SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE CONTESTAR UNA PETICIÓN FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 91/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 24 DE ABRIL DE 2024. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. DISIDENTE: MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIA: MARÍA ISABEL PECH RAMÍREZ.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión del día veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la denuncia de contradicción de criterios 91/2024, suscitada entre los sostenidos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
RESULTANDOS:
PRIMERO. Trámite de la denuncia. Mediante oficio 2222/2023, la entonces Presidenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en atención a lo determinado por los integrantes de ese órgano jurisdiccional, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por dicho Tribunal al resolver en sesiones de dieciséis de enero y trece de abril de dos mil veintitrés, los recursos de queja 22/2023, 81/2023 y 82/2023; y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver en sesiones de diez, veintidós, veintitrés y treinta de noviembre y uno de diciembre de dos mil veintidós, los recursos de queja 428/2022, 447/2022, 450/2022, 457/2022 y 459/2022, que dieron origen a la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 K de rubro: “SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EXISTE UN IMPEDIMENTO JURÍDICO PARA OTORGARLA CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, PORQUE LA MEDIDA CAUTELAR OTORGARÍA AL QUEJOSO UN BENEFICIO DEFINITIVO”.
El asunto se radicó en el extinto Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, con el número de contradicción 13/2023 en donde por proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, y en sesión de once de mayo de dos mil veintitrés los integrantes de ese órgano jurisdiccional determinaron lo siguiente:
“III. DECISIÓN:
PRIMERO. Este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur carece de competencia legal por razón de grado, para conocer de la presente contradicción de criterios.
SEGUNDO. Remítase la contradicción de criterios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que determine lo que legalmente proceda.
TERCERO. Se denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de criterios, entre la postura sustentada por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en la contradicción de criterios 22/2023 y este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés, Cholula, en la presente resolución.”
SEGUNDO. Remisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En relación con la anterior determinación, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite la contradicción de criterios 138/2023; y, en resolución once de octubre de dos mil veintitrés, los Ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la denuncia de contradicción de criterios entre los Plenos Regionales, señalados en el punto resolutivo tercero de la resolución anterior, determinaron lo siguiente:
(...)
No obstante, la existencia de la contradicción de criterios denunciada, ésta debe declararse improcedente, en virtud que existe jurisprudencia sustentada por esta Segunda Sala que resuelve el problema jurídico a dilucidar.
(...)
En el caso, constituye hecho notorio para esta Segunda Sala que, en sesión de nueve de agosto de dos mil veintitrés, se resolvió la contradicción de criterios 72/2023 y reiterado en la contradicción de criterios 176/2023, en el cual, el primero de los mencionados se resolvió en los siguientes términos:
(...)
De lo anterior se advierte claramente que la pregunta relevante que guía al presente asunto, relativa a ¿Quién es el órgano competente para resolver una contradicción de criterios entre los sustentados “por tribunales colegiados de circuito pertenecientes a una misma región, pero especializados en diferentes materias, en lo que respecta a una temática de materia común? Ya fue resuelta por esta Segunda Sala a través de dos pronunciamientos torales:
(...)
En segundo lugar, que el Pleno regional competente es el de la especialidad del Tribunal Colegiado que emitió el primero de los criterios contendientes.
21. En primer término, que el órgano competente es el Pleno de la región a la que pertenezcan los tribunales colegiados contendientes, con independencia de que estos últimos se encuentren especializados en materias diversas, Siempre que el tema a dilucidar pertenezca a la materia común.
22. En segundo lugar, que el Pleno regional competente es el de es el de la especialidad del Tribunal Colegiado que emitió el primero de los criterios contendientes.
23. Consecuentemente, debe declararse improcedente la contradicción de criterios existente entre los sustentados por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México y el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.
(...)
TERCERO: Radicación. Mediante oficio 251/2024 de veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro presentado –vía interconexión–, la Secretaria de Acuerdos adscrita al Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, hizo saber que por acuerdo de presidencia de la misma fecha dictado en la contradicción de criterios 11/2024, de su índice, se agregó el proveído por el que el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los autos de la contradicción de criterios 138/2023, cuya resolución remite, informó que se declaró improcedente dicha contradicción de criterios por virtud de existir criterio de ese Alto Tribunal que resuelve el punto de contradicción planteado; que no existe trámite pendiente y que debe atenderse a las consideraciones que sustentan el fallo de esa Segunda Sala, que señalan las directrices para determinar qué órgano es el competente para resolver una contradicción de criterios entre los sustentados por tribunales colegiados de circuito perteneciente a una misma región, pero especializados en diferentes materias.
Que en este asunto son el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito al resolver los recursos de queja 22/2023, 81/2023 y 82/2023.] y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito [al resolver los recursos de queja 428/2022, 447/2022, 450/2022, 457/2022 y 459/2022], determinando competencia al ahora Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.
Que para tal efecto, el Alto Tribunal tomó en consideración que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, resolvió en sesiones de diez, veintidós, veintitrés y treinta de noviembre, y el uno de diciembre de dos mil veintidós, los recursos de queja 428/2022, 447/2022, 450/2022, 457/2022 y 459/2022 que dieron origen a la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 K (11a.) SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EXISTE UN IMPEDIMENTO JURÍDICO PARA OTORGARLA CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, PORQUE LA MEDIDA CAUTELAR OTORGARÍA AL QUEJOSO UN BENEFICIO DEFINITIVO”, precisando que fue el órgano jurisdiccional que previno en el conocimiento y que, por ende, la competencia legal para conocer y resolver de la denuncia de posible contradicción de criterios, cuyo tema a dilucidar pertenece a la materia común –formulada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito– se surte en favor de este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, por ser el que ejerce jurisdicción respecto de la especialidad del citado Tercer Tribunal colegiado que emitió el primero de los criterios contendientes.
CUARTO. Remisión. En cumplimiento a lo anterior, el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, remitió a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, los asuntos del extinto Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, y se puso a su disposición para su consulta el expediente de la Contradicción criterios 11/2024, del índice del Pleno Regional Remitente.
QUINTO. Trámite de la contradicción de criterios. Mediante acuerdo de Presidencia de doce de marzo de dos mil veinticuatro, se ordenó formar y registrar el expediente de contradicción, al que correspondió el número 91/2024 y se admitió a trámite.
En ese mismo proveído, se turnaron los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado; y, además, tomando en consideración el tiempo transcurrido entre la integración del expediente de origen en el extinto Pleno y el relativo a la recepción del mismo en el del conocimiento, se solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios, radicada en ese Alto Tribunal, en la que el tema a dilucidar guardara relación con el siguiente: “DETERMINAR SI CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PARA EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CONTESTE LO SOLICITADO EN LA PETICIÓN FORMULADA.”
SEXTO. Confirmación de turno. Integrado el expediente, en auto de cinco de abril de dos mil veinticuatro se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales [reformado mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés]; en relación con el 1o., fracción II, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; en virtud de que la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados pertenecientes a la Región Centro-Sur.
Y si bien la divergencia de criterios se suscita entre un Tribunal Colegiado en materia penal, y otro en materia administrativa, e incide en un tema procedimental del juicio de amparo en general [en concreto, sobre la suspensión de los actos reclamados], la competencia de este órgano se encuentra señalada en el “Acuerdo General 1/2024 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 67/2022 que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, que en su artículo 14 fracción I, prevé:
“Artículo 14. Competencia en contradicción de criterios. Conforme a los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución; 42, fracciones I y II de la Ley Orgánica; 226 y 227 de la Ley de Amparo y demás normas aplicables, los Plenos Regionales tienen competencia para:
I. Resolver las contradicciones de criterios que se susciten entre los Tribunales Colegiados de Circuito que pertenezcan a la misma región.
Tratándose de contradicciones de criterios en materia común, sustentadas entre órganos jurisdiccionales de distinta especialización, corresponderá conocer de la contradicción al Pleno Regional que ejerza jurisdicción por territorio y por materia sobre el Tribunal Colegiado de Circuito que emitió el primero de los criterios en contienda; y ...”
De ahí que este Pleno Regional en Materias Civil y Administrativa de la Región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México, es el que resulta competente para conocer de la presente contradicción de criterios, en tanto que de las constancias integradas electrónicamente se observa que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, fue el que emitió el primero de los criterios, y respecto del cual este Pleno Regional ejerce jurisdicción por territorio y materia.
Pero, además, se surte a favor de este Pleno Regional la competencia para conocer del presente asunto, atendiendo a las directrices establecidos por la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la Contradicción de Criterios 138/2023, en los términos antes señalados.
SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer y segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitima, al haberse formulado por la Presidenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en virtud de que conoció del asunto que motivó la contradicción de criterios.
TERCERO. Criterios denunciados. Para mejor comprensión del asunto, a continuación se precisa cuáles fueron los criterios denunciados como probables contendientes:
I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, resolvió los recursos de queja 428/2022, 447/2022, 450/2022, 457/2022 y 459/2022:
1) Recurso de queja **********, resuelto el diez de noviembre de dos mil veintidós.
Antecedentes
• Una persona física, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia en contra de las autoridades y actos siguientes:
IV. ACTOS RECLAMADOS.
De cada una de las autoridades responsables, reclamo lo siguiente:
a. Del DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, reclamo la omisión de estudiar y proponer a la junta directiva el otorgamiento de pensión a favor de la suscrita, solicitada a través de Solicitud de Pensión o Jubilación con número de clave trámite: ********** **********.
b. Del SUBDIRECTOR GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, reclamo la omisión de realizar el estudio, dictamen y acuerdo de la Solicitud de Pensión o Jubilación con número de clave de tramite: **********, de pensión solicitada por la suscrita, para el otorgamiento de la misma.
c. De LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, reclamo la omisión de Resolver si se concede o niega la pensión, misia que fue solicitada por la suscrita a través de Solicitud de Pensión o Jubilación con número de clave trámite: **********.
d. De LA UNIDAD DE INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL LOS SOCIALES DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA reclamo la omisión de calificar la procedencia de Solicitud de Pensión jubilación con número de clave trámite: **********, solicitada por la suscrita.
e. Del JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES JUBILACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA reclamo la omisión y/o falta de acuerdo correspondiente al trámite de Solicitud de Pensión o Jubilación con número de clave trámite: ********** mismo que se tramita en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales ye Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y la falta de notificación del acuerdo que debe recaer de dicho trámite.
Todo lo anterior debiendo realizarse dentro del plazo de noventa días siguientes a la integración del expediente por parte del JEFE DE DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES.”
• Por razón de turno, tocó conocer de la demanda de amparo al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, registrándola con el número **********, cuyo titular por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós admitió a trámite la demanda; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.
• Por escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintidós ante el juzgado del conocimiento, la quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado en los términos siguientes:
“IV. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.
“[...]
(...) la suscrita solicitó la suspensión del acto reclamado, para los efectos de que las autoridades responsables conjuntamente, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, de inmediato procedan a emitir la resolución relativa a la solicitud y trámite de pensión o jubilación hecha por la quejosa (...) Destacando que los efectos solicitados no se tratan únicamente de emitir una respuesta (contestación), pues ésta se encuentra vinculada con la aprobación del acuerdo de jubilación solicitada por la suscrita, teniendo así por objeto evitar el retardo excesivo de obtener al acuerdo que apruebe mi solicitud de pensión bajo la modalidad de jubilación y así poder agilizar la tramitación de la pensión correspondiente.”
[...]”
• Por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, el juzgado del conocimiento tramitó por separado y duplicado el incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo ********** en el que negó la suspensión provisional solicitada, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental.
• Inconforme con la determinación anterior, la parte quejosa, interpuso recurso de queja; y, por razón de turno tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, admitiéndolo a trámite con el número **********; y, en sesión de diez de noviembre de dos mil veintidós, el pleno de ese órgano colegiado consideró, en lo conducente:
“(...)
De inicio, conviene precisar que el juez determinó negar la suspensión provisional solicitada por lo que hace a la omisión atribuida a las autoridades responsables adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla de dar trámite y resolver lo conducente a la solicitud de pensión o jubilación de la quejosa contenida en el formato ********** **********, de dos de octubre de dos mil dieciocho. Lo anterior, bajo el argumento de que se trata de un acto de naturaleza omisiva que carece de ejecución, respecto del cual no opera la suspensión; y porque estimó que, de concederse la medida cautelar solicitada, se le darían efectos restitutorios que son propios de la sentencia de amparo.
Tal determinación, en principio, resulta equivocada y contraria a lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), cuyos datos de localización, rubro y texto son:
(...)
“SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. (...)”
Ello es así, toda vez que dicha jurisprudencia, obligatoria para el juez de origen y para este tribunal, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece expresamente que la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no.
Asimismo, la decisión del juez no es acorde con lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Amparo, que dice:
“Artículo 147. (se transcribe)”
Se afirma lo anterior, toda vez que, como lo señala la quejosa recurrente, dicho precepto prevé expresamente que en los casos en que la suspensión sea procedente, y de ser jurídica y materialmente posible, el órgano jurisdiccional restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.
Consecuentemente, fue incorrecto que el juez negara la suspensión provisional por el sólo hecho de que se reclama un acto de naturaleza omisiva, y por considerar que, de concederla, se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo; pues actualmente el artículo 147 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de imprimir tales efectos a la suspensión en forma provisional, siempre que sea jurídica y materialmente posible.
De ahí lo fundado de esta primera parte del agravio.
Criterio similar sostuvo este tribunal colegiado al resolver el recurso de queja 122/2022, en sesión de veintinueve de marzo de dos mil veintidós.
No obstante lo anterior, el agravio en ese sentido resulta insuficiente para revocar el auto combatido, ya que este tribunal colegiado advierte que existe un impedimento jurídico para otorgar la medida cautelar solicitada, consistente en que cuando se reclama la violación a un derecho de petición (como en este caso), la suspensión no permitirá a la parte quejosa alcanzar un beneficio transitorio que al final pueda confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sino un beneficio definitivo, debido a que los efectos suspensorios se actualizarían en un solo instante (no de momento a momento), con la respuesta recaída a la petición, de modo que la medida coincidiría exactamente con la eventual sentencia estimatoria, o bien dejaría sin materia el juicio de amparo, no siendo esta la finalidad de la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), antes transcrita.
En efecto, la parte medular de la referida jurisprudencia establece que: “... (se transcribe) ...”, lo que en la especie no se podría dar en virtud de la violación alegada en el amparo que está relacionada con el derecho de petición.
Se explica.
El artículo 8o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:
“Artículo 8o. [...]”
De la porción normativa transcrita, se desprende que el derecho de petición implica, que:
a) La autoridad debe emitir una respuesta por escrito a toda petición que se le formule, esto es, que la atienda, favorable o desfavorablemente.
b) Esa respuesta debe ser congruente, es decir, que tenga coherencia o relación lógica entre lo que se pide y lo que la autoridad comunica por escrito.
c) Se debe dar a conocer al peticionario en breve término la respuesta.
Ahora bien, cuando se reclama en el juicio de amparo una violación al derecho de petición, esto es, un acto de naturaleza omisiva, el efecto de la eventual sentencia estimatoria consistirá, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, en “... obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija”, pues sólo de esa manera se asegurará la restitución del quejoso en el goce del derecho.
Así, la sentencia de amparo obligará a la responsable a emitir una respuesta por escrito, congruente, completa, rápida, fundada y motivada a la petición formulada del quejoso.
Ahora bien, en el presente caso, la parte quejosa solicitó la suspensión del acto omisivo reclamado para los efectos siguientes:
“[...] ...la suscrita solicitó la suspensión del acto reclamado, para los efectos de que las autoridades responsables conjuntamente, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, de inmediato procedan a emitir la resolución relativa a la solicitud y trámite de pensión o jubilación hecha por la quejosa (...) Destacando que los efectos solicitados no se tratan únicamente de emitir una respuesta (contestación), pues esta se encuentra vinculada con la aprobación del acuerdo de jubilación solicitada por la suscrita, teniendo así por objeto evitar el retardo excesivo de obtener al acuerdo que apruebe mi solicitud de pensión bajo la modalidad de jubilación y así poder agilizar la tramitación de la pensión correspondiente.”
[...]”
Precisado lo anterior, se tiene que, en este caso, no es posible jurídicamente otorgar la suspensión solicitada en contra de la omisión reclamada.
Ello es así, porque la medida cautelar no procuraría a la quejosa un beneficio transitorio que al final pueda confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sino un beneficio definitivo, ya que los efectos suspensorios se actualizarían en un solo instante (no de momento a momento), dado que el efecto de la suspensión se traduciría en que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla dé respuesta a la solicitud de pensión o jubilación, por escrito, congruente, completa, rápida, fundada y motivada.
Así, la medida cautelar coincidiría exactamente con la eventual sentencia estimatoria (por el beneficio definitivo alcanzado con la suspensión), o dejaría sin materia el juicio de amparo, pues la respuesta recaída a la petición, en esos términos, haría cesar los efectos del acto omisivo reclamado, no siendo ésta, se insiste, la finalidad de la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), antes transcrita.
En ese sentido, no es posible jurídicamente conceder la suspensión del acto omisivo reclamado, pues ello conllevaría, se insiste, en reconocer un beneficio definitivo a la quejosa al obligar al instituto responsable emitir la respuesta respectiva, lo que no es dable determinar en el cuaderno incidental, sino en una eventual sentencia concesoria y, por ende, en todo caso será la materia de la sentencia que se dicte en el juicio en lo principal, en la que, en su caso, se podría decidir sobre ese beneficio y, por consiguiente, en los efectos que un eventual amparo debe comprender.
Pretensión que no es factible desprenderla a partir de la posibilidad que establece el artículo 147 de la Ley de Amparo, de restablecer provisionalmente el goce del derecho afectado, pues para “restablecer” un derecho, esto debe ser jurídicamente posible, lo cual no se actualiza en el presente caso.
Por esa razón no se cumple la condición establecida por el mencionado dispositivo para acceder al beneficio de restablecimiento, esto es, que sea “material y jurídicamente posible”, ya que, si bien materialmente se puede efectuar ese reconocimiento, jurídicamente no es factible hacerlo hasta en tanto se emite una sentencia de concesión de amparo.
Por todo lo antes expuesto, resulta fundado pero inoperante esta primera parte del agravio en estudio.
(...)”
2) Queja **********, resuelta el veintidós de noviembre de dos mil veintidós.
Antecedentes
• Una persona física, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos que a continuación se transcriben:
III. ACTOS RECLAMADOS.
De cada una de las autoridades responsables, reclamo lo siguiente:
a. Del DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, reclamo la omisión de estudiar y proponer a la junta directiva el otorgamiento de pensión a favor del suscrito, solicitada a través de Solicitud de Pensión o Jubilación con número de clave trámite: **********.
b. Del SUBDIRECTOR GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, reclamo la omisión de realizar el estudio, dictamen y acuerdo de la Solicitud de Pensión o Jubilación con número de clave de tramite: **********, de pensión solicitada por el suscrito, para el otorgamiento de la misma.
c. De la JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE AL ERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, reclamo la omisión de resolver si se concede o niega la pensión, misma que fue solicitada por el suscrito a través de Solicitud de Pensión o Jubilación con número de clave trámite: **********.
d. De LA UNIDAD DE INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL LOS SOCIALES DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, reclamo la omisión de calificar la procedencia de Solicitud de Pensión o jubilación con número de clave trámite: **********, solicitada por el suscrito.
e. Del JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES JUBILACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA reclamo la omisión y/o falta de acuerdo correspondiente al trámite de Solicitud de Pensión o Jubilación con número de clave trámite: ********** mismo que se tramita en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales ye Trabajadores al Servicio de los Pod
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32571-37ed36f5/suspension-provisional-en-amparo-indirecto-es-improcedente-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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