (arts. 108 y 133), así como la normativa emitida por la H.S.C.J.N., para la aplicación de los tratados internacionales contra la corrupción.’

"Como se aprecia, el ahora quejoso recurrente sólo realizó una petición a un diputado local, por escrito, de manera pacífica y respetuosa; entonces, cuando se atribuye la omisión de responder esa solicitud, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto [sic] dé respuesta a la petición.

"Además, debe tenerse presente que aun en el caso de que se trate de quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, el respeto al derecho de petición no puede agotarse con la recepción de aquéllas, sino que se debe conceder a los interesados la posibilidad de exigir de la autoridad la emisión de un pronunciamiento que recaiga al escrito o comparecencia relativo, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia siguiente:

"‘Registro digital: 2008808. Instancia: Segunda Sala, Décima Época. Materias(s): Común. Tesis: 2a./J. 25/2015 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 827, Tipo: Jurisprudencia.

"‘RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME A LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, MORELOS Y AFINES, QUIEN PRESENTA QUEJAS O DENUNCIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE AQUÉLLOS TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE PRONUNCIARSE Y NOTIFICAR EL ACUERDO QUE RECAIGA AL ESCRITO O COMPARECENCIA RELATIVO.’ [Transcribe texto]

"En suma, por los motivos anteriormente señalados no se actualiza el motivo de improcedencia invocado por la Jueza de Distrito y, por tanto, lo que procede es declarar fundado el presente recurso de queja y revocar el acuerdo recurrido de nueve de marzo de dos mil veintidós, a fin de que la Jueza Octava de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, y dicte otro en el que admita a trámite la demanda de amparo, en caso de no advertir diverso motivo manifiesto e indudable de improcedencia o causa legal que lo impida, ya que lo anterior no limita la jurisdicción del órgano de control constitucional de primer grado, para que una vez que, en su oportunidad, realice un análisis más profundo de las constancias que obran en el juicio de amparo, una [sic] diversa causa de improcedencia y resuelva lo que en derecho corresponda.

"Sirve de sustento, la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala:

"‘Registro digital: 2007069. Instancia: Segunda Sala, Décima Época. Materias(s): Común. Tesis: 2a./J. 73/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, página 901. Tipo: Jurisprudencia.

"‘RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR.’ [Transcribe texto]."

B. Recurso de queja 188/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito.

• Antecedentes.

Juicio de amparo **********/**********. La parte quejosa demandó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las siguientes autoridades y sus actos:

"III. Autoridades Responsables: El C. Dip. Ismael Pérez Pavía; como autoridad Ordenadora y Ejecutora; con domicilio oficial en ...

"IV: Actos Reclamados: Reclamo el Acto de Negarme Injustificadamente mi derecho de Petición, en los términos que previene nuestra Constitución Federal. Acto de Omisión consistente en No dar Respuesta a mi petición contenida en mi promoción personal, recibida en la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado desde el día 4 de enero/2022; sin que a la fecha se tenga respuesta alguna."

La demanda se turnó al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, cuya titular la registró con el número de expediente ********** y, por auto de uno de abril de dos mil veintidós, determinó desecharla de plano al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Ello en los términos sustanciales siguientes:

"... Sentado lo anterior, tenemos que, como ya se indicó, el acto que en esta vía se reclama, consiste en la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Chihuahua, el cuatro de enero de dos mil veintidós, en la que el quejoso solicitó al Diputado Ismael Pérez Pavía, Legislador del Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, realizara un punto de acuerdo en relación con la situación que se le planteó en dicho escrito, es decir, se hizo de su conocimiento una conducta que el promovente justifica la emisión de un punto de acuerdo.

"Ahora bien, es cierto que cualquier ciudadano puede hacer denuncias por escrito a un servidor público ante la Cámara de Diputados.

"Sin embargo, tal derecho de denuncia se agota en el momento en que se formula ese escrito de denuncia, de modo que lo actuado –o lo que se deje de hacer– en el procedimiento que derive de la denuncia o solicitud presentada no causa perjuicio alguno al denunciante.

"Lo anterior, pues tutela intereses públicos y no particulares, es por ello que si se reclama en amparo la omisión de acodar el escrito de solicitud de un punto de acuerdo, éste resulta improcedente, pues dicha omisión forma parte del procedimiento respectivo y no perjudica la esfera de derechos del particular, toda vez que la citada denuncia no constituye una petición protegida por el artículo 8 Constitucional, sino sólo la comunicación a la autoridad de hechos que el promovente considera causales de procedencia de un punto de acuerdo. "Razón por la que se estima que resulta improcedente el presente juicio de amparo.

"Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis I.17o.A.2., emitida por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con el número 172746, de rubro y texto siguientes:

"‘JUICIO POLÍTICO. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA OMISIÓN DE ACORDAR EL ESCRITO DE DENUNCIA RESPECTIVO, PUES NO CONSTITUYE UNA PETICIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ...’."

• Inconforme con la anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual fue registrado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, bajo el número Q.A. 188/2022 y resuelto, en sesión de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, con el resolutivo siguiente:

"ÚNICO.—Se declara infundado el presente recurso de queja."

La anterior determinación se basó en las consideraciones que a continuación se insertan:

"... CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DECRETADA POR EL JUZGADO.

"11. Los agravios vertidos por la parte recurrente, resultan infundados.

"12. Antes de entrar al estudio de los agravios, resulta necesario establecer que, a juicio de este Órgano Colegiado, si bien es cierto, no resulta procedente el juicio constitucional; lo cierto también es, que no se actualiza la causal de improcedencia decretada por la A quo.

"13. Se dice lo anterior, ya que el Juzgado de Distrito tuvo por actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo.

"14. Lo anterior en virtud de que, el acto reclamado, a saber la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Chihuahua, el 4 de enero de 2022, mediante el cual la parte quejosa solicitó al Diputado Ismael Pérez Pavía, realizara un punto de acuerdo con la situación que se le planteó en dicho escrito, consistente en llamar a comparecer al Magistrado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, resultaba improcedente; ya que si bien era cierto, que cualquier ciudadano podía hacer denuncias por escrito a un servidor público ante la Cámara de Diputados; lo cierto también era, que dicha denuncia se agotaba en el momento en que se formulaba ese escrito.

"15. Concluyendo que la omisión de acordar el escrito de solicitud de un punto de acuerdo, resultaba improcedente, pues dicha omisión formaba parte del procedimiento respectivo y no perjudicaba la esfera de derechos del particular, ya que dicha denuncia no constituía una petición protegida por el artículo 8 Constitucional.

"16. Sustentando lo anterior, en la Tesis I.17o.A.2, de Tribunal Colegiado, con número de registro: 172746 de rubro: ‘JUICIO POLÍTICO. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA OMISIÓN DE ACORDAR EL ESCRITO DE UNA PETICIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’

"QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA.

"17. Como ya se mencionó, contrario a lo establecido por la A-quo, si bien, no resulta procedente el juicio de amparo, lo cierto también es que en el caso, no se actualiza la causal de improcedencia establecida en el desechamiento de demanda recurrido, ello en atención a que del acto reclamado, no se desprende el hecho de que la parte quejosa hubiera realizado una denuncia que diera inicio a un juicio político en contra del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia.

"18. Sin embargo, lo que sí se desprende del referido acto combatido, es la omisión de acordar el escrito de solicitud de un punto de acuerdo consistente, en citar al referido funcionario público en torno a un procedimiento de procedencia por la responsabilidad administrativa, con motivo del desechamiento de una queja interpuesta en su contra por la presunta inaplicación de un Acuerdo en materia de Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas, dentro de un toca de apelación y, en ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, el cual, es del tenor siguiente:

"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"‘VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente;’

"19. El numeral trascrito permite advertir que la causa de improcedencia del juicio de amparo ahí contemplada, surge cuando éste se promueve contra resoluciones o declaraciones dictadas por las Legislaturas de los Estados, en elección, suspensión o remoción de funcionarios; sin embargo, condiciona la actualización del supuesto de mérito a la circunstancia de que la Constitución Local correspondiente le confiera al órgano legislativo la posibilidad de resolver soberanamente o de manera discrecional, es decir, conforme al texto de la disposición de mérito, para que se surta la causa de improcedencia es preciso que la Constitución Política del Estado le confiera al Congreso de la entidad la facultad de resolver soberana o discrecionalmente.

"20. En ese sentido, en términos de la porción normativa en cita, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, entre otros supuestos, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad soberana o discrecional.

"21. Como se observa, la fracción en análisis prevé diversos supuestos, tanto de autoridades como de actos, de entre los que es posible identificar los siguientes elementos:

"i) Se refiere a resoluciones o declaraciones que provengan del Congreso Federal o alguna de sus cámaras, de Congresos Locales o, en su caso, de comisiones permanentes;

"ii) Se relaciona con la elección, suspensión o remoción de funcionarios; y,

"iii) Gira en torno a una atribución que proviene directamente de las Constituciones correspondientes, es decir, son las Normas Supremas (ya sea la Federal o la que rija al interior de las entidades federativas) las que confieren a aquellos órganos la facultad de resolver soberana o discrecionalmente.

"22. Ahora bien, para estar en posibilidad de establecer si se está ante una facultad soberana o discrecional del Congreso del Estado de Chihuahua, resulta necesario acudir al numeral 64, fracción XVLII, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como al diverso artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, los cuales, establecen lo siguiente:

"‘ARTÍCULO 64. Son facultades del Congreso:

"‘...

"‘XLVII. Citar a comparecer ante el Pleno a los titulares de las Secretarías de Estado, a los directores de las entidades paraestatales y a quien ostente la representación de los Órganos Constitucionales Autónomos, en caso de requerir su presencia para tratar asuntos de relevancia y trascendencia para el Estado.’

"‘ARTÍCULO 25. En ambos casos el Pleno podrá acordar, a petición de la Comisión, que se remitan a los presentadores del informe las observaciones que estime pertinentes, las que en ningún caso serán vinculantes.

"‘De igual modo, el Congreso, cuando lo estime pertinente, citará a los titulares de las Secretarías, a los directores de las Entidades Paraestatales y a quien ostente la representación de los Órganos Constitucionales Autónomos, a fin de que comparezcan a informar, bajo protesta de decir verdad, sobre los asuntos inherentes a su encargo.’

"23. De los artículos previstos con anterioridad, se extrae que, es facultad del Congreso del Estado citar a comparecer a diversos funcionarios públicos, en caso de requerir su presencia para asuntos de relevancia y trascendencia, así como también, comparecer a informar, bajo protesta de decir verdad, sobre los asuntos inherentes a su encargo.

"24. En relación con ese atributo (resolver de manera soberana y discrecional), conviene hacer notar que, al resolver el amparo en revisión 471/2006, la Segunda Sala del Alto Tribunal sostuvo que consisten en la facultad (de una autoridad) de resolver en forma independiente, sin injerencia de terceros, o bien, conforme a su arbitrio y con prudencia en la adopción de su decisión, lo que, aplicado al caso, significa que tanto el desarrollo de la facultad conferida, como las propuestas y, en su caso, decisiones finales que se adopten en relación con la elección de servidores (funcionarios), no atiendan a injerencias externas que puedan afectar la autonomía del órgano legislativo.

"25. Posteriormente, sobre dichas facultades soberanas y discrecionales, en relación con el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 258/2019, determinó las facultades soberanas o discrecionales que, en su caso otorguen las respectivas Constituciones a los órganos legislativos federal o estatales, o a sus correspondientes comisiones o Diputaciones Permanentes a que se refiere dicha disposición jurídica de la Ley de Amparo, deben estar dirigidas a las resoluciones que emitan y deben tener como c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32146-3d37f917/juicio-de-amparo-indirecto-procede-cuando-se-reclama · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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