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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA CLAUSURA DEFINITIVA DE UN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2013. · Registro digital (IUS): 25221
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-09-19
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, Pág. 1810.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 27 DE MAYO DE 2014. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE MEZA PÉREZ, J. REFUGIO ORTEGA MARÍN, ALEJANDRO ALBERTO ALBORES CASTAÑÓN, MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR PEDRO NAVARRO ZÁRATE, JUAN MANUEL RODRÍGUEZ GÁMEZ, FELISA DÍAZ ORDAZ VERA Y MARTÍN ALEJANDRO CAÑIZALES ESPARZA. DISIDENTES: SERGIO JAVIER COSS RAMOS, JOSÉ DE JESÚS ORTEGA DE LA PEÑA Y LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ NÚÑEZ. NO INTEGRÓ PLENO: EDUARDO OCHOA TORRES. PONENTE: JOSÉ GABRIEL CLEMENTE RODRÍGUEZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: MARTÍN ALEJANDRO CAÑIZALES ESPARZA. SECRETARIO: JUAN CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia.

El Tribunal Pleno del Cuarto Circuito es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de la denuncia sobre la posible contradicción de tesis(1) sustentadas por dos Tribunales Colegiados de este circuito.

SEGUNDO. Legitimación.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.(2)

TERCERO. Criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito.

Con la finalidad de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es menester realizar una breve reseña de los antecedentes de los asuntos que dieron origen a los criterios en posible contienda y de las consideraciones formuladas por los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito.

A) Incidente en revisión 86/2013, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

1. ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, entre otros, contra la clausura definitiva de veintidós de marzo de dos mil trece, dirigida al establecimiento ubicado en la avenida **********, número **********, colonia ********** de Monterrey, Nuevo León.

En la demanda de amparo se solicitó la suspensión provisional y, en su oportunidad, la definitiva, "para el efecto de que se levante la suspensión impuesta al establecimiento ubicado en la avenida **********, número **********, colonia ********** de Monterrey, Nuevo León, lo que implica el retiro de los sellos y listones colocados en el mismo."

2. El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, a quien, por razón de turno, correspondió conocer del asunto, en cuanto a la clausura definitiva, negó la suspensión definitiva, por estimar que constituye un acto consumado, respecto del cual no procede otorgar dicha medida cautelar, dado que se darían efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo.

3. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, quien conoció bajo el toca 86/2013, del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, por unanimidad de votos, pronunció sentencia de quince de agosto de dos mil trece,(3) en la que revocó la resolución incidental recurrida y concedió la suspensión definitiva contra la clausura definitiva total impuesta a la persona moral quejosa, respecto del inmueble ubicado en avenida ********** número **********, colonia **********, de Monterrey, Nuevo León, para el efecto de interrumpir el estado de clausura, levantar los sellos impuestos y permitir el uso de la edificación para el giro de restaurant-bar y casa de apuestas; ello, al exhibir la licencia de uso de suelo y de edificación correspondiente.(4)

B) Recurso de queja 88/2013, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

1. ********** promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó, entre otros actos, la clausura definitiva total de veintidós de marzo de dos mil trece, dirigida al establecimiento ubicado en **********, de la colonia **********, en Monterrey, Nuevo León.

Sobre el particular, solicitó la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que "se ordene el levantamiento de los sellos de clausura definitiva que se impusieron al establecimiento ... y luego se mantengan las cosas en ese estado y no se impida de cualquier forma el libre funcionamiento de la negociación de la quejosa en la cual explota la licencia de uso de suelo para videojuegos. ..."

2. El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, negó la suspensión provisional, por estimar que no se cumplieron los requisitos previstos por el artículo 124, fracciones I y II, de la Ley de Amparo(5) (relativos a la falta de interés jurídico y contravención al interés social y orden público).

3. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el cual conoció bajo el expediente 88/2013, del recurso de queja interpuesto por la impetrante de garantías, por unanimidad de votos, pronunció resolución de doce de junio de dos mil trece,(6) en la que declaró infundado el recurso y negó la suspensión provisional contra la citada clausura definitiva, por considerar que se trata de un acto consumado, no de tracto sucesivo y, además, de concederse dicha medida tendría efectos restitutorios.(7)

CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis.

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, estableció que hay contradicción cuando "dos o más órganos jurisdiccionales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales".(8)

Los antecedentes y consideraciones que sustentan las resoluciones que son materia de la denuncia de que se trata, permiten establecer que, en la especie, se actualizan los supuestos esenciales para estimar que existe una contradicción de criterios, en los términos que enseguida se puntualizan:

A) Al resolver los asuntos de sus respectivos índices, los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, se pronunciaron sobre una misma situación jurídica, como es el tema relativo a la suspensión en el juicio de amparo, respecto de la clausura definitiva de un establecimiento de comercio, tema central de la denuncia de contradicción de tesis de que se trata.

B) Al pronunciarse los citados Tribunales Colegiados de Circuito, arribaron a conclusiones contrarias.

1. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito(9) consideró que la clausura definitiva ejecutada con anterioridad a la promoción del juicio de amparo, exclusivamente para los efectos de la suspensión, no es un acto consumado, dado que por su naturaleza y consecuencias debe observarse que éstas se prolongan de manera indefinida durante el tiempo que permanezca el estado de clausura, por lo que resulta necesario realizar un análisis anticipado para salvaguardar un derecho de quien pide tal medida cautelar, atento a la teoría de la apariencia de buen derecho, en términos del artículo 107, fracción X, de la Carta Magna, sin que ello prejuzgue sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que ello sólo puede examinarse en la sentencia de amparo correspondiente (argumento relacionado con el tema relativo a que la suspensión concedida no tiene efectos restitutorios propios de la sentencia constitucional).

2. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito,(10) en el orden del estudio correspondiente, estableció que para determinar lo relativo a la suspensión del acto reclamado, primero, debía analizarse si la naturaleza de ese acto permitía su paralización, para después examinar si se cumplían las condiciones exigidas por la ley; con relación a ello, señaló que, al tratarse de una clausura de carácter definitiva, se estaba en presencia de un acto consumado que no permitía conceder la suspensión, toda vez que su objetivo era detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que no se actualizaba en el caso particular, pues de concederse no tendría el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encontraban a ese momento, sino otorgar efectos restitutorios, consistentes en el levantamiento de sellos y listones de la clausura reclamada, lo cual era materia de fondo del amparo; precisó que la clausura definitiva constituía un acto consumado que había producido todas sus consecuencias, al encontrarse ejecutada en su totalidad, además que no podía ser considerada como un acto de tracto sucesivo, a virtud de que, para surtir sus efectos, no era necesario que la autoridad responsable día tras día reiterara su actuación, pues dicha clausura se verificó en un solo acto; finalmente, estableció que era inconducente realizar el análisis relacionado con la licencia de uso de suelo para videojuegos exhibida por la empresa quejosa, la violación a la garantía de audiencia y la valoración de las actuaciones de la autoridad responsable, invocadas mediante agravio en el escrito del recurso de queja respectivo, por estimar que ello implicaba el estudio de cuestiones vinculadas con el fondo del amparo, puntualizando que, para ponderar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, era indispensable que, previamente, se demostrara que el acto reclamado era susceptible de suspensión, lo cual no acontecía en el caso, en razón de que la clausura definitiva constituía un acto consumado; al respecto, citó como aplicables, en lo conducente, las tesis aisladas de los rubros: "CLAUSURA DEFINITIVA, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE POR TRATARSE DE ACTOS CONSUMADOS."(11) y "CLAUSURA, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA LA, POR SER ACTO CONSUMADO."(12)

Lo señalado permite establecer que sí existe la contradicción de tesis denunciada, toda vez que los Tribunales Colegiados contendientes adoptaron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con relación al tema consistente en determinar si la clausura definitiva de un establecimiento de comercio (con independencia del giro de que se trate) constituye o no un acto consumado para efectos de la suspensión en el juicio de amparo y si el otorgamiento de dicha medida suspensional implica dar efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo.

En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el incidente en revisión 86/2013, determinó que la clausura definitiva de un establecimiento comercial, exclusivamente para efectos de la suspensión, no es un acto consumado, y que conceder dicha medida cautelar no implica darle los efectos restitutorios que corresponden a la sentencia de amparo; en cambio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 88/2013, por el contrario, consideró que la citada clausura definitiva constituye un acto consumado que no puede ser considerado de tracto sucesivo, al verificarse en un solo acto y para que surta sus efectos no es necesario que la autoridad responsable reitere día a día su actuación; además, que conceder tal medida de suspensión no tendría el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran en ese momento, sino otorgarle efectos restitutorios propios de la sentencia constitucional.

En ese sentido, se puntualiza que la materia de la contradicción de criterios que se denuncia está relacionada con el tema de la suspensión en el juicio de amparo, tratándose de la clausura definitiva de un establecimiento de comercio, respecto de dos cuestiones, a saber: a) Determinar si la clausura definitiva es o no un acto consumado; y, b) Si la concesión de tal medida cautelar implica otorgarle efectos restitutorios que corresponden a la sentencia de amparo.

Ahora bien, es importante hacer aclaración en el sentido de que, respecto a los temas relacionados con la apariencia del buen derecho y la observancia a los requisitos que prevé el artículo 124 de la Ley de Amparo,(13) actualmente abrogada conforme el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, o los numerales 128 y 129 de la Ley de Amparo vigente,(14) no existe contradicción de criterios de los tribunales contendientes, en la medida de que únicamente el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito se ocupó del análisis de esos tópicos, al revocar la interlocutoria recurrida y conceder la suspensión definitiva correspondiente; lo que no sucedió con el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el que, para declarar infundado el recurso de queja respectivo y, por ende, dejar firme el auto que negó la suspensión provisional contra la clausura definitiva reclamada, invocó como sustento principal que ésta constituía un acto consumado; el cual, por su naturaleza, no era suspendible y, por tanto, procedía negar tal medida cautelar; ello, se itera, sin realizar pronunciamiento con relación a la apariencia del buen derecho y de los demás requisitos que exige la Ley de Amparo.

QUINTO. Determinación del criterio a prevalecer.

Habrá de prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Pleno del Cuarto Circuito, similar al sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en atención a las consideraciones que a continuación se expresan:

Primeramente, cabe precisar que la suspensión en el juicio de amparo es una institución jurídica que tiene como principal finalidad detener o paralizar los actos reclamados, esto es, establecer un estado de no ejecución de aquéllos durante la tramitación del juicio de garantías, a efecto de evitar perjuicios irreparables al agraviado y, de esa manera, conservar la materia del propio juicio de amparo.

En cuanto a la disposición fundamental que rige a dicha medida cautelar, el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual, el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.(15)

Por su parte, la Ley de Amparo, en los artículos 122 a 144, regula lo relativo a la suspensión de los actos reclamados.

El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que en los casos de la competencia de los Jueces de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de la parte agraviada.(16)

El diverso numeral 123 del ordenamiento citado(17) establece lo relativo a la suspensión de oficio, misma que procede cuando el acto reclamado importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, o cuando se trata de algún otro acto reclamado que, si llegase a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho constitucional violado. Esta suspensión se tramita de plano, es decir, sin audiencia de las demás partes y se decreta en el mismo auto en que el Juez admite la demanda. Sus efectos son ordenar que cesen los actos referidos en la primera parte del párrafo que antecede u ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, caso este último, en el que el Juez deberá tomar las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados.

Fuera de los supuestos a que refiere el señalado artículo 123 de la Ley de Amparo, el numeral 124 de dicho ordenamiento(18) establece los requisitos que deben quedar satisfechos para conceder la suspensión a instancia o petición de parte, entre los que se encuentran los siguientes:

I. Que la solicite el agraviado;

II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y,

III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

Cuando se conceda la suspensión en estos casos, el Juez de Distrito procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.

La suspensión a petición de parte se decreta en un incidente que se tramita por duplicado, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo(19) y por cuerda separada al juicio principal.

Conforme al marco constitucional y legal anteriormente expuesto, se desprende que, para conceder la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, deben verificarse diversos elementos.

En principio, se requiere corroborar si el acto reclamado es cierto, pues no tendría ningún caso conceder la suspensión sobre actos inexistentes, dado que no habría materia sobre la cual decretar dicha medida.

Para verificar la certeza de los actos reclamados, tratándose de la suspensión provisional, se deberá atender a las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, realiza el quejoso;(20) en cambio, tratándose de la suspensión definitiva, deberán tomarse en cuenta los informes previos que rindan las autoridades responsables o, en su caso, la omisión en que incurran, así como las pruebas que ofrezcan las partes.

Posteriormente, en lo que interesa, es necesario verificar que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, dado que ningún efecto práctico tendría realizar un pronunciamiento sobre los requisitos que establece la ley para conceder la medida cautelar, si el acto reclamado, por su propia naturaleza, no es susceptible de ser paralizado a través de la suspensión, como podría ser el caso de actos negativos, consumados y declarativos, entre otros.

Por último, para conceder la suspensión de los actos reclamados, habrá de constatar que se encuentren satisfechos los requisitos que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, esto es, que la solicite el agraviado, no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Paralelamente al análisis de este último requisito, cuando la naturaleza del acto lo permita, será necesario realizar un examen ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social(21) y, finalmente, verificar que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado.

De acuerdo con lo anterior, para conceder la suspensión de los actos reclamados, el Juez de Distrito debe tomar en cuenta, sucesivamente, los siguientes elementos:

a) Que el acto reclamado sea cierto;

b) Que de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de ser suspendido;

c) Que la suspensión sea solicitada por el agraviado;

d) Que el otorgamiento de tal medida suspensional no cause perjuicio al interés social ni contravenga disposiciones de orden público, caso en el cual podrá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, cuando la naturaleza del acto lo permita; y,

e) Que los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado sean de difícil reparación.

En el caso concreto, los Tribunales Colegiados que participan en la contradicción de tesis sustentaron criterios discrepantes, con relación al requisito precisado en el inciso b), en los términos indicados en el considerando que antecede.

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si la clausura definitiva de un establecimiento de comercio es o no un acto consumado para los efectos de la suspensión y si la concesión de esa medida implica dar efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo.

El criterio que debe prevalecer como jurisprudencia, se repite, es el emitido por este Pleno del Cuarto Circuito, similar al sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, toda vez que la clausura definitiva de un establecimiento de comercio sí es un acto consumado para los efectos de la suspensión y, por ende, no es susceptible de ser suspendido.

Ciertamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio de que es improcedente conceder la suspensión contra actos consumados, porque ello equivaldría darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia de amparo.(22)

Ahora bien, por acto consumado debe entenderse aquel que ha producido todos sus efectos, es decir, que se ha ejecutado total e íntegramente. En estos casos, como lo anuncia la jurisprudencia de dicho Alto Tribunal, es improcedente conceder la medida de que se trata, porque se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo, ya que no existiría nada que suspender, sino sólo reponer las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución del acto reclamado, lo que sería materia exclusiva del fallo que se dicte en el juicio constitucional.

La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha precisado que puede suceder que se ejecute el acto reclamado, pero impugnados que sean también sus efectos y consecuencias, si no se han verificado totalmente, es procedente conceder la suspensión contra esos efectos o consecuencias, si se reúnen los demás requisitos de la Ley de Amparo.(23)

En el caso concreto, la clausura definitiva de un establecimiento de comercio, si se ha ejecutado, constituye un acto consumado para los efectos de la suspensión, pues este acto de autoridad se realiza en un solo momento, instalándose, inclusive, los sellos y listones correspondientes, y constituye un cese definitivo a la autorización que tenía el negocio para operar, o una traba absoluta a la operación que se realizaba sin la licencia de funcionamiento correspondiente, es decir, no se trata de una mera interrupción temporal de labores, sino una determinación contundente que no requiere la reiteración de actos de la autoridad y que solamente puede quedar sin efecto con la concesión del amparo que en la sentencia de fondo, en su caso, se obtuviera, y el respectivo cumplimiento de la misma, pero que no es algo que pueda hacerse a través del incidente, por no constituir efectos propios de éste.

No se deja de apreciar que en los asuntos que dieron origen a las ejecutorias que participan en la presente contradicción, la parte quejosa solicitó la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, a efecto de lograr el levantamiento de sellos y retiro de los listones respectivos, y continuar con sus actividades de comercio.

Ahora bien, la diferencia existente entre los actos consumados y los actos de tracto sucesivo consiste en que éstos requieren la actuación reiterada que causa perjuicio día a día o momento a momento en la esfera de derechos del gobernado, es decir, debe existir una pluralidad de acciones dirigidas a un solo fin, siendo necesaria la realización de acciones periódicas de la autoridad, a fin de que en el transcurso del tiempo el acto siga produciendo sus efectos, como acontece en la intervención de una negociación, en la cual las acciones se repiten en cada operación contable, comercial o administrativa; en tanto que los actos consumados se realizan en una sola ocasión, esto es, no requieren pluralidad de acciones con unidad de intención.

En cuanto a estos últimos, cabe señalar que según la jurisprudencia 16/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por excepción (así se entiende), ha determinado que, tratándose de clausuras por tiempo determinado o por tiempo indefinido, procede conceder la suspensión atendiendo siempre a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora.(24)

Sin embargo, en ese tipo de actos de la autoridad, precisamente por no ser de carácter definitivo, la naturaleza del acto permite una restitución provisional del derecho del gobernado, atento a que, si se llega a sobreseer en el juicio o a negar el amparo, la autoridad responsable recobra la capacidad para hacer efectivo el acto, imponiendo la parte no concluida de la sanción decretada, que siempre fue de carácter temporal. Empero, cuando se trata de una clausura definitiva, la naturaleza de tal acto no permite conceder la suspensión, pues implicaría que la clausurada vuelva a operar al menos mientras se concluye el trámite del juicio de amparo, sin posibilidad de quedar reparada la afectación causada a las facultades de la autoridad responsable o a la sociedad, en el caso de que se sobresea en el juicio o se niegue el amparo, pues materialmente no es posible anular el tiempo en que, merced a la suspensión, operó la negociación clausurada. Un ejemplo claro de ello es el caso que trató el Tercer Tribunal Colegiado de que se habla, donde el motivo de la clausura fue no contar con la licencia municipal de uso de suelo y edificación; de suerte tal que la concesión de la suspensión solicitada implicaría que la determinación judicial sustituyera la facultad que corresponde a la autoridad administrativa, de otorgar o negar, en su caso, la licencia respectiva. Además de que, como bien apuntó dicho tribunal, no tendría el efecto de mantener las cosas en el estado que se encuentran (clausura consumada), sino que implicaría darle efectos restitutorios, que solamente son propios de la sentencia que, en su caso, llegue a otorgar la protección de la Justicia Federal.

Cabe apuntar que en el diverso incidente en revisión 86/2013, del Segundo Tribunal Colegiado contendiente, expresamente, se establece: "... si se parte de que el acto reclamado, consistente en la clausura definitiva derivó de la falta de licencia de uso de suelo o de edificación para el giro de casa de apuestas; entonces, para efectos de la suspensión definitiva solicitada es necesario que quede demostrado, al menos presuntivamente, que la peticionaria de amparo cuenta con el derecho para ejercer la actividad que el acto reclamado pretende impedir ...", y que en dicho asunto se tuvo por cumplido ese presupuesto. Sin embargo, este Tribunal Pleno de Circuito, por mayoría, ni aun así estima procedente la concesión de la suspensión definitiva, pues bajo el aspecto de que el acto se consumó en un solo momento con la imposición de sellos de clausura, sólo la sentencia protectora podría, en caso de contar el agraviado con la respectiva licencia, restituirle en el goce de la garantía violada.

Es verdad que los efectos de la clausura (temporal o definitiva) se prolongan en el tiempo e impiden la continuación del funcionamiento del giro correspondiente, lo que llevó a considerar a uno de los tribunales contendientes, que el acto reclamado debe examinarse conforme a los principios de la verosimilitud o "apariencia del buen derecho" y el peligro en la demora, por imperativo del artículo 107, fracción X, de la Carta Magna; sin embargo, como se anticipó, este tema no lo abordó el Tercer Tribunal Colegiado, al haber arribado a la conclusión de que, por la naturaleza de acto consumado, distinguido por este Pleno de Circuito entre el que obedece a una clausura temporal o indefinida (resuelto por la Suprema Corte) y aquel que aquí se dilucida (clausura definitiva), no es el caso de tocar esos temas, por las razones apuntadas.

De ahí que, con relación al diverso tema de discrepancia entre los criterios sustentados por los citados Tribunales Colegiados de Circuito, la suspensión que se concediera en contra de la clausura definitiva sí tendría efectos restitutorios, porque de no prosperar la acción constitucional intentada, la autoridad responsable o la sociedad habrían sufrido un agravio irreparable al reaperturar, con motivo de la suspensión y mientras dura el juicio de amparo, un establecimiento determinado, cuando no se justificó que contara, o realmente no contaba, con la licencia correspondiente; en cambio, mantenidas las cosas en el estado que guardan, clausurado el negocio y sin reapertura, la protección federal otorgada por el amparo permitirá la reapertura del negocio, sin perjuicio de las responsabilidades en que haya incurrido la autoridad que determinó la clausura.

Con base en esas consideraciones, este Tribunal Pleno del Cuarto Circuito arriba a la conclusión de que la clausura definitiva de un establecimiento de comercio es un acto que, conforme a su naturaleza, sus efectos o consecuencias, no son susceptibles de ser suspendidas y que, de conceder la medida de suspensión en contra de dicho acto, sí implica otorgarle efectos restitutorios que corresponden a la sentencia de amparo.

No se omite precisar que respecto de los asuntos de los cuales provienen los criterios o tesis que son materia de examen en la presente ejecutoria, se regulan por legislación distinta, en tanto que la resolución relativa al incidente en revisión 86/2013, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito se rige conforme a la Ley de Amparo anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis y abrogada el dos de abril de dos mil trece, con apoyo en lo dispuesto por los artículos segundo y tercero transitorios de dicho decreto de reforma; mientras que al asunto relacionado con la queja 88/2013, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, le resulta aplicable la Ley de Amparo vigente al presentarse la demanda constitucional en el mes de junio de dos mil trece; aclaración que se realiza, en ate

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25221-514517de/suspension-en-el-amparo-no-procede-concederla-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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