CAUCIÓN Y CONTRAFIANZA. SU PREVISIÓN LEGAL NO CONSTITUYE UNA RAZÓN PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA UNA MEDIDA CAUTELAR. PROVIDENCIA CAUTELAR. EL HECHO DE QUE SE RECLAME EN AMPARO NO IMPLICA, POR SÍ, LA NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN SOLICITADA.
CAUCIÓN Y CONTRAFIANZA. SU PREVISIÓN LEGAL NO CONSTITUYE UNA RAZÓN PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA UNA MEDIDA CAUTELAR.
PROVIDENCIA CAUTELAR. EL HECHO DE QUE SE RECLAME EN AMPARO NO IMPLICA, POR SÍ, LA NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN SOLICITADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 28 DE JUNIO DE 2016. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARTHA LETICIA MURO ARELLANO, VÍCTOR MANUEL FLORES JIMÉNEZ, ARTURO BAROCIO VILLALOBOS, JAIME JULIO LÓPEZ BELTRÁN Y LUIS NÚÑEZ SANDOVAL. PONENTE: MARTHA LETICIA MURO ARELLANO. SECRETARIA: ALMA ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de veintiocho de junio de dos mil dieciséis.
Vistos, para resolver, los autos relativos a la contradicción de tesis 3/2016; y,
RESULTANDO:
1. Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante escrito presentado en el domicilio oficial del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, el tres de febrero de dos mil dieciséis, el licenciado ***********, en su carácter de apoderado de ***********, denunció la posible contradicción de tesis, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al dirimir los recursos de queja 150/2015 y 181/2015; el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver el recurso de queja 151/2015; el Tercer Tribunal Colegiado de la citada materia y circuito, al fallar el recurso de queja 167/2015 y la revisión incidental 271/2015; el Cuarto Tribunal Colegiado de la mencionada materia y circuito, en los recursos de queja 167/2015, 178/2015 y la revisión incidental 275/2015 y el criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de dicho circuito al decidir la revisión incidental 156/2012 del que derivó la jurisprudencia III.5o.C. J/3 (10a.), de rubro: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. CONTRA SU AUTORIZACIÓN NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 4, octubre de 2012, página 2208.
2. Trámite ante el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito. Por acuerdo de cuatro de febrero del año en curso, el presidente del Pleno de Circuito admitió a trámite la posible denuncia de contradicción de tesis, ordenando registrarla con el número 3/2016,(1) asimismo solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito en mención, copia certificada y en disco óptico la versión pública y oficial de las ejecutorias relativas, así como que informaran, sobre, si el criterio sustentado en dichos asuntos se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
3. Mediante oficios 852/2016, 40, 6/2016-PC, 9 y sin número, los Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Circuito remitieron copia certificada de las ejecutorias que participan en la contradicción de tesis y sus versiones pública y oficial en disco óptico, e informaron que se encontraba vigente el criterio sustentado.
4. En proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el oficio CCST-X-48-02-2016, suscrito por la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual hizo del conocimiento de este Pleno de Circuito que, mediante la información recibida por el secretario general de Acuerdos de ese Alto Tribunal, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis en la que el punto a dilucidar guarde relación con el tema de la presente.(2)
5. Por acuerdo de diecinueve de febrero citado, se turnó el presente expediente a la Magistrada Martha Leticia Muro Arellano, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito y representante en el Pleno de Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
6. Mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el escrito de ***********, y ***********, quienes se ostentaron, respectivamente, apoderado y autorizado de ***********, solicitando la ampliación de la contradicción de tesis en que se actúa por existir diversos criterios relacionados con el tema que trata, petición que fue negada bajo el argumento esencial de que su solicitud se trataba de una nueva litis puesto que las ejecutorias que pretendían adicionar eran de tribunales de diversas materias y circuitos, respecto de los cuales el Pleno de Circuito carecía de competencia legal. Tal determinación fue materia del recurso de reclamación 1/2016, resuelto en sesión de cuatro de abril del año en curso en que se determinó modificar el auto impugnado y dictar otro, reiterando las consideraciones que no se advirtieron ilegales; remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación copia del escrito de la parte inconforme; adicionar como criterios contendientes las revisiones incidentales 233/2014 y 162/2014, del índice, respectivamente, del Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito y recabar las ejecutorias de los asuntos mencionados, consultando a los tribunales emisores por la vigencia de los criterios.(3)
7. En auto de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el escrito de ***********, quien se ostentó apoderado de ***********, mediante el cual solicitaba la acumulación de la contradicción de tesis 309/2015 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la diversa en que se actúa; petición que fue negada por la razón esencial de que este Pleno de Circuito carecía de competencia legal para resolver contradicciones de tesis suscitadas entre criterios de tribunales de diversos circuitos. Esa decisión se recurrió mediante el recurso de reclamación 2/2016 resuelto en sesión de diecinueve de abril del presente año, como infundado.
8. Mediante oficio remitido por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito remitió copia certificada de la revisión 233/2014 e informó que el criterio sustentado en ella, continuaba vigente.
9. Por oficio 24/2016-PC el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, acompañó copia certificada de la ejecutoria dictada en la revisión 162/2014 y comunicó que la postura que en ella se sostuvo ya no se encontraba vigente, prevaleciendo el criterio invocado en la queja 167/2015 y reiterado en la revisión incidental 271/2015 materia del presente asunto.
10. Finalmente, en auto de cuatro de mayo del año que cursa, se returnó el asunto a la Magistrada Martha Leticia Muro Arellano, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
11. Competencia. El Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como el primer transitorio del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Civil del mismo Circuito.
12. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que la formuló ***********, en su carácter de apoderado de ***********, quien tiene reconocido el carácter de quejosa en los recursos de queja 150/2015 y 181/2015 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito; el recurso de queja 151/2015, del Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito; el recurso de queja 167/2015 y la revisión incidental 271/2015, del Tercer Tribunal Colegiado de la citada materia y circuito; en los recursos de queja 167/2015, 178/2015 y en la revisión incidental 275/2015, del Cuarto Tribunal Colegiado de la mencionada materia y circuito.
13. Criterios denunciados. Los asuntos que participan en esta contradicción de tesis tienen los siguientes antecedentes:
Ver antecedentes
14. Diferendo de criterios. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(6) sino que la forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados de Circuito en este tipo de asuntos, tiene que ver con la finalidad de la resolución de una contradicción de tesis, que es dar contenido al sistema jurídico y crear seguridad al hacer predecible la administración de justicia a través de criterios jurisprudenciales obligatorios, esencialmente, en aquellos casos en los que la práctica interpretativa ha producido resultados dispares.
15. Así, es condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean discordantes. Al respecto, el mismo Alto Tribunal ha precisado, que el sentido del concepto "contradictorio", ha de entenderse en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad de producir seguridad jurídica, es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.
16. La esencia de la contradicción de tesis, entonces, radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica, que en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en su resultado, lo que hace imprescindible analizar detenidamente cada uno de dichos procesos interpretativos involucrados con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no precisamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.
17. Una contradicción de tesis requiere para su existencia, cumplir las siguientes condiciones:
A. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
B. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos, se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, sea por el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
C. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible. Criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.
18. Para determinar si en el caso se reúnen tales requisitos, se procederá a hacer referencia a los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito. Por razón de método se prescinde de la cita literal de las ejecutorias que participan en el presente asunto (en número de once), cuyo estudio de los casos se despliega conforme al cuadro comparativo que se anexa (anexo 1).
19. Ahora bien, el primer requisito se cumple pues los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución determinada.
20. Sobre el segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, considera cumplido en el presente caso el planteamiento del problema, porque de los aspectos destacados en las ejecutorias que participan en la contradicción de tesis, se advierte que existen dos posiciones en las que se trata un mismo problema jurídico, desde ópticas diferentes, lo que amerita un pronunciamiento de este Pleno de Circuito:
Ver posturas y tema central del problema jurídico
21. De manera esquemática, puede establecerse que el test a que se ha hecho referencia, puede plantearse de la siguiente forma:
Ver forma
22. A partir de lo anterior es claro que, al resolver los referidos recursos, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, actualizaron los supuestos indispensables para la existencia de una contradicción de tesis, ya que resolvieron una misma cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial y no obstante haber examinado, esencialmente, el mismo problema adoptaron criterios discrepantes.
23. En efecto, no obstante que los antecedentes y elementos jurídicos a evaluar resultan esencialmente iguales, en el aspecto específico del orden de estudio apuntado, los órganos jurisdiccionales contendientes concluyeron con posiciones jurídicas discrepantes, porque el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito afirmó que la suspensión en el amparo es improcedente contra las medidas precautorias, pues éstas no ocasionan un perjuicio de difícil reparación, ya que los daños que puedan ocasionar se encuentran garantizados con la caución fijada por la autoridad que las concede; en tanto que los restantes Tribunales Colegiados de la misma materia y circuito, en lo esencial, consideraron que no existía impedimento legal para otorgar la medida suspensional contra una providencia precautoria, porque no existe limitación legal para ello, si se cumplen los requisitos previstos en la norma y superado el escrutinio de la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Ello acredita la existencia de la contradicción de tesis.
24. Por tanto, ante la existencia de tal contradicción de tesis, procede llevar a cabo su estudio para resolver si conforme a la nueva regulación del juicio de amparo, procede el otorgamiento de la suspensión en contra de medidas cautelares o no procede obsequiarla porque no se causan daños y perjuicios a la parte quejosa al haberse otorgado una caución para responder de los detrimentos que pueda originar, ello da lugar a considerar que el tercer requisito del test guía de este estudio se cumple, pues advertido el punto de conflicto entre los cinco Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, cabe la formulación de la siguiente interrogante (pregunta genuina) sobre la materia del estudio de fondo del presente asunto, en los siguientes términos:
25. "¿Puede otorgarse la suspensión en el juicio de amparo cuando se reclama una medida cautelar o no, porque en ese supuesto no se generan daños y perjuicios de difícil reparación por estar garantizados con la caución fijada para su otorgamiento?
26. Por razón de orden metodológico, el examen del caso se realizará a partir, primero, del acotamiento en cuanto a la fijación de la materia de la contradicción de tesis; segundo, se presentará su marco jurídico normativo y conceptual que se avizora de esencial importancia por la concurrencia en el tema de la naturaleza jurídica de las dos figuras legales en juego, la de las providencias cautelares o actos prejudiciales de donde emanan todos los actos reclamados en los asuntos que participan en este expediente y la de la suspensión en el juicio de amparo, que goza de esa misma naturaleza, porque se asemeja en el género próximo a las medidas cautelares, lo que hace necesario, en tercer orden, establecer las diferencias entre estas figuras que se perfilan de manera singular y concreta, para finalmente (cuarto apartado), definir el criterio que habrá de prevalecer con carácter de jurisprudencia obligatoria en este tercer circuito, para casos similares al que es objeto de examen.
27. Cuestiones necesarias para resolver:
a) La solución será conforme a la Ley de Amparo en vigor, pues la mayoría de los criterios que contienden fueron emitidos atendiendo esa normativa.(8)
b) No obstante que la mayor parte de las ejecutorias en contradicción se pronunciaron sobre un asunto en específico, en el cual el acto reclamado consiste en medidas precautorias relacionadas con la administración y dirección de ciertas empresas, el estudio de la contradicción de tesis abordará el tema central en controversia, sin referirse a alguna providencia cautelar en exclusivo, porque en términos de lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley de Amparo, la resolución de este asunto tiene el efecto de fijar la jurisprudencia respectiva, sin afectar las situaciones jurídicas concretas, derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que se hubiese generado la contradicción de tesis y, además, porque la finalidad de la contradicción de tesis es dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica, objetivo que no se alcanzaría si se atendieran particulares casuísticas.
c) Para evitar confusiones terminológicas, el término de las medidas cautelares será utilizado como tal en esta resolución e indistintamente como medidas precautorias, providencias precautorias, medidas provisionales o providencias cautelares; en tanto que con relación al amparo, se le denominará suspensión o medida suspensional.
28. Segundo A. Marco Normativo
29. El artículo 107, fracción X, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo a las bases siguientes: ...
"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." (énfasis añadido).
30. De dicha reforma -a diferencia del texto anterior-, se ordena expresamente al órgano jurisdiccional de amparo, realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, a efecto de resolver sobre la concesión de la suspensión del acto reclamado.
31. La Ley de Amparo regula la suspensión del acto reclamado, en lo conducente, con las disposiciones siguientes:
"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el quejoso; y
"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.
"Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva."
"Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:
"I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;
"II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;
"III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;
"IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;
"V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país;
"VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;
"VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense;
"VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;
"IX. Se impida el pago de alimentos;
"X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;
"XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad;
"XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión;
"XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social."
"Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.
"Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía.
"La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos."
"Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo.
"No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación.
"Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía."
"Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente:
"I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;
"II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y
"III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes."
"Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo.-Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." (énfasis añadido).
32. De los preceptos copiados se aprecia que, pese a que el artículo 128 de la Ley de Amparo no hace alusión a la necesidad de garantizar daños y perjuicios de difícil reparación, ese requisito subsiste y debe cumplirse para el otorgamiento de la suspensión, porque se encuentra contenido en el rubro del peligro en la demora;(9) además, se sigue conservando un listado enunciativo mas no limitativo de supuestos jurídicos en los que el legislador de manera casuística consideró que la suspensión debe negarse por advertir de antemano que, en éstos, se afecta el interés social o se contravienen disposiciones de orden público y de manera notoria se positivó el requisito de examinar el requisito de origen jurisprudencial de realizar el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, dando contenido a la norma constitucional que fue reformada en ese sentido.
33. En la exposición de motivos de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del seis de junio de dos mil once, sobre el tema se dijo:
"Suspensión del acto reclamado.
"En materia de suspensión del acto reclamado, se propone establecer el marco constitucional a fin de prever un sistema equilibrado que permita que la medida cautelar cumpla cabalmente con su finalidad protectora, y al mismo tiempo cuente con mecanismos que eviten y corrijan los abusos que desvía su objetivo natural.
"Para tal efecto, se privilegia la discrecionalidad de los Jueces consagrando expresamente como elemento a considerar para el otorgamiento de la suspensión la apariencia del buen derecho, requisito éste reconocido por la Suprema Corte de Justicia y que constituye uno de los avances más importantes en la evolución del juicio de amparo en las últimas décadas.
"Sin embargo, para asegurar su correcta aplicación, se establece la obligación del Juez de realizar un análisis ponderado entre la no afectación del interés social y el orden público y la apariencia del buen derecho. Con esto se logra que la medida cautelar sea eficaz y que no se concedan suspensiones que molestan la sensibilidad de la sociedad.
34. Por su parte, en la exposición de motivos de la Ley de Amparo en vigor, publicada el dos de abril de dos mil trece, se señaló:
"Suspensión del acto reclamado.
"En el caso de la suspensión del acto reclamado, se establece un sistema equilibrado que permita que la medida cautelar cumpla cabalmente con su finalidad protectora, pero que cuente con mecanismos que eviten y corrijan los abusos que desvían su objetivo natural.
"Para tal efecto, se privilegia la ponderación que deban realizar los Jueces entre la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social.
"En efecto, se dispone expresamente en el artículo 128 del texto del proyecto como elemento a considerar por parte de los Jueces para el otorgamiento de la suspensión la apariencia del buen derecho, requisito éste reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que constituye uno de los avances más importantes en la evolución del juicio de amparo en las últimas décadas. Con ello se pretende lograr que la medida cautelar sea eficaz pero que por otro lado no se afecte el interés social, caso en el cual se deberá negar la suspensión. Asimismo, debe referirse que se llevó a cabo una revisión puntual de los supuestos que en términos de la ley se actualiza la afectación al interés social, ello con el propósito de dar mayor certeza a las partes en el juicio de amparo así como parámetros al Juez para resolver sobre la suspensión.
"Por otro lado, se prevén en el proyecto elementos mínimos formales y sustantivos que deben cumplir las resoluciones suspensionales, lo que facilita su control a través de los recursos que se prevén en el proyecto. Asimismo, se faculta al órgano jurisdiccional para solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere convenientes para resolver sobre la suspensión definitiva.
"Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que se consideró necesario o conveniente, se precisaron los efectos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26618-1b174cec/caucion-y-contrafianza-su-prevision-legal-no-constituye · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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