SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 260/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO. 8 DE ENERO DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JUAN PABLO GÓMEZ FIERRO.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.(2)
TERCERO. Las consideraciones formuladas por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, son las siguientes:
1. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el recurso de queja **********, en sesión de veinte de mayo de dos mil trece, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"Por último, en otra parte del mismo agravio quinto, la autoridad recurrente afirma en síntesis, que si la finalidad de la teoría de la apariencia del buen derecho, consiste en que la suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, asegure la eficacia práctica de la sentencia definitiva en los casos en los que, sin resolver el fondo del asunto, el juzgador advierta, prima facie, de manera provisional e indiciaria, que el acto reclamado es inconstitucional; entonces, nada impide que la misma teoría pueda aplicarse en sentido contrario. Lo anterior, en virtud de que existen casos en los que del análisis superficial del asunto, se pone de manifiesto, que la pretensión constitucional es notoriamente infundada o cuestionable, o incluso, que únicamente se promovió el amparo respectivo, con la finalidad de obtener la suspensión de los actos reclamados, sin importar el sentido en el que se dictará la ejecutoria relativa. Y en apoyo de sus argumentos, la recurrente invoca la tesis VIII.4o.15 K, del Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito -aun cuando de manera errónea, la cita al pie de página como la tesis IV.2o.A.269 A, que dispone: ‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SI AL ANALIZAR SU PROCEDENCIA SE ADVIERTE LA PROBABLE CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO DEBE NEGARSE LA MEDIDA SOLICITADA EN APLICACIÓN, CONTRARIO SENSU, DEL PRINCIPIO DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.’ (se transcribe). El motivo de queja es jurídicamente ineficaz, pues con independencia de que en el auto impugnado, el Juez de Distrito no expresó que la concesión de la medida cautelar se basara en la apariencia del buen derecho, por lo que de inicio, sin aceptarlo, no se advertirían bases para ponderar en esta ejecutoria la aplicación de tal principio en sentido inverso para negar la suspensión; lo cierto es que, dicho tópico es motivo de la inconformidad expresa en el quinto de los agravios y, a juicio de este Tribunal Colegiado de Circuito, aquél sólo es aplicable en sentido positivo o favorable al quejoso para efecto de otorgar la medida cautelar, no para negarla, aplicándola en sentido contrario; esto de conformidad con las razones siguientes. Si bien en términos de la jurisprudencia P./J. 15/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’, se autorizó mediante dicho criterio a los juzgadores para que, si estiman procedente otorgar la medida suspensional, comprueben la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso y el peligro en la demora, de modo tal, que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. También es cierto que, como lo expresa el doctor en derecho y Magistrado de Circuito **********, tal criterio ha generado una serie de confusiones que se ven reflejadas en las resoluciones que sobre la suspensión emiten los Jueces de Distrito, pues como además lo advierte el renombrado jurista, existen quienes analizan la constitucionalidad del acto, al resolver sobre la suspensión provisional o definitiva, otros efectúan ese análisis solamente para la suspensión definitiva; de igual forma, hay quienes utilizan la jurisprudencia invocada para negar o conceder la suspensión, otros tantos, solamente para conceder la medida y, por último, un sector no la aplica en ningún caso. Ante tal circunstancia, para estar en aptitud de definir con claridad la postura jurídica de este Tribunal Colegiado de Circuito, respecto a si la teoría de la apariencia del buen derecho es aplicable sólo en su aspecto positivo, para conceder la medida suspensional o también - acontrario sensu-, en su aspecto negativo para negarla, se considera oportuno acudir directamente a las consideraciones sustentadas en la ejecutoria de la que surgió la invocada jurisprudencia P./J. 15/96; a partir de las mismas, destacar lo más relevante con afán netamente ilustrativo y, después, concluir el estudio reforzándolo con la posición doctrinaria nacional que le es convincente y útil a quienes deciden este recurso de queja para alcanzar ese objeto. En efecto, sin soslayar que si bien el apoyo en la doctrina no es obligatorio, ni constreñiría a este cuerpo colegiado para que resolviera el recurso en determinado sentido, sí le puede servir como base válidamente para formar su propio criterio sobre la manera como deberá responder a la problemática jurídica expuesta por la inconforme, en la parte final del quinto de sus agravios. Es aplicable la tesis 2a. LXIII/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto: ‘DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS.’ (se transcribe). Pues bien, de la ejecutoria en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 3/95, el catorce de marzo de mil novecientos noventa y seis, se destacan las siguientes consideraciones, que para este Tribunal Colegiado de Circuito son ilustrativas y relevantes: (se transcribe). A juicio de quienes resuelven, las consideraciones transcritas apuntan, a que todas ellas fueron elaboradas partiendo de su aspecto positivo, que implica valorar la apariencia del buen derecho del quejoso, la procedencia y admisibilidad de la medida, así como el adelanto de la efectividad de la sentencia de fondo, sin soslayar los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, siempre como variables que debe apreciar el juzgador, para fines de conceder la suspensión -no para negarla-, como un adelanto provisional de los efectos protectores de la sentencia de amparo, pero condicionada, precisamente, a que del examen superficial del asunto en relación con el derecho subjetivo que se alega como violado, sea posible observar la aparente ilegalidad del acto, no su posible legalidad o constitucionalidad. Esto, pues como lo definió el Máximo Tribunal del País, solo en el primer supuesto, es decir, cuando a través de un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se declarará la certeza del derecho del quejoso y la inconstitucionalidad del acto que lo perturba, es cuando el juzgador estará en aptitud de dictar una resolución que armonizará, en lo posible, la suspensión con los fines del juicio de amparo, entre los cuales, invariablemente está el de protegerlo contra actos inconstitucionales. Lo anterior, sólo es factible de conseguir con base en el principio de la apariencia el buen derecho, aplicándolo en sentido positivo, es decir, admitiendo prima facie, entre otras cosas, que el acto reclamado es inconstitucional, pues de lo contrario, carecería de sentido acudir a tal principio, si de manera anticipada, pero sin juzgar sobre el fondo, se advirtiera que la sentencia definitiva no será favorable al quejoso, pues en tal caso, ningún fin práctico tendría otorgar la suspensión. Esta idea se retoma más adelante. Ahora bien, según se anunció previamente en esta ejecutoria, para mayor claridad, se considera necesario complementar el estudio con la postura doctrinaria nacional que le resulta más convincente a este Tribunal Colegiado de Circuito; ello, pues además de que, por las razones que enseguida se expresan, dicha postura se comparte, se aprecia que también coincide con la orientación en sentido positivo o favorable al quejoso, que recién se advirtió, en el contenido de las consideraciones sustentadas por el Máximo Tribunal del país cuando emitió la jurisprudencia P./J. 15/96, de que se trata. Al respecto, el doctor ********** explica con lucidez: (se transcribe). Así las cosas, este cuerpo colegiado, partiendo del análisis jurisprudencial y teórico de referencia, concluye: La suspensión es una especie de las medidas cautelares que persigue mantener viva la materia del juicio de amparo; por ende, por regla general, tiene efectos conservativos que por excepción, pueden ampliarse a efectos constitutivos siempre que se deduzca la aparente existencia de la verosimilitud del derecho del quejoso y la inconstitucionalidad del acto reclamado. Para conceder la suspensión, los juzgadores deben ponderar racionalmente, entre otras cosas, la naturaleza de la violación alegada. Esto implica un examen comparativo entre ésta y el perjuicio al agraviado, y a los terceros, si los hay, así como el interés social, que además implica un análisis cuidadoso de las características, importancia, gravedad y trascendencia social de dicha violación. La apariencia del buen derecho es un elemento que condiciona la admisibilidad de la medida suspensional, siempre que además se cumplan los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque en los casos en los que es procedente conceder la suspensión, no basta la apariencia del buen derecho del quejoso, sino que este factor excepcional, complementa a los requisitos legales previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo y sirve, además de mantener viva la materia del juicio, para anticipar provisionalmente ciertos efectos constitutivos propios de la sentencia definitiva, únicamente en la hipótesis de que sea posible anticipar que en dicha sentencia, se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. La apariencia del buen derecho, es un principio jurídico acuñado principalmente en la doctrina y reconocido en la jurisprudencia de nuestro país (y ahora en la nueva Ley de Amparo), como un elemento adicional que permite, también en casos excepcionales, realizar un estudio superficial de la inconstitucionalidad del acto reclamado, que puede conducir a que se conceda la suspensión. Esto acontecería, como se dijo, si al efectuar un cálculo de probabilidades, es posible anticipar que en la sentencia de fondo se declarará la certeza en el derecho público subjetivo del quejoso y la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues solo en tal supuesto, se justificaría el otorgamiento de la suspensión como un adelanto provisional de la efectividad de la sentencia que llegue a dictarse en el expediente principal. En efecto, si la aplicación teórica y práctica de la teoría de la apariencia del buen derecho, y el peligro en la demora tiene por objeto conceder excepcionalmente la suspensión, incluso en aquellos casos en los que por regla general sería improcedente, porque la naturaleza del acto reclamado no lo permitiría, entonces no es un elemento ordinario, sino de excepción, que deba estar presente en todas las resoluciones que provean sobre la medida cautelar, sino únicamente en las que la deciden favorablemente. Por tanto, sólo si del análisis provisional efectuado por el juzgador, se advierte que el acto reclamado aparentemente es inconstitucional, entonces, procede conceder la medida invocando la apariencia del buen derecho del quejoso sin soslayar los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, y darle ciertos efectos constitutivos a la suspensión. De lo contrario, si del análisis provisional efectuado por el juzgador no se advierte que el acto reclamado sea inconstitucional, entonces no procede negar la suspensión provisional, esto es, carece de sentido invocar como principio de ponderación la apariencia del buen derecho, si éste no se observa; cuando del análisis de la violación alegada es posible anticipar que el acto reclamado no será declarado inconstitucional, esto, pues el objetivo tanto de aquél como el de la suspensión, en los casos donde la violación de derechos es aparente, radica precisamente, en que el juzgador pueda, por excepción, conceder la medida para adelantar ciertos efectos favorables al quejoso, aun cuando de ordinario la suspensión sería usualmente improcedente. Esto, además se corrobora, con las consideraciones de la ejecutoria génesis de la jurisprudencia P./J. 15/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya formulación apunta siempre al sentido positivo en la ponderación de la apariencia del buen derecho -no a su aspecto negativo o a contrario sensu-, máxime que en virtud de tal criterio, se observa que se buscó autorizar a los juzgadores para que invoquen aquel principio para conceder la suspensión, no para negarla, porque, como se dijo, una de las finalidades del mismo, es ampliar los efectos de la medida cautelar de mera conservación a constitución adelantada de la protección propia de la sentencia de fondo. Así las cosas, opuesto a lo aducido por la inconforme en la parte en estudio del agravio quinto, se concluye que la aplicación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora ha de realizarse sólo en sentido positivo, o favorable al quejoso, para suspender el acto reclamado, pero no a la inversa para negarla, pues la aplicación en sentido contrario de aquel principio, no sólo desnaturaliza su finalidad y utilidad teórica y práctica, sino que además, carece de sustento objetivo en la jurisprudencia con base en la cual se reconoció su existencia y aplicabilidad en las respectivas decisiones judiciales. De manera adicional, este cuerpo colegiado considera, que si es de aceptarse que la apariencia del buen derecho, como principio excepcional, es un factor de ponderación que debe invocarse sólo si del análisis preliminar del asunto, el juzgador advierte anticipadamente la posible existencia de aquél y de la inconstitucionalidad del acto reclamado, entonces igualmente, cobraría aplicación el diverso principio general de derecho reconocido incluso en el artículo 11 del Código Federal de Procedimientos Civiles, consistente, en que las excepciones a las reglas generales son inaplicables a cualquier otro caso que no esté expresamente especificado como excepción para la misma hipótesis. Esto también significa, como se razonó, que el principio de la apariencia del buen derecho, no es aplicable a contrario sensu para negar la suspensión, pues además de lo expuesto, implicaría invocarlo en sentido restrictivo, para resolver desfavorablemente al quejoso un caso no especificado en la jurisprudencia P./J. 15/96, soslayando con ello, que se trata de un criterio de excepción que, en principio, se vislumbró en beneficio de quienes promueven el juicio de amparo, al permitirles obtener una concesión adelantada de la sentencia de fondo, aun en aquellos casos en los que usualmente la suspensión sería improcedente ..."
2. El Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito (actual Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito), al resolver el incidente de suspensión (revisión) **********, en sesión de veinticuatro de febrero de dos mil cinco, determinó, en lo conducente, lo siguiente:
"Entonces, como esos artículos forman la convicción de que están anunciados conforme a derecho los elementos para el desahogo de la prueba pericial anunciada en el juicio de origen, como es la designación del perito y los puntos sobre los cuales versará esa prueba, esa circunstancia hace anticipar en relación con el fondo del asunto, según un cálculo de probabilidades, un cierto grado de certeza de que en la sentencia definitiva se declarará la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, la negativa del amparo, razón por la cual, es ocioso retardar su práctica bajo la óptica de la apariencia del buen derecho, cuya esencia es lograr a través de un conocimiento superficial, prever una decisión respecto del derecho discutido en el juicio de garantías, y en consecuencia, debe negarse la medida cautelar solicitada; en el entendido de que, desde luego, esa conclusión no es determinante para prejuzgar sobre la suerte final que correrá el dictado de la sentencia en el juicio principal ..."
Similares consideraciones sostuvo el citado Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el incidente de suspensión (revisión) **********, en la misma sesión de veinticuatro de febrero de dos mil cinco.
De las anteriores consideraciones derivó la tesis aislada VIII.4o.15 K, de rubro y texto siguientes:
"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SI AL ANALIZAR SU PROCEDENCIA SE ADVIERTE LA PROBABLE CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO DEBE NEGARSE LA MEDIDA SOLICITADA EN APLICACIÓN, CONTRARIO SENSU, DEL PRINCIPIO DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’, sostuvo que para la concesión de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, puede partirse de la base de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, según el cual de un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Así pues, partiendo de ese principio contrario sensu, si de un análisis similar se advierte la probable constitucionalidad de dicho acto, debe negarse la medida suspensional solicitada, pues así como es conveniente anticipar la protección del derecho cuando en apariencia asiste razón al quejoso en su reclamo, resulta indebido retardar la ejecución del acto reclamado cuando se percibe a priori ausencia de razón, esto, sin hacer pronunciamiento de fondo en cuanto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos impugnados."(3)
CUARTO. A continuación, procede determinar si existe la contradicción de tesis denunciada.
El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que existe contradicción de tesis, cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.(4)
En el caso, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el recurso de queja **********, sostuvo, en lo que interesa, que la apariencia del buen derecho, como elemento que debe ser valorado al momento de pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados, sólo es aplicable en sentido positivo o favorable al quejoso para efecto de otorgar la medida cautelar, no para negarla aplicándola en sentido contrario.
Es decir, el Tribunal Colegiado de Circuito consideró, que la apariencia del buen derecho debe ser valorada por el juzgador para fines de conceder la suspensión, como un adelanto provisional de los efectos protectores de la sentencia de amparo, a condición de que, del examen superficial del asunto, sea posible observar la aparente ilegalidad del acto, no su posible legalidad o constitucionalidad; por lo que no podía servir de base para negar la medida cautelar.
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito (actual Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito), al resolver los incidentes de suspensión (revisión) ********** y **********, sostuvo que la apariencia del buen derecho podía servir de base para negar la medida cautelar, si a partir de un cálculo de probabilidades existía un cierto grado de certeza, de que en la sentencia definitiva se reconocería la constitucionalidad del acto reclamado. Esto, porque era ocioso retardar la ejecución del acto reclamado bajo la óptica de la apariencia del buen derecho; en el entendido de que esa conclusión, no era determinante para prejuzgar sobre la suerte final que correría el dictado de la sentencia en el juicio principal.
Así, el citado Tribunal Colegiado de Circuito, partiendo de la aplicación de la apariencia del buen derecho en sentido contrario, sostuvo, que si de un cálculo de probabilidades es posible anticipar que en la sentencia de amparo se reconocerá la constitucionalidad del acto reclamado, debe negarse la medida suspensional solicitada, pues así como es conveniente anticipar la protección del derecho, cuando en apariencia asiste razón al quejoso en su reclamo, resulta indebido retardar la ejecución del acto reclamado, cuando se percibe apriorísticamente que el acto es constitucional; ello sin prejuzgar sobre el fondo del asunto.
De las ejecutorias descritas, se advierte que, sí existe la contradicción de tesis denunciada, toda vez que los Tribunales Colegiados contendientes se enfrentaron a un mismo problema jurídico y arribaron a criterios discrepantes sobre el mismo punto de derecho.
En efecto, los Tribunales Colegiados contendientes tuvieron que dilucidar, si la apariencia del buen derecho, como elemento que debe tomarse en cuenta al pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados, puede aplicarse en sentido negativo, es decir, si a partir de la aplicación de dicha figura se puede llevar a cabo un análisis provisional del derecho cuestionado para que, en caso de estimar que el acto es constitucional, se pueda negar la medida cautelar.
Al resolver dicha cuestión, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, sostuvo que la apariencia del buen derecho, sólo es aplicable en sentido positivo o favorable al quejoso para efecto de otorgar la medida cautelar, no para negarla; en cambio, el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito (actual Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito), sostuvo que esa figura puede servir de base para negar la medida cautelar, si a partir de un cálculo de probabilidades existe un cierto grado de certeza, de que en la sentencia definitiva se reconocerá la constitucionalidad del acto reclamado, con el fin de no retardar su ejecución, pero sin prejuzgar sobre el fondo del asunto.
Así, para el primero de los Tribunales Colegiados, la apariencia del buen derecho sólo es aplicable para efecto de otorgar la medida cautelar, sin que sea factible negarla haciendo un análisis preliminar de la constitucionalidad del acto reclamado; mientras que para el segundo de los tribunales citados sí es posible negar la medida cautelar, en aplicación de la apariencia del buen derecho en sentido contrario, cuando de las constancias de autos se desprendan elementos que lleven a considerar que el acto es constitucional, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto.
En las relatadas condiciones, el problema jurídico a dilucidar, consiste en determinar si la apariencia del buen derecho, como elemento que se debe considerar al pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados, puede aplicarse en sentido negativo, es decir, si a partir de esa institución se puede llevar a cabo un análisis provisional del derecho cuestionado para que, en caso de estimar que el acto es constitucional, se pueda negar la medida cautelar.
QUINTO. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para resolver la presente contradicción de tesis, es importante hacer algunas precisiones en cuanto a la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo y a la apariencia del buen derecho.
La suspensión, es una institución jurídica que tiene como finalidad paralizar los actos reclamados en el juicio de amparo, a efecto de conservar la materia del juicio y, durante su tramitación, evitar perjuicios al agraviado.
Los artículos 122 a 144 de la Ley de Amparo abrogada, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regulan lo relativo a la suspensión de los actos reclamados.(5)
El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que en los casos de la competencia de los Jueces de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de la parte agraviada.(6)
El artículo 123 del ordenamiento citado,(7) regula lo relativo a la suspensión de oficio, que procede cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal o, cuando se trate de algún otro acto reclamado que, si llegase a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho constitucional violado.
Esta suspensión se tramita de plano, es decir, sin audiencia de las demás partes y, se decreta en el mismo auto, en que el Juez admita la demanda. Sus efectos son ordenar que cesen los actos referidos en la primera parte del párrafo que antecede, u ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, caso este último, en el que el Juez deberá tomar las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados.
Fuera de los supuestos a que se refiere el artículo 123 de la Ley de Amparo, el artículo 124 del citado ordenamiento,(8) establece los requisitos para conceder la suspensión a petición de parte, entre los que se encuentran los siguientes:
a) Que la solicite el agraviado.
b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y
c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.
Cuando se conceda la suspensión en estos casos, el Juez de Distrito procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.
La suspensión a petición de parte se decreta en un incidente de suspensión que se tramita por duplicado, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo(9) y que corre por cuerda separada al juicio principal.
Adicionalmente a los requisitos citados, este Alto Tribunal ya se ha pronunciado en el sentido de que para conceder la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo deben verificarse diversos elementos.
Al respecto, se ha dicho que es necesario verificar si el acto reclamado es cierto, pues no tendría ningún caso conceder la suspensión sobre actos inexistentes, dado que no existiría materia sobre la cual decretar dicha medida.
Para verificar la certeza de los actos reclamados, tratándose de la suspensión provisional, se ha dicho que debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realiza el quejoso;(10) en cambio, tratándose de la suspensión definitiva, ha sostenido que deben tomarse en cuenta los informes previos que rindan las autoridades responsables o, en su caso, la omisión en que incurran, así como las pruebas que ofrezcan las partes.
Por otra parte, se ha dicho que es necesario verificar que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, dado que ningún efecto práctico tendría que realizar un pronunciamiento sobre los requisitos que establece la ley, para conceder la medida cautelar, si el acto reclamado, por su propia naturaleza, no es susceptible de ser paralizado a través de la suspensión, como podría ser el caso de actos negativos, consumados, declarativos, entre otros.
Finalmente, se ha establecido que para conceder la suspensión de los actos reclamados, debe verificarse que se encuentren satisfechos los requisitos legales a los que se ha hecho mención, previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, esto es, que la solicite el agraviado; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y, finalmente, verificar que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado.(11)
Expuestos los requisitos naturales y legales para conceder la suspensión, lo siguiente, es aludir a los antecedentes de la apariencia del buen derecho en el sistema jurídico mexicano.
El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/95, bajo la vigencia de la abrogada Ley de Amparo, estableció que la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.(12)
En la citada ejecutoria se explicó, que la apariencia del buen derecho se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, el que aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24875-6be69a47/suspension-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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