REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO EN JUICIO. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ABROGADA (ARTÍCULO 67, FRACCIÓN VIII, DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE), CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL SÍNDICO MUNICIPAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 23 DE NOVIEMBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS HECTOR FEDERICO GUTIÉRREZ DE VELASCO ROMO (PRESIDENTE), MARTHA CRUZ GONZÁLEZ, DAVID HUERTA MORA, VÍCTOR JÁUREGUI QUINTERO, OMAR LIÉVANOS RUIZ Y FERNANDO LÓPEZ TOVAR. PONENTE: HECTOR FEDERICO GUTIÉRREZ DE VELASCO ROMO. SECRETARIO: JOSÉ ULICES SÁNCHEZ CASTILLO.
CONSIDERANDO
5. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Decimoprimer Circuito es competente para conocer y resolver esta contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente con anterioridad a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno; 41 Bis, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como los artículos 1 y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito; disposiciones constitucionales y legales aplicadas en atención a la vacatio legis establecida en el artículo segundo transitorio de la reforma a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de siete de junio de dos mil veintiuno.
6. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue realizada por el Magistrado Fernando López Tovar, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quien denunció la probable existencia de contradicción de criterios, entre los sustentados por el órgano del que forma parte al resolver el amparo directo 350/2020 y del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 156/2013, mismos que dieron origen a la presente contradicción de criterios.
7. TERCERO.—Criterios contendientes. Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de criterios denunciada, se estima necesario tener a la vista las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron su respectiva resolución.
8. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo laboral 350/2020, promovido por ********** ostentándose como presidenta municipal y apoderada del Ayuntamiento de **********, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, en sesión de veintidós de abril de dos mil veintiuno, estimó en la parte que interesa:
"SEXTO. Es innecesario analizar las consideraciones en que se sustenta el laudo reclamado, así como los conceptos de violación, puesto que este tribunal no se ocupará de su estudio, ya que en el caso se advierte la existencia de una causal de improcedencia del juicio de garantías que obliga a decretar el sobreseimiento en el presente asunto, cuyo estudio es preferente de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo.
"El juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6o., ambos de la Ley de Amparo vigente, como se verá a continuación.
"En efecto, mediante escrito presentado el diez de agosto del año dos mil veinte, **********, promovió juicio de amparo directo en contra del laudo dictado con fecha dieciocho de marzo del año dos mil veinte en el juicio laboral ********** del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, expresando que lo hacía en su carácter de ‘... PRESIDENTA MUNICIPAL Y APODERADA DEL AYUNTAMIENTO DE ********** ...’ (foja 13 del cuaderno de amparo).
"De dicha demanda, por razón de turno correspondió conocer a este tribunal quedando registrada con el número 350/2020; y, en auto de veinticinco de noviembre del año próximo pasado, se admitió a trámite en los términos propuestos; y seguidos los trámites correspondientes en auto de fecha tres de febrero del año en curso se turnó a ponencia para la formulación del proyecto correspondiente (fojas 25 a 27 y 32 del cuaderno de amparo). Ahora bien, en auto de doce de febrero del año dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que acreditara que al momento de la presentación de la demanda tenía el carácter de apoderada del Ayuntamiento de **********, con el que compareció, porque sólo había adjuntado dos hojas del acta de sesión solemne de toma de protesta de los miembros del citado Ayuntamiento, de las que se desprende que tomó protesta del cargo de presidenta municipal; y, la constancia de fecha seis de septiembre del año dos mil dieciocho emitida por el Consejo Municipal en la que se hizo constar que se le expedía la constancia de mayoría y validez de la elección del Ayuntamiento como presidenta municipal para el periodo comprendido del uno de septiembre de dos mil dieciocho al treinta y uno de agosto del año dos mil veintiuno (fojas 36 y 36v del cuaderno de amparo); y, en ocurso de fecha dieciséis de febrero del año en curso, vía electrónica se dio cumplimiento exhibiendo el acta completa de instalación del Ayuntamiento que nos ocupa y de la constancia de mayoría electoral; asimismo, manifestó lo que aparece en (fojas 51 a 53 del cuaderno de amparo).
"Ahora bien, de las citadas documentales se advierte que la quejosa ********** en la fecha de presentación de la demanda de amparo no tenía el carácter de apoderada jurídica del Ayuntamiento quejoso, toda vez que así lo manifestó el apoderado de este último al cumplir con el requerimiento para justificar tal extremo; y siendo esto así, es inconcuso que carece de legitimación para promover juicio de amparo a nombre de éste; y se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6o., ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo.
"Por otro lado, si bien en autos está demostrado que la multicitada ********** es la presidenta municipal del Ayuntamiento de **********, ello tampoco le otorga la legitimación necesaria para promover el presente juicio de amparo como se verá enseguida.
"El artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, prescribe: ‘Artículo 14. El Ayuntamiento se integrará con los siguientes miembros: I. Un presidente municipal, que será el representante del Ayuntamiento y responsable directo del gobierno y de la administración pública municipal, por tanto, encargado de velar por la correcta planeación, programación, ejecución y control de los programas, obras y servicios públicos a cargo de la municipalidad; ...’
"En tanto que el párrafo primero del artículo 49 del citado cuerpo de leyes establece: ‘La presidenta o presidente municipal tendrá a su cargo la representación del Ayuntamiento y la ejecución de las resoluciones del mismo, así como las siguientes atribuciones:(sic), el artículo 51, fracción VIII, del citado ordenamiento legal prevé: «Son facultades y obligaciones del síndico: ... VIII. Representar legalmente al Municipio, en los litigios en que éste sea parte y delegar dicha representación, previo acuerdo del Ayuntamiento;—...». De dichos numerales se desprende que el presidente municipal del Ayuntamiento tiene la representación política y administrativa de éste; a su vez, el síndico tiene la facultad de representar legalmente al Municipio, en los litigios en que éste sea parte y delegar dicha representación, previo acuerdo del Ayuntamiento.’
"Ahora bien, sobre la diferencia entre ambas figuras el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este circuito, emitió la tesis con número de registro digital: 163082, consultable en la página tres mil doscientos veinticinco del Tomo trigésimo tercero, correspondiente al mes de enero del año dos mil once, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO. SUS CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Los conceptos Municipio y Ayuntamiento, aunque guardan estrecha relación, no son sinónimos, al existir entre ellos características distintas, acorde con el marco constitucional y legal, federal y local. Así, de los artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 111, 112, 114 y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 2o., 3o., 11 y 13 de la Ley Orgánica Municipal de dicha entidad, se advierte que el Municipio constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del mencionado Estado, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y se constituye por un conjunto de habitantes asentados en un territorio determinado, en tanto el Ayuntamiento es un órgano colegiado, de elección popular directa, responsable de la administración y gobierno de cada Municipio y, por ende, representa la autoridad superior en éste. De modo que mientras el Municipio constituye la entidad política, administrativa y territorial base de la citada entidad federativa, el Ayuntamiento es el órgano de gobierno y administración de aquél.’
"Así las cosas, debe convenirse que si como ya se vio, corresponde al síndico la procuración, defensa y promoción de los intereses municipales, recayendo en éste su representación legal en los litigios en que fuese parte; y al presidente municipal la representación del Ayuntamiento que es el encargado de la administración y gobierno del Municipio; es inconcuso que es el síndico quien tiene legitimación para promover juicio de amparo; en consecuencia, si en el caso quien acudió a promover el juicio de amparo lo fue el presidente municipal es inconcuso que el juicio de amparo resulta improcedente.
"No impide resolver en el sentido apuntado la tesis invocada en el escrito con el que dio cumplimiento al requerimiento la parte quejosa, con número de registro digital: 2006411, que emitió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, de rubro: ‘MUNICIPIOS O AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN. TRATÁNDOSE DE PROCESOS JURISDICCIONALES, PUEDEN SER REPRESENTADOS TANTO POR EL PRESIDENTE COMO POR EL SÍNDICO MUNICIPALES (INAPLICABILIDAD DE LAS TESIS XI.1o.A.T.57 A Y XI.1o.A.T.58 A).’; por un lado, porque no constituye una jurisprudencia obligatoria para este tribunal en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; y, por otra, porque no se comparte dicho criterio, puesto que como ya se vio, el presidente municipal es el representante del Ayuntamiento y a éste corresponde la administración y gobierno del Municipio; y la intervención en los litigios en que sea parte el Municipio corresponde al síndico municipal, de lo que se sigue que con independencia de que se trate de un proceso jurisdiccional, es este último el que debe acudir a promover en su representación, pues la legislación es expresa al hacer referencia a litigios.
"Aunado a lo anterior, es preciso señalar que el último párrafo del artículo 115 de la Carta Magna, reiterado casi textualmente por el artículo 114, último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, dispone que las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes locales, de modo que será el Municipio de **********, y no el Ayuntamiento, quien se ve afectado con la condena impuesta en el laudo reclamado y, por tanto, el síndico del Ayuntamiento de esa localidad, de conformidad con el artículo 51, fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, es el que tiene representación legal necesaria para promover el juicio de amparo a nombre del Municipio, al margen de que en el juicio laboral el demandado haya sido el Ayuntamiento, ya que las prestaciones ahí demandadas derivaron de la relación laboral que la actora tuvo con el Municipio.
"En virtud de que este tribunal, como ya se dijo, no comparte este último criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este circuito, considera necesario hacer la denuncia de contradicción de tesis correspondiente.
"Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
"ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********** quien se ostentó como presidenta municipal y apoderada jurídica del Ayuntamiento de **********, en contra del acto y por la autoridad que quedaron precisados en el resultando primero de este fallo."
9. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al resolver el amparo en revisión laboral 156/2013, promovido por **********, **********, ********** y **********, por conducto de sus apoderados **********, ********** y **********, donde solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:
"SEXTO. Estudio de fondo. Los agravios a estudio en suplencia de la queja deficiente son fundados, pero inoperantes.
"Antes del estudio de los agravios es necesario resaltar que el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:
"‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’
"De la porción normativa constitucional se desprende uno de los derechos más preciados por los gobernados en un Estado constitucional de derecho que es la seguridad jurídica que radica en el requisito de la juridicidad de los actos de autoridad. Ésta consiste en que todo acto de autoridad que cause molestia a los gobernados en sus personas, papeles o posesiones, debe exigírsele la motivación y fundamentación.
"La fundamentación es la cita del precepto legal aplicable al caso y la motivación son las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa.
"Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo.
"La fundamentación –como ya se consideró– es la cita del precepto legal aplicable al caso y la motivación son las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Sin embargo, existe una diferencia entre la falta e indebida motivación.
"En la falta de fundamentación y motivación se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica.
"La indebida fundamentación existe cuando sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una indebida motivación se puede encuadrar en el llamado principio de plenitud de la motivación según el cual la motivación debe incluir argumentaciones justificativas que tienen que ver con la decisión completa, en todos sus elementos determinados; es decir, sólo si la justificación de la decisión es plena pueda existir la posibilidad de un adecuado control externo sobre el fundamento de la decisión misma.
"Uno de los estándares para que se cumpla con una debida motivación lo es la presencia tanto de una justificación interna de la decisión como de la justificación externa. La primera es aquella que resulta de la conexión –que frecuentemente asume una estructura de subsunción– entre la premisa del derecho y la premisa del hecho, de la cual se desprende lógicamente la decisión final. En cambio, la justificación externa tiene que ver con las razones por las que la premisa de derecho y la premisa fáctica han sido formuladas en un modo determinado –argumentaciones de la elección de norma y de su interpretación, así como las argumentaciones justificativas del caso–.
"Ahora, en tratándose de resoluciones jurisdiccionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a cumplir con la fundamentación y motivación en términos del artículo 16 constitucional; sin embargo, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con el derecho fundamental de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa.
"Además, el propio Alto Tribunal de la República ha establecido que para cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación en las resoluciones jurisdiccionales definitivas, se cumple cuando se realiza un análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.
"Ahora, en la sentencia emitida por la Jueza Cuarto de Distrito en el Estado, se encuentra fundada y motivada respecto del porqué consideró inoperantes los conceptos de violación que hicieron valer los quejosos; sin embargo, no se satisface tal deber en la resolución por la que determinó que:
"‘De la transcripción que antecede, en lo conducente, se obtiene que las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expida la Legislatura del Estado, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; de ahí que quien debe responder por las prestaciones demandadas por los trabajadores, es el Municipio de ********** o Municipio de **********; por lo que en nada perjudica a los quejosos que quien haya comparecido al juicio sea el síndico, pues en caso de que sean procedentes las prestaciones reclamadas y se dicte una sentencia interlocutoria, quien debe responder de ellas es dicho Municipio.’
"La carencia de motivación deriva de que no expresó los motivos del porqué no le causa perjuicio al quejoso, el que en el juicio ordinario laboral hubiera comparecido el síndico, y porqué es el Municipio de ********** o Municipio de **********, quien debe responder por las prestaciones demandadas por los trabajadores. "No obstante, es inoperante, porque ello no es suficiente para cambiar el sentido de la sentencia de amparo, con base en las consideraciones siguientes:
"Con el objeto de ponderar las razones en que se sustenta lo inoperante de los agravios, resulta necesario destacar –en primer término– que este Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con motivo de las ejecutorias dictadas en los amparos en revisión 312/2009 y 279/2009, promovidos por ********** y **********, aprobó las tesis aisladas XI.1o.A.T.57 A y XI.1o.A.T.58 A, del rubro y texto siguientes:
"‘MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO, SUS CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Los conceptos Municipio y Ayuntamiento, aunque guardan estrecha relación, no son sinónimos, al existir entre ellos características distintas, acorde con el marco constitucional y legal, federal y local. Así, de los artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 111, 112, 114 y 117 de la Constitución Política del Estado y Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo, 2o., 3o., 11 y 13 de la Ley Orgánica Municipal de dicha entidad, se advierte que el Municipio constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del mencionado Estado; tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y se constituye por un conjunto de habitantes asentados en un territorio determinado, en tanto el Ayuntamiento es un órgano colegiado, de elección popular directa, responsable de la administración y gobierno de cada Municipio y, por ende, representa la autoridad superior en éste. De modo que mientras el Municipio constituye la entidad política, administrativa y territorial base de la citada entidad federativa, el Ayuntamiento es el órgano de gobierno y administración de aquél.’
"‘AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO. SUS REPRESENTANTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Los artículos 14, fracción I, y 49, primer párrafo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, aluden a que el presidente municipal es el representante del Ayuntamiento y, a su vez, el artículo 51, fracción VIII, del mismo ordenamiento, prevé que el síndico es el representante legal del Municipio, en los litigios en que éste sea parte. Así, tales disposiciones no se contraponen si se tiene en cuenta que, conforme a los criterios gramatical (utilizando un argumento semántico) y sistemático (en sentido estricto), cuando los primeros establecen que el presidente municipal es el representante del Ayuntamiento, debe entenderse, en términos del artículo 11 de la citada ley, que lo es respecto del órgano colegiado deliberante y autónomo, electo popularmente de manera directa, responsable de gobernar y administrar los Municipios y representar la autoridad superior de éstos, mientras que, al disponer el último precepto que el síndico es el representante legal del Municipio, por este último vocablo debe entenderse la entidad política y social investida de personalidad jurídica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomía para su gobierno, el cual es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de la mencionada entidad, acorde con los numerales 2o. y 3o. de la indicada ley. Consecuentemente, son diferentes los representados tanto del presidente municipal como del síndico, pues uno lo es el órgano colegiado de gobierno y administración municipal y el otro el Municipio Libre.’
"En las ejecutorias de mérito –en lo que interesa– se sostuvo que los conceptos ‘Municipio’ y ‘Ayuntamiento’, aunque guardan estrecha relación, no son sinónimos, al existir entre ellos características distintas, acorde tanto al marco constitucional, federal y local, como legal; conclusión a la que se llegó al realizar el análisis de los artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 111, 112, 114 y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo, 2o., 3o., 11 y 13 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán; lo anterior porque:
"• De las porciones constitucionales y legales en comento se advierte que los Municipios constituyen la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados; están investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, además, se constituyen por un conjunto de habitantes asentados en un territorio determinado. En tanto el Ayuntamiento es un órgano colegiado, de elección popular directa, responsable de la administración y gobierno de cada Municipio y, por ende, representa la autoridad superior en los Municipios; cada Ayuntamiento se integra por un presidente municipal y el número de síndicos y regidores que la ley determine, y tendrán un periodo de ejercicio de tres años, por regla general.
"• Aunque los conceptos de Municipio y Ayuntamiento guardan estrecha relación, no son figuras sinónimas, pues mientras el primero constituye la entidad política, administrativa y territorial base de los Estados, el segundo es el órgano de gobierno y administración del Municipio.
"• Aunado a que de los artículos 14, 49 y 51 de la Ley Orgánica Municipal se advierte que el primero de ellos establece la forma en que se integra el Ayuntamiento a saber: con un presidente municipal, un cuerpo de regidores, y un síndico. Asimismo, precisa que el presidente municipal es el representante del Ayuntamiento, además de ser el responsable directo tanto del gobierno como de la administración municipal, y, por tanto, encargado de velar por la correcta planeación, programación, ejecución y control de los programas, obras y servicios públicos a cargo de la municipalidad. De igual forma, el precepto en cuestión dispone que el síndico será responsable de vigilar la debida administración del erario público y del patrimonio municipal.
"• El numeral 49 de la Ley Orgánica Municipal del Estado dispone cuáles son las atribuciones del presidente municipal, entre ellas, el primer párrafo del citado precepto precisa que tendrá a su cargo la representación del Ayuntamiento y la ejecución de las resoluciones del mismo; a su vez, el subsecuente numeral 51 prevé cuáles son las facultades del síndico, entre ellas, la fracción VIII estatuye la de representar legalmente al Municipio, en los litigios en que éste sea parte y delegar dicha representación, previo acuerdo del Ayuntamiento.
"...
"No obstante, a efecto de establecer la aplicabilidad o inaplicabilidad de las tesis transcritas al caso concreto y, consecuentemente, de la interpretación efectuada por este tribunal federal en las ejecutorias respectivas, se hará referencia a los juicios de amparo de donde derivan los recursos de revisión de los cuales emergieron aquéllas.
"Amparo indirecto 250/2009 (origen del amparo en revisión 312/2009): promovido por **********, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, consistentes en el Acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil ocho, a través del cual declaró que es de utilidad pública la expropiación de un bien inmueble propiedad de la ahí quejosa, ubicado en la población de **********, para lo cual fijó una indemnización a pagar en un plazo de treinta días hábiles; y las consecuencias legales que de hecho y de derecho emanaran del referido Acuerdo de expropiación.
"Juicio en el que se determinó conceder a la ahí quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, en atención a que la petición de expropiación no provino de persona legitimada para ello como lo exigen los artículos 3o., 4o. y 27 de la Ley de Expropiación del Estado, dado que la solicitud relativa la formuló el síndico municipal de **********; sin embargo, del numeral 14, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal, se desprende que es al presidente municipal a quien asiste la representación del Ayuntamiento en cita.
"Determinación que fue confirmada por este órgano jurisdiccional al resolver el amparo en revisión 312/2009, de conformidad con las consideraciones que ya quedaron reseñadas.
"Amparo indirecto 240/2009 (origen del amparo en revisión 279/2009). Promovido por **********, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y otras autoridades, entre las que se designó como tal al Ayuntamiento de **********, de quienes se reclamó la inconstitucionalidad de las Leyes de Ingresos del Municipio de **********, para los ejercicios fiscales de dos mil cuatro a dos mil nueve, específicamente por lo que ve a los denominados derechos por ocupación de la vía pública y derechos por la expedición, revalidación de licencias o permisos para la colocación de anuncios publicitarios, sus respectivos actos de aplicación y las consecuencias de estos últimos.
"En la sentencia con que culminó la audiencia constitucional celebrada en el mencionado juicio de amparo –en lo que importa al caso– se sobreseyó respecto de los actos reclamados al Ayuntamiento de **********, con fundamento en distintas hipótesis normativas, a saber: 1) 74, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 2) 74, fracción III, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 11, del ordenamiento legal en consulta.
"En la ejecutoria emitida por este Tribunal Colegiado de Circuito en el amparo en revisión 279/2009, se declaró fundado el agravio encaminado a rebatir la primera de esas decisiones, tomando en cuenta para ello –después de realizar el estudio que sustenta la emisión de las tesis XI.1o.A.T.57 A y XI.1o.A.T.58 A– que si el Ayuntamiento de **********, aceptó los actos reclamados, era inconcuso que debieron tenerse por ciertos los que le fueron atribuidos, en virtud de que dada la naturaleza de los mismos, era indiscutible que tal autoridad sí intervino en los que reseñados quedaron en los puntos uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete y ocho de la demanda de amparo, ya qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30550-f59c659a/representacion-legal-del-municipio-en-juicio-en-terminos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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