SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE TRAMITAR UNA DENUNCIA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE ORDENAR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES UNA VISITA DE INSPECCIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA DE LA PROPIA ENTIDAD).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 176/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 22 DE ENERO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, MÓNICA SALOMA PALACIOS Y VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. PONENTE: MÓNICA SALOMA PALACIOS. SECRETARIO: MARTÍN DANIEL BRITO MORENO.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veintidós de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
R E S O L U C I Ó N
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 176/2025 suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por parte de este Pleno Regional consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si procede conceder la suspensión provisional en un juicio de amparo promovido contra la omisión de dar trámite a una denuncia en materia de desarrollo urbano, conforme a la legislación del Estado de Nuevo León y del Municipio de San Pedro Garza García, para el efecto de que las autoridades responsables practiquen una visita de inspección.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio SA/CGAJ/CA/2586/2025 de doce de noviembre de dos mil veinticinco, el Consejero General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en los recursos de queja 508/2025 y 519/2025, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de ese mismo circuito, en el recurso de queja 581/2025.
4. Radicación del asunto. Por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional admitió a trámite la contradicción de criterios, registrándola con el número de expediente 176/2025.
5. Se requirió a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
6. Se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal relacionada con el tema a dilucidar, consistente en: “Determinar si procede conceder la suspensión provisional en un juicio de amparo en el que se reclama la omisión de dar trámite a una denuncia en materia de desarrollo urbano, por tratarse de una facultad discrecional de la autoridad responsable”.
7. Se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto de la ponencia de la Magistrada Mónica Saloma Palacios, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
8. Omisión de tribunales colegiados. Los tribunales colegiados contendientes no atendieron el requerimiento que se les dirigió para que informaran si sus criterios sustentados en las ejecutorias denunciadas seguían vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
9. Informe de la Dirección General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis y confirmación de turno. En auto de presidencia de doce de diciembre de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en el Máximo Tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.
10. En esa misma actuación se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios y, en consecuencia, se confirmó el turno del asunto a la ponencia de la Magistrada Mónica Saloma Palacios, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
11. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.
II. COMPETENCIA
12. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38, 39, fracción I, y décimo noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro–Norte y Centro–Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
13. Se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por tribunales colegiados especializados en materia administrativa pertenecientes al Cuarto Circuito, correspondiente a la Región Centro-Norte, además de que la cuestión denunciada versa sobre un tema referente a la materia administrativa.
III. LEGITIMACIÓN
14. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por la autoridad responsable(1) en los juicios de amparo de los que derivaron los criterios contendientes.
15. Sirve de sustento a lo anterior, por el criterio que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 77/2010 emanada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE SUSTENTÓ UNA DE LAS TESIS, TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo establecen, en esencia, que cuando los tribunales colegiados de circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual decidirá la tesis que debe prevalecer. En consecuencia, la autoridad responsable que intervino en el juicio de amparo de donde derivó una de las tesis sustentadas está legitimada para hacer la denuncia respectiva.”.(2)
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
16. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los tribunales colegiados para emitirlos.
• Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en el recurso de queja 508/2025.
17. Demanda de amparo. Una persona moral por conducto de su apoderado legal, promovió demanda de amparo indirecto, en contra de las autoridades y los actos siguientes:
“III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Tienen el carácter de autoridades responsables en la presente demanda, las siguientes:
1.- El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
2.- El C. Notificador y/o Inspector adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
IV.- ACTOS RECLAMADOS: Me permito señalar a continuación los actos que se reclaman a las responsables:
A) Del C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, se reclama:
1.- La omisión de ejercer las facultades de inspección, comprobación, vigilancia y sanción, a fin de verificar el cumplimiento de la Ley, Plan de Desarrollo Urbano, Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones aplicables en la materia, en las obras de construcción y demolición que son objeto de la denuncia pública interpuesta por mi representada ante dicha autoridad en fecha 4 de julio de 2025.
2.- La omisión de imponer la clausura y suspensión de actividades de los trabajos de construcción y demolición derivado de sus facultades de inspección y vigilancia en los bienes inmuebles en el cual se están llevando a cabo los trabajos riesgosos y sin permiso de construcción objeto denuncia pública presentada en fecha 4 de julio de 2025.
3. La omisión de imponer medidas de seguridad e imponer sanciones derivado de sus facultades de inspección y vigilancia en los bienes inmuebles en el cual se están llevando a cabo los trabajos riesgosos y sin permiso de construcción objeto de la denuncia pública presentada en fecha 4 de julio de 2025.
4.- La omisión de dar contestación a la denuncia presentada ante ella en fecha 4 de julio de 2025.
5.- Todas y cada una de las consecuencias mediatas e inmediatas, directas e indirectas, que de hecho a por derecho se deriven de los actos reclamados que se precisan en los párrafos que anteceden del presente capitulo.
B) Del C. NOTIFICADOR Y/O INSPECTOR ADSCRITO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA, GARCÍA, NUEVO LEÓN, se reclama:
6.- La omisión de ejercer las facultades de inspección, comprobación, vigilancia y sanción, a fin de verificar el cumplimiento de la Ley, Plan de Desarrollo Urbano Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones aplicables en la materia, en las obras de construcción que son objeto de la denuncia pública interpuesta por mi representada ante dicha autoridad en fecha 4 de julio de 2025.
7.- La ejecución de los actos reclamados identificados con el número 1, 2 y 3 anteriores.
8.- Todas y cada una de las consecuencias mediatas e inmediatas, directas e indirectas, que de hecho a por derecho se deriven de los actos reclamados que se precisan en los párrafos que anteceden del presente capitulo.”.
18. La promovente solicitó la suspensión de los actos reclamados para los siguientes efectos:
“Para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas competencias ejerzan sus facultades de inspección y vigilancia, e impongan la clausura y suspensión de actividades de construcción, así como las sanciones que legalmente correspondan, y den inicio al procedimiento administrativo que resulte de conformidad con los reglamentos y leyes aplicables, en las obras de construcción denunciadas en el desarrollo inmobiliario identificado comercialmente como ‘**********’, en el local comercial ‘**********’ denominado con anterioridad comercialmente como ‘**********’, así como en su azotea y los sótanos ********** y ********** debajo del mismo, y que se ubican en la Avenida **********, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, desarrollo inmobiliario identificado comercialmente como ‘**********’, y que se identifica con los expedientes catastrales ********** y **********; lo anterior en relación a la narrado en la denuncia pública interpuesta ante las mismas en fecha 3 de julio de 2025.”.
19. Admisión y suspensión provisional. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, el cual la admitió bajo el número de expediente 837/2025, requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional y ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión.
20. En dicho incidente, la Jueza de Distrito requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe previo, señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental y concedió la suspensión provisional conforme a lo siguiente:
“En esos términos, se concede la suspensión provisional a la quejosa **********, por su propio derecho, y en nombre y representación de la sociedad **********, para el efecto de que las responsables informen los trámites que se encuentran realizando para dar contestación a la denuncia presentada el cuatro de julio de dos mil veinticinco, siempre y cuando ello no implique modificar ni contrariar normatividades internas.
Asimismo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que la autoridad responsable realice una visita de inspección en el local comercial ‘**********’ denominado con anterioridad comercialmente ‘**********’, así como en su azotea y los sótanos ********** y ********** debajo del mismo, y que se ubican en la Avenida ********** en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a fin de verificar que se está cumpliendo con los lineamientos y permisos en materia de desarrollo urbano y de protección que resulten aplicables, y en caso de que adviertan alguna infracción o irregularidad procedan, con libertad de desempeño a la imposición de las medidas de seguridad.”.
21. Recurso de queja. Inconforme con la concesión de la medida, la autoridad responsable interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, bajo el número de expediente 508/2025.
22. Resolución. Mediante sesión de dieciséis de julio de dos mil veinticinco, el tribunal colegiado declaró parcialmente fundado el recurso, por las siguientes razones:
“OCTAVO. Estudio. Unos agravios son fundados y otros infundados, por las razones que a continuación se explican.
En el auto recurrido, la juzgadora estableció que la actuación impugnada por la parte quejosa es de naturaleza omisiva; sin embargo, señaló tiene efectos positivos, puesto que el impetrante presentó una denuncia ante la responsable, señalando en su demanda que no le ha dado trámite o respuesta a su escrito, en el que solicitó se impongan las medidas de seguridad a fin de que no se causen daños a los locales comerciales de la plaza comercial de referencia; por lo tanto, precisó que desde esa óptica, sí era factible pronunciarse respecto la medida cautelar.
En dicha concesión estableció que el efecto era que las responsables informaran los trámites que se encuentran realizando para dar contestación a la denuncia presentada el cuatro de julio de dos mil veinticinco, siempre y cuando ello no implique modificar ni contrariar normatividades internas.
También concedió la medida para que las autoridades responsables realicen una visita de inspección en el local comercial ********** denominado con anterioridad comercialmente ‘**********’, así como en su azotea y los sótanos ********** y ********** debajo del mismo, y que se ubican en la Avenida ********** en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a fin de verificar que se está cumpliendo con los lineamientos y permisos en materia de desarrollo urbano y de protección que resulten aplicables, y en caso de que adviertan alguna infracción o irregularidad procedan, con libertad de desempeño a la imposición de las medidas de seguridad.
Asimismo, precisó que de ser el caso, conforme a sus facultades discrecionales que le confieren las normas aplicables y bajo su más estricta responsabilidad, realice las acciones pertinentes en materia de seguridad que conforme a derecho proceda, a fin de evitar daños y garantizar el bienestar y la protección de personas y de las propiedades colindantes.
En primer lugar se analizarán los agravios, segundo, parte del tercero y cuarto.
En ellos la recurrente, establece que se omitió analizar si existe un mandato legal que obligue a la autoridad como lo exige la quejosa, refiere que la facultad de ordenar visitas de verificación por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de San Pedro Garza García es de naturaleza discrecional, no obligatoria y que no puede configurarse una omisión jurídicamente exigible.
En una parte del tercero de los agravios que argumenta que el Juzgado ordenó una visita de inspección sin verificar si la denuncia de la quejosa era procedente o cumplía con los requisitos legales.
Por su parte en el cuarto agravio señala que se ordenó una inspección sin considerar que ello implica imponer una carga indebida a la administración pública y puede interferir con disposiciones legales diseñadas para proteger el interés colectivo y las medidas que alteren el funcionamiento regular de la autoridad o generen beneficios individuales en perjuicio de la colectividad no deben ser concedidas.
Argumenta que no solo se ordenó la inspección, sino que también de advertir infracción o irregularidad imponga las medidas de seguridad, lo implica una sustitución a la autoridad en el ejercicio de sus facultades técnicas o discrecionales y prejuzga sobre aspectos que requieren valoración técnica especializada, pues refiere que no todas las infracciones o irregularidades necesariamente conllevan a la imposición de una medida de seguridad.
Los argumentos antes precisados son fundados, es relevante precisar que en el acuerdo recurrido se hicieron dos concesiones, la primera es la relativa a que se informaran los trámites que estaban realizando a la denuncia y la segunda para que se practicara una inspección a fin de verificar que se está cumpliendo con los lineamientos y permisos en materia de desarrollo urbano.
Por cuanto hace a la primera concesión, se estima que no se le ordena a las autoridades a emitir un pronunciamiento en determinado sentido ni su resolución, sino solo cumplir su obligación legal de dar trámite, dado que con motivo de ella se inicia un procedimiento administrativo.
Luego por cuanto hace a la concesión relacionada con la práctica de la inspección, se estima que si se afectan las facultades discrecionales de las autoridades responsables, como se verá en seguida.
En efecto, la legislación relativa al trámite de la denuncia pública dispone lo siguiente:
[Se transcribe]
Los artículos de referencia establecen que cuando una persona considere que se están llevando a cabo construcciones en contravención a la ley, tendrá derecho a denunciar y exigir a la autoridad competente para que se dé inicio al procedimiento administrativo correspondiente y se lleven a cabo las suspensiones, demoliciones o modificaciones u otras medidas o sanciones, que sean necesarias para cumplir con la ley, siempre y cuando se demuestren esas infracciones.
De igual forma, que dicho derecho se ejercerá ante las autoridades competentes, quienes oirán previamente a los interesados y en su caso a los afectados y deberán resolver en un término no mayor de 30-treinta días naturales, contados a partir de la fecha de recepción del escrito.
También señalan los requisitos que debe cumplir la persona denunciante para poder dar trámite a su denuncia y las acciones que debe realizar la autoridad una vez cumplidos estos, como lo es ordenar una visita de inspección, notificar al presunto infractor, en su caso, aplicar medidas de seguridad o sanciones, otorgar plazo al presunto infractor para ofrecer pruebas y dictar la resolución correspondiente en la que se determine si se incurrió en infracción a las disposiciones contenidas en el Reglamento.
Como se desprende, el trámite de denuncia pública constituye un procedimiento, pues para ello es necesario que en principio se determine si la denuncia cumple con los requisitos y en caso de que sí, la autoridad procederá a iniciar el procedimiento administrativo que considere pertinente y realizara los actos que estime necesarios, conforme al procedimiento señalado en los artículos de referencia.
Sin embargo, según lo que hasta el momento se conoce y de lo señalado por la quejosa, las autoridades no han tramitado la denuncia y conforme a la normativa previamente referida, la suspensión si es procedente para que cese la omisión y atienda la denuncia presentada el cuatro de julio de dos mil veinticinco, pues constituye una obligación ineludible de las autoridades responsables. Tal como lo ha sostenido este tribunal en los recursos de queja 636/2023 y 315/2025.
Sin embargo, contrario a lo que sostuvo la Juez de Distrito, la suspensión no puede concederse para el efecto de que se ordene la inspección y de advertirse irregularidades se impongan las medidas de seguridad correspondientes, porque de acuerdo con la normativa transcrita, esas facultades están establecidas para la autoridad administrativa en el ejercicio de sus facultades.
En efecto, conceder la suspensión y ordenar que se lleve a cabo la inspección sin haber tenido la oportunidad la autoridad responsable de pronunciarse sobre la procedencia de la misma, si implica que el juez de distrito se sustituya en las facultades discrecionales de las potestades municipales, toda vez que la denuncia pública no atendida, implica una inacción contra la que efectivamente debe concederse la suspensión para que cese la indiferencia o incumplimiento de la ley, pero no para que de inmediato la juez ordene inspeccionar, porque eso dependerá del trámite que merece la denuncia.
Incluso, en el conocimiento de la denuncia la autoridad puede determinar la improcedencia, si los bienes respecto de los que se pide verificar no se comprenden dentro de los que al municipio corresponde atender, de ahí que primero corresponde a la autoridad responsable pronunciarse sobre la procedencia o no de la denuncia y lo que en el caso de acuerdo al caso específico habrá de determinar.
En efecto, los tribunales federales de amparo no pueden legalmente, ni aun mediante el juicio de amparo, sustituir su criterio discrecional al de las autoridades del fuero común, sino que únicamente deben examinar si los actos que se reclaman son o no, violatorios de garantías.
Es aplicable al respecto la jurisprudencia 538, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de Registro digital: 394494, Quinta Época, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 353, la cual es del contenido siguiente:
‘TRIBUNALES FEDERALES DE AMPARO, ATRIBUCIONES DE LOS. [Se transcribe].’.
Como se puede advertir, los jueces federales no deben involucrarse en el conocimiento de conflictos entre particulares, porque ello le corresponde a la autoridad ordinaria.
Precisamente, la intervención que se pidió a la autoridad municipal y que no la ha brindado para que resuelva el agravio que cometió o está cometiendo otro particular no puede servir para forzar al juez que intervenga para obrar en el sentido que desea el particular agraviado porque para eso debe intervenir la autoridad competente, que si bien lo puede ser la autoridad que omite atender la denuncia pública, ello dependerá del análisis y conocimiento que corresponde establecer en el trámite y resolución que corresponde hacer conforme a la ley y sus facultades; luego, si no las tuviera, la determinación del órgano de amparo para que inspeccione implicaría una intromisión y sustitución a esas facultades y peor aún ordenarlo sin antes que la autoridad administrativa tuviera la posibilidad de establecer que para hacerlo requiere de la intervención judicial del fuero común.
En resumen, por la omisión reclamada a atender la denuncia no puede forzarse la intervención directa de la autoridad federal, ya que el agravio del particular corresponde conocerlo en primer orden a la autoridad responsable o alguna otra mediante el ejercicio de las acciones legales que corresponde ejercer al quejoso ante la autoridad competente.
En consecuencia, se revoca la suspensión que se había concedido para que -se lleve a cabo la visita de inspección en el local comercial ‘**********’ denominado con anterioridad comercialmente ‘**********’, así como en su azotea y los sótanos ********** y ********** debajo del mismo, y que se ubican en la Avenida ********** en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a fin de verificar que se está cumpliendo con los lineamientos y permisos en materia de desarrollo urbano y de protección que resulten aplicables, y en caso de que adviertan alguna infracción o irregularidad procedan, con libertad de desempeño a la imposición de las medidas de seguridad y lo relativo a que, de ser el caso, conforme a sus facultades discrecionales que le confieren las normas aplicables y bajo su más estricta responsabilidad, realice las acciones pertinentes en materia de seguridad que conforme a derecho proceda, a fin de evitar daños y garantizar el bienestar y la protección de personas y de las propiedades colindantes-.
(...).”.
23. Sobre la vigencia del criterio, cabe aclarar que si bien el tribunal colegiado no atendió el requerimiento que se le dirigió para que informara si su postura no había sido superada o abandonada, de autos se advierte que su criterio continúa vigente.
24. De las constancias que obran en el expediente electrónico correspondiente al recurso de queja 508/2025, disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE),(3) se desprende que mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco, el Magistrado Presidente de ese órgano colegiado, en atención al requerimiento que se le formuló, ordenó informar a este Pleno Regional lo siguiente:
“Monterrey, Nuevo León, a veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco.
Vista la cuenta que antecede; téngase por recibido el oficio 3258/2025, signado por el secretario de acuerdos del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, con el que, remite la determinación de dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco, dictada en la Contradicción de Criterios 176/2025.
(...)
En consecuencia, en cumplimiento a lo solicitado, infórmesele que el criterio sustentado por este órgano colegiado en el presente recurso de queja 508/2025, en el que se determinó que no es posible conceder la suspensión provisional para el efecto de ordenar la práctica de visitas de inspección en materia de desarrollo urbano con motivo de denuncias ciudadanas, ya que dicha cuestión constituye una facultad discrecional de la autoridad responsable; aún se encuentra vigente y no ha sido superado o abandonado.”.
25. En consecuencia, si bien no se recibió el oficio correspondiente, para efectos de la presente contradicción debe considerarse vigente el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
• Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en el recurso de queja 519/2025.
26. Demanda de amparo. Una persona moral por conducto de su apoderado legal, promovió demanda de amparo indirecto, en contra de las autoridades y los actos siguientes:
“III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Tienen el carácter de autoridades responsables en la presente demanda, las siguientes:
1.- El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
2.- El C. Notificador y/o Inspector adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
IV.- ACTOS RECLAMADOS: Me permito señalar a continuación los actos que se reclaman a las responsables:
A) Del C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, se reclama:
1.- La omisión de ejercer las facultades de inspección, comprobación, vigilancia y sanción, a fin de verificar el cumplimiento de la Ley, Plan de Desarrollo Urbano, Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones aplicables en la materia, en las obras de construcción que son objeto de la denuncia pública interpuesta por mi representada ante dicha autoridad en fecha 5 de marzo de 2025.
2. La omisión de imponer medidas de seguridad e imponer sanciones derivado de sus facultades de inspección y vigilancia en los bienes inmuebles en el cual se están llevando a cabo los trabajos sin permiso de construcción y que se detallan en la denuncia pública presentada en fecha 5 de marzo de 2025.
3.- La omisión de dar contestación a la denuncia presentada ante ella en fecha 5 de marzo de 2025.
4.- Todas y cada una de las consecuencias mediatas e inmediatas, directas e indirectas, que de hecho a por derecho se deriven de los actos reclamados que se precisan en los párrafos que anteceden del presente capitulo.
B) Del C. NOTIFICADOR Y/O INSPECTOR ADSCRITO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA, GARCÍA, NUEVO LEÓN, se reclama:
5.- La omisión de ejercer las facultades de inspección, comprobación, vigilancia y sanción, a fin de verificar el cumplimiento de la Ley, Plan de Desarrollo Urbano Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones aplicables en la materia, en las obras de construcción que son objeto de la denuncia pública interpuesta por mi representada ante dicha autoridad en fecha 5 de marzo de 2025.
6.- La ejecución de los actos reclamados identificados con el número 1 y 2 anteriores.
7.- Todas y cada una de las consecuencias mediatas e inmediatas, directas e indirectas, qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33910-122b7375/suspension-provisional-en-amparo-indirecto-cuando-se-reclama · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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