SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 85/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 16 DE ENERO DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ; DISIDENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: ALEJANDRO M. GONZÁLEZ GARCÍA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al dieciséis de enero de dos mil diecinueve.
SENTENCIA
Recaída a la contradicción de tesis 85/2018, denunciada por el autorizado de Francisca Ortiz Moreno, parte quejosa y recurrente en uno de los criterios denunciados.(1)
I. Denuncia de contradicción y descripción de los criterios contendientes
Mediante escrito recibido el 27 de febrero de 2018 el autorizado de Francisca Ortiz Moreno, quien fue la recurrente en el recurso de queja **********, derivado del juicio de amparo **********, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, al resolver el citado recurso, y el emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de queja **********. No obstante, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al admitir la denuncia incluyó los criterios en que se apoyó el primero de dichos tribunales, los cuales corresponden al Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en el recurso de queja penal ********** (**********) y el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en los recursos de revisión **********, **********, **********, ********** y **********. A continuación se describe el contenido de los criterios.
1. Criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito (recurso de queja **********)
1.a. Antecedentes
Demanda de amparo indirecto y solicitud de suspensión. La parte quejosa promovió amparo indirecto contra el Magistrado de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, y otras autoridades, por inejecución de la sentencia que le reconoció el derecho al pago de una pensión por viudez. Asimismo, solicitó la suspensión para el efecto de que la autoridad administrativa pagara dicha pensión.(2)
Incidente de suspensión. En el cuaderno incidental el Juez de Distrito negó la medida cautelar a partir del carácter omisivo del acto reclamado, pues consideró que la concesión provocaría efectos restitutorios, propios de la sentencia principal, lo que dejaría sin materia el juicio de amparo.(3)
Recurso de queja. La quejosa interpuso recurso de queja en el que afirmó que sí es posible otorgar efectos restitutorios a la medida cautelar solicitada en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, pues el precepto no hace distinción en cuanto a la naturaleza negativa o positiva del acto reclamado, ni la concesión de la suspensión deja sin materia el juicio de amparo.(4)
2.b. Cuestiones jurídicas
El Tribunal Colegiado consideró infundado el recurso:
• Los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar o porque se rehúsa a hacer algo, de tal forma que la concesión de la suspensión implica dar efectos restitutorios que corresponden a la sentencia principal.(5)
• Los requisitos para la suspensión son que: (i) exista solicitud y se cuente con interés suspensional; (ii) una vez efectuado el análisis entre la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; (iii) no se modifiquen, restrinjan o constituyan derechos; (iv) se fijen los requisitos (de efectividad) y efectos de la medida; (v) se conserve la materia del juicio de amparo; y, (vi) debe ser jurídica y materialmente posible restaurar el derecho vulnerado; y, (vii) no se defrauden derechos de menores o incapaces.(6)
• El efecto restaurativo, provisional y anticipado que refiere el numeral 147 de la Ley de Amparo no depende en forma exclusiva de la naturaleza del acto, sino del riesgo de que no sea posible restaurar la violación en la sentencia definitiva, pero sin vincular el estudio de fondo, pues en cualquier escenario, lo importante es preservar la materia del juicio de amparo cuando sea jurídica y materialmente posible.(7)
• Es improcedente la suspensión en virtud de que su concesión implicaría prejuzgar el fondo del asunto y dejar sin materia el juicio de amparo, pues el otorgamiento de la medida cautelar obligaría a las autoridades a cumplir con la sentencia dictada en el juicio administrativo (pago de pensión por viudez), lo cual es propio de la sentencia definitiva; así, ante la naturaleza omisiva del acto, el efecto restaurativo no sería provisional sino definitivo.(8)
2. Criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (recurso de queja **********)
2.a. Antecedentes
Demanda de amparo indirecto y solicitud de suspensión. La parte quejosa promovió amparo indirecto en el que reclamó de la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal de Electricidad la omisión de restablecer el servicio de energía eléctrica en su domicilio, pese a que la primera había ordenado la reconexión del servicio. En ese sentido, solicitó la suspensión del acto para que la autoridad restableciera el fluido eléctrico.(9)
Incidente de suspensión. El Juez de Distrito negó la suspensión al reclamarse una abstención, lo que no es posible paralizar, pues se crearía una obligación a cargo de la responsable que implicaría dar efectos constitutivos a la medida cautelar, lo cual es propio de la sentencia principal.(10)
Recurso de queja. La quejosa interpuso recurso de queja en el que afirmó que el Juez pasó por alto el artículo 147 de la Ley de Amparo, pues la norma permite que la suspensión sea constitutiva de derechos, siendo irrelevante el carácter negativo de los actos.
2.b. Cuestiones jurídicas
Por mayoría de votos el Tribunal Colegiado declaró fundado el recurso por lo siguiente:
• En términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, el aspecto determinante en la suspensión es la posibilidad material y jurídica de restablecer provisionalmente el derecho violado, sin importar el carácter positivo o negativo del acto.(11)
• No todos los actos de carácter omisivo o abstención son susceptibles de suspenderse, como ocurre cuando se reclama la falta de contestación a una petición, pues existe un impedimento jurídico consistente en dejar sin materia el juicio de amparo.(12)
• El restablecimiento provisional del servicio de energía eléctrica es materialmente posible y ninguna disposición pugna con dicho actuar; por el contrario, el artículo 56 del Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor ("LFPC") expresamente lo permite y así fue ordenado por la Procuraduría.(13)
• Se cumplieron los requisitos de procedencia de la medida cautelar, pues existe solicitud de la parte quejosa y no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público.(14)
Dichas consideraciones dieron lugar a la tesis aislada de título, subtítulo y texto siguientes:(15)
"SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES EN RELACIÓN CON CIERTOS ACTOS DE ABSTENCIÓN EN LOS CASOS EN QUE SEA POSIBLE JURÍDICA Y MATERIALMENTE, CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ser procedente la suspensión, y atendiendo a la naturaleza del acto, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo principal; de ahí que el Juez, atendiendo a cada caso concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo o negativo, dado que la norma no hace distinción al respecto, sino con miras únicamente a las implicaciones que pueda tener en la esfera de derechos del agraviado, podrá conceder la medida cautelar y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada, lo que atiende a un fin garantista que es acorde con la reforma al artículo 1o. constitucional, de diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas. En consecuencia, se concluye que en la actualidad la suspensión no solamente tiene una función de esa naturaleza, como gramaticalmente podría considerarse, sino que, merced a lo dispuesto por el segundo párrafo del referido precepto, puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados con motivo de un acto que, sin importar si implica un hacer o un no hacer, como acontece tratándose de las omisiones, dada su propia naturaleza y características, involucra un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado al tener efectos que perduran en el tiempo y que no se agotan en un solo momento, como en el evento de que el demandante esté privado del suministro de energía eléctrica de manera continuada, sin que pueda afirmarse categóricamente que todo acto de carácter omisivo o de abstención es susceptible de suspenderse, como sucede con la falta de contestación a una petición, en que existe un impedimento jurídico, consistente en que se dejaría sin materia el juicio; por ende, el juzgador deberá realizar un examen particular, caso por caso, en que atienda a la naturaleza del acto y determine si existe algún impedimento jurídico o material que amerite la negativa de la suspensión."
3. Criterio sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito (recurso de queja penal **********)
3.a. Antecedentes
Demanda de amparo indirecto y solicitud de suspensión. La parte quejosa promovió amparo indirecto contra actos del Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México por la omisión de dar contestación y resolución al incidente no especificado para la adecuación de la pena.(16)
Incidente de suspensión. El Juez de Distrito en el cuaderno incidental negó la suspensión porque la omisión de dar contestación y resolución al incidente es un acto negativo.(17)
Recurso de queja. La parte quejosa interpuso recurso de queja en el que afirmó que la negativa del Juez le causaba agravio.
3.b. Cuestiones jurídicas
El Tribunal Colegiado consideró infundado el recurso por lo siguiente:
• El acto no es negativo, sino omisivo, pues la responsable no se pronunció expresamente a lo solicitado por la quejosa, sino que se abstuvo de contestarle.(18)
• En contra de la citada omisión es improcedente la suspensión, pues obligar a la autoridad para que acceda a dicha petición implicaría dar efectos restitutorios que corresponden a la sentencia principal en caso de concederse el amparo.(19)
Dichas consideraciones dieron lugar a la tesis aislada de título, subtítulo y texto siguientes:(20)
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS.—Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio.
4. Criterio sostenido por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (incidentes en revisión **********, **********, **********, ********** y **********)
4.a. Antecedentes
Demandas de amparo indirecto y solicitudes de suspensión.(21) La parte quejosa en todos los casos promovió amparo indirecto por la negativa de los tribunales administrativos de conceder la suspensión contra la ejecución de las resoluciones dictadas por las distintas autoridades administrativas, a través de las cuales se determinaron créditos fiscales y se impusieron multas.
Recursos de queja. Cuatro de los Juzgados de Distrito que conocieron los asuntos negaron la suspensión definitiva solicitada, el otro la concedió. Las resoluciones fueron impugnadas en diversos recursos de revisión que resolvió el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El órgano colegiado sostuvo en todos los asuntos que es improcedente la suspensión por lo siguiente:
• La suspensión constituye una providencia cautelar de carácter instrumental cuyo objeto es preservar la materia del juicio de amparo, lo que implica la imposibilidad de pronunciarse sobre el fondo del asunto, evitando que sus efectos coincidan con los que corresponden a la sentencia.(22)
• La suspensión tiene por objeto evitar la ejecución de actos que aún no suceden, de modo que obra hacia el futuro y nunca sobre el pasado. En consecuencia, en ningún caso procede la medida cautelar contra una resolución ya dictada.(23)
• Los artículos 107, fracción X, de la Constitución, 124 y 130 de la Ley de Amparo (abrogada) exigen el análisis ordenado de los siguientes aspectos: (i) la existencia del acto reclamado; (ii) posibilidad de suspender los efectos del acto de acuerdo a su naturaleza; (iii) no contravención a disposiciones de orden público ni perjuicio al interés social; (iv) peligro en la demora; y, (v) procedencia de la garantía.(24)
• Los actos de las autoridades son positivos o negativos. Los primeros implican una acción, una orden, una privación o una molestia, y su ejecución puede ser instantánea, continuada o de tracto sucesivo. Los segundos implican que las autoridades se rehúsen a hacer algo u omitan hacer lo que la ley impone a favor de lo solicitado por los gobernados, es decir, constituyen abstenciones, negativas simples o prohibiciones de las autoridades.(25)
• Por regla general, la suspensión sólo opera contra actos de carácter positivo, a menos que su ejecución sea instantánea, como sucede con los actos declarativos que se consuman con su dictado, en cuyo caso carece de materia la suspensión porque de concederse se darían efectos restitutorios, lo que es propio de la sentencia de fondo. La excepción surge cuando se trata de actos negativos prohibitivos, ya que implican una orden positiva de la autoridad tendiente impedir una conducta o actividad de las personas, previamente autorizada por el Estado.(26)
• No procede la suspensión contra actos negativos representados por la abstención o negativa simple de la autoridad. Las abstenciones implican un no actuar de la autoridad y, por ende, no existe materia para la medida cautelar en virtud de que no puede suspenderse lo que no es susceptible de realizarse, mientras que las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud que tampoco admiten la suspensión porque de lo contrario se darían efectos constitutivos.(27)
• Si bien la Ley de Amparo (abrogada) no establece la improcedencia de la suspensión cuando el acto es negativo, lo cierto es que su concesión regresaría las cosas al estado que se encontraban antes de la actuación de la autoridad, dejando sin vida jurídica el acto reclamado.(28)
• Existen otro tipo de actos que siendo aparentemente negativos, tienen efectos positivos, contra los cuales sí procede la suspensión.(29)
• Los actos reclamados no son negativos con efectos positivos, sino negativos simples. Al respecto, las responsables rechazaron la solicitud de suspensión, lo que ningún efecto positivo provoca si se toma en cuenta que con esa negativa nunca se precisó a las autoridades que debiesen ejecutar sus resoluciones.(30)
• La posibilidad de que las autoridades emisoras ejecuten sus resoluciones no deriva de la negativa de suspensión de las responsables, sino de las resoluciones administrativas impugnadas en los diversos juicios de nulidad no fueron señaladas como actos reclamados en los respectivos juicios de amparo.(31)
• Basta que el acto sea íntegramente negativo para considerar improcedente la suspensión, lo que vuelve innecesario el análisis correspondiente a la afectación del interés social, la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora o la situación económica de la persona quejosa, puesto que a nada práctico conduce.(32)
Dichas consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:(33)
"SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA RESOLUCIONES QUE EN UN JUICIO ADMINISTRATIVO NIEGAN LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, POR SER AQUÉLLAS DE NATURALEZA NEGATIVA.—El objetivo de la suspensión en el juicio de amparo es mantener la situación jurídica del quejoso en el estado en que se encuentra a la fecha de la presentación de la demanda, para salvaguardar sus derechos y conservar la materia de una hipotética concesión de la protección constitucional; por lo que concedida esa medida sus efectos se traducen en la detención de los procedimientos encaminados a ejecutar los actos reclamados mientras se decide si resultan o no constitucionales; lo que explica por qué la suspensión sólo procede contra actos positivos que implican una acción, una orden, una privación o una molestia, pues únicamente éstos son aptos de paralización, no así los negativos que constituyen abstenciones, negativas simples o prohibiciones de las autoridades, a través de las cuales se rehusan a hacer algo u omiten efectuar lo solicitado por los gobernados. Sobre tales premisas, debe concluirse que reclamada en un juicio de garantías la resolución que en un juicio administrativo niega la suspensión de la ejecución de los actos impugnados, no es procedente conceder la medida cautelar en el proceso constitucional, dado que esa resolución no constituye un acto positivo sino negativo. Otorgar en este supuesto la suspensión en el juicio de garantías implicaría dar efectos constitutivos a esa medida, los que sólo son propios de la sentencia que concede la protección constitucional, a través de la que puede lograrse que en el juicio administrativo se conceda la suspensión solicitada. Sin que sea obstáculo para estimar lo anterior, que las autoridades emisoras de los actos impugnados en el juicio administrativo puedan llevar a cabo otros tendientes a la ejecución de aquéllos, puesto que tales actos no son los reclamados en el amparo, sino la negativa a paralizarlos."
II. Competencia y Legitimación
Competencia. Esta Primera Sala es competente(34) para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, pues dos de los criterios contendientes corresponden a Tribunales Colegiados de distinto Circuito, otro pertenece a una diferente especialización, y no se estima necesaria la intervención del Tribunal Pleno, por no revestir un interés excepcional que lo amerite.
Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por el autorizado de la parte quejosa y recurrente en uno de los criterios contendientes.(35)
En efecto, esta Primera Sala ha establecido que el defensor de una persona, en materia penal, tiene legitimación para denunciar la posible contradicción de criterios, pues si la ley lo autoriza a promover el juicio de amparo y defender los intereses de la parte quejosa, entonces es parte en dicho juicio.(36) Por su parte, la Segunda Sala ha señalado que el autorizado está legitimado en virtud de que tiene la facultad de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos de quien lo autoriza, lo que se actualiza cuando el propósito es preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros.(37) Dicho órgano también ha sostenido que el apoderado del trabajador en un juicio laboral tiene legitimación para denunciar la posible oposición de criterios, pues dicha representación alcanza para actuar en el juicio de amparo y, en consecuencia, es suficiente para realizar la denuncia respectiva.(38)
En esa línea, esta Primera Sala comparte la postura de la Segunda Sala en cuanto a que el autorizado en un juicio de amparo está legitimado para denunciar la contradicción de tesis, pues el artículo 12 de la Ley de Amparo lo faculta a realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos de la autorizante, lo que puede ocurrir aun concluido el asunto, pues desde la perspectiva del derecho humano a la tutela jurisdiccional previsto en el artículo 17 de la Constitución –que impide supeditar el acceso a los tribunales a condiciones innecesarias, excesivas o carentes de razonabilidad o proporcionalidad– aquélla facultad tiene por objeto proteger el derecho a la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de criterios.
III. Existencia de la contradicción
La intervención de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación –y de los Plenos de Circuito– se justifica por la necesidad de unificar criterios para dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico, en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia. En este sentido, el estudio de los criterios contendientes exige que se determine si, en la especie, existe esa necesidad de unificación, lo cual se advierte cuando en algún tramo de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centran en una misma problemática y concluyen con la adopción de decisiones distintas, aunque no sean necesariamente contradictorias en términos lógicos.(39)
De lo anterior se desprende que, para que una contradicción de tesis sea procedente, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que los tribunales contendientes hayan emitido un criterio al resolver alguna cuestión litigiosa en la que se hayan visto en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de una práctica interpretativa.
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque o contacto, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación desarrollada gire en torno a un mismo problema jurídico, independientemente de que las cuestiones fácticas que originan los asuntos no sean iguales.
3. Que las tesis o criterios de los órganos colegiados resulten contradictorios, dando lugar a preguntarnos si alguna forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquiera otra que, como aquélla, sea legalmente posible.
1. Ejercicio interpretativo
Como se advierte del examen de los criterios contendientes, los cuatro Tribunales Colegiados realizaron un ejercicio interpretativo para determinar si procede conceder la suspensión definitiva cuando se reclama un acto negativo. Vale la pena aclarar que tres órganos colegiados lo hicieron al tenor del artículo 147 de la Ley de Amparo vigente, el otro con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo abrogada.
2. Punto de toque entre dos de los cuatro criterios
Para determinar si en realidad existe un punto de contacto entre los criterios de los cuatro Tribunales Colegiados, resulta pertinente repasar lo que cada uno sostuvo.
Primero, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito sostuvo que los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar o porque se rehúsa a hacer algo, de modo que la concesión de la suspensión implica otorgar efectos restitutorios que corresponden a la sentencia principal. Al respecto, explicó que al ser el acto reclamado de naturaleza omisiva (inejecución de sentencia que reconoció el derecho a una pensión por viudez), los efectos restitutorios resolverían el fondo del asunto, dejando sin materia el juicio de amparo.
Segundo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo que la suspensión no depende del carácter positivo o negativo del acto, sino de la posibilidad material y jurídica de restablecer provisionalmente el derecho violado en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo vigente. Asimismo, aclaró que no todos los actos omisivos son susceptibles de suspenderse, como ocurre cuando se reclama la falta de contestación a una petición, pues en este supuesto aparece un impedimento jurídico que consiste en dejar sin materia el juicio de amparo. Así, consideró que el órgano jurisdiccional debe realizar un examen particular en cada caso, atendiendo a la naturaleza del acto y el impedimento jurídico o material que amerite la negativa de suspensión. Bajo esas premisas, resolvió que el restablecimiento provisional del servicio de energía eléctrica es materialmente posible y ninguna disposición pugna con dicho actuar.
Tercero, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito consideró improcedente la suspensión contra la omisión de contestar una petición, pues obligar a la autoridad a pronunciarse implicaría dar efectos restitutorios que corresponden a la sentencia principal ante una concesión de amparo.
Cuarto, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al tenor del artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, resolvió que la suspensión en el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones que en un juicio administrativo niegan la suspensión de los actos impugnados, por ser aquéllas de naturaleza negativa. La idea anterior se apoya esencialmente en que la concesión no mantendría las cosas en el estado que se encuentran, sino que las regresaría al estado que tenían antes de la actuación de la autoridad, cuya consecuencia es la extinción del acto reclamado, salvo que la negativa tuviera efectos positivos.
Para mayor claridad, se resumen los criterios adoptados por los órganos colegiados contendientes en el siguiente cuadro comparativo:
Ver cuadro comparativo 1
Ante dicho escenario, esta Primera Sala advierte: (a) falta de identidad en las premisas normativas utilizadas por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; (b) falta de identidad en la premisa fáctica analizada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, y las revisadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; y (c) un punto de toque entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
2.a. Falta de identidad de las premisas normativas
Según lo expuesto, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó los efectos pretendidos con la suspensión a la luz del artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, mientras que el resto lo hizo bajo la vigencia de la ley vigente, lo que exige analizar ambos ordenamientos con el objeto de justificar si la base normativa es la misma.(40) Así, para lo que interesa en este apartado, se muestra el siguiente cuadro comparativo:
Ver cuadro comparativo 2
Lo anterior pone de manifiesto que la Ley de Amparo vigente, a diferencia del régimen anterior, dota a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad es conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, pues el artículo 147 contempla expresamente la posibilidad de que la suspensión tenga efectos restitutorios cuando ésta sea procedente de acuerdo a los requisitos de ley.(41)
En ese sentido, es claro que el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito partió de una base normativa que lo llevó a concluir que la suspensión tiene por efecto mantener las cosas en el estado que se encuentran, sin la posibilidad de regresarlas al estado que tenían antes de la actuación de la autoridad. Por tanto, al tenor de la Ley de Amparo vigente no puede ser objeto de comparación el criterio sustentado por el órgano colegiado antes referido, pues parte de una cuestión jurídica distinta a la que desarrollaron los demás órganos colegiados y, en consecuencia, es inexistente la contradicción de tesis en este aspecto.
2.b. Falta de identidad en premisas fácticas
Tampoco existe un punto de toque frente al criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, ya que, a diferencia de los actos revisados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el acto omisivo estudiado se restituye mediante una actuación única de la autoridad que no podría distingu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29276-f65c185e/suspension-la-naturaleza-omisiva-del-acto-reclamado-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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