JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN DE TESIS. PROCEDE INTERRUMPIR SU VIGENCIA CUANDO SE ADVIERTA QUE EN EL ASUNTO DEL QUE DERIVÓ NO SE CONFIGURÓ LA CONTRADICCIÓN DE TESIS, PORQUE UNO DE LOS CRITERIOS DIVERGENTES AL MOMENTO DE LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE, YA NO SE ENCONTRABA VIGENTE.
AMPARO EN REVISIÓN 23/2014. 23 DE ABRIL DE 2014. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del recurso de revisión, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 84, 86 y 90 de la abrogada Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; 10, fracción II y 21, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto segundo, fracción II, aplicado en sentido contrario, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, asunto que, por ser de naturaleza administrativa, su especialidad corresponde a esta Sala, y en virtud del sentido de la presente resolución es innecesario que intervenga el Pleno, toda vez que existen precedentes que orientan el sentido de la misma.
Es así, ya que en el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, se precisó que los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, "... continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, ..."
Por tanto, si el juicio del amparo del cual deriva el presente recurso de revisión, se presentó a trámite el treinta de noviembre de dos mil nueve, es claro que debe resolverse conforme a lo previsto en la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece.
SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. El recurso de revisión se hizo valer por parte legítima, dado que fue interpuesto por el autorizado, en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, del tercero perjudicado **********, carácter que le fue expresamente reconocido ante el Tribunal Colegiado de Circuito en el auto admisorio; dentro del plazo que al efecto prevé el artículo 86 de la abrogada Ley de Amparo, pues la sentencia impugnada se le notificó por lista el jueves quince de noviembre de dos mil doce, notificación que surtió efectos al día hábil siguiente, es decir, el viernes dieciséis, conforme al numeral 34, fracción II, del ordenamiento legal en cita, en consecuencia, el plazo para la presentación del recurso de revisión transcurrió del miércoles veintiuno de noviembre al martes cuatro de diciembre, descontando los días diecisiete a veinte, veinticuatro y veinticinco de noviembre, así como el uno y dos de diciembre, por ser inhábiles, acorde a lo señalado en el ordinal 23 de la ley de la materia y el punto primero, inciso c), del Acuerdo General 10/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 74, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, si el recurso de revisión se interpuso el treinta de noviembre en cita, resulta evidente que se presentó en tiempo.
TERCERO. Antecedentes. A efecto de llevar a cabo el estudio correspondiente, es oportuno atender a los hechos siguientes:
1. Por escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil nueve, ante la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, ********** promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos siguientes:
"III. Autoridades responsables: Tienen ese carácter las siguientes:
"La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Jalisco
"La LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco
"IV. Acto reclamado. Se señalan como actos reclamados, los siguientes:
"1. La base cuarta de la convocatoria para elegir auditor superior del Estado, aprobado mediante Acuerdo Legislativo 571/LVIII-8, como acto heteroaplicativo, cuya primer aplicación fue el 24 de noviembre de 2009, por parte de la Comisión de Vigilancia de la LVIII Legislatura, sin tener facultades para ello.
"2. El acuerdo interno de la Comisión de Vigilancia del Estado de Jalisco, de fecha 24 de noviembre de 2009, que cambia los términos de la convocatoria para elegir auditor superior del Estado de Jalisco, donde la propia comisión se autoriza elaborar el examen de oposición, aplicarlo y calificarlo.
"3. Se señala como acto reclamado la elaboración del examen de oposición para elegir auditor superior para el Gobierno del Estado, su aplicación y calificación por parte de la Comisión de Vigilancia del Gobierno del Estado.
"4. La designación de una terna de aspirantes, por parte de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, al propio Pleno del referido Congreso, en base entre otras cosas al examen de oposición a que me refiero en el punto que antecede.
"La designación y toma de protesta del auditor superior del Estado de Jalisco, derivado de los ilegales procesos para la elaboración, aplicación y calificación del examen para esos fines, acto que se imputa al Congreso del Estado de Jalisco."
El conocimiento del asunto correspondió al entonces Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, registrado con el número **********, que en auto de uno de diciembre de dos mil nueve, determinó desecharla de plano por considerar actualizada, de manera manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.
Inconforme con tal determinación, el autorizado del quejoso interpuso recurso de revisión que, por razón de turno, correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, donde se registró con el toca de improcedencia **********.
2. En diverso escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil nueve ante la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, ********** promovió juicio de amparo indirecto contra la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Jalisco y la LVIII Legislatura del Congreso de dicho Estado, a quienes reclamó:
"1. La base cuarta de la convocatoria para elegir auditor superior del Estado, aprobado mediante Acuerdo Legislativo 571/LVIII-08, como acto heteroaplicativo, cuya primer aplicación fue el 24 de noviembre de 2009.
"2. El acuerdo interno de la Comisión de Vigilancia del Estado de Jalisco, de fecha 24 de noviembre de 2009, que cambia los términos de la convocatoria para elegir auditor superior del Estado de Jalisco, donde la propia comisión se autoriza elaborar el examen de oposición, aplicarlo y calificarlo.
"3. La elaboración del examen de oposición para elegir auditor superior para el Gobierno del Estado, su aplicación y calificación.
"4. Acuerdo legislativo de la comisión de vigilancia que pone a consideración de la asamblea a **********, como único aspirante que aprobó el examen por oposición para desempeñar el cargo de auditor superior del Estado de Jalisco.
"5. Aprobación del citado acuerdo legislativo, designación y toma de protesta de auditor superior del Estado de Jalisco, verificados el día 02 de diciembre de 2009, derivado de los ilegales procesos para la elaboración, aplicación y calificación del examen para esos fines, acto que se imputa al Congreso del Estado de Jalisco."
De esta demanda de amparo también correspondió conocer al entonces Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, a la cual tocó el número de juicio **********, que por acuerdo de veinticuatro de diciembre de dos mil nueve, fue desechada de plano al tener por actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, precisamente, ante la existencia del juicio de amparo **********, del índice de ese mismo juzgado.
En contra de tal determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión que, por auto de diecinueve de enero de dos mil diez, quedó radicado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito con el toca número **********, resuelto en auxilio de las labores de ese órgano, por el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, el cuatro de marzo siguiente, que determinó revocar el acuerdo recurrido, al considerar, sustancialmente, que si bien existe identidad entre los actos reclamados en los juicios de amparo ********** y **********, ambos del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, señalados con los número uno a tres en ambos escritos, ello no sucede con los identificados con los números cuatro y cinco de la demanda que dio origen al juicio del cual deriva el presente medio de impugnación, lo que significa que la causa de improcedencia invocada por el a quo, no se actualiza respecto de éstos, de ahí que su desechamiento resultara ilegal; pero, además, consideró el Tribunal Colegiado resolutor, que el motivo de improcedencia no resultaba manifiesto ni indudable en cuanto a los tres primeros actos, a pesar de que fuesen idénticos a los reclamados en el diverso juicio **********, porque forman parte del procedimiento de elección del auditor superior del Estado de Jalisco, cuya decisión final fue reclamada en la demanda desechada, lo que consideró bastante para estimar la posibilidad de que, de confirmarse parcialmente el desechamiento de aquella demanda, pudiera dividirla indebidamente, por tanto, al estimar que la demanda es indivisible para admitirla o rechazarla, a fin de no correr el riesgo de fraccionar la materia de la acción constitucional y resolverla parcialmente, lo más conveniente era ordenar al Juez de Distrito que admitiera la demanda de amparo de que se trata.
El dieciséis de marzo de dos mil diez, el Juez de Distrito del conocimiento tuvo por recibida la ejecutoria acabada de relacionar y, en acatamiento a la misma, admitió a trámite la demanda de amparo presentada por **********, dictó las providencias necesarias y, agotado el procedimiento correspondiente, el trece de mayo de dos mil diez celebró la audiencia constitucional y emitió sentencia en la que sobreseyó en el juicio de garantías **********, al considerar que respecto de los actos reclamados se actualizó la hipótesis prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.
Sentencia que fue impugnada a través del recurso de revisión del cual correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, donde se registró con el toca de revisión principal **********.
3. Ahora, en el toca de improcedencia **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, interpuesto con motivo del desechamiento de la demanda de amparo relativa al juicio de amparo **********, en sesión de quince de abril de dos mil diez, se emitió resolución, a través de la cual, ese órgano colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver el recurso, y ordenó la remisión de los autos a su homólogo Cuarto Tribunal, por considerarlo legalmente competente para conocer del asunto, por conocimiento previo.
Derivado de lo anterior, el medio de impugnación en comento fue remitido al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, donde se registró con el toca de improcedencia **********.
4. En sesión de veintiocho de octubre de dos mil diez, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito determinó resolver tanto el toca de improcedencia **********, como la revisión principal **********.
Así, respecto del primero, improcedencia **********, el órgano del conocimiento, en lo sustancial, determinó:
"Establecido lo anterior, resulta que el punto a elucidar radica en definir, si es correcto o no que el Juez Federal desechara la demanda de garantías, bajo el argumento sintetizado, o sea, si los actos reclamados atribuidos a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado y la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, tienen la naturaleza de soberanos o discrecionales en los términos afirmados por el a quo, lo que de momento resulta incorrecto, en razón de que para efectos de determinar si todos y cada uno de los actos reclamados, en los que se involucra un procedimiento de elección de un funcionario en el que interviene la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, que según el quejoso carece de facultades para ello, es necesario contar con la rendición de los informes justificados relativos y el aporte de pruebas, a fin de determinar lo conducente sobre la procedencia o no de la demanda de garantías, pues sólo así, el a quo está en condiciones de determinar si se da o no en el caso la causa de improcedencia traída a colación, es decir, si tales actos tienen la calidad de soberanos o discrecionales, tanto más que en el caso según se apuntó el quejoso reclama una serie de vicios propiciados por la comisión mencionada para elegir al auditor superior del Estado, aspectos éstos que requieren de un examen detenido y acucioso en su conjunto por parte del resolutor federal, a fin de que con pleno conocimiento de causa determine si los actos reclamados tienen la calidad por él afirmada que, por obvias razones, no es dable realizar en el auto de avocamiento de la demanda, dada la premura del tiempo en que debe dictarse -veinticuatro horas siguientes a la presentación del libelo constitucional-, lo que imposibilita llevar a cabo ese estudio exhaustivo que exige el cuestionamiento jurídico sometido a la consideración del a quo, que en el mejor de los casos, será al momento de que se dicte el fallo correspondiente, si se parte de la base que es necesario que tenga a su alcance todos los elementos idóneos que le permitan establecer con toda precisión, si los actos reclamados encuadran en la hipótesis de improcedencia invocada por él.
"En las relatadas condiciones, se concluye que la causal de improcedencia por la que el Juez Federal desechó de plano la demanda de garantías, de momento no resulta ser manifiesta e indudable, como lo previene el artículo 145 de la Ley de Amparo, toda vez que hasta la presente etapa procesal (auto de avocamiento del libelo de amparo) no se tiene la certeza plena y absoluta de que los actos reclamados constituyen actos emitidos en uso de la facultad de resolver soberana o discrecionalmente.
"Así las cosas, si existe duda razonable sobre el aspecto apuntado que, por ende, requiere de un análisis más profundo y exhaustivo que no es dable realizar en el acuerdo impugnado, por no ser el momento procesal idóneo, si el Juez Federal no tuvo a su alcance los elementos probatorios mínimos necesarios que lo llevaran a adquirir certeza respecto de que los actos reclamados sean de la naturaleza referida, situación que sólo puede elucidarse cuando menos una vez que lleguen los informes justificados de las autoridades responsables y tenga pleno conocimiento del contenido y alcance de los actos reclamados.
"Consiguientemente, lo que procede es revocar el auto recurrido, para el efecto de que el resolutor federal analice nuevamente la procedencia de la demanda de amparo y se pronuncie al respecto, pero prescindiendo de los razonamientos que aquí se estimaron incorrectos.
"Sobre lo tratado, tiene aplicación la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a. LXXI/2002, publicada en la página 448 del Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’
"Cabe hacer hincapié, que el criterio adoptado por este Tribunal Colegiado, de ninguna manera impide al Juez de Distrito que, posteriormente, contando con mayores elementos jurídicos idóneos, estime que concurra la causal de improcedencia que invocó y que de momento no se actualiza, en razón de lo expuesto con antelación y se pronuncie en ese sentido."
5. En tanto que, al resolver la revisión principal **********, el Tribunal Colegiado del conocimiento, concretamente en el considerando cuarto, calificó de ineficaces los agravios propuestos, para la finalidad pretendida, toda vez que, en lo atinente a algunos de los actos reclamados, advirtió que se evidenciaba diversa causal de improcedencia de aquella en la que el a quo soportó su determinación para decretar el sobreseimiento en el juicio, pues del escrito de demanda del expediente **********, se advierte que ********** reclamó de la Comisión de Vigilancia del Congreso y de la LVIII Legislatura del Congreso, ambas del Estado de Jalisco, entre otros actos, los siguientes:
"1. La base cuarta de la convocatoria para elegir auditor superior del Estado, aprobado mediante Acuerdo Legislativo 571/LVIII-08, como acto heteroaplicativo, cuya primer aplicación fue 24 de noviembre de 2009 (sic), por parte de la Comisión de Vigilancia de la LVIII Legislatura, sin tener facultades para ello.
"2. El acuerdo interno de la Comisión de Vigilancia del Estado de Jalisco, de fecha 24 de noviembre de 2009, que cambia los términos de la convocatoria para elegir auditor superior del Estado de Jalisco, donde la propia comisión se autoriza elaborar el examen de oposición, aplicarlo y calificarlo.
"3. Se señala como acto reclamado la elaboración del examen de oposición para elegir auditor superior para el Gobierno del Estado, su aplicación y calificación por parte de la Comisión de Vigilancia del Gobierno del Estado."
Actos respecto de los que consideró actualizada la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que, en sesión de esa misma fecha, quedó resuelto el amparo en revisión ********** (improcedencia), derivado del expediente **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, que tiene relación con este asunto y que tuvo a la vista como hecho notorio; así, al desprender que en uno y otro juicio ********** reclamó de las mismas autoridades los actos identificados bajo los dígitos 1, 2 y 3, lo cual evidenció que respecto de tales actos existe la litispendencia apuntada, puesto que los mismos son materia de la demanda interpuesta por el quejoso el treinta de noviembre de dos mil nueve, o sea, antes de la que en ese momento se resolvía, que era del veintidós de diciembre siguiente, respecto de los cuales el Juez de origen debía decidir nuevamente, dada la revocación del desechamiento de la demanda que dio origen al expediente **********; por tanto, determinó confirmar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto de tales actos, aunque por las razones ahí vertidas.
Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo legislativo de la comisión de vigilancia que pone a consideración de la asamblea del Congreso del Estado, como único aspirante a desempeñar el cargo de auditor superior del Estado de Jalisco, a **********, y la aprobación y toma de protesta de tal persona con ese carácter, verificada el dos de diciembre de dos mil nueve, imputada al Congreso del Estado, el Tribunal Colegiado del conocimiento tuvo a bien confirmar el sobreseimiento decretado por el Juez Federal, al estimar que se evidenciaba la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la ley de Amparo, pues sostuvo que tales actos fueron emitidos por un ente dotado constitucionalmente de facultades soberanas y discrecionales, contra los cuales no cabe el juicio de garantías, y para sustentar tal determinación, después de transcribir el contenido de los artículos 35, fracción XXV, inciso b), de la Constitución Política del Estado, 52, 64, 73, fracción XXXVII y 103 Bis, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, y 30 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, agregó:
"De la interpretación de tales numerales se advierte que:
"I. El Congreso del Estado tiene la facultad de nombrar al auditor superior mediante votación de las dos terceras partes de sus integrantes.
"II. El Congreso se conforma por varias comisiones entre las que está, la de vigilancia a quien corresponde presentar al Congreso el dictamen relativo a la terna para designar al auditor superior de la entidad.
"III. Que queda a cargo del Congreso Local, elegir al auditor superior correspondiente y nombrarlo como tal, por votación de las dos terceras partes de sus componentes.
"Expuestas así las cosas, es evidente que tocando al Congreso del Estado la facultad de elegir, nombrar y tomar protesta a quien designe como auditor superior del Estado, basado en la propuesta que realiza la comisión de vigilancia, con base en la facultad otorgada por el artículo 103-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, antes transcrito, los actos reclamados respecto, de los cuales no existe litispendencia fueron emitidos, basados en facultades soberanas y discrecionales.
"Con el propósito de clarificar los calificativos apuntados, es conveniente señalar que el Diccionario de la Lengua Española, en su vigésima segunda edición proporciona diversos conceptos del vocablo facultad y de los adjetivos soberano y discrecional, así como de otras palabras relacionadas con esos términos, entre otros significados, dicho documento señala los siguientes:
"...
"Los conceptos apuntados permiten sostener que la facultad es el derecho que alguien tiene y que está en posición de ejercitarlo, y que esa facultad debe calificarse de soberana cuando quien la ejerce goza de independencia y no la sujeta a alguna injerencia u opinión externa y será discrecional cuando su titular la ejerce conforme a su arbitrio, pero de acuerdo con la moderación de su decisión, así, es obvio que la elección, nombramiento y toma de protesta, en sí, del auditor superior del Estado, independientemente de los vicios atribuidos al procedimiento que concluyeron con tal designación y que serán analizados por el Juez Primero de Distrito, al resolver el amparo indirecto ********** -y que es revisable con independencia de la decisión atribuida al Congreso-, fueron decididos conforme al arbitrio y prudencia del Poder Legislativo Local, en uso exclusivo de sus facultades autónomas y soberanas, puesto que no dependió su decisión de terceros, esto es, que la elección, nombramiento y toma de protesta se llevó a cabo de manera libre, independiente de la voluntad de persona u órgano ajeno al propio órgano legislativo, de manera que, tal como lo indicó el Juez recurrido, respecto de los actos apuntados se evidencia la causal de improcedencia del juicio prevista por el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo, resultando así, contra lo afirmado por el recurrente aplicable la jurisprudencia y contenido de la ejecutoria transcrita, en lo conducente, en la resolución recurrida.
"Sin que sea óbice para la anterior conclusión la circunstancia de que el recurrente aduzca que, acorde con lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al decidir el amparo en revisión **********, relativo a la elección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se debe analizar cada caso en concreto atendiendo las características propias del mismo, para atribuir o no la calidad de soberana o discrecional a la facultad correspondiente, y que en este asunto la facultad del Congreso Local se ve destruida con el procedimiento derivado de la convocatoria, puesto que éste dio inicio por autoridad carente de facultades; sin embargo, como ya se acotó el procedimiento de la elección atribuido a la comisión de vigilancia será analizado en el diverso amparo directo **********, de acuerdo con lo apuntado pero, se insiste, la elección, nombramiento y toma de protesta respectiva, son un acto soberano en los términos anotados en líneas que preceden, procedimiento que, de acuerdo con lo apuntado, es independiente de los actos soberanos atribuidos al Congreso.
Tampoco es apto para denegar la calificación de soberana y discrecional a la facultad del Congreso, la circunstancia de que la elección en cuestión y el consecuente nombramiento y toma de protesta, esté sujeto a reglas específicas como son el análisis ‘... valorado y detallado de los requisitos de elegibilidad ...’, que el recurrente explica en el ocurso del recurso de revisión que aquí interesa, pues el sometimiento de la decisión del Congreso previo al cumplimiento de las reglas a que alude, no restringen en modo alguno la facultad de dicha designación, en razón de que éstas solamente constituyen las bases sobre las cuales el Congreso Local debe a su arbitrio decidir quién, en su concepto, reúne los requisitos de ley para ostentar el cargo respecto del cual, debe elegir al funcionario que desempeñará el cargo relativo, lo que no rompe con la facultad soberana y discrecional de la que está investido, y el hecho de que se asegure que aquel a quien designará en el cargo conducente, reúne las características que la ley señala para el desempeño del cargo, no significa que no existe la independencia que toca a un acto soberano, sino más bien al derecho que tiene el Congreso sujeto a la propia ley, se insiste, de decidir a su prudente arbitrio quién es la persona idónea para ocupar el cargo a elegir.
"Vale destacar que la existencia del cumplimiento de una serie de requisitos o reglas como lo menciona el recurrente para ocupar un determinado puesto, no implica sujeción a ente alguno, es decir, que la decisión del Congreso se sujete a la injerencia de terceros, y que ello menoscabe su facultad soberana y discrecional, pues la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria en que el Juez basó su decisión, esto es, la que decide la contradicción de tesis **********, misma que trae a colación el recurrente y que transcribe lo conducente en el pliego relativo a la revisión que ahora se resuelve, se hace alusión a algunas reglas a las que en ese caso debe sujetarse el Senado de la República, para la elección del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues sobre ello en dicha ejecutoria se lee:
"...
"De ahí que no asista razón al quejoso, en cuanto aduce que el sometimiento por parte del Congreso a las reglas que refiere en el escrito relativo al recurso de revisión que aquí interesa, no hace que se pierda el calificativo de soberano y discrecional de la facultad de elección del auditor superior del Estado, correspondiente al Congreso Local, basado en la propuesta de la comisión de vigilancia, puesto que siguiendo los lineamientos sostenidos en la ejecutoria de marras, la facultad del Congreso no se ve destruida o limitada con el procedimiento de elección señalado en la ley.
"...
"Consecuentemente, atento a las consideraciones antes vertidas, lo que procede es confirmar el sobreseimiento del juicio, aunque de los tres primeros actos reclamados, por las razones expuestas a fojas ocho a veintitrés de esta ejecutoria."
6. Para dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en la improcedencia **********, el entonces Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, consideró necesario requerir al promovente para que precisara, si a esa fecha:
"PRIMERO. La Comisión de Vigilancia de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, aplicó el examen de oposición a que alude el acuerdo de 24 de noviembre de 2008, aquí reclamado.
"SEGUNDO. Si ya se envió la terna de aspirantes y, en su caso, se eligió al auditor superior del Estado, derivado del procedimiento cuestionado y éste rindió la protesta de ley.
"TERCERO. Qué actos reclama concretamente a la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco.
"CUARTO. En atención a que la LVIII Legislatura que se alude en el párrafo que antecede, ya se desintegró, precise si los actos que atribuye a aquélla, también los imputa al Congreso del Estado en su conformación actual, como ente público."
En desahogo a lo anterior, por escrito de diecisiete de noviembre de dos mil diez, el quejoso señaló:
• "Que la comisión de vigilancia sí aplicó el examen de oposición a que alude el acuerdo de veinticuatro de noviembre de 2009, el uno de diciembre de 2009.
• "Sí fue enviada la terna de aspirantes y también ya fue electo el auditor superior del Estado, derivado del procedimiento cuestionado.
• "Del Congreso del Estado de Jalisco, con independencia de la Legislatura específica que hubiere emitido los actos reclamados, al tratarse del mismo ente dotado de poder público, reclamo la designación y toma de protesta del auditor superior del Estado de Jalisco, en vía de consecuencia, por ser fruto de los actos imputados a la comisión de vigilancia.
• "Los actos reclamados los atribuyo al Congreso del Estado de Jalisco en su conformación actual, como ente público."
Por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diez, el Juez de Distrito admitió la demanda de amparo; seguido el trámite correspondiente y el dieciséis de febrero de dos mil once, celebró la audiencia constitucional, en auxilio de sus labores, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo.
7. La sentencia acabada de relacionar fue recurrida en revisión, que se tramitó ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el toca número **********, resuelto en auxilio de las labores de aquel órgano, por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, el diecisiete de noviembre de dos mil once, al tenor de los puntos resolutivos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25246-2bf25399/jurisprudencia-por-contradiccion-de-tesis-procede-interrumpir-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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