FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO E INDEPENDIENTE, RESPECTO DEL CUAL SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN GARCÍA OROZCO, JOSÉ VALLE HERNÁNDEZ, NOÉ HERRERA PEREA, MARIO OSCAR LUGO RAMÍREZ, ULISES TORRES BALTAZAR Y JAIME URIEL TORRES HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ VALLE HERNÁNDEZ. SECRETARIA: MARTHA RÍOS CORTÉS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. El Pleno del Decimoprimer Circuito es competente para conocer y resolver esta contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41-Bis, 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como los numerales 1 y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue realizada por el recurrente en el recurso de queja 54/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.
TERCERO.—Criterios contendientes. Con el fin de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es oportuno analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes basaron sus resoluciones.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 54/2019, en sesión de diez de mayo de dos mil diecinueve, determinó, en la parte que interesa, lo siguiente:
"Sin embargo, del precepto de la Constitución Local antes transcrito, se advierte que para la elección del fiscal general interviene el gobernador del Estado, pues es quien formula la terna de los candidatos al cargo y que quien elige es el Congreso del Estado, por tanto, debe concluirse que para establecer si el procedimiento para la designación mencionada es una facultad reglada o una decisión libre de los integrantes del Congreso Local, se debe emprender un estudio de fondo y exhaustivo para dilucidar cuándo una Legislatura ejerce una facultad que no requiera de injerencia externa para adoptar sus decisiones o que dicha facultad sea discrecional, esto es, que la ejerza conforme a su arbitrio o de acuerdo con la moderación de sus decisiones, en consecuencia, la causa de improcedencia que se estimó actualizada no es manifiesta e indudable."
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en sesión de diez de octubre de dos mil diecinueve, al resolver el recurso de queja 37/2019, en lo que interesa, determinó lo siguiente:
"Como se ve, el anterior precepto establece una causa de improcedencia específica para los casos en que se reclamen resoluciones o declaraciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas comisiones, con motivo de la elección de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente.
"Ese motivo de improcedencia ha sido interpretado por el Tribunal Pleno y por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque a la luz de la anterior Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013), que en el artículo 73, fracción VIII, establecía esencialmente lo mismo, tal es el caso de la tesis 2a. LXXXIX/2006, cuyo rubro es: ‘COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EMITE ACTOS SOBERANOS, A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’
"Así, de la ejecutoria de donde emana el anterior criterio, destaca que la Segunda Sala, al interpretar el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo (abrogada) consideró:
"1. Para que se actualice la causa de improcedencia en cuestión, no es necesario que la Constitución (Federal o Local, según el caso) establezca expresamente, como frase sacramental, que los actos emitidos por el Congreso u órganos respectivos, en relación con la elección, suspensión o remoción de funcionarios, constituye una facultad soberana o discrecional.
"2. Estamos ante una facultad soberana cuando la ejerce quien goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones.
"3. La propia facultad será discrecional cuando su titular la ejerza conforme a su arbitrio, pero con prudencia, esto es, la facultad discrecional no implica que se adopte una decisión en forma ‘arbitraria’, sino conforme a la apreciación de las circunstancias que el titular realice o de acuerdo con la moderación de sus decisiones.
"En este contexto, se considera que en el presente caso sí se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia en cuestión (establecida en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo vigente), en tanto que los quejosos reclaman el procedimiento de elección del fiscal general del Estado de Michoacán y, en ese sentido, ni el artículo 102 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, ni alguna otra disposición local, exigen que la decisión del órgano legislativo respectivo deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso.
"En efecto, del contenido del artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, el cual se encuentra transcrito en párrafos anteriores, se advierte que si bien en el procedimiento de elección del fiscal general del Estado de Michoacán interviene también el gobernador de la entidad, en tanto que dicho funcionario es quien formula la terna a los candidatos al cargo, lo cierto es que finalmente, quien elige de manera independiente al fiscal general, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Congreso del Estado de Michoacán.
"Por ende, si la elección del fiscal general del Estado de Michoacán no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, debe considerarse que tal acto se trata de un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales del Congreso, contrario a lo que argumenta el recurrente en el agravio en estudio.
"No es obstáculo para lo anterior, el hecho de que el procedimiento para la designación del fiscal general en el Estado de Michoacán se encuentre regulado en la Constitución Local y, por tanto, que se trate de una facultad reglada, es decir, es verdad que se está ante una facultad reglada, pues la autoridad para elegir al fiscal general está obligada a observar las reglas establecidas en la Constitución del Estado para ese efecto, empero, el acto final de dicho procedimiento que corresponde a la designación del fiscal general, es una decisión libre de cada uno de los integrantes del Congreso Local; y es este último acto el que demuestra que se está ante una facultad soberana, en tanto que la propia Constitución permite que sea cada diputado, en lo individual, quien aprecie a nivel interno el sentido de su voto.
"En consecuencia, como la elección y designación del fiscal general del Estado de Michoacán es una facultad soberana, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, la cual debe hacerse extensiva a todos los demás actos emitidos por el propio Congreso y el gobernador del Estado, en uso de las facultades discrecionales, dentro del procedimiento instaurado para tal designación, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación apuntado, que es el único que en todo caso podría irrogar perjuicio a determinada persona, menos podría proceder contra cualquier otro acto intermedio realizado en uso de las facultades discrecionales y autónomas con que cuenta dicho órgano o como consecuencia del ejercicio de aquéllas; de ahí lo infundado por el recurrente en el sentido de que se debió admitir la demanda de amparo en cuanto a los actos atribuidos al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, pues sus actos de intervención del proceso para la designación del fiscal general del Estado de Michoacán, forman parte de un proceso que culmina con la designación respectiva, la cual es una facultad soberana del órgano legislativo respectivo, según quedó ampliamente expuesto en párrafos anteriores.
"Sustenta y fundamenta lo anterior, por identidad jurídica, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece publicada en la página 887 del Libro 58, Tomo I, septiembre de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, la cual es del tenor siguiente:
"‘MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA.’."
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. El objeto de la resolución de contradicción de tesis radica en unificar criterios, por lo que para identificar la existencia de la contradicción de tesis, deberá tenerse como premisa el generar seguridad jurídica.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado las características que deberán analizarse para determinar la existencia de la contradicción de tesis, a saber:
a) No será necesario que los criterios deriven de elementos de hechos idénticos, pero será esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas.
b) Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes deberán haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que ejercieron arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
c) Entre los ejercicios interpretativos respectivos deberá encontrarse al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
d) Lo anterior podrá dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
e) Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no será requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción de tesis planteada o, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
De acuerdo con lo anterior, en el caso existe contradicción de tesis, toda vez que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al dictar las resoluciones que motivan el presente procedimiento de unificación, analizaron sendos recursos de queja en que se pronunciaron de forma diversa y contraria sobre si era o no manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, respecto a la elección de fiscal general del Estado de Michoacán de Ocampo.
En ese orden de ideas, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 54/2019, determinó que la causa de improcedencia que ahí se invocó no se actualizaba de forma manifiesta e indudable, porque para llegar a la conclusión de que el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo hacía la designación del fiscal general de forma libre y soberana en términos del artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, se necesitaba establecer si el procedimiento de elección era o no una facultad reglada, si la Legislatura tenía injerencia del exterior en la adopción de sus decisiones o si éstas se tomaban de manera discrecional, todo lo cual implicaba un estudio de fondo y exhaustivo.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 37/2019, concluyó que la causa de improcedencia aludida se actualizaba de forma manifiesta e indudable, toda vez que ni el artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo ni alguna otra disposición exigían que la decisión del órgano legislativo debiera ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso, aunado a que la injerencia del gobernador de la entidad en la elección del fiscal se limitaba a la propuesta de una terna, lo que implicaba que la decisión del Congreso era libre, soberana y discrecional, aun cuando se estuviera en presencia de una facultad reglada.
Luego, deberá resolverse la contradicción de tesis, a fin de establecer si la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, se actualiza o no de manera manifiesta e indudable en los casos en que se reclamen en el juicio constitucional actos relacionados con la elección de fiscal general del Estado de Michoacán de Ocampo.
QUINTO.—Estudio. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno de Circuito.
A fin de resolver la controversia planteada, conviene traer a contexto lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo:
"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."
Como se advierte en la transcripción, sólo podrá desecharse una demanda cuando se actualice una causa de improcedencia de manera manifiesta e indudable.
Ahora, respecto a lo que debe entenderse por esto último en el juicio de amparo, con independencia de las definiciones que puedan darse a los aludidos vocablos en relación con la claridad, indudabilidad y notoriedad de la causa de improcedencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que ésta se encontrará justificada cuando no pueda desvirtuarse con algún elemento de prueba que se ofrezca en el expediente, de modo que no exista la necesidad de esperar hasta el dictado de la sentencia.
Ilustra en el particular la tesis 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 186605, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, materia común, página 448, de rubro y texto siguientes:
"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada."
Con el aludido criterio se logra atender al imperativo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tendrá derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
Este criterio encuentra sustento, por las razones que la informan, en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, registro digital: 184572, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, página 386, que establece:
"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
Por otro lado, el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo establece:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente."
En relación con el supuesto normativo en cita, conviene traer a contexto lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 391/2018, de donde derivó la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.), en el cual se explicó la evolución de los criterios emitidos en torno a dicha hipótesis normativa, para establecer que la elección de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, por parte del Congreso Local, es un acto soberano, en contra del cual no procede el juicio de amparo.
Se consideró, medularmente, que del análisis a distintos precedentes se advierte que si bien la Sala sostuvo en un momento que la causal de improcedencia no podía considerarse actualizada cuando los actos reclamados (atribuidos a un Congreso) requerían de una debida fundamentación y motivación o cuando en ellos intervenían otros organismos e, incluso, la sociedad; lo cierto es que posteriormente superó tal criterio para sostener que sí se surte ese motivo de improcedencia cuando se reclaman procedimientos de elección de funcionarios por parte de los Congresos Locales, siempre y cuando las Constituciones o leyes locales los faculten para realizar la elección, sin que tal decisión deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso.
Que si bien en el procedimiento de elección de Magistrados de Jalisco interviene también el Consejo de la Judicatura del Estado, lo cierto es que finalmente quien elige de manera independiente al nuevo Magistrado sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Congreso Local.
Por ende, si la elección del Magistrado no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, debe considerarse que sí es soberano, emitido en uso de facultades discrecionales, así como que las reglas especiales del procedimiento no menoscaban el carácter autónomo de la facultad del Congreso del Estado de Jalisco, en tanto no lo vinculan para adoptar su decisión en sentido determinado, ni sujeta su voluntad a la deliberación de persona o ente alguno ajeno al propio órgano legislativo.
Se puntualizó que no es óbice que el procedimiento para la elección de Magistrados en el Estado de Jalisco se encuentre regulado en la Constitución Local y, consiguientemente, se trate de una facultad reglada, pues el acto final de dicho procedimiento que corresponde a la designación del juzgador, es una decisión libre de cada uno de los integrantes del Congreso Local; y es este último acto, el cual demuestra que se está ante una facultad soberana, en tanto la propia Constitución permite sea cada diputado, en lo individual, quien aprecie a nivel interno el sentido de su voto.
La ejecutoria en cita constituye uno de los precedentes de la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2017916, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de septiembre de 2018 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Tomo I, septiembre de 2018, materia común, página 887, que establece:
"MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece sustancialmente, que para la elección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general, someterá a consideración de éste una lista de candidatos al cargo, y que por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro de un término improrrogable de 30 días; de lo que se concluye que quien elige de manera independiente a esos juzgadores, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Poder Legislativo. Entonces, si la elección de los Magistrados no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales y, por tanto, esa elección y el procedimiento que le antecede no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Además, el hecho de que en el procedimiento de elección corresponda a la Comisión de Justicia del Congreso Local calificar que los candidatos reúnen los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado, lo cual queda plasmado en el dictamen que somete a consideración de la Asamblea, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado emitir su voto; y la valoración que en lo personal realicen dichos legisladores de las aptitudes de cada uno de los candidatos, es una cuestión que corresponde a su fuero interno al momento de votar."
Al resolver el juicio de amparo en revisión 324/2018, la Segunda Sala del Alto Tribunal, además de explicar los argumentos reseñados en líneas precedentes, determinó que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, no es contraria al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece la obligación del Estado Mexicano de instituir en su legislación interna un recurso judicial efectivo, toda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación, resultan perfectamente compatibles con el texto de dicha convención, en la inteligencia de que la efectividad del recurso intentado, se materializa cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus cualidades, y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada.
Por tanto, la circunstancia de que el juicio de amparo sea improcedente cuando se reclamen resoluciones de las Legislaturas Locales dictadas de manera soberana o discrecional para la elección de funcionarios, ello no implica una infracción al mandato convencional citado, en tanto la Ley de Amparo privilegió la voluntad indisponible de cada legislador para emitir su voto, así como la apreciación individual que les corresponde a los representantes populares al evaluar los méritos de los aspirantes a ejercer el cargo respectivo, toda vez que esa valoración constituye un aspecto inherente al criterio propio que despliegan al momento de sufragar por el correspondiente candidato, apreciación que reside en el fuero interno de aquéllos y que no puede ser suplantada por ninguna persona.
La ejecutoria en cita motivó la tesis 2a. CXXVII/2018 (10a.), registro digital: 2018678, consultable en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Tomo I, diciembre de 2018, materias común y constitucional, página 601, de rubro (sic) y texto que se muestran a continuación:
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ CONTRA RESOLUCIONES DE LAS LEGISLATURAS LOCALES DICTADAS SOBERANA O DISCRECIONALMENTE PARA LA ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El precepto legal referido, al disponer que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente, no transgrede el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme al cual, el Estado mexicano tiene la obligación de instituir en su legislación interna un recurso judicial efectivo, toda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o de un medio de impugnación, son compatibles con el texto de dicha convención, en la inteligencia de que la efectividad del recurso intentado se materializa cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus cualidades y, entonces, analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. Por tanto, la circunstancia de que el juicio de amparo sea improcedente cuando se reclamen resoluciones de las Legislaturas Locales dictadas soberana o discrecionalmente en la elección de funcionarios, no implica una infracción al mandato convencional citado, en tanto la Ley de Amparo privilegió la voluntad de cada legislador, para emitir su voto, así como la apreciación individual que corresponde a los representantes populares al evaluar los méritos de los aspirantes a ejercer el cargo respectivo, toda vez que esa v
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29708-f28637cf/fiscal-general-del-estado-de-michoacan-su-eleccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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