PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. DESDE EL AUTO INICIAL DEL JUICIO DE AMPARO PUEDE DECRETARSE SU IMPROCEDENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 207/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 17 DE ENERO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si existe la contradicción de criterios respecto de si el auto inicial en el juicio de amparo constituye la actuación procesal idónea para tener por demostrada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuando se reclaman actos intermedios que se desarrollan dentro de los procedimientos de elección de Magistrados de Tribunales Superiores de Justicia Estatales.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios suscitada entre el entonces Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito (Región Centro-Sur) y el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito (Región Centro-Norte).
El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si existe la contradicción de criterios respecto de si el auto inicial en el juicio de amparo constituye la actuación procesal idónea para tener por demostrada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuando se reclaman actos intermedios que se desarrollan dentro de los procedimientos de elección de Magistrados del Supremo Tribunal de un Estado, o su estudio es propio de la sentencia.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio remitido a través del MINTERSCJN el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, recibido el veintiocho siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México remitió la denuncia formulada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el extinto Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al emitir la resolución de la contradicción de tesis 13/2019 y el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito al resolver el recurso de queja 290/2022.
2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de cinco de julio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta registró el asunto con el número 207/2023; admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de criterios, por lo que solicitó a la Presidencia de esos órganos jurisdiccionales remitieran la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de las ejecutorias materia de la denuncia, así como del escrito de agravios, o bien, la versión electrónica en la que consten las firmas electrónicas y del proveído en el que informen si el criterio denunciado se encuentra vigente.
3. De igual forma turnó el expediente para su estudio al Ministro Alberto Pérez Dayán, y ordenó enviarlo a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que proveyera su trámite e integración.
4. Mediante acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto.
5. Por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Segunda Sala acordó que el expediente se encuentra debidamente integrado; y remitió el sumario en el que se actúa a su Ponencia.
I. COMPETENCIA
6. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(1) así como en términos del artículo segundo(2) transitorio del Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el diez de abril de dos mil veintitrés, por el que se modifica el rubro y se adiciona un punto cuarto y, en consecuencia, se recorre la numeración; y se modifican los puntos segundo, tercero, quinto (antes cuarto), noveno (antes octavo), décimo (antes noveno), décimo primero (antes décimo), décimo segundo (antes décimo primero), décimo tercero (antes décimo segundo), décimo cuarto (antes décimo tercero), y décimo quinto (antes décimo cuarto), del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre dos órganos colegiados de distintos circuitos, y se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. LEGITIMACIÓN
7. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(3) que regulan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de contradicciones entre un extinto Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de Circuito.
8. En ese sentido, si la denuncia de contradicción de criterios la presentó el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es claro que está legitimado.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
9. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, se hace referencia a los antecedentes de cada asunto y se transcriben las consideraciones esenciales de las resoluciones emitidas por los órganos contendientes.
10. 1. Recurso de queja 290/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito
I. Mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Humberto Tamayo Camacho, interpuso demanda de amparo indirecto contra el Congreso de ese Estado y la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, en la que reclamó que en la Sesión de Pleno del veinte de octubre de dos mil veintidós se omitió el nombre del quejoso como persona aspirante elegible en el Concurso de Oposición para elegir una Magistratura Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, según el oficio SG/007/2020.
II. La demanda se turnó al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, quien por auto de quince de noviembre de dos mil veintidós la admitió bajo el número de expediente 1839/2022.
III. Mediante acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, determinó desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo pues advirtió que el nombramiento y/o designación de un Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, así como los actos intermedios de ese procedimiento, le corresponden al ente legislativo estatal en uso de sus facultades soberanas, y apoyó su determinación con lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
IV. Contra esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, y, en sesión de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, determinó lo siguiente:
"...
"Ahora bien, como se adelantó este órgano colegiado considera que la causal de improcedencia invocada por el Juez Federal en el auto impugnado no debe considerarse como manifiesta e indudable, pues su actualización requiere un análisis profundo, propio de la sentencia de fondo.
"...
"En efecto, en los recursos de revisión 486/2012 y 573/2012 en cita, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó las resoluciones que desecharon la demanda de amparo, al sostener que para actualizar la causal de improcedencia que refería el entonces artículo 73, fracción VIII, de la anterior Ley de Amparo (actualmente prevista en el artículo 61, fracción VII, de la ley de la materia), era necesario analizar minuciosamente las facultades del Congreso local, la naturaleza de los actos reclamados y sus consecuencias, lo que es propio de la sentencia de amparo. En el caso en particular, es indispensable examinar la Constitución del Estado de Baja California y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, a la luz de las pruebas que en el caso concreto sean aportadas en autos por las partes durante el trámite del juicio, a fin de determinar si la eliminación de una persona de la lista de concursantes para la designación de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mismo que el juez de amparo calificó como un ‘acto intermedio’ puede o no conducir a la inminente improcedencia del juicio, lo que no es propio del auto que provee inicialmente sobre la tramitación de la demanda de amparo, sino que obedece a un estudio que, en su caso, habrá de realizarse en la sentencia que se dicte en definitiva.
"De ahí que no se tenga la certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata se actualice en el caso concreto.
"Además, el hecho de que el Juez de Distrito se hubiera apoyado, esencialmente, para desechar la demanda en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA.’, tampoco es razón suficiente para que sea manifiesto e indudable el motivo de improcedencia.
"Esto debido a que los cinco precedentes que dan sustento a la referida tesis de jurisprudencia, se tratan de amparos en revisión (324/2018, 325/2018, 326/2018, 327/2018 y 391/2018), en los que se impugnó la sentencia en que se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, esto es, asuntos en los que se contaba ya con todos los elementos necesarios para definir la naturaleza de los actos reclamados.
"En tal virtud, si conforme al derecho fundamental de acceso a la justicia, toda persona tiene derecho a defender la posible violación a su esfera jurídica y, de los conceptos de violación, se aprecia que la parte quejosa se dolió precisamente de la violación a sus derechos fundamentales; es claro que de un examen preliminar no puede calificarse tal aspecto y determinarse claramente la improcedencia de la demanda de amparo, pues es indispensable apoyarse con un estudio más exhaustivo que es exclusivo de la sentencia que dirima el fondo de la litis constitucional.
"Lo que conduce a establecer que el motivo de improcedencia aludido en la resolución recurrida no sea manifiesto e indudable para determinar si la demanda es improcedente, por lo que ante la inseguridad jurídica las posibles violaciones a derechos fundamentales, la improcedencia no surge sin obstáculo alguno a la vista del juzgador, toda vez que, por el tipo de actos reclamados y de lo manifestado en los conceptos de violación, se reitera, requiere de un estudio profundo en el cual se determinen las razones por las cuales se considera que no procede el juicio de amparo.
"Sin perjuicio de que una vez allegadas las constancias ofertadas por las partes, pueda actualizar el referido motivo de improcedencia, pues será hasta ese momento procesal en que esté en aptitud de constatar su actualización.
"En esa tesitura, se impone revocar el acuerdo recurrido y, por ende, el titular del referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en el numeral 103, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, en caso de no encontrar causal diversa, deberá admitirla. ..."
11. 2. Contradicción de tesis 13/2019, del índice del entonces Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito
A. Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio 8370/2019, la Presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, remitió el escrito de denuncia de una posible contradicción de tesis que por vía electrónica presento José de Jesús Flores Herrara, quien se ostentó como quejoso y recurrente dentro de los asuntos materia de la contradicción, suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo y Sexto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los recursos de queja 317/2018 y 341/2018, de sus respectivos índices.
B. Correspondió conocer de la contradicción de tesis al entonces Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien por acuerdo de trece de junio de dos mil diecinueve, registró el asunto con el número de expediente 13/2019; admitió a trámite la denuncia y solicitó a la Presidencia de los Tribunales Colegiados contendientes informaran si los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales se encontraban vigentes.
C. En sesión de diez de marzo de dos mil veinte, el entonces Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determinó lo siguiente:
"...
"De lo anterior, resulta oportuno realizar las siguientes acotaciones:
"A. El Alto Tribunal del País definió, entre otras cuestiones, que ante el reclamo del procedimiento de elección de Magistrados del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tratarse de actos soberanos del Congreso Local; lo anterior, en tanto que ni el artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, ni alguna otra disposición local, exigen que la decisión del órgano legislativo respectivo deba ser avalada o sometida a aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso.
"B. Añadió la Superioridad, que si bien en el procedimiento de elección de Magistrados interviene el Consejo de la Judicatura del Estado, en tanto que dicho órgano propone a los candidatos al cargo, lo cierto es que, finalmente, quien elige de manera independiente al nuevo Magistrado, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Congreso del Estado; y que, por tanto, si la elección del Magistrado no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, debe considerarse que tal acto sí se trata de un acto soberano en uso de las facultades discrecionales del Congreso.
"C. Asimismo, la Suprema Corte definió que si bien la elección de los Magistrados locales está sujeta a la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado y a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad, lo cierto es que estas reglas especiales de procedimiento no menoscaban el carácter autónomo de la facultad del Congreso del Estado de Jalisco, ya que no lo vinculan para que adopte su decisión en sentido determinado, ni sujeta su voluntad a la deliberación de persona o ente alguno ajeno al propio órgano legislativo.
"Consecuentemente, ante la existencia de un criterio jurisprudencial del Alto Tribunal Constitucional, que define con claridad la naturaleza de los actos emitidos por el Congreso Local, con relación a la elección de Magistrados de la entidad, es evidente la actualización de manera manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo.
"Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS." (Se transcribe)
"Bajo esa lógica, es oportuno referir que las razones que suministra el anterior criterio jurisprudencial, dejan de lado la diversa jurisprudencia 2a./J. 3/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –en la cual apoyó su criterio uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes–; lo anterior, pues es claro que ha sido superada la temática abordada en esta última tesis, en el sentido de que la existencia de una jurisprudencia sobre el punto en cuestión, no constituye una causal de improcedencia notoria y manifiesta que motive el desechamiento de plano de una demanda de amparo.
"Contra lo apuntado, no obsta que en los procesos constitucionales de origen se hubiesen analizado las actuaciones emitidas dentro del procedimiento de elección de Magistrados de esta entidad federativa (convocatorias, dictámenes, votaciones, etcétera); lo anterior, pues el propio Alto Tribunal del país estableció en el precedente en análisis (amparo en revisión 391/2018), que si la promoción del amparo resulta improcedente en contra del último acto pronunciado en el procedimiento de designación apuntado –que es el único que en todo caso podría irrogar perjuicio a determinada persona–, menos podría proceder contra cualquier otro acto intermedio realizado en uso de las facultades discrecionales y autónomas. Esas consideraciones son del siguiente tenor:
"‘63. En consecuencia, como la elección de Magistrados es una facultad soberana, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, la cual debe hacerse extensiva a todos los demás actos emitidos por el propio Congreso, en uso de sus facultades discrecionales, dentro del procedimiento instaurado para tal designación, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación apuntado, que es el único que en todo caso podría irrogar perjuicio a determinada persona, menos podría proceder contra cualquier otro acto intermedio realizado en uso de las facultades discrecionales y autónomas con que cuenta dicho órgano o como consecuencia del ejercicio de aquéllas.
"‘64. Máxime que el aquí quejoso, sí fue incluido en la lista de aspirantes que cumplieron con los requisitos respectivos para ser designados Magistrados y, por ende, el único acto que efectivamente podría ocasionarle perjuicio sería la elección en la que no obtuvo la votación necesaria para ser designado Magistrado.’
"En tales condiciones, este Pleno de Circuito considera que en casos como el que aquí se analiza, resulta aplicable ipso facto e ipso iure, la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.), pues define específicamente la naturaleza de los actos emitidos dentro del procedimiento de elección de Magistrados del Poder Judicial del Estado de Jalisco, pues, como se ve, no se requiere de un mayor escrutinio por parte del juzgador de amparo, para establecer su aplicabilidad desde el auto de inicio del proceso constitucional.
"Consecuentemente, ante el reclamo de actos intermedios emitidos dentro del procedimiento de elección de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, ambos del Estado de Jalisco, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, pues resulta inconcuso que la naturaleza de dichos actos ha sido determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de un criterio jurisprudencial de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo. "Máxime que es el propio quejoso quien al instar la acción constitucional, tiene la obligación de señalar con precisión los actos reclamados, en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo, de modo que si éste es claro en el escrito de demanda respecto a tales actos, es innecesario esperar los informes justificados que rindan las autoridades responsables, las pruebas y los alegatos que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, pues con independencia de su contenido, prevalece la circunstancia de que los actos del Congreso Local, definidos jurisprudencialmente por la Suprema Corte como soberanos, no variarían.
"De dicha contradicción surgió la siguiente jurisprudencia:
"Registro digital: 2022299 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: PC.III.A. J/89 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo II, página 1357 Tipo: Jurisprudencia ‘MAGISTRADOS DEL ESTADO DE JALISCO. LOS ACTOS INTERMEDIOS EMITIDOS POR EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN RELATIVO ACTUALIZAN DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 102/2018 (10a.)]. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el Juez de Distrito puede desechar la demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En palabras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto implica que la existencia de la hipótesis de inejercitabilidad constitucional requiere de demostración plena, es decir, debe ser evidente, clara y fehaciente y no basarse en presunciones, ni exigir un análisis profundo como el que se realiza en la sentencia, porque de lo contrario el juzgador no debe desechar la demanda de amparo. Tal es el caso del reclamo consistente en el procedimiento de elección de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, cuya naturaleza ha sido bien definida en la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que tanto la elección en sí misma considerada, como los actos intermedios de ese procedimiento, constituyen actos soberanos emitidos por el Congreso Local en uso de sus facultades discrecionales. Consecuentemente, en ese tipo de casos no se requiere de un mayor escrutinio por parte del juzgador de amparo para establecer, desde el auto de inicio, la aplicabilidad del criterio jurisprudencial de referencia y, por ende, desechar de plano la demanda respectiva, por actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo; lo anterior, pues dada la obligatoriedad del criterio de referencia, en términos del artículo 217 de la propia ley, resulta innecesario instrumentar el juicio constitucional, pues con independencia de los documentos aportados (informes justificados, pruebas, alegatos), prevalece la circunstancia de que la naturaleza de los actos del Congreso Local, definida jurisprudencialmente por la Superioridad, no variaría.’ ..."
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
12. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los jueces y justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, el Tribunal Pleno ha reconocido que para que exista una contradicción de criterios basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
13. Sirven de sustento a lo anterior los criterios del Tribunal Pleno de rubro siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(4)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(5)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA."(6)
14. Si la finalidad de la contradicción de criterios es unificarlos y el problema radica en los procesos de interpretación –más no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces como lo ha sostenido tanto la Primera Sala(7) como el Tribunal Pleno,(8) es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
15. Es decir, existe una contradicción de criterios cuando dos órganos jurisdiccionales: a) hayan realizado ejercicios interpretativos; b) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias, y c) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
16. Por otro lado, no es obstáculo para que esta Segunda Sala examine la denuncia en cuestión, el que uno de los criterios contendientes no constituya jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.",(9) y la tesis aislada P. L/94 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(10) del mismo Tribunal Pleno.
17. Por tanto, a continuación, se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.
18. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo. Esta Segunda Sala considera que se acredita el primer requisito toda vez que los órganos contendientes ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas.
19. Esto es así, pues como se expuso con anterioridad, ambos órganos colegiados realizaron ejercicios interpretativos acerca de si el auto inicial en el juicio de amparo constituye la actuación procesal oportuna para tener por demostrada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuando se reclaman actos intermedios que se desarrollan dentro del procedimiento de elección de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia local.
20. Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos. Esta Segunda Sala concluye que el segundo requisito se cumple debido a que los asuntos analizados por los órganos contendientes coinciden en que:
a) Derivaron de juicios de amparo en los que el acto reclamado consistió en impugnar actos dentro del procedimiento de elección de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.
b) Los Jueces de Distrito desecharon los juicios de amparo al considerar que se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo.
c) Contra esas determinaciones se promovieron recursos de queja, los cuales resolvieron los órganos contendientes.
d) Los órganos jurisdiccionales se pronunciaron sobre si el auto de inicio del juicio de amparo constituye el momento idóneo para decretar la improcedencia de ese medio de control constitucional cuando se reclaman actos de un procedimiento de elección y designación de Magistrados locales cuya decisión final obedece a facultades soberanas del Congreso Estatal.
21. En efecto, el entonces Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 13/2019, consideró que el auto inicial en el juicio de amparo constituye la actuación procesal idónea para tener por demostrada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, cuando se reclaman actos intermedios que se desarrollan dentro del procedimiento de elección de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de lo Administrativo, ambos del Estado de Jalisco, al resultar aplicable la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.) al considerar que tanto la elección como los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32285-755bc7fd/procedimiento-de-eleccion-de-magistrados-de-las-entidades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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