SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES. EL HECHO DE QUE SU CONCESIÓN TENGA EFECTOS RESTITUTORIOS NO ES UNA RAZÓN PARA NEGARLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO ANTERIOR A LA ADICIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016). SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA LEGISLACIÓN MERCANTIL EXIJA UNA GARANTÍA PARA CONCEDERLAS NO ES UNA RAZÓN SUFICIENTE PARA NEGARLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO ANTERIOR A LA ADICIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016).
SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES. EL HECHO DE QUE SU CONCESIÓN TENGA EFECTOS RESTITUTORIOS NO ES UNA RAZÓN PARA NEGARLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO ANTERIOR A LA ADICIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016).
SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA LEGISLACIÓN MERCANTIL EXIJA UNA GARANTÍA PARA CONCEDERLAS NO ES UNA RAZÓN SUFICIENTE PARA NEGARLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO ANTERIOR A LA ADICIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE DICIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE ONCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS, ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO, PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ, WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES, FERNANDO ALBERTO CASASOLA MENDOZA, ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ, DANIEL HORACIO ESCUDERO CONTRERAS Y BENITO ALVA ZENTENO. DISIDENTES: VÍCTOR HUGO DÍAZ ARELLANO, IRMA RODRÍGUEZ FRANCO Y GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES. PONENTE: ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. SECRETARIA: MARIANA GUTIÉRREZ OLALDE.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados pertenecientes a este Circuito, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de especialidad de este Pleno de Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el Magistrado presidente de este Pleno de Circuito.
TERCERO.-Ley aplicada por los Tribunales que sostienen las posturas contendientes:
Debe precisarse que las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo en Materia Civil del Primer Circuito, se dictaron conforme a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en específico conforme a su artículo 128 anterior a la adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en el que no se establecía regla específica respecto de la suspensión en cuanto a medidas cautelares, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el quejoso; y
"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.
"Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva."
CUARTO.-Posturas contendientes.
• Criterio sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 279/2015-III, interpuesto por **********.
Los antecedentes de ese recurso son los siguientes:
********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, entre otros actos, contra las medidas cautelares decretadas por el Juez Vigésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en auto de diecinueve de octubre de dos mil quince, dictado en el juicio ordinario mercantil expediente 456/2015; medidas que consistieron en:
"a) Que no se dé trámite a ningún juicio en contra de **********, cuyo documento base de la acción sea cualquiera de los contratos y pagarés materia de las medidas cautelares.
"b) Que no se ejecute o se suspenda cualquier ejecución en contra de **********, respecto del cobro de las cantidades amparadas en los contratos y pagarés.
"c) Que se inscriba preventivamente la demanda principal y las relativas a la demanda incidental, así como las relativas a las medidas precautorias en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal y del Estado de Jalisco.
"d) Que se publiquen las medidas cautelares en un diario de circulación nacional y en uno de amplia difusión en el Estado de Jalisco."
Correspondió conocer de la demanda de amparo al Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien tramitó el asunto con el número de expediente 1082/2015-I, en el que por auto de catorce de diciembre de dos mil quince, dictado en el incidente de suspensión negó la suspensión provisional solicitada respecto del mencionado proveído.
Inconforme la quejosa interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el que por ejecutoria de veintidós de diciembre de dos mil quince determinó que sí procedía la suspensión provisional del acto reclamado, respecto de las medidas cautelares enunciadas con los incisos a), b) y d), por las siguientes razones:
Que la Ley de Amparo no prohíbe la suspensión de medidas precautorias, ni se causaba perjuicio al interés social, ni se contravenían disposiciones de orden público, conforme lo establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues consideró en el caso no se actualizaba alguno de los supuestos previstos en el artículo 129 de la misma ley.
Que por el contrario, de ejecutarse las medidas cautelares en cita, se causarían a la quejosa perjuicios de difícil reparación, como sería la imposibilidad de tramitar algún juicio contra **********, sustentado en los contratos y pagarés, materia de las medidas cautelares, ni tendría la posibilidad de emprender cualquier ejecución que tuviera contra esa empresa, amparada en tales documentos; así como que de publicar las medidas precautorias, en un periódico de circulación nacional y en otro del Estado de Jalisco, crearía como consecuencia una afectación en su persona, al dar publicidad a sus actos.
Que la suspensión decretada no tendría efectos restitutorios, ya que, únicamente, recaía sobre la ejecución que en el futuro pueda tener la resolución reclamada, esto es, que no afectaba la negativa a ejercer la acción, que se hubiese producido, respecto de aquellos asuntos ya iniciados. Lo anterior aunado a que, el artículo 147 de la Ley de Amparo permite que se le dé a la suspensión efectos restitutorios, dado que en la actualidad la suspensión puede fungir como una medida que anticipe provisionalmente el restablecimiento en el goce de los derechos que se han visto afectados con motivo del acto.
Lo anterior según se advierte de las consideraciones que a continuación se transcriben:
"CUARTO.-Estudio del motivo de disenso planteado por la quejosa inconforme.
"En el caso concreto la peticionaria de amparo, aquí recurrente, reclamó del Juez Vigésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal, el establecimiento de las siguientes medidas cautelares.
"a) Que no se dé trámite a ningún juicio en contra de **********, cuyo documento base de la acción sea cualquiera de los contratos y pagarés materia de las medidas cautelares.
"b) Que no se ejecute o se suspenda cualquier ejecución en contra de **********, respecto del cobro de las cantidades amparadas en los contratos y pagarés.
"c) Que se inscriba preventivamente la demanda principal y las relativas a la demanda incidental, así como las relativas a las medidas precautorias en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal y del Estado de Jalisco.
"d) Que se publiquen las medidas cautelares en un diario de circulación nacional y en uno de amplia difusión en el Estado de Jalisco.
"Al respecto, precisó en su libelo que las medidas cautelares tienen como propósito que no se diera trámite a ningún juicio en el que la misma peticionaria utilizara como documento base de la acción unos contratos y/o pagarés expedidos a su favor.
"Por su parte, en la resolución recurrida, el Juez de la Federación determinó negar la suspensión provisional del acto reclamado, pues estimó que no se reunían los requisitos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que, según su criterio, para resolver sobre la suspensión era menester realizar un nuevo estudio al emprendido por la responsable, de manera preliminar y superficial sobre la pretensión exigida en el juicio natural, lo que implicaría analizar el derecho de ambas partes, uno frente al de la otra, y que ello se traduciría en que para conceder la suspensión dentro del juicio de garantías, se calificara también, preventivamente, de mayor valía el derecho de la parte quejosa frente al de su contraria, tutelado cautelarmente en el acto reclamado, soslayando la presunción de su legalidad, sobre todo -dijo- porque para otorgar la providencia precautoria, atendiendo a la naturaleza del derecho alegado, al material probatorio aportado, así como a los daños y perjuicios que resentiría la contraparte en caso de ejecutarse los actos cuya prohibición solicitó, por lo que su análisis no sería propio del incidente de suspensión, sino del juicio de amparo principal.
"Ahora bien, en lo que es materia del presente recurso de queja, procede establecer que, contrario a lo que pretende la recurrente, debe negarse la suspensión solicitada en cuanto al acto de autoridad, consistente en la medida cautelar enunciada en el inciso c), pues la inscripción de una demanda en el Registro Público, está prevista en el artículo 3043, del Código Civil, por lo que no puede ocasionar perjuicio a la impetrante y, en cambio, sí contravendría el interés social, toda vez que quien pudiera estar interesado en el asunto no tendría manera de conocer de la probable afectación a su derecho y carecería de certeza sobre su situación jurídica; por ende, esa medida cautelar no es susceptible de suspenderse, dado que el interés social no puede estar por debajo del derecho de la quejosa, a quien además no le causa perjuicio de difícil reparación la inscripción preventiva de mérito.
"Sin embargo, adverso a lo que determinó el Juez de Distrito, asiste razón a la aquí recurrente al esgrimir que sí es procedente la suspensión del acto reclamado en cuanto a las medidas cautelares enunciadas con los incisos a), b) y d). Ello, porque la Ley de Amparo no prohíbe la suspensión de medidas precautorias, ni se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, conforme establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues no se actualiza alguno de los supuestos previsto en el dispositivo legal 129 de la misma ley; por el contrario, de ejecutarse las medidas cautelares en cita, se causarían a la quejosa perjuicios de difícil reparación, como sería la imposibilidad de tramitar algún juicio contra **********, sustentado en los contratos y pagarés materia de las medidas cautelares, ni tendría la posibilidad de emprender cualquier ejecución que tuviera contra esa empresa, amparada en los mismos contratos y pagarés; además, la publicación de las medidas precautorias en cita, en un periódico de circulación nacional y en otro del Estado de Jalisco, crearía como consecuencia una afectación en su persona, al dar publicidad a sus actos.
"Lo anterior, sin que pueda considerarse que la suspensión tenga efectos restitutorios, ya que, únicamente, recae sobre la ejecución que en el futuro pueda tener la resolución reclamada, esto es, no afecta la negativa a ejercer acción, que se haya producido respecto de aquellos asuntos ya iniciados y, a mayor abundamiento, el artículo 147 de la Ley de Amparo vigente permite que se le dé a la suspensión efectos restitutorios, dado que en la actualidad la suspensión puede fungir como una medida que anticipe provisionalmente el restablecimiento en el goce de los derechos que se han visto afectados con motivo de un acto.
"En esas condiciones, lo procedente es declarar en parte fundada la queja, a fin de que, por una parte, prevalezca la decisión de negar la suspensión solicitada, en cuanto a la medida cautelar de que se inscriba preventivamente una demanda ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal y del Estado de Jalisco; y, por otra, se concede a la quejosa la suspensión provisional, a fin de que no se impida a la quejosa ejercer las acciones legales que estime pertinentes en contra de **********, sustentadas en los contratos y pagarés, que son materia de las medidas cautelares, así como emprender cualquier ejecución legal contra la misma sociedad, respecto del pago de las cantidades amparadas en los propios contratos y pagarés; y para que no se publiquen las medidas cautelares en un diario de circulación nacional y en uno de amplia difusión en el Estado de Jalisco. ..."
• Criterio sostenido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 192/2015, interpuesto por **********.
Los antecedentes de ese recurso son los siguientes:
********** por conducto de su apoderado **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, entre otros actos, contra las medidas cautelares, decretadas por el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en proveído de diecinueve de marzo de dos mil quince, dictado en el juicio ordinario mercantil 177/2015, las cuales consistieron en:
"... a. Resguardo de los títulos. Se solicita a su señoría ordene al corredor el resguardo de los títulos, hasta en tanto, se dicte sentencia definitiva en este juicio. Con ello, se evitará que cualquier persona que carezca de derecho para disponer de los títulos pretenda hacerse de los mismos y disponer de ellos.
"b. Depósito del libro de accionistas de **********. A efecto de que no se realicen inscripciones indebidas en el libro de registro de accionistas de ********** -derivadas del supuesto ejercicio del derecho de opción o cualquier acto que derive de él-, se solicita a su señoría ordene su depósito judicial y lo mantenga en resguardo ante la final resolución de este juicio.
"c. Inmodificabilidad de condiciones societarias. Además se solicita a su señoría, que mientras no se resuelva en definitiva el presente litigio **********, conserve sus derechos corporativos y patrimoniales que le corresponden como accionista en los términos que los ha ejercido hasta ahora. Entonces, ********** podrá, enunciativamente: (a) acudir y votar en asambleas; (b) ejercer su derecho de preferencia para la subscripción de las acciones que en su caso emita **********; (c) ejercer por sí todos los derechos de minoría que le correspondan en función de su participación accionaria, en términos de la ley, y los estatutos; y, (d) ejercer cualesquier derechos patrimoniales sobre las acciones.
"d. Inscripción de la presente demanda en el folio mercantil de grupo **********. Finalmente, en vista de que en el presente juicio se discutirá, sustancialmente, quiénes son accionistas de **********, se solicita a su señoría se inscriba preventivamente la presente demanda en el folio mercantil de la sociedad. Lo anterior, a efecto de otorgar publicidad registral a esta controversia, de manera que cualquier tercero, eventualmente interesado en participar en **********, pueda conocer el conflicto que se ha suscitado y que las calidades de los accionistas se encuentren en disputa ..."
De ese juicio de amparo correspondió conocer al Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien lo tramitó con el número de expediente 692/2015-II, en el que concedió la suspensión provisional respecto de las citadas medidas.
Inconforme **********, por conducto de quien se ostentó su apoderado, interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el que se resolvió por ejecutoria de nueve de septiembre de dos mil quince, la cual fue declarada fundada con base en las siguientes consideraciones:
Que el auto de diecinueve de marzo de dos mil quince, en el que se concedió a la actora en el juicio de origen, las medidas cautelares solicitadas, no reunía uno de los requisitos para que se concediera la suspensión provisional, en específico, que el acto reclamado pudiera causar al agraviado daños y perjuicios de imposible o difícil reparación; además consideró que, de concederse la suspensión se darían efectos restitutorios que sólo son propios del fondo del amparo pues haría inútiles las medidas precautorias concedidas.
Que la emisión de las medidas cautelares, tuvo como finalidad mantener una situación de hecho hasta la emisión de la sentencia en el juicio de origen, así como que el detrimento que en su caso pudiera ocasionarse con la concesión, estaba garantizado con la fianza que fijó el Juez de origen. Por lo que sostuvo que no podía estimarse que la concesión de medidas cautelares pudiera causar daño o perjuicio de difícil reparación.
Asimismo consideró que, si en contra de esa determinación se otorgara la suspensión, perderían eficacia dichas medidas precautorias, dando efectos restitutorios, sin que se hubiese decidido el fondo del amparo, que sería el momento ideal para determinar si la decisión jurisdiccional de otorgar las medidas precautorias solicitadas, es constitucional o no.
Lo anterior, según se advierte de las siguientes consideraciones:
"III. ...
"En otro orden, la recurrente expresa de manera esencial:
"*Que el auto impugnado conculca lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, porque el Juez federal, consideró que para resolver sobre la suspensión provisional, no es aplicable la jurisprudencia de rubro: ‘PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. CONTRA SU AUTORIZACIÓN NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA.’
"*Que esa determinación es incorrecta, pues contrario a lo estimado, la citada jurisprudencia no se limita a lo establecido en la fracción III del artículo 124 de la anterior Ley de Amparo, sino que acoge las razones por las que las providencias precautorias no pueden suspenderse, esto es, por tratarse de remedios procesales tendientes a mantener una situación de hecho, cuya posible afectación que sufra el interesado está garantizada con la fianza fijada por el juzgador que las ordenó.
"*Que contrario a lo razonado en el auto recurrido, en contra del otorgamiento de providencias precautorias no es procedente conceder la medida cautelar.
"*Que si en un juicio ordinario mercantil se conceden ciertas medidas cautelares, previa caución que otorgue el promovente, en caso de que éste cumpla con ese requisito, no es posible que se logre la suspensión a través del amparo, ya que para abordar el análisis de la constitucionalidad de esa medida, tendrá que esperar a la resolución definitiva que se dicte en el juicio de amparo.
"*Que las medidas cautelares que se otorgan no pueden ser objeto de suspensión, porque por una parte, se limitan a mantener una situación de hecho; por otra, tienen por objeto hacer eficaz el fallo que eventualmente acoja la pretensión de su peticionante y por último, son transitorias.
"*Que entonces, en el auto recurrido, debieron considerarse en su integridad los elementos aportados por la jurisprudencia y con base en ellos resolver que no es posible suspender provisionalmente la ejecución de las medidas cautelares.
"*Que asimismo, no puede concederse la suspensión definitiva contra el otorgamiento de providencias precautorias, porque la posible afectación que sufriría el interesado se encuentra garantizada por la fianza ordenada por el Juez que las otorgó.
"Estos planteamientos son fundados, para revocar el auto que concedió la suspensión provisional.
"Para ello, cabe hacer algunos comentarios con relación a la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo.
"En términos generales, se ha concebido a la suspensión como la providencia precautoria del juicio de amparo que tiene por objeto, por regla general, mantener las cosas en el estado que guardan, hasta en tanto se resuelva sobre la constitucionalidad de los actos reclamados.
"La justificación de esa figura, radica en que, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, el objeto de las ejecutorias de amparo estriba en restituir al quejoso en el goce de los derechos fundamentales que le fueron violados con la emisión o ejecución de las actuaciones autoritarias combatidas, retrotrayendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación -actos positivos-, o conminando a la autoridad a realizar una conducta de hacer o dar en favor del gobernado -actos negativos-, sin estudiar la constitucionalidad de los actos destacados.
"De esa manera, a través de la suspensión, se garantiza la subsistencia de las condiciones necesarias para conservar la materia de la acción constitucional, permitiendo el estudio del fondo de la cuestión debatida, tal como lo previene el numeral 174, párrafo primero, de la ley de la materia; de otra manera, el medio de control de la constitucionalidad sería ineficaz o nugatorio.
"Ahora bien, debe tomarse como punto de partida lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:
"‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. ...’
"De conformidad con la norma constitucional, para resolver sobre el otorgamiento de la suspensión debe ponderarse, cuando la naturaleza del acto lo permita, la apariencia del buen derecho y del interés social. La apariencia del buen derecho implica por una parte, cerciorarse de la verosimilitud o existencia del derecho que está vulnerado o menoscabado por la ejecución del acto reclamado y advertir, sin prejuzgar, las posibilidades de que el acto reclamado sea declarado inconstitucional y que el quejoso obtenga un fallo protector; frente al peligro en la demora, sobre la base de que los daños y perjuicios derivados de la ejecución del acto sean de difícil reparación.
"En el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado.
"Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 15/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, página dieciséis, Novena Época, que dice: (registro digital: 200136)
"‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’ (transcribe texto)
"Ahora bien, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone:
"‘Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.’
"El citado precepto legal establece los requisitos que previamente deben concurrir para que se decrete la suspensión del acto reclamado, los que son:
"1. Que el quejoso solicite la suspensión -lo que permite verificar la existencia del interés suspensional-,
"2. Que no se contravengan normas de orden público, ni se afecte al interés social.
"Sin alguno de estos requisitos, no procede conceder la suspensión.
"Con relación al mismo tema, cabe señalar que los artículos 129, 131, 132 y 139 de la Ley de Amparo, establecen, por su orden:
"‘Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:
"‘I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;
"‘II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;
"‘III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;
"‘IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;
"‘V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país;
"‘VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;
"‘VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense;
"‘VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;
"‘IX. Se impida el pago de alimentos;
"‘X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las normas oficiales mexicanas; se afecte la producción nacional;
"‘XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad;
"‘XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión;
"‘XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"‘El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social.’
"‘Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento.-En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda.’
"‘Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.-Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía.-La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos.’
"‘Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente:
"‘I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;
"‘II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y
"‘III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes.’
"‘Artículo 139. En los casos en que proceda la s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27573-e5e38c80/suspension-provisional-respecto-de-medidas-cautelares-el-hecho · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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