SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES EMITIDAS EN UN JUICIO DE RESPONSABILIDAD PROMOVIDO CONFORME A LOS ARTÍCULOS 161 Y 162 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 1 DE DICIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARTHA LETICIA MURO ARELLANO, MARTÍN ÁNGEL GAMBOA BANDA, ALMA ROSA DÍAZ MORA, SUSANA TERESA SÁNCHEZ GONZÁLEZ Y PEDRO CIPRÉS SALINAS. PONENTE: ALMA ROSA DÍAZ MORA. DISIDENTE: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. VOTO CONCURRENTE DE PEDRO CIPRÉS SALINAS. SECRETARIO: VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ ORTEGA.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de uno de diciembre de dos mil veinte, celebrada vía remota por medios electrónicos.
ANTECEDENTES:
PRIMERO.—Denuncia de posible contradicción de tesis. Mediante oficio 14/2020-ST presentado el veintiséis de febrero de dos mil veinte, el presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio emitido por el citado órgano jurisdiccional, al resolver las quejas 59/2020-I y 60/2020-II, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de la misma Materia y Circuito, en la ejecutoria relativa al recurso de queja 36/2020.
SEGUNDO.—Trámite. Por acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, se admitió la denuncia de la posible contradicción de tesis, se registró bajo el número 2/2020 y se solicitó al presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que informara si continuaba vigente el criterio sostenido en el recurso de queja 36/2020.
Además, se dio vista a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la referida admisión, para los efectos a que se refiere el artículo 6, fracción VI, del Acuerdo General 17/2019, de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, de las tesis que emiten la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito, a fin de que informara si se encontraba en trámite ante el Alto Tribunal mencionado, alguna contradicción de tesis relacionada con el tema del presente asunto; y, en el propio auto admisorio se anticipó que el asunto sería turnado, en su oportunidad, a la representante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito.
El presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito comunicó que el criterio objeto de la denuncia de contradicción de tesis continúa vigente; en tanto que la aludida Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, hizo saber a este Pleno que no se encuentra radicada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación alguna contradicción de tesis relacionada con el tema planteado en este asunto.
TERCERO.—Turno. En auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se ordenó turnar los autos a la Magistrada Alma Rosa Díaz Mora, integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y de este Pleno, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
CUARTO.—Prórroga. El veintiuno de septiembre del año en curso, la presidenta del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito acordó la solicitud formulada vía electrónica por la Magistrada ponente, a efecto de extender el plazo para elaborar el proyecto de resolución de esta contradicción de tesis, petición que se acordó de manera favorable, otorgándose un nuevo término de quince días para el fin precisado, los que comenzaron a correr a partir del vencimiento del plazo originalmente concedido por el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
CONSIDERACIONES:
I. Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 8/2015, modificado por los diversos 52/2015 y 28/2018, así como el Acuerdo General que reforma y adiciona diversas disposiciones de los similares 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; y 16/2009, que regula las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y establece los lineamientos para su videograbación y difusión, en relación con las videoconferencias,(1) todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del mismo Circuito.
Cabe puntualizar que, ante la prolongación del periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), al ser un hecho que la pandemia subsiste con un peligro para la salud en general y con el fin de reactivar en su totalidad el funcionamiento de la actividad jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura Federal mediante el Acuerdo General 21/2020,(2) reformado por el diverso 25/2020, implementó un esquema de trabajo del tres de agosto de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno.
Así, en virtud de la reactivación de asuntos dentro de la vigencia señalada y con el fin de continuar con el trámite del presente asunto, se procede a su resolución mediante sesión remota celebrada por medios electrónicos, con la presencia virtual de público, que tiene los mismos efectos y alcances jurídicos que las sesiones con presencia física; ello, con fundamento en lo previsto en los artículos 1o.,(3) 20(4) y 27, fracciones III, V, VI y XII,(5) todos del acuerdo general mencionado.
II. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse planteado por el presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, como integrante del citado órgano jurisdiccional.
III. Criterios de los Tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
A. Primera postura. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en sesión de veintitrés de enero de dos mil veinte, resolvió el recurso de queja 36/2020, derivado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 104/2020-III, del índice del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado, de la cual se advierten los siguientes antecedentes:
Acto reclamado: La parte quejosa señaló como actos reclamados en el juicio de amparo indirecto mencionado:
a) La medida cautelar dictada el día ocho de enero del año dos mil veinte, en el expediente **********, del índice del **********.
b) La orden de notificación y la inminente ejecución de la medida cautelar.
c) La inminente privación de derechos societarios de la impetrante.
d) Todo lo actuado en el procedimiento de origen; y,
e) La inscripción de la medida cautelar, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Guadalajara, Jalisco.
Resulta oportuno precisar que en la ejecutoria del recurso de queja se hizo constar como antecedente relevante, que en el juicio mercantil de origen se está tramitando un procedimiento de responsabilidad social en contra de la quejosa y otros, por lo que el Juez responsable emitió el proveído reclamado, para prohibir que los administradores (incluida la impetrante), desempeñen cualquier cargo o función dentro de las sociedades actoras, a fin de que no se generen daños y perjuicios a éstas y se preserve la situación de hecho, por ser además indispensable para su buen funcionamiento, hasta en tanto se resuelva sobre la culpabilidad o inocencia respecto de su responsabilidad en el citado juicio.
Efectos pretendidos con la suspensión: La parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, para que las cosas se mantengan en el estado que guardan, es decir, para que no siga surtiendo efectos la medida cautelar reclamada, y para que se deje sin efectos su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
Suspensión provisional: El Juez Federal recurrido, mediante auto de diecisiete de enero del mismo año, negó la suspensión solicitada, dado que consideró que de concederse para el efecto peticionado, desaparecería la prerrogativa otorgada a la parte actora en el juicio natural, pues a través de la medida cautelar, se garantizan las prestaciones materia de reclamo en el natural.
Recurso de queja. El indicado Segundo Tribunal Colegiado, en la ejecutoria materia de la denuncia de contradicción de tesis, declaró fundado el recurso de queja, revocó la resolución recurrida y concedió la suspensión provisional solicitada, para los siguientes efectos:
"Por tal motivo, se concede la suspensión provisional solicitada para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan; esto es, se suspendan los efectos de las medidas cautelares que se hubiesen emitido en el juicio mercantil ordinario **********, del índice **********, a través de las cuales, según se informó por parte de dicha autoridad, y exclusivamente en la parte que se determinó que la hoy quejosa tiene prohibido judicialmente desempeñar cualquier cargo o función dentro de las sociedades actoras. Lo anterior, en el entendido de que la suspensión provisional únicamente surtirá sus efectos, siempre y cuando la prohibición de desempeñar tales cargos, provenga de las medidas cautelares dictadas en el procedimiento mercantil de referencia, y no de un acuerdo que se haya emitido por parte de la asamblea general de accionistas, relativas a las sociedades mercantiles actoras.
"Tampoco surtirá efectos respecto de actos provenientes de autoridades diversas de las responsables, o si se fundan en hechos distintos a los narrados por la quejosa en su demanda de amparo; lo cual manifestó bajo protesta de decir verdad.
"Así también, y en virtud de que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado, para que se dejen sin efecto las inscripciones que se hubieren realizado derivadas de las medidas cautelares, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio; se precisa que, en caso de que se hubiese decretado alguna anotación en la institución registral de referencia, derivada de las medidas cautelares dictadas por el Juez Octavo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, se suspenden los efectos de tales inscripciones, en el entendido de que ello únicamente opera, para el caso de que las mismas hayan sido ordenadas a través de las multicitadas medidas cautelares que se señalaron como acto reclamado."
Lo anterior, por las razones que se reseñan enseguida:
a) La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2016, que dio origen a la jurisprudencia de clave 1a./J. 53/2017 (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. HAY CASOS EN LOS QUE ES POSIBLE OTORGARLA CONTRA MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS EN PROCESOS CIVILES O MERCANTILES.", estableció que existen casos en donde es posible otorgar la suspensión respecto a medidas cautelares dictadas en procesos civiles y mercantiles, para lo cual se privilegia la libertad judicial para analizar todas las particularidades del asunto y evaluar si procede la suspensión.
b) Está reunido el primer requisito previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión, ya que ésta fue solicitada por la impetrante de amparo.
c) Es evidente que la medida cautelar no sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues con la interrupción de su ejecución, no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes ni se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.
d) De no concederse la medida, se ocasionarían daños de difícil reparación a la parte quejosa, en tanto que durante el tiempo que dure la sustanciación del juicio de origen, se le privará del derecho que tiene para desempeñar algún cargo o función dentro de las personas morales actoras del procedimiento natural, de las cuales es accionista, así como de las decisiones que se llegaran a adoptar en el curso de su administración, lo que justifica a su vez el peligro en la demora. Citó en apoyo a lo anterior la tesis aislada de clave III.2o.A.8 K, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro: "MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE IMPLICAN ACTOS PROHIBITIVOS. ES PROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE LAS."(6)
e) El hecho de que se conceda la suspensión provisional de los actos reclamados, no puede conllevar a que indefectiblemente quede sin materia el juicio, ni a que desaparezca la prerrogativa otorgada a la parte actora en el juicio natural, porque las medidas cautelares fueron emitidas en un juicio de responsabilidad social que se tramita por las terceras interesadas en contra de la impetrante, que se regula por los artículos 161, 162 y 163 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que establecen que la responsabilidad de los administradores de una sociedad solamente puede ser exigida por acuerdo de la asamblea general de accionistas, así como que los administradores cesarán en el desempeño de su encargo inmediatamente después de que la asamblea pronuncie resolución de responsabilidad y que los removidos por esta causa, únicamente podrán ser nombrados nuevamente si la autoridad judicial declara infundada la acción ejercida en su contra, de manera que estableció que no puede decirse que a través de las medidas cautelares se garanticen las prestaciones materia de reclamo en el natural.
f) La concesión de la suspensión no produce efectos restitutorios, pues es la asamblea general de accionistas quien puede cesar en el desempeño de su cargo a los administradores de una sociedad mercantil y, posteriormente, si lo estiman conveniente, incoar la acción de responsabilidad social en su contra.
g) Finalmente, reasumió jurisdicción y fijó el monto que por concepto de daños y perjuicios debe garantizar la parte quejosa, a fin de que surta efectos la medida, lo que estableció de forma discrecional, al no advertir datos suficientes sobre el valor de los bienes o derechos involucrados; lo anterior, en un monto de $ **********, que se compone de $ **********, para garantizar los probables daños, y de $ **********, para garantizar los posibles perjuicios que ocasione la medida.
B. Segunda postura. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en sesión de diecisiete de febrero de dos mil veinte, resolvió los recursos de queja 59/2020-I y 60/2020-II, derivados de los incidentes de suspensión de los juicios de amparo indirecto 232/2020-I y 244/2020-III, ambos del índice del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado, ejecutorias que se abrevian en un mismo punto porque sus consideraciones son idénticas, y únicamente varían en el nombre de los quejosos que promovieron los juicios de amparo de los que se originaron, de las que se advierten los siguientes elementos:
Acto reclamado: Los quejosos, ostentándose como terceros extraños al procedimiento de origen, señalaron como actos reclamados en los juicios de amparo indirecto mencionados:
a) La medida cautelar dictada el día ocho de enero de dos mil veinte, en el expediente 81/2020, del índice del Juzgado Octavo de lo Mercantil, y todo lo actuado en dicho juicio a partir de su emisión.
b) La ampliación de dicha medida cautelar, contenida en el auto de quince de enero del año en curso, del mismo expediente de origen.
c) La notificación de la medida cautelar reclamada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y su ejecución por parte de dicho órgano desconcentrado.
d) La inscripción de la medida cautelar en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía.
e) Las consecuencias jurídicas de la medida cautelar combatida y de su ampliación.
f) La notificación de la medida cautelar y su ampliación a la parte quejosa, imputada al notificador del órgano jurisdiccional de origen.
g) La ejecución de la medida cautelar y su ampliación, atribuida al secretario Ejecutor del juzgado responsable.
h) La discusión, aprobación y promulgación de los artículos 1175 y 1177 del Código de Comercio, atribuidos en el ámbito de sus facultades legislativas, al presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y al Congreso de la Unión.
En las ejecutorias de los recursos de queja, expuso que los aspectos de la medida cautelar reclamada que involucran a los quejosos son:
• El embargo precautorio de cuentas de los demandados por los montos ahí señalados.
• La prohibición de desempeñar cualquier cargo dentro de las personas morales actoras hasta en tanto se resuelva la contienda bajo pena de nulidad de los mismos.
• La restricción de que no se ostenten de forma alguna o ante cualquier persona, institución o autoridad, como funcionarios, representantes, mandatarios, apoderados o cualquier figura análoga de las sociedades accionantes.
• El mantener como administrador general único de las aludidas sociedades anónimas al tercero interesado, con las facultades determinadas en los estatutos de las mismas.
• La prohibición judicial de ingresar en el domicilio social de la empresa actora en el juicio de origen.
• La prohibición de suscribir en forma conjunta o separada títulos de crédito, así como la disposición o traspaso de dinero de las cuentas bancarias propiedad de las empresas respectivas.
• Con el fin de no defraudar derechos de terceros, se ordenó la inscripción de la demanda en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
• La radicación de los demandados, mientras se dilucida su responsabilidad, con el objeto de que no se sustraigan de la acción de la justicia.
• La limitación para convocar a la celebración de asambleas.
• La restricción para presidir cualquier asamblea general, ordinaria o extraordinaria.
• La orden para desconvocar ciertas asambleas previamente convocadas por los demandados.
• La determinación de informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a distintas instituciones de crédito privadas, a la Secretaría de Economía y de Hacienda y Crédito Público, al igual que al Registro Público de la Propiedad y de Comercio, a los Colegios de Notarios y Corredores de Jalisco y a los Jueces en Materia Mercantil del Primer Partido Judicial de esta entidad federativa, así mismo a los periódicos de mayor circulación en el Estado, la circunstancia de que los encausados tienen prohibido desempeñar cualquier cargo o función dentro de las empresas demandantes.
Así, destacó que la medida cautelar combatida se dictó en un juicio en el que se ejerció acción de responsabilidad contra los administradores removidos, entre los que se encuentran los quejosos.
Efectos pretendidos con la suspensión: Los peticionarios de la protección federal solicitaron la suspensión para que las cosas se mantengan en el estado que guardan, esto es, para que se paralicen los efectos y consecuencias de la medida cautelar reclamada, así como para que se deje sin efectos su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y en el sistema digital de la Secretaría de Economía.
Suspensión provisional: El Juez Federal recurrido, mediante auto de seis de febrero del año en curso, concedió la suspensión provisional solicitada por los impetrantes, puesto que determinó que se suspendieran los efectos de la medida cautelar reclamada, en la parte en la que se prohibió judicialmente a los quejosos desempeñar cualquier cargo o función dentro de las sociedades actoras; y en un segundo plano, ordenó que dejaran de surtir efectos las inscripciones realizadas tanto en el Registro Público de la Propiedad, como en la Secretaría de Economía, todo ello mientras provinieran de los citados acuerdos reclamados, y no de un acuerdo emitido por la asamblea general de accionistas de las sociedades mercantiles actoras en el juicio de origen.
Recurso de queja. El indicado Quinto Tribunal Colegiado, en las ejecutorias materia de la denuncia de contradicción de tesis, declaró fundados los recursos, revocó las resoluciones recurridas y negó la suspensión provisional solicitada.
Ello, conforme a las siguientes consideraciones:
a) El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, cuando la naturaleza del acto reclamado lo permita, para lo cual debe realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; aunado a que conforme a los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, cuando no procede la suspensión de oficio, se requiere que la medida la solicite la parte quejosa, que los actos reclamados sean ciertos y que no se siga perjuicio al interés social o se afecten disposiciones de orden público.
b) La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la citada contradicción de tesis 139/2016, que dio origen a la invocada jurisprudencia 1a./J. 53/2017 (10a.), resolvió que existen casos en donde es posible otorgar la suspensión respecto a medidas cautelares dictadas en procesos civiles y mercantiles, para lo cual se privilegia la libertad judicial para analizar todas las particularidades del asunto y evaluar si procede la suspensión, en el entendido de que no es importante el hecho de que la legislación mercantil prevea una garantía para indemnizar de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida, sino que lo trascendente es tomar en cuenta que las aludidas providencias precautorias tienen como objeto primordial proteger que no se quede sin materia el juicio de origen, así como que no se siga perjuicio al orden público e interés social.
c) Se pone en riesgo el orden público o el interés social, cuando las consecuencias de la suspensión trascienden al contexto del procedimiento de origen y la esfera personal o los intereses particulares de quienes litigan en él, porque pudieran incidir en un espectro más amplio de influencia, es decir, en las necesidades colectivas de los miembros de la comunidad. Invocó para robustecer su señalamiento la jurisprudencia de clave I.3o.A. J/16, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de título: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA."(7)
d) El sano funcionamiento de las empresas y su conservación, resulta de interés público, debido a que origina un beneficio para la colectividad, en la medida en que tienen efectos económicos que se irradian en la comunidad en la que se encuentran inmersas, puesto que generan empleos, al igual que producen bienes y servicios, lo que trasciende el ámbito meramente individual de sus socios o los conflictos que pudieran suscitarse entre ellos hacia dentro de la empresa, habida cuenta que tienen un impacto sobre el progreso económico social; aunado a la afectación que genera su disfuncionalidad cuando incurren en el incumplimiento generalizado de sus obligaciones, que pudiera poner en riesgo su viabilidad a través del inicio de un procedimiento concursal mercantil o, incluso, la quiebra.
e) Las determinaciones legales que tienen por objeto la subsistencia y correcto funcionamiento de las sociedades mercantiles, son de interés público porque extralimitan el solo orden privado en el que operan sus socios.
f) En las resoluciones sobre la suspensión de los actos reclamados tratándose de juicios mercantiles de responsabilidad societaria, la litis imbíbita en el procedimiento de origen, no puede analizarse en el juicio de amparo solamente bajo la óptica de los derechos particulares que en su calidad de socios tienen las personas físicas que intervienen en el litigio, porque por encima de sus prerrogativas, se encuentra el bien superior, que es lograr el sano funcionamiento de la sociedad mercantil de que se trata y que no quede sin materia el juicio de origen.
g) En términos de lo previsto en los artículos 161, 162 y 171 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, únicamente por acuerdo de la asamblea general de accionistas puede exigirse responsabilidad a los administradores, en cuyo caso, se designará a la persona que habrá de ejercer la acción correspondiente; además, los administradores cesarán en sus funciones de forma inmediata a que se emita el acuerdo que les exija responsabilidad y no podrán ocupar nuevamente su cargo hasta en tanto la autoridad judicial declare infundada la referida pretensión.
h) La responsabilidad, aplicada a los administradores de una sociedad mercantil, consiste en el cumplimiento de los deberes impuestos por la ley y el acta constitutiva, que deben ser desempeñados con la diligencia de un mandatario; así, los miembros de la administración deben conducir y gestionar real y directamente los intereses de la sociedad.
i) La responsabilidad imputada que implicó la remoción de los administradores, no sólo constituye una medida por los posibles daños causados al patrimonio social, por causa de la realización de actos contrarios a la ley, a los estatutos sociales y a los deberes consustanciales a su función de administradores, esto es, a la comisión de ilícitos que afectaron el patrimonio social.
j) Adicionalmente, tiene como finalidad la consecuente cesación automática en su encargo, ya que lógicamente, busca poner fin de manera inmediata, a las prácticas administrativas que han ocasionado ese posible detrimento al patrimonio social, y lograr con ello, en lo posible, el buen funcionamiento de la empresa y, desde luego, su propia subsistencia con los beneficios sociales que le son inherentes. Señaló en apoyo de su argumento la tesis aislada «587» del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "ADMINISTRADOR. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES TITULAR DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CONTRA AQUÉL."(8)
k) La acción ejercida en la vía jurisdiccional de responsabilidad tiene como primer objetivo, la justificación de las conductas ilícitas imputadas a los administradores; sin embargo, su objetivo primordial es completar o resarcir el patrimonio de la sociedad, que se vio afectado o mermado por la gestión deficiente, negligente o incluso fraudulenta del administrador, más allá de aquel que pudieran resentir los socios en lo individual.
l) La suspensión solicitada por los quejosos es improcedente, porque de otorgarse seguiría perjuicio al interés social y vulneraría disposiciones de orden público, dado que permitiría que siga operando en la empresa el administrador removido por la asamblea general de accionistas, en contravención frontal con lo que establecen los artículos 161 y 162 de la legislación mercantil citados, que por la finalidad que implícitamente estableció el legislador en su texto, involucra el orden público y el interés social, por cuanto que pondría en riesgo el funcionamiento de las sociedades mercantiles de que se trata.
m) Además, la suspensión limitaría la posibilidad de demostrar en el juicio su propia responsabilidad, poniendo en riesgo la eficacia de la acción legalmente ejercida y, por ende, dejaría sin materia el proceso natural debido a la intervención continuada de los administradores separados de su cargo; lo que a su vez provoca, en la especie, que no exista en el supuesto de que se trata, la apariencia del buen derecho.
n) Destacó que el pronunciamiento referido, no implica estudio alguno que descalifique la existencia de la apariencia del buen derecho, como sustento para la negativa de la suspensión provisional, porque es una institución que tiende a beneficiar al justiciable para asegurar el derecho cuestionado, anticipando los efectos de una sentencia protectora, por lo que no puede invocarse para negar la medida solicitada, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 10/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN EL (sic) AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA.";(9) sino que solamente resolvió que, hasta ese momento, no advirtió apariencia del buen derecho que justifique el otorgamiento de la suspensión.
IV. Existencia de la contradicción de tesis. Precisadas las consideraciones en las que se basaron los criterios contendientes, se procede a analizar si en el caso se colman los requisitos para la existencia de la contradicción de tesis.
Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal,(10) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo,(11) establecen, en lo que interesa, que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", así como que la jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los "criterios discrepantes" entre las Salas del Alto Tribunal, entre los Plenos de Circuito o entre los Tribunales Colegiados de Circuito.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que por "tesis contradictorias" debe entenderse el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, y pu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29640-327b304f/suspension-provisional-en-el-amparo-no-procede-otorgarla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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