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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA ANTE LA INEXISTENCIA DE LA OMISIÓN ATRIBUIDA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA URGENCIA Y EL PELIGRO EN LA DEMORA CONSTITUYEN PRESUPUESTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES PARA SU OTORGAMIENTO, POR LO QUE SI NO SE ACTUALIZAN ES INNECESARIO DECRETARLA.

Tipo de asunto: INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (Revisión) 526/2022. · Registro digital (IUS): 31777
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-09-22
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo V, Pág.5723.

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (REVISIÓN) 526/2022. 18 DE MAYO DE 2023. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. PONENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. SECRETARIA: RUBÍ SINDIRELY AGUILAR LASSERRE.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.—Consideraciones esenciales del acto recurrido. Las consideraciones motivo de estudio se sintetizan a continuación:

I. Para la procedencia de la medida cautelar se debe tomar en cuenta lo establecido en la fracción X del artículo 107 de la Constitución General y 128 de la Ley de Amparo; esto es, que para conceder la suspensión debe cumplirse que:

a. Lo solicite la parte quejosa.

b. El acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspensión.

c. Sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado.

d. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

II. La quejosa solicitó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados.

III. Con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en:

a. Omisión y abstención de tramitar el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de once de enero de dos mil veintidós, a través de la cual se declaró improcedente el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva realizada por lista de acuerdos.

b. Omisión de allegarse la información y documentación solicitada mediante escrito recibido el veinte de agosto de dos mil veintiuno.

c. Omisión y abstención de implementar las medidas idóneas para garantizar el veinte por ciento, por concepto de pensión alimenticia definitiva decretada en los autos del juicio de origen, y las consecuencias de los actos reclamados.

IV. La suspensión es una medida cautelar cuya finalidad es preservar la materia del juicio de amparo, la que se tramita a petición de parte y, excepcionalmente, por disposición legal expresa, de oficio.

V. Para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, es imprescindible puntualizar la naturaleza de los actos que se reclaman.

VI. Para conceder la suspensión del aludido acto reclamado debe analizarse su naturaleza y después determinar si se colman los requisitos de procedencia de la suspensión previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo:

a. Que lo solicite el quejoso y

b. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

VII. En el caso concreto, el acto reclamado es de naturaleza negativa, al atribuirse a la autoridad la negativa de cumplir con las obligaciones que la ley le impone; acto respecto del cual, por regla general, no es posible conceder la suspensión en tanto carece de ejecución, por lo que, de otorgarse contra ese tipo de actos, no tendría el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar el amparo, sino efectos restitutorios propios de la sentencia.

VIII. Los actos positivos se traducen en una actuación, una conducta activa, en hacer o dar; mientras que en los actos negativos la autoridad se rehúsa a actuar en favor de la pretensión del gobernado; en cambio, los actos omisivos consisten en la abstención de contestar la petición formulada por el particular, y los actos prohibitivos en imponer obligaciones de no hacer o limitaciones a la actividad de los gobernados.

IX. En el caso, los actos reclamados son de carácter negativo, pues se le atribuye a la autoridad responsable la negativa de actuar en determinada manera.

X. Además, la suspensión en el juicio de amparo es la paralización, la detención del acto reclamado, de manera que si éste no se ha producido, no nace y si ya se inició no prosiga, pero carece de efectos restitutorios, porque se limita a la conservación de la situación existente.

XI. En esas condiciones, los actos positivos pueden ser suspendidos y los negativos u omisivos no, porque la medida no puede tener el efecto de forzar a la autoridad a que actúe, porque sería contrario a la suspensión y reconocerle equivaldría a darle efectos restitutorios, de los que carece.

XII. Por lo que no fue dable conceder la medida suspensional, porque sería ordenar a la responsable que no continúe la conducta negativa reclamada, lo que implica efectos restitutorios que no son propios de la suspensión, sino del juicio de amparo.

TERCERO.—Innecesaria transcripción de los agravios. No se transcriben, por no constituir un requisito formal que deban contener los fallos dictados en los juicios de amparo, ni existir precepto legal alguno que establezca esa obligación. Se cita en apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."

CUARTO.—1. Estudio de los motivos de agravio. Los motivos de agravio, en síntesis, consisten en lo siguiente:

a. No se comparte el criterio reflejado en la resolución recurrida, porque dentro de la queja ********** y que fuera resuelta por este Tribunal Colegiado de Circuito se determinó que la suspensión sí puede tener efectos restitutorios, incluso cuando se trate contra actos omisivos.

Lo anterior encuentra sustento en diversas tesis de jurisprudencia y aislada, de títulos y subtítulos:

P./J. 4/2019 (10a.) "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA."

1a./J. 15/2018 (10a.) "SUSPENSIÓN EN MATERIA PENAL. ES POSIBLE QUE TENGA EFECTOS RESTITUTORIOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA CITACIÓN PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA INICIAL DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN O RESPECTO A LA NEGATIVA DE DESAHOGAR PRUEBAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA."

IV.1o.C.7 C (10a.) "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO DE UNA PENSIÓN JUBILATORIA A UN ADULTO MAYOR EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, CON BASE EN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA."

Además, la omisión no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo, ello conforme a la tesis de jurisprudencia P./J. 43/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. El agravio expuesto resulta fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida, porque con base en los criterios citados por la recurrente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que la suspensión sí resulta procedente cuando a la autoridad responsable se le reclaman omisiones. Sirve de sustento el siguiente criterio jurisprudencial:

"Registro digital: 2021263

"Instancia: Primera Sala

"Décima Época

"Materia: Común

"Tesis: 1a./J. 70/2019 (10a.)

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Tomo I, diciembre de 2019

"Página: 286

"Tipo: Jurisprudencia

"SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución ‘atendiendo a la naturaleza del acto reclamado’, que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior."

3. Por tales razones, al no existir reenvío en el sistema jurídico mexicano, este Tribunal Colegiado de Circuito reasume jurisdicción y procede a realizar el estudio respectivo en torno a la suspensión de los actos reclamados.

Estudio sobre la suspensión

4. El análisis de los actos reclamados se divide en dos partes: la primera, en cuanto a la omisión de la autoridad responsable para dar trámite al recurso de apelación contra la resolución dictada en el incidente de nulidad de notificaciones y, en segundo lugar, la omisión de no acordar los petitorios a efecto de solicitar información y documentación solicitada en el escrito recibido el veinte de agosto de dos mil veintiuno y la omisión y/o abstención de implementar, de manera inmediata, todas las medidas idóneas y necesarias para lograr garantizar el porcentaje decretado por concepto de pensión alimenticia definitiva establecido en el juicio ordinario civil.

I

5. Este Tribunal Colegiado de Circuito estima que no resulta procedente conceder la suspensión sobre la omisión consistente en la falta de trámite de la apelación interpuesta contra la sentencia que resolvió el incidente de nulidad de notificaciones.

6. Lo anterior, porque dadas las constancias procesales del auto reclamado se desprende que, por medio del auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable sí dio trámite, pues lo admitió en efecto devolutivo; esto es, la omisión invocada no existe.

7. Con base en esa circunstancia, no tiene un fin práctico conceder la suspensión definitiva respecto de una omisión inexistente, en atención a que la autoridad responsable ya procedió a dar el trámite pertinente del recurso de apelación.

8. En conclusión, la suspensión definitiva es improcedente, ante la inexistencia de la omisión atribuida a la autoridad responsable.

9. Cuando la parte quejosa se duele por la falta de trámite y la autoridad responsable, al rendir su informe previo, manifiesta que ya dio el trámite correspondiente, es evidente que ya no existe materia para la procedencia de la suspensión, a efecto de su otorgamiento, al no existir objeto para ello.

10. Ante esa circunstancia, correspondía a la parte quejosa desvirtuar esa afirmación.

II

11. En cuanto a la omisión de no acordar los petitorios, a efecto de requerir información y documentación solicitada en el escrito recibido el veinte de agosto de dos mil veintiuno y la omisión y/o abstención de implementar de manera inmediata todas las medidas idóneas y necesarias para lograr garantizar el porcentaje decretado por concepto de pensión alimenticia definitiva establecido en el juicio ordinario civil, al restante acto reclamado, este Tribunal Colegiado de Circuito estima conveniente precisar los antecedentes con la finalidad de lograr una mejor comprensión.

12. Hacia el dos mil dieciocho, por propio derecho y en representación de su menor hijo, ostentándose como concubina, la ahora quejosa demandó alimentos del tercero interesado. La controversia se radicó con el número **********, del índice de la responsable y, en forma provisional, se decretó un veinticinco y veinte por ciento de pensión alimenticia para el menor de edad y la quejosa, respectivamente, dando un total de un cuarenta y cinco por ciento de los ingresos del tercero interesado.

13. Mediante sentencia de trece de noviembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable condenó al tercero interesado al pago de alimentos a razón del veinte por ciento, únicamente en cuanto al menor de edad, absolviéndolo del pago de esa misma prestación respecto a la quejosa.

14. La autoridad responsable acordó el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, que la sentencia había causado estado, dado que no se interpuso recurso de apelación.

15. En proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad responsable acordó el escrito presentado por la quejosa y tuvo por presentado el nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, así como por revocada la personalidad otorgada con anterioridad y reconoció la de los nuevos abogados patronos de la quejosa. Finalmente, tuvo por presentado el incidente de nulidad de notificaciones por lista del auto que declaró ejecutoriada la sentencia de primer grado.

16. En un diverso escrito recibido el veinte de agosto de dos mil veintiuno, la quejosa realizó diversas peticiones:

I. Dar trámite al incidente de nulidad de actuaciones.

II. Solicitar a la fuente laboral del tercero interesado informara y exhibiera documentación relativa al Registro Federal de Contribuyentes, y si en su número de seguridad social se habían reflejado pagos en diversos años, por concepto de vacaciones, prima dominical, aguinaldo y fondo de ahorro.

III. Girar oficio a la fuente laboral del tercero interesado, para que diera cumplimiento a la sentencia y quedaran gravadas las prestaciones de pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones ordinarias y extraordinarias, en especie, reparto de utilidades, fondo de ahorro, séptimo día, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, descanso obligatorio, hora extra y cualquier otra remuneración.

IV. Calcular y aplicar descuentos, a razón del porcentaje decretado por concepto de pensión alimenticia provisional.

17. A dicho escrito recayó el acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable ordenó cumplir con el auto previo y llevar a cabo la notificación ordenada al demandado incidental.

18. Al respecto, la quejosa se dolió de que la autoridad responsable fue omisa en solicitar la documentación precisada.

19. Con posterioridad y tras el trámite incidental, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós la autoridad responsable dictó sentencia donde determinó improcedente el incidente de nulidad de actuaciones.

20. Inconforme con dicha resolución, la quejosa interpuso recurso de apelación y en auto de tres de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable admitió el recurso indicado en efecto devolutivo.

21. En ese sentido, como ya se expuso en el apartado anterior, la quejosa también se dolió de la omisión de la responsable de no dar trámite al medio de impugnación en cuestión.

22. Una vez que se expusieron los antecedentes del acto reclamado, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que no procede la suspensión definitiva, toda vez que no existe urgencia ni peligro en la demora.

23. El peligro en la demora constituye, en esencia, el primero de los elementos que justifican razonablemente el otorgamiento de la medida cautelar, pues en muchos casos, de no tomarse en cuenta, el juicio podría quedar sin materia, lo que haría inútil haber instado un juicio y obtener una sentencia favorable.

24. Así, la suspensión tiende a evitar el peligro para el derecho que puede suponer la existencia de un proceso con la lentitud propia e inevitable del mismo; por ello, las medidas cautelares, como lo es la suspensión, implican una anticipación provisional de ciertos efectos de la decisión definitiva, dirigida a prevenir el daño que podría derivarse del retraso de la sentencia principal.

25. Por tanto, las medidas cautelares tienen sentido si hay un derecho que necesita una protección provisional y urgente, a raíz de un daño ya producido o de inminente producción, mientras dure un proceso en el que se discute precisamente una pretensión de quien sufre dicho daño o amenaza. Sin este peligro, que en forma cautelar debe ser frenado para que el objeto del proceso se mantenga íntegro durante el tiempo que dure, no hay razón para la existencia de las medidas cautelares.

26. En efecto, procede la suspensión contra omisiones, siempre que se demuestre la urgencia y el peligro en la demora en términos de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo:

"Registro digital: 200137

"Instancia: Pleno

"Novena Época

"Materias: Común, Administrativa y Constitucional

"Tesis: P./J. 16/96

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, abril de 1996

"Página: 36

"Tipo: Jurisprudencia

"SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO. El artículo 107, fracción X de la Constitución General de la República, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el amparo, el de tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada; esto es, el juzgador deberá realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión. Tal anticipación es posible porque la suspensión se asemeja, en el género próximo, a las medidas cautelares, aunque es evidente que está caracterizada por diferencias que la perfilan de manera singular y concreta. Sin embargo, le son aplicables las reglas de tales medidas, en lo que no se opongan a su específica naturaleza. En este aspecto cabe señalar que son dos los extremos que hay que llenar para obtener la medida cautelar: 1) Apariencia de buen derecho y 2) Peligro en la demora. La apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En síntesis, la medida cautelar exige un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales. Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en los principios de verosimilitud o apariencia del derecho y el peligro en la demora, el Juez de Distrito puede analizar esos elementos en presencia de una clausura ejecutada por tiempo indefinido, y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, debe dictar medidas que implican no una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no inconstitucional; así, el efecto de la suspensión será interrumpir el estado de clausura mientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que si se niega el amparo, porque la ‘apariencia del buen derecho’ sea equivocada, la autoridad pueda reanudar la clausura hasta su total cumplimiento. Lo expuesto anteriormente se sustenta en la fracción X del dispositivo constitucional citado, que establece que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesionan el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver la sensibilidad del Juez de Distrito, ante la realidad del acto reclamado, pues si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negar la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y el interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado."

27. De igual manera, dentro de la Ley de Amparo, en el artículo 139, el legislador ordinario recogió ese requisito de procedibilidad.

28. En ese tenor, se admite abiertamente el carácter de medid a cautelar de la suspensión en el juicio de amparo, que participa del principio primordial de la urgencia y el peligro en la demora en la medida.

29. De igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 2o. de la Ley de Amparo, resulta aplicable en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, en específico la fracción II del artículo 611, el cual señala que para otorgar la medida cautelar se requiere la existencia de urgencia en el otorgamiento de la medida en virtud del riesgo.

30. Con base en lo anterior, el riesgo es un requisito de procedencia de la suspensión, por lo que el simple hecho de que se reclame una omisión no basta para que el órgano conceda la suspensión definitiva, sino que se requiere el elemento de la urgencia conforme a la Ley de Amparo.

31. De la lectura de las constancias procesales, y como ya fue precisado en el apartado de antecedentes, la quejosa presentó un escrito donde solicitó la realización de diversas actuaciones judiciales a cargo de la responsable, no obstante, sólo se pronunció en cuanto a realizar el emplazamiento del tercero interesado en su carácter de demandado incidental, pero fue omisa al pronunciarse respecto a los otros puntos petitorios.

32. Tales petitorios se vinculan estrechamente con la cuantía de la pensión alimenticia decretada tanto provisional como definitiva; esto es, que abarquen diversas prestaciones del deudor alimentario; el cálculo y reajuste del monto con motivo de los años pasados y sobre diversas prestaciones, y lograr la eficacia de la misma.

33. De ese modo, es evidente que lo solicitado por la quejosa se vincula con la cuestión principal la cual, debe recordarse, ya había adquirido firmeza en virtud de que la sentencia de primer grado al no haber sido recurrida causó estado; mientras que, dado el contexto procesal, apenas se analizaría el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en el incidente de nulidad de actuaciones.

34. En términos más sencillos, lo solicitado por la quejosa se adelanta procesalmente a la etapa en la que el procedimiento se encuentra; de ahí que no hay urgencia en satisfacer tales tópicos.

35. Por otro lado, no debe soslayarse que el menor de edad ya tiene decretada en su favor una pensión alimenticia definitiva a razón del veinte por ciento y con una variación del cinco por ciento menos, en relación con la pensión provisional decretada.

36. De esa manera, es evidente que no existe un peligro en la demora derivado de las omisiones ya indicadas, porque dado que las mismas se vinculan estrechamente con alimentos, en el presente asunto el menor de edad ya los tiene decretados en su favor, por lo que no se encuentra comprometida su subsistencia.

37. En conclusión, la urgencia y el peligro en la demora son un presupuesto legal y jurisprudencial para el otorgamiento de la suspensión.

38. A la suspensión en el juicio de amparo le son aplicables las reglas de las medidas cautelares y, por tanto, la urgencia y el peligro en la demora constituyen el primer requisito a efecto de advertir su procedencia. Así, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, por lo que si dicho requisito no se verifica, hace innecesario el dictado de la suspensión. Lo anterior se desprende de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 21/2016 (10a.), de título y subtítulo: "LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL.", así como del artículo 139 de la Ley de Amparo y el diverso 611 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable en forma supletoria en términos del párrafo segundo del artículo 2o. de la Ley de Amparo. Dicha jurisprudencia reconoce que la suspensión goza de las características de las medidas cautelares, entre ellas la urgencia y el peligro en la demora, cuestión que se ve reflejada en el artículo 139 de la Ley de Amparo, al establecer que procede la suspensión si hubiera peligro inminente que se ejecute el acto reclamado, lo que guarda relación con el artículo 611 del ordenamiento indicado en cuanto el otorgamiento de la medida cautelar requiere la existencia de urgencia en virtud del riesgo.

39. Por las relatadas consideraciones, lo procedente es revocar la resolución recurrida y negar la suspensión definitiva.

QUINTO.—Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o. deberá entregarse copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre autorizado para ello, previa razón actuarial.

Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Colegiado de Circuito.

RESUELVE

PRIMERO.—Se revoca la resolución recurrida.

SEGUNDO.—Se niega la suspensión definitiva solicitada por **********, a través de su autorizado contra la autoridad y actos señalados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; anótese en el libro de gobierno, remítase la resolución que aparece en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) vía interconexión al Juzgado de Distrito, devuélvanse los autos a su lugar de procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados, José Manuel De Alba De Alba y Alfredo Sánchez Castelán, en contra del voto particular del Magistrado Isidro Pedro Alcántara Valdés. Fue relator el primero de los antes mencionados.

En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracción II, 111, 113, 116, octavo y duodécimo transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), 1a./J. 15/2018 (10a.), 1a./J. 21/2016 (10a.) y aislada IV.1o.C.7 C (10a.) citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 1 de febrero de 2019 a las 10:03 horas, 17 de agosto de 2018 a las 10:25 horas, 10 de junio de 2016 a las 10:02 horas y 10 de agosto de 2018 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 63, Tomo I, febrero de 2019, página 14; 57, Tomo I, agosto de 2018, página 1008; 31, Tomo I, junio de 2016, página 672 y 57, Tomo III, agosto de 2018, página 3079, con números de registro digital: 2019200, 2017642, 2011829 y 2017591, respectivamente.

Las tesis de jurisprudencia P./J. 43/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN." y 2a./J. 58/2010 citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XVIII, agosto de 2003, página 1296 y XXXI, mayo de 2010, página 830, con números de registro digital: 183581 y 164618, respectivamente.

La tesis de jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) citada en esta sentencia, también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31777-a7a73b5a/suspension-en-el-juicio-de-amparo-es-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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