SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA OMISIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM) DE PAGAR LA PENSIÓN OTORGADA MEDIANTE EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE Y ACEPTADA POR EL DERECHOHABIENTE.
QUEJA 16/2025. 10 DE ENERO DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALBERTO ROLDÁN OLVERA. SECRETARIA: ROCÍO VALDEZ ROMO.
Naucalpan de Juárez, Estado de México. Resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión extraordinaria, virtual, del día diez de enero de dos mil veinticinco.
VISTOS para resolver, los autos del recurso de queja 16/2025 y,
RESULTANDO
PRIMERO. Amparo Indirecto. Mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca, en su denominación actual; ********** ********** ********** solicitó el amparo contra la autoridad y acto siguientes:
“III. AUTORIDADES RESPONSABLES:
El Jefe del Departamento de Pensiones, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).
“IV. ACTOS RECLAMADOS:
“La retención del pago de mi pensión y demás prestaciones que nacen junto con ésta, como son el aguinaldo, gratificación especial a burócratas pensionados, previsión social, etc.”
Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca; mediante proveído de ocho de enero de dos mil veinticinco, la registró con el número 63/2025, la admitió y, entre otras cosas, ordenó que se formara el incidente de suspensión.
En auto de la misma fecha, dictado en el cuaderno incidental, el juez de amparo negó la suspensión provisional del acto reclamado, derivado de que consideró es de carácter de “omisivo”, por lo que no es susceptible de suspenderse; asimismo, estimó que, de otorgarse, los efectos de la medida cautelar serían los mismos de la sentencia de amparo.
SEGUNDO. Recurso de Queja. Inconforme, por escrito presentado de forma electrónica al día siguiente, esto es, el nueve de enero de dos mil veinticinco, el quejoso, por conducto de su autorizado, ********** ********** **********, interpuso recurso de queja.
Por razón de turno, conoció del recurso este Tribunal Colegiado, cuya Presidencia, por auto de nueve de enero de dos mil veinticinco, lo admitió con el número 16/2025 y se ordenó turnarlo a la ponencia del Magistrado Alberto Roldán Olvera, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
Asimismo, se destacó que el plazo de cuarenta y ocho horas, previsto en el artículo 101, último párrafo, de la Ley de Amparo, inició a partir de las trece horas con once minutos del propio nueve de enero de dos mil veinticinco; y,
CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Colegiado es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto por los artículos; 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el “ACUERDO GENERAL 3/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO”, al haberse interpuesto contra un auto que negó la suspensión provisional, emitido por un juez de Distrito con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano colegiado.
SEGUNDO. Consideración especial. La resolución de este asunto se llevará a cabo de manera remota, a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal que permite la celebración de videoconferencias, el cual se incorpora como mecanismo facultativo en la actividad permanente de los órganos jurisdiccionales.
Ello, de conformidad con el artículo 30 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
TERCERO. Oportunidad en la presentación del recurso. Del expediente electrónico relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 63/2025, origen de este asunto, consultado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que no se ha agregado la constancia de notificación del acuerdo recurrido, de ocho de enero de dos mil veinticinco; sin embargo, como lo certificó el secretario de acuerdos de este Tribunal Colegiado en el proveído de admisión, es notorio que la interposición del recurso se realizó oportunamente, dentro del plazo de dos días que prevé el artículo 98, fracción I, de la Ley de Amparo, derivado de que se presentó el ocurso de forma electrónica, el día siguiente al en que se dictó el acto que se controvierte; ello, en la inteligencia de que aun cuando se hubiera notificado electrónicamente, el mismo día de la emisión del acuerdo discutido, dicho plazo habría transcurrido del nueve al diez de enero de dos mil veinticinco, sin que mediara algún día inhábil, mientras que el medio legal de impugnación se presentó el nueve de enero del referido año.
CUARTO. Legitimación. El recurso de queja fue interpuesto por parte legitimada, en tanto que lo hace valer la parte quejosa, ********** ********** **********, por conducto de su autorizado, ********** ********** **********, en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo; personalidad que le fue reconocida por este Tribunal Colegiado, en auto de presidencia de nueve de enero de dos mil veinticinco, en el cual se certificó que tiene inscrita su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
QUINTO. Procedencia. El presente recurso de queja es procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo,(1) por lo que se justifica la procedencia del recurso, ya que se recurre el acuerdo del juez de Distrito, dictado en el incidente de suspensión del juicio de amparo 63/2025, en el que negó la suspensión provisional.
SEXTO. Antecedentes
1. En la demanda de amparo, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el siete de octubre de dos mil veintidós, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), por conducto del Comité de Pensiones, le otorgó mediante el dictamen **********, una pensión por jubilación, con un monto diario para el año dos mil veintidós de $********** (********** ********** ********** ********** ********** **********), por haber cotizado al Instituto durante “treinta años con el mismo nivel y rango”, con el puesto de “**********”.
2. El cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, el quejoso presentó un escrito dirigido a la Dirección General del mencionado, por el cual aceptó la pensión por jubilación que le fue otorgada mediante el dictamen CP/**********/22, de siete de octubre de dos mil veintidós.
3. Dicho escrito fue recibido por la Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca, perteneciente al referido Instituto, como se acredita con el sello oficial fechador que le fue impreso, de “04 SEP 2024”.
4. En la demanda también indicó que la autoridad responsable le comunicó verbalmente que el pago de su pensión “saldrá más o menos para agosto de 2026, que ya todos saben que el pago tarda bastante y que debió hacer un colchoncito, lo que resulta una verdadera grosería”.
5. Expuso que, derivado de lo anterior, ha dejado de percibir ingresos y se le ha privado de “un medio económico para satisfacer las necesidades básicas”.
6. En parte del único concepto de violación, el quejoso destaca que, con la omisión de pagarle su pensión y demás prestaciones accesorias que le corresponden, se transgrede su derecho fundamental a la previsión social, protegido en el “artículo 123, apartado B, fracción II, inciso a), de la Constitución Federal”.
7. En el capítulo de suspensión, solicitó la medida cautelar, para los efectos que se citan a continuación:
“... solicito se me conceda la suspensión provisional y definitiva con efectos restitutorios de los actos reclamados ... para el efecto de que de manera inmediata se me pague mi pensión y prestaciones accesorias que me corresponden como son el aguinaldo, gratificación especial a burócratas pensionados, previsión social, etc. y las sucesivas, ... además de que con el otorgamiento de la suspensión no se causa perjuicio al interés social, ni se violan normas de orden público...
“Aunado a lo anterior, debemos analizar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido que la naturaleza de los actos ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución ‘atendiendo a la naturaleza del acto reclamado’, que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso puedan producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado.
“Además, la propia Ley de Amparo admite abiertamente que el carácter de medida cautelar de la suspensión, participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo. Y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que este pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado.
“En efecto, el dictamen pensionario que obra en autos otorgó el beneficio de pagar al QUEJOSO determinada cantidad de dinero, es decir, atento a la naturaleza de la suspensión, al ser su objeto primordial es mantener viva la materia del juicio, impidiendo que, mientras este se resuelve en definitiva, el acto reclamado pueda consumarse irreparablemente, el artículo 147, párrafo segundo, de la ley de la materia prevé la posibilidad de que la medida de suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible ...
“En el caso concreto, no solicitamos el pago de las cantidades omitidas con anterioridad (cuestión que desde luego será resuelta al dictarse la sentencia definitiva), sino que se solicita que se otorgue la medida cautelar para el efecto de que se realice el pago efectivo del derecho reconocido en el dictamen pensionario, en otras palabras, buscamos que se pague de aquí en adelante la pensión (derecho que ya está reconocido por la misma autoridad responsable) mientras se tramita el juicio de amparo.
“Dicho lo anterior, resulta evidente que el otorgamiento de la medida provisional y definitiva no tiene como objeto primordial y único el restituir al quejoso de la violación, sino impedir que se sigan violentando los derechos del quejoso, por lo tanto, es evidente que se debe otorgar la medida provisional, a efecto de hacer valer la supremacía constitucional.
“Aunado a lo anterior, en el presente caso se colman los dos extremos que hay que cubrir para obtener la medida provisional que atentamente se solicita, mismos que son:
“a. Apariencia del buen derecho.
“b. Peligro en la demora.
“Así, para cubrir el primer presupuesto es necesario analizar objetiva y seriamente la medida solicitada en relación con el acto reclamado, a efecto de descartar una pretensión infundada, temeraria o muy cuestionable, señalando que en el presente caso NO SE DISCUTE EL DERECHO PENSIONARIO, PUES ÉSTE YA FUE RECONOCIDO por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) al emitir el dictamen pensionario.
“Con esto queda claro que la petición de garantías está plenamente justificada, y no se trata de una pretensión temeraria o infundada, pues sólo se solicita el pago inmediato de la pensión y prestaciones accesorias que me corresponden como son el aguinaldo, gratificación especial a burócratas pensionados, previsión social, etc., y sucesivas.
“Por otra parte, en cuanto el peligro en la demora, se debe analizar si el acto de autoridad sería susceptible de agravarse e incluso de transformarse en daño irreparable, lo que en el presente caso se traduce en la frustración de los derechos del quejoso a manos del Estado, quien es garante de hacer vale el derecho y la justicia, aunado al hecho de que pertenezco a un grupo vulnerable, pues al ser pensionado evidentemente a mi edad requiero de ingresos suficientes para mi manutención, al ser imposible allegarme por mi cuenta de otros recursos.
“Es de mencionarse que hace medio año renuncié mi plaza como servidor público para acceder al pago de mi pensión y accesorios, sin embargo, sigo esperando el pago pensionario, por lo que me he quedado sin recursos económicos para subsistir.
“Por todo lo anterior, considerando que, en el presente asunto entre otras cosas, se reclama la omisión de pago de una pensión previamente otorgada por el Instituto y aceptada por el ahora quejoso, con apoyo en el buen derecho, se debe estimar que en este caso el quejoso tiene la probabilidad a su favor respecto al derecho discutido.
“Así, tenemos que el estado actual que guarda la pensión del quejoso es el de cobrar quincenalmente determinada cantidad de dinero, como lo decretó en su momento el Instituto de Seguridad Social en el Estado de México y Municipios (ISSEMYM), cuestión que se puede corroborar en el dictamen pensionario exhibido, y en el formato de aceptación, sin olvidar que al ser una persona jubilada pertenezco a un segmento vulnerable de la población debido a mi edad y a que no tenga otra fuente de ingresos ...”
Al escrito de demanda, el quejoso acompañó los siguientes elementos de prueba:
- Copia simple del dictamen a nombre del solicitante del amparo de siete de octubre de dos mil veintidós, suscrito por el presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
- Copia simple del escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, mediante el cual el quejoso aceptó el dictamen de pensión en los términos en que fue emitido.
SÉPTIMO. Consideraciones del acuerdo recurrido.
El juez de Distrito sustentó que el acto reclamado consiste en:
“La omisión de dar contestación al escrito de aceptación de pensión que presentó ante la Unidad de Atención al Derechohabiente; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión.
Asimismo, con fundamento en el artículo 138, fracción I, de la Ley de la materia, negó la suspensión provisional, porque consideró que “reviste el carácter de omisivo, contra el cual, es improcedente conceder la medida cautelar, pues no es susceptible de suspenderse, en virtud a que los efectos de la suspensión serían los mismos que lograría, en su caso, con la sentencia de amparo que se dicte en el sumario del que deriva la presente incidencia”.
Para dar sustento a su determinación, citó la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de rubro: “ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS.”
OCTAVO. Estudio.
En el único agravio, el recurrente alega que el acuerdo controvertido es ilegal, porque el juzgador negó la concesión de la suspensión provisional de los actos reclamados siendo que se reúnen los requisitos previstos para su otorgamiento, conforme a los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo.
Que, el asunto no versa sobre la omisión de contestar la aceptación de la pensión, en tanto que la pensión ya fue otorgada previamente mediante un dictamen, por lo que está omitiendo el pago o reteniéndolo.
Que, si bien, el acto reclamado es “omisivo”, lo cierto es que no es impedimento para conceder la suspensión, pues al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado, en el sentido de que la naturaleza de los actos ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, porque la locución “atendiendo a la naturaleza del acto reclamado”, que refiere la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran o si debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado.
En adición, refiere que la propia Ley de Amparo admite que en la medida cautelar de la suspensión se adelanten los efectos de la sentencia definitiva, restableciendo al quejoso en el goce de su derecho afectado impidiendo los perjuicios del acto durante el proceso, lo que constituye un verdadero amparo provisional que anticipa la tutela constitucional, con base en la apariencia del buen derecho.
Señala que es necesario el estudio de la apariencia del buen derecho, para determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia de un derecho y las probabilidades de que la sentencia declare la inconstitucionalidad del acto; además, no se puede soslayar el peligro en la demora y los perjuicios de difícil reparación que la negativa de la medida cautelar pueda ocasionar al quejoso.
Aduce, que se acredita la apariencia del buen derecho, ya que adjuntó al escrito inicial de demanda el dictamen de pensión del que se observa que el Instituto responsable le otorgó una pensión, así como el formato de aceptación con el cual prueba que desde la fecha que establece aceptó la pensión dictaminada y que, por ende, desde entonces debió iniciar el pago de la prestación de seguridad social.
Además, señala que existe una alta probabilidad de que se conceda el amparo, porque conforme a lo que manifestó, bajo protesta de decir verdad, no se le ha realizado pago alguno de la pensión a que tiene derecho; por tanto, concluye que existen elementos suficientes para que se le conceda la suspensión provisional, adelantando los efectos de la concesión del amparo.
El agravio es fundado.
Lo anterior, porque si bien, la medida cautelar constituye una providencia instrumental para preservar la materia del juicio constitucional y hacer cesar temporalmente los efectos de los actos reclamados mientras se resuelve la controversia constitucional; sin embargo, también tiene por objeto reestablecer provisionalmente al quejoso en el derecho afectado con el acto reclamado, cuando acredita la apariencia del buen derecho, como se expone a continuación.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal y en los numerales 125, 128, 129, 138 y 147 de la Ley de Amparo, para que proceda conceder la suspensión de los actos reclamados, se requiere, por regla general, que se acrediten los siguientes requisitos:
1. Que expresamente la solicite la parte quejosa.
2. La presunción de existencia del acto reclamado.
3. Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse.
4. Que se reúnan los requisitos a que alude el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, que la parte quejosa acredite al menos un interés indiciario para obtener la medida cautelar y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo. 5. Que simultáneamente se lleve a cabo el análisis de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.
En efecto, cuando el juzgador se pronuncia respecto de la medida provisional, la existencia del acto queda acreditada con las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso realice bajo protesta de decir verdad y en el supuesto de la medida definitiva, la existencia del acto debe quedar probada al menos indiciariamente, ya sea mediante la aceptación que realice la autoridad en el informe previo (de haberse rendido), o bien, que con los medios de convicción ofrecidos se acredite su existencia.
En el artículo 107, fracción X, Constitucional, se ordena tomar en cuenta “la naturaleza de la violación alegada”, de donde se deriva la obligación de verificar si el acto reclamado es susceptible de suspenderse.
Ahora bien, la mayor parte de los criterios de suspensión del acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, datan de la integración de la Quinta Época y constituyen tesis casuísticas, que en realidad pueden reagruparse bajo un solo punto de partida: “los efectos del acto”.
En realidad lo que se suspende son las consecuencias que produzca el acto, de ahí que si carecen de éstas no hay materia qué suspender, por el contrario, si los tiene y no se han ejecutado, o bien, se están ejecutando, el acto puede suspenderse.
En ese orden de ideas, si el acto no es susceptible de paralizarse, la suspensión solicitada será improcedente con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Ley de Amparo, sin necesidad de examinar los requisitos de que habla el numeral 128 de la propia disposición, relativos al interés suspensional y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
Posteriormente, superados los elementos que anteceden (existencia del acto y la naturaleza de éste), quien juzga debe examinar que la persona que solicite la medida precautoria acredite al menos un interés suspensional para obtenerla y que su concesión no traiga un perjuicio al interés social ni se contravenga disposiciones de orden público, cuyos postulados de manera enunciativa y no limitativa se prevén en el artículo 129 de la Ley de Amparo, ponderando, de manera simultánea, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, en términos del ordinal 138 de la propia disposición legal.
En este punto, es menester precisar que una de las exigencias legales que deben colmarse, tratándose de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, es aquella referente a que con su otorgamiento no se contravengan disposiciones de orden público o se perjudique el interés social.
El orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno.
Así, el concepto de disposiciones de orden público comprende las normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público.
En vinculación con esos razonamientos, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.
Lo antes señalado encuentra apoyo, en el criterio consultable en la Séptima Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, 47 Tercera Parte, página 58, registro 818,680, así como en la jurisprudencia 8, Séptima Época, Segunda Sala, Informe mil novecientos setenta y tres, Parte II, página 44, registro 805,484 de rubro: “INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN.” y “SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.”
Además, cabe precisar que a fin de proveer respecto de la suspensión de la ejecución del acto reclamado solicitada en un juicio de amparo indirecto, debe ponderarse en forma simultánea la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con el perjuicio al interés social o al orden público, esto es, deben en forma simultánea sopesarse las consecuencias que la ejecución del acto reclamado pudiera ocasionar en la esfera jurídica de la parte quejosa para el caso de que resultara inconstitucional a la par de la afectación al interés social y orden público que la suspensión generaría.
Lo así afirmado encuentra apoyo, en el contenido de la jurisprudencia 2ª./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 315, de rubro y texto:
“SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida.”
Cabe precisar que, conforme a los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, que deben considerarse al resolver sobre la medida cautelar, es posible que ante un acto de autoridad que impide el ejercicio de un derecho y que al prolongarse en el tiempo puede causar un daño irreparable a la parte quejosa, de estar acreditados los presupuestos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el juzgador conceda la medida para que se permita el libre ejercicio del derecho que se paralizó con el acto, lo que implica un adelanto provisional de los efectos de una hipotética concesión del amparo; sin perjuicio de que, de negarse la protección constitucional, la autoridad pueda continuar ejecutando el acto hasta su total cumplimiento.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que en los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo se dota a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste no sólo en conservar la materia de la controversia, sino evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios).
En esos términos, la naturaleza del acto, ya sea positiva, declarativa, negativa u omisiva, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho afectado, por lo que resulta incorrecta la determinación del A quo, de que la suspensión provisional es improcedente sólo porque el acto reclamado es una omisión, sin tomar en cuenta las consecuencias que ésta produce, las cuales, como se dijo, sí pueden ser susceptibles de restitución provisional.
Al respecto es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 1a. /J. 70/2019 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, diciembre de 2019, Tomo I, página 286; de rubro y texto:
“SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas cons
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33284-d3acf12e/suspension-provisional-en-amparo-indirecto-procede-con-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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