JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO NO COMPRENDE LOS ACTOS U OMISIONES, PREVIOS O INTERMEDIOS, DE LAS COMISIONES DEL CONGRESO LOCAL QUE NO CONSTITUYAN EL EJERCICIO DE FACULTADES SOBERANAS O DISCRECIONALES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 25 DE MAYO DE 2021. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GERARDO DÁVILA GAONA (PRESIDENTE), JOSÉ LUIS ZAYAS ROLDÁN Y JORGE MERCADO MEJÍA. PONENTE: JOSÉ LUIS ZAYAS ROLDÁN. SECRETARIA: MARÍA DEL PILAR DIEZ HIDALGO CASANOVAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso artículo primero transitorio del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una posible contradicción de tesis entre criterios sustentados en asuntos de su competencia por Tribunales Colegiados de este circuito.
SEGUNDO.—Plazo para emitir proyecto de resolución.
De conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, el presente proyecto se emitió dentro del plazo prorrogado de los quince días hábiles previstos para ello, en virtud de que el plazo para formular el proyecto de resolución, comprende del nueve de febrero al uno de marzo de dos mil veintiuno; y su prórroga por diez días hábiles más, del dos al dieciséis de marzo del año en curso, descontando del cómputo los días seis, siete, trece y catorce, por ser sábados o domingos, es decir, inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el lunes quince, por ser inhábil en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo; y el proyecto relativo se incorporó al Sistema de Plenos de Circuito del Consejo de la Judicatura Federal el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.
TERCERO.—Legitimación de la denunciante.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III,(10) de la Ley de Amparo, ya que se interpuso por la Magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, al advertir que en sesión de once de octubre de dos mil diecinueve, al resolver el recurso de queja 174/2019, el criterio sostenido en dicha ejecutoria, era opuesto al sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en la misma ciudad, lo que dio lugar a la presente contradicción.
CUARTO.—Posturas contendientes.
Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente relatar brevemente el origen de los asuntos; transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; y sintetizar los principales puntos determinados en cada una de las ejecutorias.
Sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 174/2019.
El primer criterio derivó de un caso con los antecedentes siguientes:
1.- La parte quejosa (**********, por conducto de su apoderado) promovió juicio de amparo indirecto contra el acto atribuido a la Comisión Instructora de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, consistente en la continuación del procedimiento de juicio político, sin dar contestación fundada y motivada al escrito presentado por el impetrante el tres de enero de dos mil dieciocho, entre otros actos –como fue la contestación a tal escrito por parte del presidente de la Gran Comisión de la Legislatura Local–; y argumentó medularmente que era necesario que el Pleno de dicha Legislatura contestara el referido escrito, previo a continuar con el procedimiento de juicio político y formulación de conclusiones acusatorias realizadas por la Comisión Instructora derivadas del estudio, análisis y dictaminación de procedencia de la denuncia de juicio político interpuesto por la ********** contra el quejoso.
2.- La demanda de derechos fundamentales fue del conocimiento del entonces Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien radicó el asunto con el número de juicio de amparo indirecto 497/2019 y, por auto de once de julio de dos mil diecinueve, la desechó de plano en cuanto a ese acto, es decir, parcialmente, por considerar actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado se encuentra inmerso en un procedimiento de juicio político y, porque se trata de cuestiones derivadas de facultades constitucionales concedidas para resolver soberana y discrecionalmente si es procedente o no el juicio político, y contra dichas determinaciones estimó que el juicio de amparo es improcedente, apoyando su decisión en la jurisprudencia P./J. 40/2013 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUICIO POLÍTICO. LA DETERMINACIÓN DEL CONGRESO ESTATAL DE NO DAR TRÁMITE A LA DENUNCIA RESPECTIVA, NO CONSTITUYE EL EJERCICIO DE SU FACULTAD SOBERANA O DISCRECIONAL SOBRE LA REMOCIÓN O SUSPENSIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE SINALOA Y QUINTANA ROO).". Por otra parte, admitió la demanda con relación a otros actos derivados del mismo procedimiento de juicio político.
3.- Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso el recurso de queja que originó el toca 174/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito; admitido el recurso, se ordenó turnarlo a la ponencia de la Magistrada Laura Granados Guerrero, para la elaboración del correspondiente proyecto de sentencia, en términos del artículo 101, último párrafo, de la Ley de Amparo.
4.- En sesión pública ordinaria de once de octubre de dos mil diecinueve, el referido órgano colegiado declaró infundado el recurso de queja, con base en las consideraciones siguientes:
"... Del estudio conjunto de los resumidos agravios, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, se estiman que son infundados e inoperantes.
"De entrada, es necesario precisar que el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, al que apeló el Juez de Distrito, establece lo siguiente:
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"‘...
"‘VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o diputaciones permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; ...’
"Del citado numeral se aprecia que actualmente la causa de improcedencia en estudio, a diferencia de la Ley de Amparo abrogada,(11) contiene la precisión de que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas comisiones o Diputaciones Permanentes, en la declaración de procedencia y juicio político.
"En efecto, del texto legal vigente se observa que el legislador fue preciso en determinar que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, tanto en la declaración de procedencia y en juicio político, como en la elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente.
"Esto es, con motivo de la reforma a la Ley de Amparo, el contenido del artículo 61, fracción VII, establece como nuevos supuestos de improcedencia, las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, cuando se trate de:
"a) Declaración de procedencia,
"b) Juicio político,
"c) Elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente.
"De lo antes expuesto este Tribunal Colegiado observa, sin lugar a dudas, que el legislador en la actual fracción VII del numeral 61 dispuso, entre otros supuestos, que la improcedencia del juicio de amparo surge cuando se impugnan actos emitidos en los juicios políticos o en la declaración de procedencia.
"Cabe precisar que este tribunal en el amparo en revisión **********, sesionado el ocho de febrero de dos mil dieciocho, analizó la constitucionalidad del artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, llegando a la conclusión de que si bien del artículo 110 de la Constitución Federal no se puede derivar la improcedencia del amparo, contra las resoluciones que se emitan con motivo de un juicio político en el ámbito estatal, cierto era que sí era factible desprenderlo del diverso dispositivo constitucional 108, acorde al cual, existe delegación a favor de las Legislaturas Locales, de regular en sus Constituciones, en los mismos términos, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y que serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.
"Que en ese sentido, en el precepto constitucional federal se encuentra previsto que contra ese tipo de resoluciones (juicio político), no es posible hacer valer recurso alguno, y al respecto, el legislador estatal actuó en concordancia y estableció en la Constitución del Estado de Quintana Roo, específicamente en el artículo 160, fracción VIII, que las declaraciones y resoluciones que se dicten a quienes se sujeten a juicio político son inatacables.
"Conviene transcribir la parte considerativa para introducirnos en el tema, la cual en esencia consiste en lo siguiente:
"‘... Establecido lo anterior, resulta importante transcribir el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo que se tilda de inconstitucional, que literalmente establece:
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"‘...
"‘VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o diputaciones permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; ...’
"De la reseña del numeral en comento se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, cuando se trate de los siguientes supuestos:
"a) Declaración de procedencia,
"b) Juicio político,
"c) Elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente.
"Al respecto, cabe señalar del proceso legislativo que dio origen a la nueva Ley de Amparo, no se desprende alguna justificación con relación a dicho tópico; sin embargo, lo que es posible apreciar es que se adicionó al supuesto previsto en la Ley de Amparo abrogada, el tópico relativo a la declaración de procedencia y juicio político.
"Esto es así, porque en la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo de anterior vigencia, se establecía lo siguiente:
"‘ARTÍCULO 73. El juicio de amparo es improcedente:
"‘...VIII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o diputaciones permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; ...’
"Y en la redacción actual de dicha causa de improcedencia se especificó que el juicio de amparo resultaba improcedente para combatir resoluciones o declaraciones de esas mismas autoridades, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente.
"La anterior hipótesis de improcedencia, respecto de juicios políticos del ámbito federal, se justifica con lo previsto en los artículos 108, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto; y, 110, párrafos primero, segundo y último, constitucional, que establece:
"(Reformado primer párrafo, D.O.F. 29 de enero de 2016)
"‘Art. 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la administración pública federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
"(Reformado, D.O.F. 28 de diciembre de 1982)
"‘El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
"(Reformado, D.O.F. 29 de enero de 2016)
"‘Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.
"(Reformado, D.O.F. 29 de enero de 2016)
"‘Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. ...’
"(Reformado primer párrafo, D.O.F. 29 de enero de 2016)
"‘Art. 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el fiscal general de la República, los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
"(Reformado, D.O.F. 29 de enero de 2016)
"‘Los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. ...
"(Reformado, D.O.F. 28 de diciembre de 1982)
"‘Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.’
"Y en el ámbito estatal, se justifica, para el Estado de Quintana Roo, con lo establecido en los numerales 160, párrafos primero y segundo, fracciones II y VIII, de la Constitución del Estado de Quintana Roo, que establecen:
"(Reformado primer párrafo, P.O. 3 de noviembre de 2016)
"‘ARTÍCULO 160. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial, funcionarios y empleados del gobierno del Estado y de los ayuntamientos y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ayuntamientos, organismos descentralizados de la administración pública estatal o municipal, empresas de participación estatal o municipal y fideicomisos públicos del estado o de los municipios, así como a los funcionarios y empleados del Instituto Electoral de Quintana Roo, del Tribunal Electoral de Quintana Roo, del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo y de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones; así como, por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.
"(Reformado, P.O. 24 de octubre de 2003)
"‘La Legislatura del Estado expedirá una Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás disposiciones que sancionen conductas que entrañen responsabilidad de los servidores públicos conforme a las siguientes prevenciones:
"‘...
"(Reformada, P.O. 24 de octubre de 2003)
"‘I. El gobernador del Estado, los diputados a la Legislatura, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y los presidentes municipales, sólo podrán ser sujetos a juicio político por violaciones graves a esta Constitución, y a las leyes que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos del Estado.
"(Reformada, P.O. 24 de octubre de 2003)
"‘VIII. Las declaraciones y resoluciones que se dicten a quienes se sujeten a juicio político son inatacables. ...’
"En los preceptos constitucionales transcritos se encuentra, primeramente, la facultad que tienen tanto el Congreso de la Unión como las Legislaturas de los Estados, para expedir, cada uno, dentro del ámbito de su respectiva competencia, las leyes que establezcan las conductas que generen responsabilidades de los servidores públicos.
"Además, los órganos legislativos de ambos niveles podrán señalar los procedimientos necesarios para imponer sanciones a los servidores públicos, siempre que cumplan con los mínimos que el mismo Texto Constitucional establece.
"Se observa entonces, que el juicio político es un procedimiento que se instaura, tanto a nivel federal, como a nivel local, con el objetivo de fincar responsabilidad política a los servidores públicos señalados, por la realización u omisión de actos que produzcan un perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
"Asimismo, existe coincidencia en cuanto a que, resultan inatacables las declaraciones y resoluciones que se dicten a quienes se sujeten a juicio político.
"Seguidamente cabe realizar algunas precisiones en cuanto a la naturaleza del juicio político.
"El juicio político es un proceso, en su totalidad de tipo político, en el que todas sus etapas tienen la misma naturaleza.
"La función que realiza es claramente de naturaleza política, por las características que la conforman: a) responde a un criterio de oportunidad política, b) controla actos y personas, no normas o productos normativos, c) el parámetro de control es político, o sea, surge de la misma voluntad política del órgano que controla, y finalmente, d) el resultado es una sanción de carácter político, entiéndase como destitución o inhabilitación en el cargo.
"En este sistema de control se exige responsabilidad política, y el hecho infractor no está tipificado como delito, sino que se trata de una arbitrariedad, abuso o exceso de poder por parte de los funcionarios públicos, por lo que puede caracterizarse como una garantía de defensa de la Constitución, ante la actuación del servidor público.
"En el ámbito federal, la improcedencia del amparo contra las declaraciones de los órganos que participan en un juicio político deriva de lo establecido en la propia Constitución, en el último párrafo del artículo 110, que señala expresamente que ‘las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables’.
"Sin embargo, del citado precepto constitucional, no se puede derivar la improcedencia del amparo, contra las resoluciones que se emitan con motivo de un juicio político en el ámbito estatal, sin embargo, ello sí se desprende del diverso dispositivo constitucional 108, cuya parte conducente se transcribió en los anteriores párrafos, acorde al cual, existe delegación a favor de las Legislaturas Locales, de regular en sus Constituciones, en los mismos términos, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y que serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.
"En ese tenor, como ya se precisó, en el precepto constitucional federal se encuentra previsto que, contra ese tipo de resoluciones (juicio político), no es posible hacer valer recurso alguno, y al respecto, el legislador estatal actuó en concordancia y estableció en la Constitución del Estado de Quintana Roo, específicamente en el artículo 160, fracción VIII, que las declaraciones y resoluciones que se dicten a quienes se sujeten a juicio político son inatacables.
"Con los antecedentes ya precisados, este Tribunal Colegiado estima que, contrario a lo que adujo el recurrente, el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, no es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva, y en específico, al recurso efectivo, cuya violación, alega el quejoso, se genera al restringir la posibilidad de promover juicio de amparo contra resoluciones emitidas por las Legislaturas de los Estados en los casos de juicio político. ...’
"Lo anterior se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, en virtud de que las sentencias almacenadas en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, resulta innecesario probar ese tipo de hechos.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 10, del Libro 55, junio de 2018, Tomo I, Décima Época, registro electrónico: 2017123, cuyos rubro y texto son:
"‘HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.’
"Con base en lo dicho, se colige que este Tribunal Colegiado es del criterio que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones derivadas de un juicio político en el ámbito estatal, conforme a lo previsto en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo.
"Ahora, en la especie se tiene que el acto por el cual se desechó parcialmente la demanda de amparo, se hizo consistir en el siguiente:
"a) La continuación del procedimiento de juicio político, sin dar contestación fundada y motivada al escrito presentado por el impetrante el tres de enero de dos mil dieciocho, cuando era necesario dar contestación al mismo a través del Pleno de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, previo a continuar con el procedimiento de marras.
"Asimismo, de los antecedentes que narró el recurrente bajo protesta de decir verdad, se advierten los datos relevantes siguientes:
"Que el veinticinco de septiembre de dos mil dieciséis el quejoso aquí recurrente, dejó de ocupar el cargo de secretario de Finanzas y Planeación.
"Que en tres de abril de dos mil diecisiete la Comisión de Justicia de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, admitió a trámite la denuncia de juicio político en contra del aquí recurrente, la cual registró bajo el expediente **********, misma que se le notificó el cinco de julio de ese año.
"Que en diez de julio de dos mil diecisiete compareció ante la Comisión Instructora de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, ofreció pruebas y presentó alegatos.
"Que en cinco de enero de dos mil dieciocho presentó un escrito ante la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, solicitando se conformara una nueva comisión instructora, y en cumplimiento al juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Chetumal, se le dio contestación mediante oficio **********, sin que el funcionario que lo responde tenga facultades para ello.
"De esos datos puede advertirse, que el acto reclamado en el juicio de amparo deriva del expediente de juicio político número **********, de tal manera que como tienen su génesis en un procedimiento que técnicamente no es jurisdiccional, sino eminentemente político, como lo es el juicio político contemplado en la Constitución del Estado de Quintana Roo, es evidente el manifiesto [sic] de la causal en estudio, pues esa calificativa deriva del propio escrito de demanda, en el que el inconforme expresó bajo protesta de decir verdad que el acto reclamado está inmerso en un juicio de naturaleza política ya iniciado en su contra.
"En ese tenor, conforme al artículo 108 de la Constitución Federal se encuentra previsto que contra ese tipo de resoluciones o detracciones (juicio político), no es posible hacer valer recurso alguno, y al respecto, el legislador estatal actuó en concordancia y estableció en la Constitución del Estado de Quintana Roo, específicamente en el artículo 160, fracción VIII,(12) que las declaraciones y resoluciones que se dicten a quienes se sujeten a juicio político son inatacables.
"Como se ve en la Constitución Estatal el legislador local contempló la figura de juicio político como medio para sancionar a determinados servidores públicos que con motivo de su cargo, incurrieran en ciertas conductas en perjuicio del servicio público que prestan y para lo cual se estableció un procedimiento que se regula en los artículos 9 a 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, lo inherente al procedimiento de juicio político en sus diversas etapas, destacando que tiene como inicio la denuncia que puede ser formulada por cualquier ciudadano, bajo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30217-d88bf196/juicio-politico-en-el-estado-de-quintana-roo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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