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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LAS OMISIONES DE TRAMITAR, INTEGRAR Y RESOLVER UNA SOLICITUD DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN PRESENTADA ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA (ISSSTEP) [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 70/2019 (10a.)].

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 8/2023. · Registro digital (IUS): 31617
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-07-14
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Julio de 2023, Tomo II, Pág.2237.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 8/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 12 DE ABRIL DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). PONENTE: SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: KARLA YANELI MARTÍNEZ DÍAZ.

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Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión correspondiente al doce de abril de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios 8/2023, suscitada entre los sustentados por el Primer, Segundo y Tercer Tribunales Colegiados, todos en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

2. La problemática jurídica que subyace en este caso, consiste en determinar si en el juicio de amparo indirecto procede conceder la suspensión provisional respecto de las omisiones de tramitar, integrar y resolver una solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación presentada ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Denuncia de la contradicción. Por oficio presentado el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, ante el extinto Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el Magistrado Enrique Cabañas Rodríguez, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito denunció la posible contradicción de criterios sustentados entre:

a) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 438/2022;

b) El Segundo Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 427/2022; y,

c) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 447/2022.

4. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, el Magistrado presidente del extinto Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito admitió a trámite la denuncia y ordenó su registro como contradicción de tesis 3/2022.

5. En esa misma actuación solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si los criterios materia de la denuncia se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.

6. Turno a ponencia. Por acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintidós, el Magistrado presidente del entonces Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito determinó que el expediente se encontraba debidamente integrado, por lo que ordenó su envío al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

7. Devolución de expediente. El citado Tribunal Colegiado informó su inconformidad con el envío descrito en el punto que antecede, al considerar que no debió estimarse al órgano jurisdiccional como parte del Pleno de Circuito, sino sólo al Magistrado integrante del mismo que hubiera sido electo para tal efecto, por lo que devolvió el expediente de la contradicción de criterios en cuestión.

8. Al respecto, mediante auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, el Magistrado presidente del extinto Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, tuvo por recibidos los autos respectivos y determinó que reservaría el turno del asunto hasta tanto se integrara el Pleno de Circuito para el año dos mil veintitrés.

9. Migración del asunto. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente del extinto Pleno del Sexto Circuito remitió a este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, el expediente electrónico de la contradicción de tesis 3/2022 de su índice.

10. Radicación del asunto. En acuerdo de uno de febrero de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente de este Pleno Regional Arturo Iturbe Rivas, se avocó al conocimiento del asunto, registrándolo con el número de contradicción de criterios 8/2023.

11. Asimismo, solicitó informe al director general de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que indicara si en el caso existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asociada con la temática aquí planteada. Lo que fue respondido a través del oficio DGCCST/X/42/02/2023, que ingresó vía interconexión el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el sentido de que no existía contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el solicitado.

12. Confirmación de turno. Por auto de presidencia de veintisiete de febrero del año en curso, se confirmó el turno del presente asunto para la ponencia A, cuya titular es la Magistrada Silvia Cerón Fernández.

II. COMPETENCIA

13. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8o. y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y artículo 2o. del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por tres Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, cuya especialización corresponde conocer a este Pleno Regional.

III. LEGITIMACIÓN

14. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; ya que la formuló el Magistrado Enrique Cabañas Rodríguez, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien participó con uno de los criterios que constituyen la presente contradicción.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

15. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

A. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Recurso de queja 438/2022.

16. Demanda de amparo. Una persona física promovió una demanda de amparo indirecto, en contra de diversas autoridades dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, de quienes reclamó las omisiones de tramitar, integrar y resolver su solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación.

17. Admisión y suspensión. De la demanda conoció el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés, Cholula, cuyo titular, en acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintidós, la admitió a trámite bajo el número de expediente 1971/2022, y ordenó tramitar por cuerda separada el incidente de suspensión.

18. En esa misma fecha, el Juez Federal determinó negar la suspensión provisional solicitada, bajo el argumento de que los actos reclamados tenían una naturaleza omisiva que les impedía ser susceptibles de paralización, pues de concederse la medida cautelar implicaría que se otorgaran efectos restitutorios que eran propios de la resolución que, en su caso, se pronunciara en cuanto al fondo del asunto.

19. Recurso de queja. Inconforme con esa determinación, el autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, interpuso recurso de queja, del que por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, bajo el número de expediente 438/2022.

20. Mediante sesión de once de noviembre de dos mil veintidós, por mayoría de votos, el tribunal declaró fundado el medio de impugnación, y concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, en esencia, bajo las siguientes consideraciones:

a) Al resolver la contradicción de tesis 85/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la naturaleza omisiva del acto reclamado no incidía en la procedencia de la suspensión, pues en todo caso, debía analizarse en función de las consecuencias que tales actos producían con el transcurso del tiempo y la posibilidad de materializar la medida cautelar, sin agotar la materia del juicio de amparo.

b) De la citada ejecutoria había derivado la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA."

c) Derivado de lo anterior, era preciso reasumir jurisdicción y analizar la procedencia de la medida cautelar, a la luz de los artículos 128, 129 y 138 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales, para conceder la suspensión, se requería: la existencia de solicitud expresa; la certeza de los actos reclamados; que los actos fueran susceptibles de suspensión por su naturaleza; que no se siguiera perjuicio al interés social ni se contravinieran disposiciones de orden público; y, que existiera apariencia del buen derecho.

d) El primer requisito se encontraba satisfecho, porque de las constancias de autos se apreciaba que existía solicitud expresa de la quejosa para que se suspendieran los actos reclamados.

e) La certeza de los actos combatidos se acreditaba con las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, vertía la parte quejosa, por tratarse de la suspensión provisional.

f) La tercera exigencia también se colmaba, porque conforme a la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), la naturaleza omisiva de los actos reclamados no impedía que fueran susceptibles de suspensión.

g) Los dos últimos requisitos se cumplían, porque con la concesión de la medida cautelar no se contravenía el orden público ni el interés social, por el contrario, la sociedad tenía interés en que se atendieran con oportunidad las solicitudes de pensiones, a efecto de garantizar la seguridad jurídica y el acceso a esa medida de seguridad social a las personas que cumplieran los requisitos correspondientes para obtener esa prestación, aunado a que existía apariencia del buen derecho, al considerar que el artículo 84 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, imponía que el instituto debía resolver respecto del otorgamiento de las pensiones sin excederse del plazo de ciento veinte días naturales, sin que esto último se observara en la especie.

h) Con base en lo anterior, atendiendo a la posibilidad de dotar de efectos anticipados a la medida cautelar, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, el tribunal declaró que procedía conceder la suspensión provisional para el efecto de que, hasta tanto se resolviera sobre la definitiva, las autoridades responsables dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, dentro de sus respectivas competencias, "de inmediato tramiten, integren y resuelvan el expediente pensionario T-JM-183/2019 de **********, tomando en cuenta que a partir del veintiséis de abril de dos mil diecinueve, ha transcurrido en exceso el plazo máximo de ciento veinte días (el plazo venció el veinticuatro de agosto de dos mil diecinueve) que prevé el artículo 84 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla."

i) Resultaba factible destacar que, si bien con esos efectos se adelantaba un verdadero amparo provisional, lo cierto es que ello podía confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo que pudiera ocurrir en el juicio de amparo, razón por la cual, la suspensión concedida no agotaba ni dejaba sin materia una eventual sentencia de protección federal.

B. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Recurso de queja 427/2022.

21. Demanda de amparo. Una persona física promovió una demanda de amparo indirecto, en contra de diversas autoridades dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, de quienes reclamó las omisiones de tramitar, integrar y resolver su solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación.

22. Admisión y suspensión. De la demanda conoció el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés, Cholula, cuyo titular, en acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la admitió a trámite bajo el número de expediente 2052/2022, y ordenó tramitar por cuerda separada el incidente de suspensión.

23. En esa misma fecha, la Jueza Federal determinó negar la suspensión provisional solicitada, bajo el argumento de que al tener una naturaleza omisiva, los actos reclamados carecían de ejecución alguna que pudiera ser suspendida, en el entendido de que de concederse la medida cautelar implicaría dotarla de efectos restitutorios que eran propios de la sentencia que concedía la protección constitucional.

24. Recurso de queja. Inconforme con esa determinación, el autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, interpuso recurso de queja, del que por razón de turno, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, bajo el número de expediente 427/2022.

25. Mediante sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, por mayoría de votos, el tribunal declaró fundado el medio de impugnación, y concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, en esencia, bajo las siguientes consideraciones:

a) Conforme a la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que la naturaleza omisiva del acto reclamado no impedía su procedencia, porque la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", prevista en el artículo 147 de la Ley de Amparo, debía analizarse en función de las consecuencias que, caso a caso, pudieran producir los actos reclamados, lo que a su vez era determinante para decidir si el efecto de la suspensión debía consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encontraran, o debía restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado.

b) Del análisis integral a la demanda de amparo, se observaba que el derecho en juego tenía que ver con el cese de omisiones, tanto de la respuesta que debía recaer a la solicitud de otorgamiento de pensión de la parte quejosa, como del trámite y resolución de la misma.

c) En contraposición con lo alegado por la juzgadora federal, podía concluirse "que de concederse la suspensión para que se active el procedimiento, ello no dejaría sin materia el juicio principal dado que la demanda no se presentó únicamente con la pretensión de obtener una respuesta a un escrito, sino que se refiere al seguimiento de una serie de actuaciones que deben concluir con un pronunciamiento sobre si el quejoso puede o no acceder al beneficio pensionario."

d) Resultaba procedente conceder la suspensión, concretamente, "para que la autoridad responsable a quien corresponde radicar la solicitud de pensión por jubilación que le presentó el dos de agosto de dos mil diecinueve (formato DP-27, con clave de trámite ********** ante el Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado –foja 16 de la copia certificada del incidente de suspensión–) emita el pronunciamiento correspondiente y de ser procedente inicie el trámite en sus etapas subsecuentes."

e) Ello, porque, en la especie, existía la apariencia del buen derecho, al considerar que conforme al artículo 84 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, el instituto debía resolver respecto del otorgamiento de las pensiones sin excederse del plazo de ciento veinte días naturales, sin que esto último se hubiera observado en el caso.

f) El efecto restitutorio de la medida cautelar no implicaba que el juicio principal quedara sin materia, en virtud de que en la demanda de amparo no sólo se reclamaba la falta de respuesta a una petición, sino diversas omisiones dentro del mismo procedimiento que culminaba con la calificación de procedencia de la solicitud respectiva.

g) Con base en lo anterior, el tribunal concluyó que procedía revocar el auto impugnado "a fin de conceder la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa para el efecto de que la autoridad o autoridades responsables que conforme a la normativa aplicable hayan recibido la solicitud de trámite o deban de intervenir en su emisión, procedan inmediatamente a dictar el acuerdo correspondiente y notificarlo a la parte quejosa, a fin de otorgarle el seguimiento correspondiente."

h) El otorgamiento de la suspensión provisional no prejuzgaba sobre el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la pensión por jubilación, porque el análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados correspondía a un tema que debía verse, en su momento, en la sentencia que se dictara en el juicio principal.

C. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Recurso de queja 447/2022.

26. Demanda de amparo. Una persona física promovió una demanda de amparo indirecto, en contra de diversas autoridades dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, de quienes reclamó las omisiones de tramitar, integrar y resolver su solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación.

27. Admisión. De la demanda conoció el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés, Cholula, cuyo titular, en acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, la admitió a trámite bajo el número de expediente 889/2022.

28. Suspensión. Previa solicitud formulada por la parte quejosa en cuanto a la suspensión de los actos reclamados, e instrucción de tramitar el incidente respectivo, por auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, la Jueza Federal determinó negar la suspensión provisional solicitada, bajo el argumento de que al tener una naturaleza omisiva, los actos reclamados carecían de ejecución alguna que pudiera ser suspendida, en el entendido de que de concederse la medida cautelar implicaría dotarla de efectos restitutorios que eran propios de la sentencia que concedía la protección constitucional.

29. Recurso de queja. Inconforme con esa determinación, el autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, interpuso recurso de queja, del que por razón de turno, correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, bajo el número de expediente 447/2022. 30. Mediante sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por unanimidad de votos, el tribunal declaró infundado el medio de impugnación, y confirmó la negativa de la suspensión provisional de los actos reclamados, en esencia, bajo las siguientes consideraciones:

a) En principio, asistía razón a la parte inconforme cuando afirmaba que era incorrecta la decisión de la Jueza Federal de negar la medida cautelar, a partir de la naturaleza omisiva de los actos reclamados.

b) Ello, porque, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA.", cuya observancia era obligatoria, la naturaleza omisiva de los actos reclamados era relevante para determinar el contenido que adoptaría la suspensión, mas no para determinar si la medida cautelar procedía o no, aunado al hecho de que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, actualmente era posible imprimir efectos restitutorios a la suspensión, en forma provisional, siempre que fuera jurídica y materialmente posible.

c) No obstante, el agravio de la parte quejosa era insuficiente para revocar el auto combatido, porque "este Tribunal Colegiado advierte que existe un impedimento jurídico para otorgar la medida cautelar solicitada, consistente en que cuando se reclama la violación a un derecho de petición (como en este caso), la suspensión no permitirá a la parte quejosa alcanzar un beneficio transitorio que al final pueda confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sino un beneficio definitivo, debido a que los efectos suspensorios se actualizarían en un solo instante (no de momento a momento), con la respuesta recaída a la petición, de modo que la medida coincidiría exactamente con la eventual sentencia estimatoria, o bien, dejaría sin materia el juicio de amparo, no siendo ésta la finalidad de la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.)."

d) Lo anterior se afirmaba así, pues tratándose de una violación al derecho de petición, como sucedía en la especie, una eventual sentencia concesoria implicaría obligar a las autoridades responsables a emitir una respuesta por escrito, congruente, completa, fundada y motivada.

e) En consecuencia, en la especie, no era jurídicamente posible otorgar la suspensión solicitada en contra de la omisión reclamada "porque la medida cautelar no procuraría al quejoso un beneficio transitorio que al final pueda confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sino un beneficio definitivo, ya que los efectos suspensorios se actualizarían en un solo instante (no de momento a momento), dado que el efecto de la suspensión se traduciría en que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla dé respuesta a la solicitud de pensión o jubilación, por escrito, congruente, completa, rápida fundada y motivada."

f) Por tanto, la medida cautelar "coincidiría exactamente con la eventual sentencia estimatoria (por el beneficio definitivo alcanzado con la suspensión), o dejaría sin materia el juicio de amparo, pues la respuesta recaída a la petición, en esos términos, haría cesar los efectos del acto omisivo reclamado, no siendo ésta, se insiste, la finalidad de la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), antes transcrita."

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

31. Por cuestión de orden, es necesario establecer si en el caso se configura la contradicción de criterios, en tanto que sólo bajo ese supuesto, será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer con carácter de jurisprudencia.

32. En principio, conviene destacar que la divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.

33. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(1)

34. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución, o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como dicha forma, también sea legalmente posible.

35. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los Tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31617-659bbc79/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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