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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 160/2021. · Registro digital (IUS): 31227
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo I, Pág.74.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 160/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 9 DE JUNIO DE 2022. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y JESÚS IRAM AGUIRRE SANDOVAL.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de nueve de junio de dos mil veintidós.

VISTOS para resolver los autos de la contradicción de tesis 160/2021, suscitada entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.

De cumplirse los requisitos de existencia, el problema jurídico que debe resolverse consiste en determinar si conforme a la Ley de Amparo en vigor aún es aplicable el criterio consistente en que el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho no puede realizarse para negar la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo indirecto, sino únicamente para concederla; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido a través del módulo de intercomunicación para la transmisión electrónica de documentos entre los tribunales del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte (MINTERSCJN) el nueve de junio de dos mil veintiuno, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio que sostuvo el tribunal de su adscripción al resolver los incidentes en revisión 51/2021 y 12/2021 y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito al resolver el recurso de queja 334/2020.

2. SEGUNDO.—Admisión y turno. Mediante auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, el presidente de la Suprema Corte admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, la registró con el número 160/2021 y a través del sistema MINTERSCJN solicitó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito la versión digitalizada del original o copia certificada de la ejecutoria derivada de la revisión incidental 12/2021.

3. Asimismo, solicitó a la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito remitiera la versión digitalizada del original o copia certificada de la resolución del recurso de queja administrativa 334/2020, así como el informe de vigencia del criterio contenido en esa ejecutoria. Finalmente, turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

4. TERCERO.—Mediante acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, la presidencia tuvo por cumplidos los requerimientos efectuados a los Tribunales Colegiados y debidamente integrada la contradicción de tesis, por lo que ordenó remitir el expediente a la Ministra ponente a fin de que formulara el proyecto de resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

5. PRIMERO.—Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política del País; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 10, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente;(1) así como en el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013; y el numeral 86, párrafo segundo, del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que se suscitó entre Tribunales Colegiados de distinto circuito y corresponde a la materia común.(2)

6. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, contendiente en el presente asunto.

7. TERCERO.—Criterios denunciados. En este considerando se sintetizan los antecedentes de los casos que dieron lugar a las ejecutorias cuya contradicción se denuncia, así como los argumentos que las sustentan y los criterios adoptados por los Tribunales Colegiados de Circuito, exclusivamente en relación con el tema que se abordará en la presente contradicción de tesis:

I. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito

8. A continuación se exponen los antecedentes que dieron origen a los incidentes en revisión 51/2021 y 12/2021, fallados por el Tribunal Colegiado citado al rubro, los argumento que se sustentaron en ambas ejecutorias y, finalmente, el criterio relevante para esta contradicción de tesis que de ellas derivó.

A. Incidente en revisión 51/2021

9. Antecedentes. En la ciudad de Xalapa, Veracruz, **********, por su propio derecho y en representación de su hija entonces menor de edad, demandó a ********** el pago de alimentos. La demanda se radicó ante el Juzgado Sexto Especializado en Materia Familiar con el número **********. Seguido el juicio, el veinte de junio de dos mil cinco, se decretó una pensión alimenticia a favor de ambas por el equivalente al 30 % (treinta por ciento) de los ingresos del demandado y se giró oficio para el descuento correspondiente a su fuente de trabajo.

10. En el año dos mil siete ********** demandó la cancelación de la pensión alimenticia dentro del juicio ordinario civil **********. Seguido el juicio, por resolución de veinticinco de abril de dos mil dieciocho se canceló únicamente la pensión alimenticia decretada a favor de la niña y subsistente la correspondiente a la señora **********.

11. Posteriormente, ********** demandó la cancelación de dicha pensión y por resolución de seis de noviembre de dos mil diecinueve, se declaró procedente su pretensión.

12. Inconforme, ********** interpuso recurso de apelación, el cual le fue desechado por extemporáneo el diecisiete de marzo de dos mil veinte por la Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.

13. La señora ********** promovió amparo indirecto contra la determinación anterior y solicitó la suspensión del acto reclamado. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, donde se radicó el trece de octubre de dos mil veinte con el número ********** y se ordenó la apertura del incidente de suspensión correspondiente.

14. Tramitado el incidente, el veintisiete de noviembre de dos mil veinte se dictó la interlocutoria respectiva, en la cual se concedió la suspensión definitiva para que se mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban y se siguiera pagando la pensión alimenticia tanto a ********** como a su hija.

15. Litis del recurso de revisión (51/2021). En contra de la interlocutoria anterior ********** interpuso recurso de revisión, el cual se radicó ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito el veintidós de febrero de dos mil veintiuno con el número citado al rubro.

16. Seguido el trámite correspondiente, en sesión virtual de veinte de mayo de dos mil veintiuno se dictó la sentencia correspondiente, en la cual el Tribunal de Circuito modificó la interlocutoria recurrida, únicamente para excluir de la concesión de la medida cautelar a la hija de la quejosa, porque la acción de amparo no se instó por ella y la pensión a su favor fue cancelada desde el dieciocho de abril de dos mil dieciocho.

17. En parte de sus agravios ********** argumentó que la señora ********** es mayor de edad y no se ubica en ningún supuesto para ser considerada persona vulnerable. Asimismo, manifestó que, como lo reconoció el Juez responsable, se le ha pagado de forma excesiva y desproporcionada la pensión alimenticia en comparación con el tiempo que duró su matrimonio, lo que resultaba contrario a la apariencia del buen derecho y un hecho notorio para el tribunal, porque así se advertía de las constancias del juicio civil de origen. Citó como sustento de ello la tesis 1a./J. 56/2015 (10a.).(3)

18. Consideraciones (incidente en revisión 51/2021). El Tribunal Colegiado, por un lado, calificó inatendibles los argumentos porque se dirigían a controvertir la forma en que se fijó la pensión alimenticia y no las consideraciones de la interlocutoria recurrida. Por otro lado, sostuvo que la jurisprudencia 1a./J. 56/2015 (10a.) no beneficiaba las pretensiones del señor **********, porque dicho criterio sólo es aplicable cuando el deudor alimentario pide la suspensión y, en el caso, la señora **********, quien es la solicitante de la medida, tiene el carácter de acreedora alimenticia.

19. El citado órgano jurisdiccional también explicó no soslayar que la pretensión del revisionista fue que se aplicara la apariencia del buen derecho para negar la suspensión a su contraparte, sin embargo, lo consideró inviable porque al resolver la contradicción de tesis 260/2013, en sesión de ocho de enero de dos mil catorce, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que:

a) No puede invocarse dicha figura para negar la suspensión, considerando preliminarmente constitucional el acto reclamado, pues esto no es acorde con la naturaleza de esa figura, ni con la finalidad de la suspensión.

b) Cuando se introdujo esa institución en el Texto Constitucional fue para tomarla en cuenta sólo al conceder la medida cautelar, dado que la finalidad de la suspensión es asegurar provisionalmente el derecho cuestionado y que la sentencia no pierda su eficacia.

c) Por ello, no puede invocarse la apariencia del buen derecho para negar la medida cautelar, porque así se desprende de la redacción misma del artículo 107, fracción X, párrafo primero, de la Constitución.(4)

d) La suspensión está condicionada a la satisfacción de requisitos naturales y legales, por lo que si se encuentran satisfechos no es factible negar la media por el solo hecho de considerar, de manera superficial, que el acto reclamado puede ser constitucional, pues se negaría la suspensión con base en una hipótesis no prevista en la Constitución, ni en la ley.

20. Enseguida, el Tribunal Colegiado realizó una transcripción parcial de la ejecutoria de la contradicción de tesis 260/2013 y la tesis 2a./J. 10/2014 (10a.), que de ella derivó(5) y agregó que dicho criterio se encuentra vigente porque al resolverse, se analizó la figura de la apariencia del buen derecho prevista en el artículo 107, fracción X, de la Constitución que se incorporó desde la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once.

21. Finalmente, razonó que el criterio contenido en la diversa tesis 1a./J. 21/2016 (10a.), no se contrapone con lo resuelto en la anterior, porque en ella la Primera Sala concluyó que procede dicho análisis al conceder la suspensión e, incluso, el Pleno del Alto Tribunal declaró que no existe oposición entre esos criterios al resolver la contradicción de tesis 267/2016, y transcribió parcialmente la ejecutoria correspondiente.

B. Incidente en revisión 12/2021

22. Antecedentes. En la ciudad de Tuxpan, Veracruz, **********, en representación de sus hijos menores de edad ********** y **********, ambos de apellidos ********** demandó a **********, como obligado solidario en su carácter de abuelo paterno de los niños, el pago de alimentos. La demanda se radicó el nueve de septiembre de dos mil veinte ante el Juzgado Cuarto Especializado en Materia Familiar con el número **********, se fijó una pensión alimenticia provisional a favor de los niños equivalente al 20 % (veinte por ciento) de las percepciones totales del demandado, se giró oficio para el descuento correspondiente a su fuente de trabajo y se le emplazó a juicio.

23. Inconformes, ambas partes interpusieron sendos recursos de reclamación contra la pensión provisional descrita y el veintidós de octubre de dos mil veinte el Juez declaró fundada la impugnación del señor **********, redujo la pensión provisional al equivalente a un 4 % (cuatro por ciento) de las percepciones del demandado y dejó sin efectos la anterior.

24. La señora ********** en representación de sus hijos promovió amparo indirecto contra la determinación anterior y solicitó la suspensión del acto reclamado. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, donde se radicó el cuatro de noviembre de dos mil veinte con el número ********** y se ordenó la apertura del incidente de suspensión correspondiente.

25. Tramitado el incidente, el doce de noviembre de dos mil veinte se dictó la interlocutoria respectiva, en la cual se negó parcialmente la suspensión definitiva respecto de la emisión de la resolución por constituir un acto consumado y se concedió para que se siguiera realizando el descuento del 20 % (veinte por ciento) de las percepciones del demandado.

26. Litis del recurso de revisión (12/2021). En contra de la interlocutoria anterior, el señor ********** interpuso recurso de revisión, el cual se radicó ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito el veinte de enero de dos mil veintiuno con el número de expediente citado al rubro.

27. Seguido el trámite correspondiente, en sesión virtual de trece de mayo de dos mil veintiuno se dictó la sentencia correspondiente, en la cual, el Tribunal de Circuito confirmó la interlocutoria recurrida.

28. En parte de sus agravios ********** argumentó que no se actualiza el principio de solidaridad familiar a su cargo como abuelo paterno de los niños y en uso de la apariencia del bien derecho se debió buscar que la determinación alimentaria se emitiera con apego al marco normativo que la rige. Calificó injusta e ilegal la concesión de la suspensión definitiva, porque se dictó sin tomar en cuenta las circunstancias del caso, en el cual no existe obligación legal a su cargo como obligado subsidiario, lo que podía advertirse mediante el uso de la apariencia del buen derecho previsto en la Constitución y en la Ley de Amparo.

29. Consideraciones (incidente en revisión 12/2021). El Tribunal Colegiado calificó ineficaz el planteamiento en torno al principio de solidaridad por considerar que es un argumento relacionado con el fondo del asunto y en cuanto a la apariencia del buen derecho consideró improcedente su aplicación, porque implicaría realizar un asomo al fondo para determinar que el acto reclamado no transgrede derechos humanos y negar la suspensión. Análisis que no es posible efectuar porque existe jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte en el sentido de que dicha institución no puede ser usada para negar la suspensión, porque fue implementada por el legislador en el artículo 107, fracción X, constitucional sólo para conceder dicha medida cautelar. Enseguida reprodujo la tesis 2a./J. 10/2014 (10a.).

C. Criterio derivado de las ejecutorias de los incidentes en revisión 12/2021 y 5/2021

30. La jurisprudencia 2a./J. 10/2014 (10a.), de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual se prevé que la ponderación de la apariencia del buen derecho no puede ser realizada para negar la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo indirecto, porque ello es contrario a su propia naturaleza y porque así se desprende de la redacción misma del artículo 107, fracción X, de la Constitución se encuentra vigente porque en la ejecutoria que le dio origen se interpretó la fracción del precepto constitucional citado posterior a su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el seis de junio de dos mil once.

II. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Déecimo Séptimo Circuito

31. En este apartado se expondrán los antecedentes, consideraciones y criterio jurídico sustentado por el tribunal citado al rubro al resolver el recurso de queja 334/2020.

32. Antecedentes. ********** fue autorizada como concesionaria del servicio público de transporte colectivo urbano en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua desde el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, según el acuerdo **********. Asimismo, mediante el diverso acuerdo ********** de diecinueve de octubre de dos mil nueve emitido por el secretario general de Gobierno y el director de Transporte ambos del Estado de Chihuahua, se le autorizó la revalidación de la concesión **********, con vigencia hasta el diecinueve de octubre de dos mil veinticuatro para prestar dicho servicio público.

33. El veintiuno de marzo de dos mil veinte se publicó en el Periódico Oficial del Estado número veinticuatro el decreto número LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., mediante el cual se expidió la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, en vigor a partir del día siguiente de su publicación.

34. El once de septiembre de dos mil veinte ********** promovió amparo indirecto contra el decreto citado, particularmente respecto del artículo quinto transitorio, párrafos primero y segundo, así como de los diversos preceptos 30, 37, 77, 83, 87, párrafo segundo, 91, 98, en sus fracciones IV, IX, X, XV y XXIX, y 120 de Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, como autoaplicativos. En su demanda solicitó la suspensión para que se impidieran los efectos y consecuencias de dichas normas en su esfera jurídica.

35. La demanda se radicó el dieciocho de septiembre de dos mil veinte con el número ********** ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, se admitió a trámite y se ordenó la apertura del incidente de suspensión correspondiente. Por acuerdo de esa misma fecha, el Juez de Distrito dio trámite al incidente y negó suspensión provisional solicitada por **********.

36. Litis del recurso (queja 334/2020). Inconforme, ********** interpuso recurso de queja del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, quien lo radicó con el número de expediente 334/2020 y, en sesión de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dictó la sentencia correspondiente en la cual declaró infundado el recurso.

37. En parte de sus agravios, ********** argumentó que el Juez de Distrito pasó por alto lo previsto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, conforme al cual una vez promovida la suspensión se debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social, como se establece en la jurisprudencia P./J. 15/96.(6)

38. Consideraciones (queja 334/2020). El Tribunal Colegiado calificó fundado pero inoperante lo anterior. Explicó que ciertamente en términos del artículo 107, fracción X, constitucional, en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, los Jueces decidirán sobre la suspensión con base en un análisis ponderado sobre la apariencia del buen derecho y el interés social. Además, que el artículo 138 de la Ley de Amparo vigente prevé que promovida la suspensión se debe efectuar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención a disposiciones de orden público.

39. Explicó que la apariencia del buen derecho constituye un asomo anticipado a la constitucionalidad de los actos reclamados y, que si bien, conforme a diversos criterios elaborados durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, se estimaba que debía ser analizada sólo cuando se fuera a conceder la suspensión de los actos reclamados, ello varió a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, porque conforme a ésta dicho estudio debe realizarse tanto cuando se va a conceder, como cuando se va a negar la suspensión, sin que pueda considerarse que la mera acreditación de la apariencia del buen derecho asegure el otorgamiento de la misma, porque debe ponderarse con la no afectación al interés social u orden público. Afirmó que por lo anterior, la tesis 2a./J. 10/2014 (10a.) no es aplicable al caso, ya que existe disposición expresa en la Ley de Amparo vigente. 40. Con base en esas consideraciones calificó fundado que el Juez de Distrito no realizó el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. Pero lo declaró inoperante porque al efectuarlo, de forma conjunta con la ponderación de la no afectación al interés social y la no contravención a disposiciones de orden público, concluyó improcedente conceder la medida.

41. Lo anterior, pues razonó que, atendiendo al objeto y finalidad de la Ley de Transporte Público, conceder la medida causaría un perjuicio mayor al orden público e interés social. Asimismo, sostuvo que es de orden púbico e interés social sujetar la concesión a que se cumplan, en un plazo no mayor de doce meses, los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento que en ella se establecen. Por ende, consideró que, en el caso, no se satisfizo el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo.

42. Añadió que la ponderación entre el derecho que tienen los particulares a quienes ya se les ha otorgado una concesión o permiso para prestar el servicio público de transporte y el interés social inmerso en las disposiciones que limitan o restringen tal derecho, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política del País, lleva a concluir que en el caso concreto se debe privilegiar, por encima del interés particular, el bien común, en tanto que la colectividad tiene interés en la regulación y mejoramiento en la prestación de los servicios públicos. Máxime que con la negativa no se causa un perjuicio irreparable al particular. Citó la tesis 2a./J. 36/2020 (10a.).(7)

Criterio derivado de la ejecutoria del recurso de queja 334/2020.

43. La jurisprudencia 2a./J. 10/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no es aplicable porque se emitió analizando la Ley de Amparo anterior y en la Ley de Amparo vigente existe disposición expresa que ordena ponderar la apariencia del buen derecho para conceder, así como para negar la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo.

44. CUARTO.—Existencia de la contradicción de criterios. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el objetivo de la contradicción de tesis radica, más allá de la constatación en el cumplimiento de determinados requisitos formales, en poner fin a la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales, al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el dictado de una sentencia que los unifique y establezca cuál es la postura que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva.(8)

45. Sobre esas bases, la determinación sobre la existencia de una contradicción de tesis exige la satisfacción de los extremos siguientes:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(9)

46. En el caso de estudio, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que sí se encuentran satisfechos los tres supuestos que anteceden para la existencia de la presente contradicción de tesis.

47. Sin que constituya un obstáculo para ello, que los criterios sustentados por los tribunales contendientes no se encuentren reflejados en alguna tesis, constituyan jurisprudencia, ni deriven de situaciones fácticas idénticas, porque lo relevante para la configuración de la contradicción de tesis es que mediante un ejercicio interpretativo, hayan sustentado posturas discrepantes sobre un mismo punto jurídico y derivado de ello, se pueda formular un genuino cuestionamiento para resolver sobre cuál es el criterio que debe prevalecer,(10) lo que acontece en el presente caso, según se justifica enseguida.

48. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución determinada.

49. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito al resolver sobre la legalidad de las interlocutorias que concedieron la suspensión definitiva en un juicio de amparo indirecto consideró que el criterio consistente en que la apariencia del buen derecho no puede ser utilizada para negar la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo indirecto, conserva su vigencia aún bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo, porque en la ejecutoria que le dio origen se interpretó el artículo 107, fracción X, de la Constitución vigente desde el seis de junio de dos mil once.

50. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito consideró que dicho criterio ya no es aplicable porque se emitió analizando la Ley de Amparo anterior y en la Ley de Amparo vigente existe disposición expresa que ordena ponderar la apariencia del buen derecho tanto para conceder, como para negar la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo indirecto.

51. No es obstáculo para considerar lo anterior que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en su ejecutoria en la mayoría de sus consideraciones se haya limitado prácticamente a describir lo resuelto por la Segunda Sala de este Alto Tribunal al fallar la contradicción de tesis 260/2013, lo que en principio podría acarrear la inexistencia de la presente contradicción de criterios,(11) pues, lo cierto es que sí realizó un ejercicio interpretativo y usó su arbitrio al considerar que el criterio consistente en que el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho no puede realizarse para negar la suspensión en los juicios de amparo indirectos aun es aplicable porque para su emisión se interpretó el Texto Constitucional vigente desde dos mil once.

52. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes sí existe un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico.

53. Lo anterior porque el ejercicio interpretativo de ambos tribunales fue para resolver si el criterio consistente en que el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho no puede ser realizado para negar la suspensión en los juicios de amparo indirecto sigue vigente o no conforme a la Ley de Amparo expedida en el año dos mil trece.

54. Aspecto sobre el cual, mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito consideró que sí, porque en la construcción de ese criterio se partió de lo previsto en el artículo 107, fracción X, constitucional y este numeral conserva la misma redacción desde el seis de junio de dos mil once, fecha en la cual se incorporó a su texto la obligación de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el interés social al conceder la suspensión en los juicios de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita y en los casos y mediante las condiciones que se determinen en la Ley de Amparo, por lo que dicha institución no puede ser usada para negar esa medida.

55. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito consideró que no, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio en el sentido de que la apariencia del buen derecho sólo puede ser ponderado para conceder la suspensión y no para negarla, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó la Ley de Amparo abrogada, lo que acarrea que dicho criterio ya no resulte aplicable, porque la Ley de Amparo vigente contiene disposición expresa en contrario.

56. Máxime que, como quedó precisado en líneas previas, la finalidad de la contradicción de tesis es eliminar la inseguridad jurídica que genera que dos Tribunales Colegiados, cuyas decisiones por regla general son terminales, sustenten criterios contradictorios. Supuesto que se actualiza en el presente caso, pues las posturas de ambos tribunales sobre la vigencia, o no, del criterio descrito genera inseguridad jurídica sobre si los órganos jurisdiccionales, deben o no usar la apariencia del buen derecho para negar la suspensión en los juicios de amparo indirectos.

57. Apoya lo anterior, el criterio de la Primera Sala que se encuentra publicada con el rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO DERIVA DE LA INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA. La aparición de leyes, la reforma o adición a las existentes, puede ocasionar que los supuestos comprendidos en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vean modificados, reflejándose en las resoluciones judiciales. Si a virtud de ello un Tribunal Colegiado de Circuito emite un criterio en aplicación de la ley que se aparta de una j

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31227-0ed4b169/suspension-en-amparo-indirecto-la-apariencia-del-buen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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