AUDITORÍA SUPERIOR ESTATAL. LOS ACTOS EMITIDOS POR LOS CONGRESOS LOCALES EN EL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE ESE ÓRGANO TÉCNICO, PUEDEN IMPUGNARSE EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDIENTE (ESTADOS DE JALISCO Y OAXACA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 339/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 9 DE ENERO DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MARTHA ELBA DE LA CONCEPCIÓN HURTADO FERRER.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.(2)
TERCERO. Antecedentes y consideraciones de las ejecutorias en probable contradicción. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis, es pertinente tener en cuenta los aspectos relevantes de los antecedentes y ejecutorias denunciadas como contradictorias que, en síntesis, son los siguientes:
Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito
Amparo en revisión **********
En el juicio de amparo indirecto se reclamaron, entre otros, los siguientes actos:
• Del Congreso del Estado de Oaxaca y otras autoridades, los actos del proceso legislativo que concluyó en la expedición de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, en particular sus artículos del 75 al 78.
• Del Congreso del Estado de Oaxaca: la omisión de expedir la convocatoria para la integración de la Auditoría Superior del Estado.
• Del director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca: la omisión de publicar la convocatoria emitida por el Congreso del Estado de Oaxaca para designar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca.
• De la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca: la expedición de la convocatoria para designar al auditor superior del Estado de Oaxaca, publicada en diversos periódicos y medios electrónicos el cuatro de agosto de dos mil once, y la omisión de publicar la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.
El Juez de Distrito del conocimiento sobreseyó en el juicio de amparo, en lo que interesa, con apoyo en la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo, respecto de los artículos reclamados de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, que establecen el procedimiento de elección del auditor superior del Estado, así como de los actos o procedimientos relacionados con la designación de una persona para ocupar el cargo de titular de la Auditoría Superior del Estado, en virtud de que tales actos no pueden reclamarse en el juicio de amparo por algún aspirante al cargo, porque las citadas disposiciones no protegen un interés particular o individual, sino general, para garantizar a la sociedad un procedimiento claro, transparente e imparcial de elección. Agregando que el nombramiento del auditor superior del Estado es una facultad de la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca, porque esa designación se encuentra regida por normas de orden público que está sujeta a que se respete el orden constitucional y legalmente previsto, y que tal facultad es soberana, aunque el texto normativo no le atribuya ese adjetivo, en la medida que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación o ratificación de persona u organismo alguno.
Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, donde se registró con el número **********, el que, en su oportunidad, dictó sentencia, que en la materia de la revisión confirmó la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio de amparo.
En la parte considerativa de esa sentencia, el tribunal declaró ineficaces los agravios que combatieron la aplicación de la causa de improcedencia, prevista en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo, al considerar, contrariamente a lo aducido por la recurrente, que la atribución de designar o elegir al auditor superior del Estado de Oaxaca constituye una facultad soberana del Congreso del Estado que le confiere en forma directa la Constitución del propio Estado; de ahí que "... es patente, entonces, que el acto por el cual el Congreso del Estado elija o designe al auditor superior, encuadra en el supuesto descrito en el precedente invocado y, por ende, si dicho acto se señala como reclamado en el juicio de amparo, éste será improcedente, al actualizarse la causal que se analiza."
Por tales razones, el citado órgano colegiado consideró inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 136/2009, de rubro: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU ELECCIÓN, RATIFICACIÓN O CESE EN FUNCIONES POR TÉRMINO DEL ENCARGO, NO SON ACTOS SOBERANOS Y DISCRECIONALES DEL CONGRESO LOCAL, POR LO QUE SU RECLAMO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.",(3) invocada por la recurrente.
Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones:
"... dado que del análisis de la correspondiente ejecutoria se aprecia que se determinó que si bien la Constitución Local de esa entidad federativa confiere al Congreso de la entidad las facultades de elección, ratificación o, en dado caso, cese en sus funciones, por término del encargo, de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; sin embargo, dicha Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad exigen para el ejercicio de tales facultades la existencia de ciertas causas y cumplir determinados requisitos esenciales, como son la intervención del Consejo General del Poder Judicial y del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, el primero, en la recepción de documentos y en la elaboración de una lista en la que propone candidatos a ocupar el cargo de Magistrado y, el segundo, en la elaboración de un dictamen técnico, mediante el cual emite su opinión sobre la actuación y desempeño del Magistrado que pretende su ratificación y, con base en lo anterior, el Congreso del Estado decide si se elige, ratifica o, en dado caso, cesa en sus funciones, por término del encargo, al Magistrado o Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.
"De ahí que si la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad no confieren al Congreso Local la facultad de resolver sin sujeción a determinadas reglas sobre la elección, ratificación o, en dado caso, cese en sus funciones, por término del encargo, de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, concluye que no se trata de facultades soberanas y discrecionales, lo que en el caso no acontece, como ya se vio, porque respecto de la elección del auditor superior del Estado, el Congreso Estatal de Oaxaca sí tiene una facultad soberana y discrecional.
"...
"También es importante precisar que la actualización de la causa de improcedencia de que se trata, no significa, contra lo que se alega, que el Congreso de Oaxaca pueda realizar actos arbitrarios, que la convocatoria la pueda confeccionar cualquier ciudadano y sólo se ratifique por el cuerpo legislativo en cuestión, o que en el procedimiento relativo se puedan señalar requisitos ilegales, como el matar a una persona, bajo el pretexto de que se actúa ejerciendo una facultad soberana.
"En efecto, cabe señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la parte conducente de la ejecutoria del amparo en revisión 471/2006, en sesión de dos de junio de dos mil seis, sostuvo, al interpretar el contenido del artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo, lo siguiente:
"‘... Tal facultad amerita calificarse como soberana, cuando la ejerce quien goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones.
"‘La propia facultad será discrecional, cuando su titular la ejerza conforme a su arbitrio, pero con prudencia, esto es, la facultad discrecional no implica que se adopte una decisión en forma «arbitraria», sino conforme a la apreciación de las circunstancias que el titular realice o de acuerdo con la moderación de sus decisiones.
"‘Como se ve, el sentido gramatical de los vocablos referidos permite concluir que la hipótesis de improcedencia, prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, tiene lugar, entre otros supuestos, cuando se reclamen actos del Congreso Federal o de sus Cámaras, relativos a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que la Constitución Federal confiera a tales entes la facultad de resolver en forma independiente, sin injerencia de terceros, o bien, conforme a su arbitrio y con prudencia en la adopción de su decisión. En ambos casos, la facultad relativa no depende de la decisión de terceros y se encuentra libre de presión e injerencia alguna.
"‘... Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la Cámara de Senadores es un órgano de representación conformado por la elección de los ciudadanos, conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos previstos en el artículo 56 de la Constitución Federal, por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo.
"‘De manera que cuando la Cámara de Senadores elige al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático, porque, en su carácter de representante popular, tiende a conformar uno de los órganos públicos autónomos establecidos en el texto constitucional, en cumplimiento al mandato de la Ley Fundamental.
"‘En consecuencia, la decisión del órgano legislativo, en este caso, se encuentra revestida de significación constitucional relevante y del mayor grado de representatividad, lo que denota que la actuación del órgano legislativo es de naturaleza soberana.’
"De las consideraciones reproducidas, aplicadas por similitud al caso que se analiza, puede concluirse que si, como ya se determinó, en la especie, el Congreso de Oaxaca, al designar al auditor superior del Estado, actúa en forma soberana y discrecional y que, por ende, no procede en contra de esos actos el juicio de amparo, ello no significa que pueda actuar en forma arbitraria, ni ilegal, ya que la causa de improcedencia a que se refiere el aludido artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo, tiene su razón de ser en que la facultad que se ejerce es soberana, porque la realiza el órgano legislativo (máximo representante de la voluntad soberana del pueblo), sin injerencia ni consentimiento de algún otro ente; lo que permite deducir que el límite y control de su actuación lo encuentra precisamente en la naturaleza del órgano que lo verifica y el acto que realiza, pues ello es la expresión de la voluntad popular en aras de un gobierno democrático, ya que en su carácter de representante popular tiende a conformar uno de los órganos públicos autónomos establecidos en el texto constitucional local y en cumplimiento al mandato de la propia Ley Fundamental del Estado y la Federal; por ende, la decisión del órgano legislativo, en este caso, se encuentra revestida de significación constitucional relevante y del mayor grado de representatividad, en donde, como se dijo, encuentra sus propios límites y control y, por ende, no puede ser arbitraria.
"Por ello es que no puede prosperar en favor del impugnante, el alegato relacionado con que si se considera procedente el juicio de amparo, ello en nada perjudica la facultad soberana del Congreso de Oaxaca para elegir al mencionado auditor, porque el órgano legislativo está en plena aptitud de designar a la persona que ocupará el puesto, ya que, como se ha indicado, el motivo de improcedencia que el Juez Federal determinó actualizado, tiende a proteger la actuación del órgano legislativo de injerencias externas, ya que el límite y control de su actuación lo encuentra, precisamente, en la naturaleza del órgano que lo verifica y el acto que realiza, pues ello es la expresión de la voluntad popular; luego, si se aceptara la procedencia del juicio de garantías en tal supuesto, desde luego que esa facultad de decisión del órgano legislativo ya no sería soberana y discrecional, sino que estaría sujeta al escrutinio constitucional en el juicio de garantías; de tal forma que, aun cuando pudiera elegir a quien mejor le parezca, mermaría sus facultades soberanas y discrecionales.
"De ahí que, aunque, en la especie, también se alegue que se violan garantías individuales del impugnante, porque el procedimiento para la designación del auditor superior del Estado está viciado (al haberse emitido la convocatoria por un órgano legalmente incompetente), ello no puede hacer procedente el juicio de amparo; en tanto que, como ya se dijo, la causa de improcedencia de que se trata opera de manera absoluta, en atención a la naturaleza del acto reclamado y a la índole de la autoridad que lo emitió.
"En relación con la razón del porqué la causal de improcedencia destacada opera respecto de cualquier acto del procedimiento relativo y no sólo de la resolución final, se estima conveniente insertar la parte conducente de la ejecutoria del amparo en revisión 471/2006, ya invocada, y que dio origen a la tesis 2a. LXXXIX/2006, la que también se copiará a continuación de esta transcripción:
"‘... Lo anterior se patentiza aún más, si se toma en cuenta que la causa de improcedencia que se analiza no atiende, como otros supuestos de improcedencia, a la etapa del procedimiento en que el acto correspondiente se emita, sino que dicha causa se refiere exclusivamente, al origen del acto, esto es, a que provenga de la autoridad legislativa correspondiente, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, cuando la Constitución (Federal o Local, según sea el caso) le confiera la facultad soberana o discrecional para ello.
"‘De modo que el supuesto de improcedencia de que se trata se actualiza cuando se reclame, en el juicio de garantías, algún acto emitido con motivo de la elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que el órgano legislativo esté dotado constitucionalmente de la facultad soberana o discrecional para decidir al respecto, con independencia de que el acto se emita dentro del procedimiento o se trate de la decisión que elija, suspenda o remueva al funcionario respectivo, es decir, la determinación con que el procedimiento culmine.
"‘En el juicio de amparo indirecto en que se emitió la resolución, materia del presente medio impugnativo, los quejosos señalaron como actos reclamados la reelección del actual presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su procedimiento y sus consecuencias.
"‘Al tratarse de actos emitidos dentro del procedimiento para la elección o ratificación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitidos por el Senado de la República, en uso de la facultad soberana que la Constitución Federal le confiere para designar a aquel funcionario, como lo sustentó la Juez de Distrito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo.
"‘De ahí que los agravios expresados por los recurrentes -en los que aducen que la acción constitucional es procedente en este caso- ameriten desestimarse por infundados, dado el sentido de las consideraciones expuestas.’
"La tesis a que dio origen, además de otra, la ejecutoria transcrita, es la siguiente: ... tesis 2a. LXXXIX/2006 ... ‘COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EMITE ACTOS SOBERANOS, A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe)
"Lo anterior evidencia la ineficacia de lo sostenido en torno a que el juicio de amparo procede en la especie, al violarse, a criterio del quejoso, sus garantías individuales por el hecho de que no sólo reclamó la ley que tildó de inconstitucional, sino también específicamente los actos del procedimiento desde la convocatoria; en tanto que la principal causa de improcedencia que el Juez Federal consideró acreditada en la especie, opera en forma absoluta en atención a la naturaleza del acto reclamado y a la índole de la autoridad que lo emitió, sin importar si se trata de un acto del procedimiento o la resolución final. ..."
Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara, Jalisco
Amparo en revisión **********
En el juicio de amparo indirecto se reclamaron de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Jalisco y la LVIII Legislatura del citado Congreso, los siguientes actos:
• La base cuarta de la convocatoria para elegir auditor superior del Estado, cuyo primer acto de aplicación fue el 24 de noviembre de 2004.
• El acuerdo interno de la Comisión de Vigilancia del Estado de Jalisco, donde la propia comisión se autoriza a elaborar el examen de oposición, aplicarlo y calificarlo, cambiando los términos de la convocatoria.
• La elaboración del examen de oposición para elegir auditor superior para el Gobierno del Estado, su aplicación y calificación, por parte de la Comisión de Vigilancia del Estado de Jalisco.
• La designación de una terna de aspirantes por parte de la Comisión de Vigilancia del Estado de Jalisco.
El Juez de Distrito del conocimiento desechó la demanda de amparo, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del numeral 73 de la Ley de Amparo, al considerar que la facultad del Congreso de elegir y, en su caso, remover al auditor superior del Estado de Jalisco, es soberana y discrecional, ya que la determinación que tome la Legislatura Local no se somete a discusión ni a consideración de un diverso ente público para su aprobación.
Inconforme con esa resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión, del que tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, el que, en su oportunidad, dictó sentencia en el sentido de revocar, en la materia de la revisión, la sentencia recurrida y conceder el amparo, con base en las consideraciones siguientes:
• Declaró fundado el agravio que alegó que, en el caso, no se actualizaba la causa de improcedencia aplicada por el juzgador, prevista en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que consideró que no es dable sobreseer en el juicio de amparo con base en argumentos referidos al problema de constitucionalidad planteado, explicando que tal imposibilidad radica en que para estudiar la indicada causa de improcedencia y afirmar si la comisión de inspección cuenta o no con facultades, es preciso dilucidar previamente la naturaleza jurídica de la Comisión de Vigilancia con el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, lo que implica resolver el problema constitucional que subyace en el reclamo.
• Asimismo, ese órgano colegiado aclaró que no pasaba inadvertido que también se reclamaron actos al Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, como actos soberanos, lo que llevó al Juez de Distrito a sobreseer en el juicio de amparo por tratarse de actos soberanos; sin embargo, en el caso examinado, los actos reclamados se atribuyeron a la Comisión de Vigilancia o Inspección del Congreso del Estado, por carecer de facultades, y no sólo al Pleno del Congreso Estatal.
• Por tanto, el Tribunal Colegiado concluyó que "... las decisiones de la Comisión de Vigilancia o Inspección, relacionadas con los procesos referidos no pueden considerarse discrecionales y soberanas, porque no pueden tomarse sin una debida fundamentación y motivación, pues de lo contrario colisionarían con la naturaleza misma de esos procesos decisorios, dado que no podrían ser al mismo tiempo fundadas y motivadas, esto es, sujetas al control racional del derecho, y discrecionales y soberanas, es decir, absolutamente libres e independientes de cualquier consideración; de ahí que el reclamo de dichos actos en el juicio de garantías no actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. ..."
• En apoyo de esa determinación se aplicó, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 136/2009 de esta Segunda Sala, de rubro: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU ELECCIÓN, RATIFICACIÓN O CESE EN FUNCIONES POR TÉRMINO DEL ENCARGO, NO SON ACTOS SOBERANOS Y DISCRECIONALES DEL CONGRESO LOCAL, POR LO QUE SU RECLAMO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." y, en consecuencia, revocó la sentencia recurrida y procedió al examen de los conceptos de violación.
• Por otra parte, declaró fundado el concepto de violación que alegó que la Comisión de Vigilancia o Inspección realizó las modificaciones (a la convocatoria para la designación de auditor superior del Estado) reclamadas, sin contar con facultades para ello. Para llegar a esa conclusión, examinó las facultades del Pleno del Congreso del Estado de Jalisco y de la Comisión de Vigilancia o Inspección, previstas en los artículos 35, fracción XXV, de la Constitución del Estado de Jalisco; 52, 64, 73, fracción XXXVII y 103-Bis, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 30 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría del Estado de Jalisco y sus Municipios, concluyendo que:
• "... de ninguno de los transcritos numerales se desprende que la Comisión de Inspección o Vigilancia tenga facultades soberanas para que, de modo propio, pueda cambiar o modificar las reglas que, como en el caso, se emitieron para elegir al auditor superior del Estado de Jalisco, pues si bien, de acuerdo con el numeral 30 de la ley en cita, es la comisión quien emite la convocatoria, empero, quien la realiza es el propio Congreso, es decir, este ente es el encargado de determinar las bases de la convocatoria y, en todo caso, será quien pueda modificarla; ello es entendible dado que no deben considerarse las facultades discrecionales y soberanas, ya que no pueden determinarse sin una debida fundamentación y motivación, pues de lo contrario colisionarían con la naturaleza misma de esos procesos decisorios.
"• A mayor abundamiento, debe decirse que no obstante que dicha comisión cuente con otras facultades, como lo son presentar al Congreso del Estado, el dictamen relativo a la terna para designar al auditor superior, o que a través de esta comisión el Pleno del Congreso emita la convocatoria correspondiente, puesto que lo determinante en este caso es que conforme a la ley que la rige no cuenta con facultades para modificar la convocatoria de referencia de motu proprio.
"• Ello es entendible si en cuenta se tiene que la Comisión de Inspección se conforma por catorce diputados, es decir, no la totalidad del Pleno del Congreso, que está integrado por treinta y nueve diputados; de esta manera no sería factible que una comisión integrada por una minoría de diputados pudiera modificar o cambiar las bases emitidas por el Pleno del Congreso Estatal.
"• En resumen no compete a la Comisión de Vigilancia o Inspección determinar las reglas sobre las cuales se llevaría a cabo el procedimiento correspondiente, para la elección de auditor superior, sino, en todo caso, cualquier cambio o modificación corresponde al Pleno del Congreso del Estado de Jalisco.
"• Máxime que, en el caso, se trata de elegir a un funcionario que debe guardar completa imparcialidad, ya que entre sus funciones se encuentra la de revisar las cuentas públicas de los entes de gobierno del nivel estatal; por esa razón, se hace necesario que las reglas que modifican o cambian el procedimiento para la elección de este tipo de funcionarios se emitan por el órgano en Pleno para que en todo momento se protejan los ciudadanos a través de las diversas corrientes políticas representadas en el Congreso del Estado.
"Lo anterior, no obstante que se haya establecido en la parte final de la base ‘cuarta’ de la convocatoria de mérito:
"‘Cuarta. De los casos no previstos
"‘Las situaciones no previstas en esta convocatoria, así como cualquier duda en su interpretación, serán resueltas por acuerdo de la comisión de inspección y sus resoluciones serán inapelables.’
"Ello en atención a que, en el caso, la necesidad de llevar a cabo un examen por oposición que practicaría una institución académica y de educación superior, de prestigio nacional e, incluso, internacional, no radicadas en el Estado de Jalisco, sí estaba previsto en el dictamen legislativo que ordenó bajo qué bases se emitiera la convocatoria; ello como se puede advertir del dictamen legislativo (fojas 41 a 45 del tomo I de cuadernos de pruebas) en que se resolvió:
"‘Segundo. Se instruye a la Comisión de Inspección para que, a través de su presidente, realice las diligencias necesarias para que instituciones académicas y de educación superior, de prestigio nacional e, incluso, internacional, no radicadas en el Estado de Jalisco, elaboren, apliquen y califiquen el examen por oposición a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior y de Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.’
"Es decir, no es el caso de que no se haya previsto la posibilidad de efectuar un examen en las condiciones señaladas y, en cumplimiento a esta parte de la convocatoria, la Comisión de Inspección haya clarificado la omisión o duda en su realización, puesto que, se insiste, lo impugnado es que de motu proprio la comisión de inspección cambió las bases que emitió el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, circunstancias que son diversas.
"Consecuentemente, ante lo fundado del concepto de violación propuesto, se hace innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad que se hicieron valer, en virtud de que su análisis no tendría otro alcance mayor. ..."
CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. A continuación, es necesario determinar si existe contradicción de tesis, conforme a la jurisprudencia plenaria P./J. 72/2010,(4) que establece que se da la contradicción de criterios cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
De las ejecutorias transcritas, en lo conducente, en el considerando anterior, se advierte lo siguiente:
El Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito consideró improcedente el juicio de amparo promovido en contra del Congreso y la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, por los actos consistentes en el procedimiento seguido para la designación del auditor superior de esa entidad, en particular, la convocatoria respectiva. Lo anterior con apoyo en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en virtud de tratarse de actos emitidos por el Congreso Estatal en uso de su facultad soberana.
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, consideró que la facultad del Congreso Estatal de elegir y, en su caso, remover al auditor superior del Estado de Jalisco es soberana y discrecional, entendiéndose como tal la facultad de resolver en forma independiente, sin injerencia de terceros, o bien, conforme a su arbitrio y con prudencia en la adopción de su decisión.
En cuanto a las decisiones de la Comisión de Vigilancia o Inspección, relacionadas con el proceso de designación del auditor superior del Estado de Jalisco, consideró que no son discrecionales y soberanas, porque no pueden tomarse sin una debida fundamentación y motivación; de ahí que el reclamo de dichos actos en el juicio de garantías no actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo.
Deriva de lo anterior que los Tribunales Colegiados mencionados se pronunciaron sobre un mismo tema jurídico, consistente en determinar si el juicio de amparo, promovido en contra de los actos consistentes en la designación del auditor superior del Estado y del procedimiento respectivo, emitidos por el Pleno del Congreso Estatal y la Comisión de Vigilancia del propio Congreso, actualiza o no la causa de improcedencia, prevista en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo, y arribaron a conclusiones coincidentes, en parte, y divergentes, en otra, ya que, por un lado, ambos órganos jurisdiccionales coincidieron en que el juicio de amparo no procede en contra de la designación del citado funcionario realizada por el Pleno del Congreso Estatal en uso de su facultad soberana, pero discreparon en cuanto a la procedencia de ese medio extraordinario de defensa en contra del procedimiento llevado a cabo por la Comisión de Vigilancia del propio Congreso, pues mientras el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, consideró que en este supuesto sí procede el juicio de amparo, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito estimó lo contrario.
En tal virtud, si sobre un mismo tema jurídico los Tribunales Colegiados que participan en la presente contradicción de tesis sostuvieron posturas diferentes, es claro que existe la contradicción de tesis denunciada, sin que obste para llegar a esta conclusión el hecho de que el procedimiento de de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24324-2fcdd6c5/auditoria-superior-estatal-los-actos-emitidos-por-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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