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Modo: Corpus Pro

AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI SE ACTUALIZA, DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE, LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO, CUANDO LA QUEJOSA RECLAMA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA EN SU CALIDAD DE RESIDENTE Y CONTRIBUYENTE, ASÍ COMO LA VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO AL DEBIDO MANEJO DEL GASTO PÚBLICO Y A VIVIR EN UN AMBIENTE LIBRE DE CORRUPCIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 157/2025. · Registro digital (IUS): 33896
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2026-03-20
Promovente: Entre los sustentados por el Primer, Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Marzo de 2026.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 157/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 8 DE ENERO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, MÓNICA SALOMA PALACIOS Y VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. PONENTE: MÓNICA SALOMA PALACIOS. SECRETARIA: ANA LAURA SANTANA VALERO.

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión del día ocho de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

2. El problema jurídico a resolver por este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si el auto inicial de trámite constituye la actuación procesal idónea para determinar si se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que permita desechar de plano la demanda de amparo indirecto por falta de interés legítimo, cuando una persona reclama la omisión de supervisar la ejecución de una obra pública en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, sólo invocando su calidad de residente y contribuyente, así como la vulneración a su derecho humano al debido manejo del gasto público y a vivir en un ambiente libre de corrupción.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante escrito presentado electrónicamente el siete de octubre de dos mil veinticinco, el delegado de las autoridades responsables del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los juicios de amparo que dieron origen a los recursos de queja 9/2024 y 30/2024 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por ese órgano colegiado y el que sostuvieron los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver los recursos de queja 34/2024 y 31/2024, respectivamente.

4. Radicación de la contradicción. Por acuerdo de presidencia de ocho de octubre de dos mil veinticinco, este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, ordenó formar y registrar la contradicción de criterios con el número 157/2025; turnó los autos para su estudio a la ponencia respectiva; requirió a los tribunales contendientes para que informaran si seguían vigentes los criterios que motivaron la contradicción o, en su caso, las causas para tenerlo por superado o abandonado; y solicitó informe al Director General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que indicara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada en este asunto.

5. Informes de vigencia. Por acuerdos de presidencia de veintiuno y veintidós de octubre de dos mil veinticinco, se tuvieron por recibidos los oficios provenientes de los tribunales colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en los que informaron que sus criterios continuaban vigentes.

6. Informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el citado acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinticinco, también se tuvo por recibido el oficio remitido por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en el Máximo Tribunal no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.

7. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,

II. COMPETENCIA

8. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(2) 38, 39, fracción I, y décimo noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente;(3) así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (ahora Órgano de Administración) que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, en su texto vigente; 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro–Norte y Centro–Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio,(4) en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio. Lo anterior, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados pertenecientes al cuarto circuito que corresponde a la Región Centro-Norte, además de que la cuestión denunciada versa sobre un tema en materia administrativa, tal como se advierte de los criterios denunciados.

III. LEGITIMACIÓN

9. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por quien se advierte fue delegado de las autoridades responsables en juicios de amparo de los que derivaron los recursos de queja que dieron origen al criterio contendiente emitidos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

10. Sirve de apoyo a lo anterior, por mayoría de razón, la tesis 1a. III/2023 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

“DIRECTOR DEL INSTITUTO FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR CONTRADICCIONES DE TESIS CUANDO LOS ASESORES DE ESE INSTITUTO SON AUTORIZADOS EN UNO DE LOS JUICIOS DE AMPARO DE LOS QUE DERIVARON LOS CRITERIOS ANTAGÓNICOS.

Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito emitieron criterios antagónicos al resolver juicios de amparo directo respecto de los requisitos que debe contener una demanda en los juicios orales mercantiles. Ante ello, el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública denuncia la posible contradicción de criterios, cuya legitimación sustentó en que en una de las controversias de las que derivó uno de los criterios contendientes designó como autorizados a algunos de los asesores de ese instituto, por lo que conforme a sus atribuciones está facultado para realizar esa denuncia.

Criterio jurídico: De una interpretación de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, 4 y 32, fracciones I y II, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, se desprende que el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública tiene legitimación para denunciar una posible contradicción de tesis cuando en uno de los juicios de amparo de los que derivaron los criterios antagónicos los asesores de ese instituto ejercen la representación de una de las personas contendientes, pues al referido Director le corresponde organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios que preste esa entidad pública, además de desarrollar aquellas funciones que sean necesarias para cumplir con el objeto de la defensoría.

Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, tienen legitimación para denunciar una contradicción de tesis quienes fueron "parte" en los asuntos de donde hayan surgido los criterios contendientes. El concepto de "parte" comprende a la persona cuyo interés jurídico o legítimo originó su intervención en la litis del asunto, como a sus defensores y autorizados en términos amplios en el juicio de amparo.

En ese sentido, de una interpretación del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo se concluye que el autorizado en términos amplios está legitimado para denunciar una contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional, pues si bien ese precepto no prevé una facultad expresa para ello, las facultades ahí previstas son enunciativas e instituyen la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante.

Así, en principio pudiera pensarse que quienes tienen legitimación para presentar esta denuncia son directamente los profesionistas que fueron autorizados en los juicios de amparo, pero cuando se trata de asesores jurídicos que pertenecen al Instituto Federal de la Defensoría Pública los que ejercen esa representación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Federal de Defensoría Pública, tales personas actúan sólo en su carácter de servidores públicos en nombre y representación de los servicios que presta ese instituto, el cual, además, jurídicamente es el responsable de que lleven a cabo su labor de forma adecuada.

Por tales motivos, el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública se encuentra inherentemente facultado para ejercer la denuncia de contradicción, pues acorde con lo previsto en el artículo 32, fracciones I y XIII, de la citada ley de la defensoría, en dicho cargo no sólo se deposita la facultad de organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios que preste esa entidad pública, sino todas aquellas que sean necesarias para cumplir con el objeto de la defensoría y por ello se encuentra legitimado para denunciar la existencia de una posible contradicción de criterios como parte de las funciones que lleva a cabo.”(5)

IV. CRITERIOS CONTENDIENTES

11. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

A) Criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 34/2024, en sesión de once de abril de dos mil veinticuatro, por unanimidad de votos.

12. Se promueve juicio de amparo indirecto. Una persona física, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto en contra de diversas autoridades dependientes del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a las cuales les reclamó, entre otros actos, la omisión de supervisar la ejecución de una obra pública orientada a regenerar las banquetas de un espacio público de esa demarcación.

13. Se admite la demanda de amparo. La demanda de amparo fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Nuevo León, cuyo titular la registró con el número 1352/2023 y, una vez que la parte quejosa desahogó la prevención que le formuló, la admitió a trámite.

14. Se interpone recurso de queja. Inconforme, el delegado de las autoridades responsables dependientes del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, interpuso recurso de queja del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el que mediante acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, lo admitió a trámite con el número 34/2024, y mediante resolución aprobada en sesión de once de abril siguiente, sus Magistrados integrantes, por unanimidad de votos, lo declararon infundado, con base en las siguientes consideraciones:

“(...)

SEXTO. Estudio de los agravios. Es infundado el único motivo de agravio esgrimido por las autoridades recurrentes, según se verá enseguida.

En principio, es infundado su concepto de violación, en la parte que señala la falta de fundamentación y motivación del acuerdo impugnado; ello, pues la A quo fundó y motivo su determinación de tener por subsanada la prevención y admitir la demanda en los artículos 1º a 3º, 5º, 6º, 12, 15, 17, 18, 20, 33, 35, 37, 107 a 110, 112, 113, 123, 124, 125 y 126, todos de la Ley de Amparo, que establecen, entre otras cosas, la procedencia del juicio biinstancial.

Ello, pues tratándose de la actuación de las autoridades jurisdiccionales, como es el caso de la jueza de Distrito recurrida, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se cumple con el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.

Entrando en materia, en el caso la sola manifestación de la jueza recurrida que el quejoso subsanó en sus términos la prevención realizada por la mencionada potestad y, fundamentar tal acertó en los preceptos legales que prevén la procedencia de la demanda, son suficientes para que la determinación reclamada sí se encuentre fundada y motivada.

Por otra parte, contrario a su dicho, este Tribunal Colegiado considera que no se actualizan de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo, ya que, por regla general, en el auto admisorio, no es el momento idóneo para determinar sobre su actualización, atento que tal análisis presupone un estudio que no se advierte a simple vista, máxime que es una cuestión que podría acreditarse durante la substanciación del juicio.

Ahora bien, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, a través de la lectura de la demanda, así como de los escritos aclaratorios, en caso de que los haya y, de los documentos que a ellos se anexen y, por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, de tal manera que aun cuando se admitiera a trámite la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, con independencia de lo que argumenten y prueben las partes, la conclusión definitiva no podría ser otra más que la improcedencia del juicio.

Ilustra al respecto la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LIX, página 2080, registro 356116, que dice:

‘IMPROCEDENCIA EN AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE. (...)’

Así, de no existir causa de improcedencia notoria e indudable, o tener duda de su operancia, el juez de Distrito debe admitirla a trámite y no desecharla de plano.

Lo que se advierte de la tesis LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, página 448, que dice:

‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. (...)’

Por tanto, el desechamiento de una demanda de amparo opera como un caso de estricta excepción, que debe estar indefectiblemente apoyado en lo manifiesto y notorio de la causa de improcedencia que se haga valer.

En esa medida, contrario a lo que sostiene las recurrentes, en el proveído inicial de la admisión de demanda, no pueden llevarse a efecto análisis exhaustivos con relación a la procedencia del juicio, por no ser ese momento el oportuno, pues lo que la recurrente solicita es que el juzgador estudiara de manera estricta si, eventualmente, el ordenamiento tildado de inconstitucionalidad, podría en verdad afectar la esfera jurídica de la quejosa.

En efecto, las potestades recurrentes pretenden con sus agravios demostrar que, para proveer sobre la admisión de la demanda, era necesario que se estudiara de manera estricta la naturaleza del acto reclamado, así como si los argumentos vertidos sobre ellos son subjetivos o carecen de razonamiento jurídico.

Máxime que todavía se está en un momento incierto en el procedimiento constitucional como para tener todos los elementos al alcance del juzgador y poder definir con certidumbre los acontecimientos sucedidos y, en el curso del procedimiento clarificar mediante el ofrecimiento de medios de convicción pertinentes, por la parte quejosa.

Lo anterior es así, puesto que, tales situaciones de hecho no son motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues aquellos supuestos constituyen una cuestión de fondo que no puede ser analizadas en el auto inicial, sino que son susceptibles de justificación durante la tramitación del juicio respectivo, ya que el referido proveído por el que se admite o desecha aquélla reviste el carácter de mero trámite en el que no se pueden esbozar consideraciones que impliquen el análisis de cuestiones de fondo del asunto o el estudio concienzudo de éste, propio de una resolución y no de un acuerdo.

Ello es así, dado que durante el trámite del juicio será recabado el informe justificado de la autoridad señalada como responsable y las pruebas ofrecidas por las partes, por tanto, será al momento de dictar sentencia cuando la jueza podrá analizar si en el caso concurren los supuestos necesarios para actualizar alguna causal de improcedencia.

Lo anterior no impide que, una vez sustanciado el procedimiento, con base en el contenido de los actos reclamados, los informes justificados y la valoración que se haga de las pruebas que aporten las partes, pudiera estimarse actualizada la falta de interés que refiere la recurrente; empero, de manera fehaciente y no inferirla con base en presunciones, a fin de no generar estado de indefensión a la quejosa u obstaculizarle injustificadamente el acceso al juicio constitucional.

De ahí que resulten infundados los argumentos de agravios vertidos por las autoridades recurrentes del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

En ese orden de ideas, al resultar infundado el único motivo de inconformidad, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de queja y confirmar el auto recurrido.

(...)”

B) Criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 31/2024, en sesión de veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, por unanimidad de votos.

15. Se promueve juicio de amparo indirecto. Una persona física, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto en contra de diversas autoridades dependientes del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a las cuales les reclamó, entre otros actos, la omisión de supervisar la ejecución de una obra pública orientada a regenerar las banquetas de un espacio público de esa demarcación.

16. Se admite la demanda de amparo. La demanda de amparo fue turnada al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Nuevo León, cuya titular, en el auto de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, la admitió a trámite.

17. Se interpone recurso de queja. Inconforme, las autoridades responsables interpusieron recurso de queja del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el que mediante acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, lo admitió a trámite con el número 31/2024, y mediante resolución aprobada en sesión de veintidós de febrero siguiente, sus Magistrados integrantes, por unanimidad de votos, lo declararon fundado, con base en las siguientes consideraciones:

“CUARTO. Estudio. Es fundada una parte del único agravio del recurso de queja.

En una parte de su único agravio, las autoridades recurrentes indican que la persona quejosa solo acreditó ser una persona con un domicilio ubicado en el Fraccionamiento **********, un domicilio que se ubica en un lugar distinto al de la obra pública materia de los actos reclamados, por lo cual no quedó demostrado su interés jurídico ni legítimo, lo cual justificaba el desechamiento de la demanda de amparo.

Le asiste la razón a la recurrente porque la actualización de la causa de improcedencia que alega sí es notoria y manifiesta, lo cual constituye una razón suficiente para desechar la demanda de amparo. Del análisis integral de su demanda, se observa que la persona quejosa acude con el carácter de residente del municipio de San Pedro Garza García, considerando que le asiste interés para reclamar la omisión de verificar que la ejecución de la obra pública ********** cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables. Es claro que a la persona quejosa no le asiste interés jurídico ni legítimo, sino un mero interés simple que comparte con el resto de la población del municipio e, incluso, con el del resto de la población de la zona metropolitana de Monterrey. En cuanto a su situación particular, no ofrece datos tendientes a justificar que la omisión reclamada le causa un agravio diferenciado, distinto al que pueda resentir el resto de la población que usa habitualmente los espacios públicos de la zona metropolitana de Monterrey, que también puede ser afectada por la forma en la que se ejecuta una obra tendiente a remodelar el espacio público.

El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez debe desechar de plano la demanda si existe una causa manifiesta e indudable para tal efecto. Por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara. Por ‘indudable’, debe entenderse lo que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Entonces un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, en tanto se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y de sus anexos, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

Para estar legitimado para promover un juicio de amparo, una persona tiene que demostrar existe una afectación directa a uno de sus derechos subjetivos (es decir, a un derecho que le otorga la ley específicamente a su persona) o que se surte una afectación indirecta a su esfera jurídica, derivada de su especial situación frente al orden jurídico. Cuando existe el primer tipo de afectación, se dice que la persona tiene interés jurídico; cuando existe el segundo tipo de afectación, se dice que la persona tiene interés legítimo. Si la persona no demuestra ninguno de dichos intereses, se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, artículo 61, de la Ley de Amparo.

La persona quejosa acudió con el carácter de residente y de contribuyente del municipio de San Pedro Garza García, así como de beneficiario de una obra pública realizada en el municipio tendiente a regenerar las banquetas del espacio público de la zona conocida como ‘Centrito’:

(...)

Con base en ese carácter, reclamó la omisión de verificar que la totalidad de los actos que constituyen la ejecución de esa obra cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables:

(...)

En sus antecedentes bajo protesta de decir verdad, indica que la obra pública, ‘(...)’, se ha retrasado conforme a los tiempos inicialmente planteados, además de que actualmente ya representa un sobrecosto para el presupuesto público. Adicionalmente manifiesta que considera que las irregularidades que la atribuye a la ejecución de la obra se deben a actos de corrupción.

En el caso, es absolutamente claro que el estatus de la persona quejosa no puede justificar la existencia de interés jurídico o legítimo. La ejecución de la obra pública no trae aparejado un acto concreto de autoridad dirigido a su esfera jurídica, por lo cual no puede tener un interés jurídico para controvertirla. Ello no requiere mayores explicaciones. Tampoco le asiste interés legítimo, porque la quejosa guarda la misma situación que el resto de la población del municipio y de la zona metropolitana de Monterrey, frente a las omisiones reclamadas. Enseguida se justificará la ausencia de interés legítimo, atendiendo a las diversas características personales de la quejosa con las que intentó justificar dicho interés.

Por una parte, el carácter de residente del municipio de San Pedro Garza García no justifica el interés legítimo. Como residente de San Pedro Garza García, las afectaciones resentidas por las irregularidades en la ejecución de una obra pública realizada en dicho municipio tienen la misma relevancia para cualquier otra persona que pertenece a la sociedad que conforma la zona metropolitana de Monterrey. Las irregularidades cometidas al ejecutar una obra tendiente a una banqueta afectan de la misma forma a todas las personas que constituyen potenciales usuarios de ese espacio público, los cuales no son exclusivamente los residentes del mencionado municipio. Esto es así porque los espacios públicos no solo son disfrutados por los residentes del municipio en donde se ubican, sino que su carácter de públicos indica que pueden ser utilizados por cualquier persona que quiera usarlos, con independencia de su origen o su condición social. Por esa razón, toda la comunidad que conforme a la zona metropolitana de Monterrey es beneficiaria de las banquetas que se están construyendo para remodelar la zona conocida como ‘**********’ en tanto ese espacio está disponible para todas las personas que quieran utilizarlo en el marco de sus actividades habituales como habitantes de la zona metropolitana de Monterrey. Es un hecho notorio que no es anormal que los habitantes de un municipio no se limiten a realizar sus actividades cotidianas en el municipio donde residen. Lo común, ante la existencia de una zona metropolitana, es que sus habitantes realizan actividades cotidianas que implican traslados continuos entre los diversos municipios que la conforman.

Para demostrar la existencia de una afectación cualificada y distinta del resto de la sociedad, la persona quejosa tenía que indicar de qué forma el lugar en donde reside la ponía en una situación cualificada respecto del resto de los miembros de la sociedad que también son potenciales usuarios de una obra pública. No alega, por ejemplo, que su situación es particular por el nivel de proximidad de su domicilio con la obra o que la obra es particularmente relevante para el desempeño de sus actividades cotidianas. En su demanda, la quejosa solo alega que es un residente del municipio que se va a beneficiar con la obra pública, pero no aporta algún dato que permita apreciar que ese beneficio es distinto al que tendrá el resto de la sociedad de la zona metropolitana de Monterrey por la ejecución de la obra, cuyos miembros, como ya se dijo, también se constituyen como usuarios potenciales de la obra pública, con independencia de su origen, residencia o alguna otra condición social.

Por otra parte, el carácter de contribuyente tampoco justifica la existencia de interés legítimo. El indebido ejercicio del gasto público no afecta solo a las personas que contribuyeron a los ingresos correlativos a dichos gastos, a través del pago de determinados tributos, porque esas personas no tienen un derecho a que el gasto público sea destinado únicamente en su beneficio. El ejercicio indebido del gasto público afecta, en principio, a todas las personas por igual. A nuestra Constitución no le importa asistir con el gasto público únicamente a quienes han contribuido a su sostenimiento, sino que le importa que el gasto público se realice considerando la situación de todos los miembros de la sociedad por igual, sin importar su condición social o la cantidad de dinero que aportan para sostener el gasto público de determinado orden de gobierno. Al respecto, resulta aplicable la siguiente tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

‘INTERÉS LEGÍTIMO. COMO USUARIO O BENEFICIARIO DEL GASTO PÚBLICO, LA PARTE QUEJOSA QUE COMBATE SU DEFICIENTE INTEGRACIÓN NO ACUDE COMO CONTRIBUYENTE, POR LO QUE CARECE DE AQUÉL. (...)’

Por último, pareciera que la quejosa intenta fundar su interés legítimo en el hecho de que el acto reclamado violenta su “derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción”. Respecto de esa idea hay que indicar que ser titular de un derecho humano no es una razón suficiente para acreditar el interés en el juicio de amparo. Para acceder al juicio de amparo no solamente se requiere plantear que es posible que un acto autoritario viole un derecho humano, sino que también se tiene que demostrar que la afectación que dice sufrir la persona que acude al amparo es distinta a la que pudieran resentir las demás personas que constituyen el resto de la sociedad. De estas consideraciones se sigue que es factible que si una determinada afectación a derechos humanos, causada por un acto autoritario, es la misma para todas las

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33896-5d9fb938/auto-inicial-de-tramite-de-la-demanda-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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