SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE APLICAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 130/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 23 DE OCTUBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: MÓNICA SALOMA PALACIOS. SECRETARIO: MARTÍN DANIEL BRITO MORENO.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veintitrés de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 130/2025 suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por parte de este Pleno Regional consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si procede conceder la suspensión provisional para el efecto de que la autoridad responsable actúe conforme al procedimiento de cumplimiento de sentencias previsto en el artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 118/2025 de doce de agosto de dos mil veinticinco, la Jueza Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo, en el recurso de queja 448/2025, y Tercero, en el recurso de queja 409/2025, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
4. Radicación del asunto. Por acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veinticinco, el entonces Magistrado Presidente de este Pleno Regional admitió a trámite la contradicción de criterios, registrándola con el número de expediente 130/2025.
5. Se requirió a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
6. Se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal, relacionada con el tema a dilucidar, consistente en: “Determinar si procede conceder la suspensión con efectos restitutorios para que las autoridades responsables vinculadas actúen conforme al artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipio de Nuevo León para el debido cumplimiento de una sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León.”.
7. Se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la ponencia “B”, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
8. Informe de tribunal colegiado. En auto de presidencia de veinticinco de agosto de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, a través del cual informó que el criterio sustentado en el recurso de queja 409/2025 continuaba vigente.
9. Informe de la Dirección General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de presidencia de nueve de septiembre de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en el Máximo Tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.
10. Omisión de tribunal colegiado. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito no atendió el requerimiento que se le dirigió para que informara si su criterio sustentado en el recurso de queja 448/2025 seguía vigente o, en su caso, las causas para tenerlo por superado o abandonado.
11. Integración y returno. En proveído de presidencia de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional, conformado por las Magistradas Virginia Pétriz Herrera, Mónica Saloma Palacios y Mayra Sandoval Mendoza.
12. Se returnó el presente asunto a la ponencia de la Magistrada Mónica Saloma Palacios.
13. Confirmación de turno. Por acuerdo de presidencia de siete de octubre de dos mil veinticinco, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios y, en consecuencia, se confirmó la orden de turno del expediente a la ponencia de la Magistrada Mónica Saloma Palacios, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
14. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.
II. COMPETENCIA
15. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38, 39, fracción I, y décimo noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
16. Se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por tribunales colegiados especializados en materia administrativa pertenecientes al Cuarto Circuito, correspondiente a la Región Centro-Norte, además de que la cuestión denunciada versa sobre un tema referente a la materia administrativa.
III. LEGITIMACIÓN
17. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por la Jueza Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, quien emitió las determinaciones que fueron materia de los recursos de los que derivaron los criterios contendientes.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
18. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los tribunales colegiados para emitirlas.
• Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en el recurso de queja 448/2025.
19. Demanda de amparo. Una persona física, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto, en contra de las autoridades y los actos siguientes:
“III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. (...).
A. Titular de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León.
B. Oficial de Transito que emitió la boleta de infracción con folio **********, adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social del Municipio de Guadalupe.
C. Titular de la Dirección de Ingresos y Recaudación Inmobiliaria de la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal de Guadalupe.
D. Titular de la Secretaria de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social del Municipio de Guadalupe.
IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.
A. La omisión de aplicar el procedimiento establecido en el artículo 96 de Ley de Justicia Administrativa para el Estado en forma debida dentro del expediente ********, que se reclama del Titular de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León.
B. La omisión de cumplir la sentencia definitiva de fecha 28 de abril de 2025 dentro del expediente ******** radicado ante la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, fuera del plazo legal, que se reclama lo cual se atribuye a las autoridades descritas en los incisos B, C y D del apartado anterior.”
20. La promovente solicitó la suspensión de los actos reclamados para los siguientes efectos:
“- Para que las autoridades responsables y vinculadas dentro del expediente de origen ********, realicen todas aquellas actividades tendentes a cumplir con las obligaciones derivadas de la sentencia definitiva de fecha 28 de abril de 2025, tendentes a vencer la contumacia en la cual actualmente se encuentran.
- Que el titular de la Primera Sala dentro del expediente de origen ********, aplique sin recovecos legales el procedimiento descrito en el artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.”.
21. Admisión y suspensión provisional. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, cuya titular, por auto de cuatro de agosto de dos mil veinticinco, la radicó bajo el expediente 880/2025, aperturó el incidente de suspensión y negó la suspensión provisional en los términos solicitados al estimar que ésta tendría efectos restitutorios definitivos.
22. Recurso de queja. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, bajo el número de expediente 448/2025, mismo que, mediante sesión de once de agosto de dos mil veinticinco, lo declaró infundado por las siguientes razones:
“NOVENO. ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS Y SOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO. Los agravios planteados son infundados, según se demuestra a continuación.
(...)
Como se adelantó, los agravios planteados son infundados, porque como lo señaló la jueza de distrito, en el caso resulta improcedente otorgar la suspensión provisional para el efecto solicitado por la parte quejosa, esto es, para el efecto de que las autoridades responsables y vinculadas dentro del expediente ******** del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, realicen todas aquellas actividades tendientes a cumplir con las obligaciones derivadas de la sentencia definitiva de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, tendientes a vencer la contumacia en la que se encuentran; y que el Titular de dicha Primera Sala aplique el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León dentro de dicho expediente, dado que dicha medida cautelar no se trata de una restitución provisional del quejoso en el goce del derecho que estima violado que establece el artículo 147 de la Ley de Amparo, puesto que la misma no podría ser revocada aun cuando se negara el amparo principal, sino que en el caso se trataría de una medida cautelar con efectos restitutorios que dejaría sin materia el juicio de amparo.
Para sustentar lo anterior, es conveniente acudir al contenido de los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138, primer párrafo, y 147 de la Ley de Amparo, que disponen:
[Se transcriben]
De lo anterior se advierte, que la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo tiene un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada, es decir, con efectos restitutorios.
Para ello, es necesario analizar: a) la apariencia del buen derecho; b) las posibles afectaciones al interés social; y c) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida.
En ese sentido, la procedencia de la medida cautelar debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado.
Bajo ese contexto, es posible conceder la suspensión para efectos restitutorios que permitan que el quejoso alcance transitoriamente un beneficio que, al finalizar el procedimiento, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo, sin prejuzgar sobre lo ocurrido durante la substanciación del incidente, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior.
De esta manera, el órgano jurisdiccional de amparo, excepcionalmente, podrá conceder la suspensión si, derivado de un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, en apariencia del buen derecho, es posible anticipar la probable solución de fondo del juicio principal y, en un adelanto provisional, restituir al quejoso en el goce del derecho que estima violado, sólo para efectos de la suspensión.
En efecto, en términos del citado artículo 147, atendiendo a cada caso en concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo o negativo -dado que la norma no hace distinción al respecto, sino con miras únicamente a las implicaciones que pueda tener en la esfera de derechos del agraviado- es factible conceder la suspensión y fijar la situación que habrá de imperar, ordenando que todo se conserve en el estado en que se encuentra y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecerá de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada.
En ese sentido, la redacción del mencionado precepto atiende a un fin protector, acorde con la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas; de ahí que el legislador -a través de la institución de la suspensión en la forma en que actualmente está regulada en la Ley de Amparo- buscó satisfacer una doble función: por un lado, conservar la materia de la controversia y, por otro, evitar que las personas sufran afectaciones en su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto mediante el restablecimiento provisional del derecho transgredido.
Además, es importante señalar, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 338/2022 sostuvo que la suspensión del acto reclamado, por definición, era un beneficio transitorio, dado que el artículo 147 de la Ley de Amparo limitaba claramente su duración, la cual iniciaba desde que se dictaba el auto o la resolución interlocutoria que concedía la medida cautelar, hasta que se pronunciaba la ejecutoria, es decir, hasta que se emitía la decisión que resolvía en definitiva el asunto (ya fuera emitiendo un pronunciamiento de fondo o sobreseyendo).
Así indicó, que la regla general era que la suspensión del acto reclamado era un beneficio transitorio, aun cuando se concediera con un carácter restitutorio y existiera identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, pues ese beneficio duraría únicamente hasta que la sentencia que se dictara en el cuaderno principal causara ejecutoria.
Luego, señaló dicha Sala, cuál era la excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, aun en el caso que los efectos de la suspensión cesaran derivado de la ejecutoria que se dictara por la instancia terminal, conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo.
Explicó, que si el beneficio concedido con la medida cautelar se podía retrotraer, quería decir que se trataba de un beneficio transitorio y, en consecuencia, no coincidía con los efectos de una sentencia estimatoria, lo que se traducía en que el juicio no quedaría sin materia, sino que por el contrario, la suspensión cumpliría con su objetivo, pues restituiría provisionalmente el derecho y esa restitución provisional terminaría con motivo de la ejecutoria.
Asimismo la referida Segunda Sala refirió, que teniendo presente que el punto discrepante se encontraba en el entendimiento de en qué casos el juicio de amparo se quedaba sin materia en lo principal o coincidía con los efectos de fondo, a juicio de esa Sala, transitorio debía ser entendido como aquel beneficio que podía ser revocado con la sentencia de fondo y, en un sentido opuesto, un beneficio no transitorio o definitivo sería aquel que no podría ser revocado aun cuando se negara el amparo.
Así concluyó la Segunda Sala, que los parámetros que debía tomar en cuenta el juzgador para analizar la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, ante la eventualidad de que con su concesión se dejara sin materia el juicio en lo principal, eran los siguientes:
a) Que la restitución provisional de los derechos será transitoria en la medida que, en caso resolver de forma adversa a la quejosa, se esté en posibilidad de retrotraer los efectos de la suspensión; y
b) En contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo.
Del anterior criterio derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), con número de registro 2026730, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala:
‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. [Se trascribe].’.
De lo anterior se colige, que en el caso resultan infundados los agravios planteados, porque resulta improcedente el otorgamiento de la medida cautelar para los efectos solicitados, toda vez que dicho otorgamiento se trataría de una medida cautelar con efectos restitutorios definitivos que dejaría sin materia el juicio de amparo, lo anterior en estricta observancia de la jurisprudencia 2ª./ J. 22/2023 antes señalada.
Ello es así, pues de conceder la medida cautelar para la pretensión aducida por el quejoso recurrente, es decir, para que las autoridades responsables y vinculadas dentro del expediente ******** del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, realicen todas aquellas actividades tendientes a cumplir con las obligaciones derivadas de la sentencia definitiva de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, tendientes a vencer la contumacia en la que se encuentran; y que el Titular de dicha Primera Sala aplique el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León dentro de dicho expediente, implicaría precisamente la nulificación de los actos reclamados consistentes en la omisión de aplicar el procedimiento establecido en el artículo 96 de Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, en forma debida dentro del expediente ********, por concederse términos adicionales a la autoridad para el cumplimiento de la sentencia definitiva de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, emitida por la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León; así como la omisión de cumplir con dicha sentencia definitiva, fuera del plazo legal. En efecto, de conceder la suspensión provisional para los efectos mencionados se conllevaría a que las autoridades responsables tengan que efectuar las actividades tendientes al cumplimiento de la sentencia definitiva emitida en el expediente ******** por la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Nuevo León, dejando sin materia al juicio de amparo de origen; aspecto que no es propio de la suspensión, sino de la resolución constitucional.
De ahí que, este Tribunal Colegiado considera que los efectos para los cuales solicita la suspensión de los actos reclamados, constituye la materia de fondo de la litis constitucional, que en suma se traduce en que no se ha dado cumplimiento a la sentencia definitiva emitida en el expediente ******** del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Nuevo León; de tal manera que, de concederse la suspensión provisional solicitada, se le darían efectos restitutorios definitivos a ésta, propios de la sentencia; entonces, contra tales actos no es factible el otorgamiento de la mencionada medida cautelar en los términos solicitados por el quejoso en su demanda de amparo.
En conclusión, de concederse la suspensión para el efecto pretendido por el quejoso implicaría dar a la suspensión efectos restitutorios que no tiene y que son propios de la sentencia que se llegue a dictar al resolver el fondo del asunto, porque la materia de esta última determinación estriba precisamente, en restituir a la parte quejosa, en su caso, en el pleno goce del derecho fundamental violado.
Esto, partiendo de la base de que la pretensión de la inconforme es obtener, a través de la medida cautelar, una restitución total del derecho que alega fue violentado (artículo 17 constitucional) ante la falta de cumplimiento a la sentencia definitiva en comento por parte de las autoridades responsables, lo cual, dejaría sin materia el juicio de derechos fundamentales, sin haberse analizado la constitucionalidad de los actos reclamados.
Como se ve, resulta improcedente conceder la suspensión respecto de los actos reclamados antes precisados y para los efectos pretendidos, pues resulta indudable que de concederse la suspensión provisional se traduciría en una restitución total o definitiva en el goce del derecho que se alega es violentado por las autoridades responsables.
Lo anterior, dado que se le estaría obligando a las autoridades responsables a realizar actuaciones para que se dé cumplimiento a la sentencia definitiva emitida en el expediente 2606/2024 del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Nuevo León, lo cual, con independencia del sentido en que pudiera resolverse, no se traduciría en una restitución temporal o parcial, susceptible de concederse mediante la suspensión provisional y que pudiera quedar sin efectos al emitirse la sentencia constitucional correspondiente, sino que procesalmente, se suprimiría de forma total y definitiva los actos que se pretenden combatir a través del juicio de amparo.
Esto es así, pues de conformidad con lo sostenido por la Segunda Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de criterios 338/2022, citada en párrafos que anteceden, un beneficio transitorio debe ser entendido como aquél que puede ser revocado con la sentencia de fondo y, en un sentido opuesto, un beneficio no transitorio o definitivo será aquel que no podrá ser revocado aun cuando se niegue el amparo.
Luego, en el caso particular, el conceder la medida cautelar para los efectos que pretendidos por el quejoso, implicaría un beneficio definitivo, es decir, una decisión propia de la sentencia constitucional, que no podría ser revocada aun en el supuesto de que se negara el amparo en el juicio principal; de ahí que resulte improcedente la suspensión provisional solicitada.
Ello es así, pues se insiste, la falta de cumplimiento a la sentencia definitiva de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, emitida en el expediente ******** del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, es precisamente, el fondo del asunto, donde se habrá de dilucidar, con el estudio de todas las particularidades del caso, si dicha omisión violentó los derechos fundamentales del quejoso; estudio el anterior que no es propio de la medida cautelar solicitada.
En ese tenor, se estima que la suspensión contra la omisión de las autoridades responsables de dar cumplimiento a la sentencia definitiva en mención, y de aplicar el procedimiento establecido en el artículo 96 de Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, en forma debida dentro del expediente ******** del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, es improcedente, pues de concederse dicha medida cautelar en los términos solicitados, implicaría resolver en definitiva el fondo del asunto, lo cual, dejaría sin materia el juicio de amparo.
(...).”.
23. Sobre la vigencia del criterio, cabe aclarar que si bien el tribunal colegiado no atendió el requerimiento que se le dirigió, de autos se advierte que su postura continua vigente.
24. De las constancias que obran en el expediente electrónico correspondiente al recurso de queja 448/2025, disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE),(1) se desprende que mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil veinticinco, el Magistrado Presidente de ese órgano colegiado, en atención al requerimiento que se le formuló, ordenó informar a este Pleno Regional que dicho criterio subsistía, de acuerdo con lo siguiente:
“Monterrey, Nuevo León, a veintiuno de agosto de dos mil veinticinco.
Oficio. Con fundamento en los artículos 2° y 3° de la Ley de Amparo, 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la ciudad de México, mediante el cual comunica que tuvo por recibida la denuncia de una posible contradicción de criterios que registró bajo el número 130/2025, de su índice, y solicita que se dé acceso al expediente electrónico y se le informe si el criterio sustentado en este expediente se encuentra vigente o, en su caso, las causas para tenerlo por superado o abandonado.
Acuerdo. Se informa que el criterio sostenido en el presente asunto se encuentra vigente; al efecto gírese oficio vía correcto electrónico a fin de hacer de su conocimiento lo anterior.”.
25. En consecuencia, si bien no se recibió el oficio correspondiente, para efectos de la presente contradicción debe considerarse vigente el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
• Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en el recurso de queja 409/2025.
26. Demanda de amparo. Una persona física, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto, en contra de las autoridades y los actos siguientes:
“III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. (...).
A. Titular de la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León.
B. Oficial de Transito que emitió la boleta de infracción con folio **********, adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social del Municipio de Guadalupe.
C. Titular de la Dirección de Ingresos y Recaudación Inmobiliaria de la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal de Guadalupe.
D. Titular de la Secretaria de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social del Municipio de Guadalupe.
IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.
A. La omisión de aplicar el procedimiento establecido en el artículo 96 de Ley de Justicia Administrativa para el Estado en forma debida dentro del expediente ********, que se reclama del Titular de la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León.
B. La omisión de cumplir la sentencia definitiva de fecha 26 de agosto de 2024 dentro del expediente ******** radicado ante la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, fuera del plazo legal, que se reclama lo cual se atribuye a las autoridades descritas en los incisos B, C y D del apartado anterior.”
27. La promovente solicitó la suspensión de los actos reclamados para los siguientes efectos:
“- Para que las autoridades responsables y vinculadas dentro del expediente de origen ********, realicen todas aquellas actividades tendientes a cumplir con las obligaciones derivadas de la sentencia definitiva de fecha 26 de agosto de 2024, tendientes a vencer la contumacia en la cual actualmente se encuentran.
- Que el titular de la Tercera Sala dentro del expediente de origen ********, aplique sin recovecos legales el procedimiento descrito en el artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.”.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33804-c9cc6235/suspension-provisional-en-amparo-indirecto-procede-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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