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RECURSO DE QUEJA EN AMPARO INDIRECTO. EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONCEDIDA PARA EL EFECTO DE QUE NO SE DESIGNE A LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2021. · Registro digital (IUS): 29991
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-08-06
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo IV, Pág. 4393.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 18 DE MAYO DE 2021. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS DAVID PRÓSPERO CARDOSO HERMOSILLO Y MANUEL SUÁREZ FRAGOSO. DISIDENTE: MIGUEL ÁNGEL CANTÚ CISNEROS, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: DAVID PRÓSPERO CARDOSO HERMOSILLO. SECRETARIO: LUIS ALBERTO CALDERÓN DÍAZ.

CONSlDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito es legalmente competente para conocer del presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I y 55 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de la denuncia sobre la posible contradicción de tesis, en materia administrativa, entre las sustentadas por dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Circuito.

Asimismo, este Pleno de Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver del asunto con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19.

SEGUNDO.—Sesión vía remota. La resolución de la presente contradicción de tesis se llevará a cabo vía remota, mediante videoconferencia, haciendo uso de medios electrónicos, dada la contingencia por la que atraviesa actualmente el país por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19.

Lo anterior se funda en el artículo 27, fracción IV, y en el diverso 30 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha disposición ordena celebrar las sesiones por videoconferencia, cuando exista una situación de contingencia previamente declarada por el Consejo de la Judicatura Federal.

La referida contingencia sanitaria es un hecho notorio para la comunidad internacional y ha sido reiteradamente reconocida por el Consejo de la Judicatura Federal. Particularmente, conviene destacar el reconocimiento de la contingencia que se hace en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Además, en el artículo 27, fracción III, de este último acuerdo general, se afirma expresamente que las sesiones ordinarias de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Plenos de Circuito (durante el periodo de vigencia del acuerdo, el cual (sic) la reanudación de las actividades jurisdiccionales de este órgano colegiado) se deben celebrar, invariablemente, por videoconferencia.

TERCERO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formuló el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, autoridad que fue señalada como responsable dentro de los juicios de amparo de los que derivaron los recursos de queja 249/2020, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, así como los diversos 202/2020 y 210/2020 fallados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, lo que actualiza uno de los supuestos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente:

"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:

"...

"III. Las contradicciones a que se refiere la fracción III del artículo anterior, podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."

CUARTO.—Criterios de los que deriva la denuncia de la posible contradicción de tesis. Para establecer si existe en el caso denunciado una contradicción de criterios que deba ser resuelta por este Pleno de Circuito, es necesario analizar las consideraciones que informan las ejecutorias involucradas, en los términos siguientes:

I. Recurso de queja 249/2020, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

1. Antecedentes:

La parte quejosa en su calidad de aspirante en la convocatoria pública 1/2021 para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la base novena, selección de aspirantes, de la citada convocatoria, publicada en el Boletín Judicial el veintinueve de julio de dos mil veinte y su primer acto de aplicación en la resolución de sesión extraordinaria de ocho de septiembre de dos mil veinte, publicada en el citado boletín.

Asimismo, reclamó del Congreso del Estado de Nuevo León, la votación y designación del candidato que ocupará la vacante del cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.

Al respecto, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, al que correspondió conocer de la demanda de amparo, concedió la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las autoridades responsables, sin paralizar el procedimiento relativo, se abstuvieran de designar a los Magistrados a los que hace alusión la convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, hasta tanto se dictara la suspensión definitiva.

Inconforme con la anterior determinación, la autoridad responsable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el que por auto de presidencia de seis de noviembre de dos mil veinte, lo admitió a trámite y lo registró bajo el número 249/2020.

Luego, mediante ejecutoria de nueve de noviembre, el citado órgano colegiado determinó desechar el recurso de queja, al considerar que la autoridad responsable carecía de legitimación para interponerlo, dado que la concesión de la medida cautelar no impactaba en su actuar, así como en las facultades que le son atribuibles.

2. Consideraciones del Tribunal Colegiado:

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León destacó que la concesión de la medida cautelar versó sobre la actuación que se le atribuye al Congreso del Estado de Nuevo León, respecto a la designación de Magistrado a que se hizo alusión en la convocatoria pública para ocupar dicho cargo, y no por cuanto hace al actuar del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León dentro del procedimiento de selección.

Por lo cual, señaló el órgano colegiado, si la consecuencia de la suspensión decretada por el Juez de Distrito impactaba en el propio actuar del Congreso del Estado de Nuevo León (designación de Magistrado) al suspender sus facultades de acción con motivo del otorgamiento de la medida y no en el actuar de la responsable recurrente, entonces, era factible establecer que el Pleno de la Judicatura del Estado de Nuevo León carecía de legitimación para interponer el presente recurso.

Lo anterior, (sic) consideró el Tribunal Colegiado, ya que del contenido del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León se advertía que la actuación del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León concluye con la remisión al Congreso del Estado, de la terna electa por mayoría, así, una vez realizado lo anterior, el Congreso del Estado en ejercicio de las facultades que le otorga la Constitución Local desarrolla el procedimiento de votación y designación de Magistrado, consistente en que:

I. Una vez que reciba la terna electa por mayoría, deberá citar a los tres candidatos al cargo de Magistrado a una comparecencia, la cual se desarrollará ante la comisión correspondiente en los términos que fije el propio Congreso.

II. El Congreso del Estado, dentro de los treinta días naturales siguientes, deberá hacer la designación del candidato que ocupará la vacante al cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, de entre los que conforman la terna, mediante el voto aprobatorio secreto de, al menos, las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura.

III. De no alcanzarse dicha votación, se procederá a una segunda votación entre los dos integrantes de la terna que hayan obtenido más votos.

IV. En caso de empate entre quienes no obtuvieron el mayor número de votos, habrá una votación para definir por mayoría quién, entre dichos candidatos, participará en la segunda votación. Si persiste el empate, se resolverá por insaculación entre ellos.

V. Si en la segunda votación ninguno de los dos obtiene el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, se procederá a la insaculación de entre estos últimos dos.

VI. Cada Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, rendirá la protesta de ley ante el Congreso.

Del procedimiento en cita, el Tribunal Colegiado advirtió que la autoridad recurrente no estaba en posibilidad de defender –mediante el recurso de queja– las atribuciones que realiza un órgano distinto y que son objeto material de la suspensión provisional, dado que como se podía apreciar, la atribución competencial que se veía afectada con la concesión de la medida es la del Congreso del Estado de Nuevo León (designación de Magistrado) autoridad a la que, en su caso, correspondía recurrir la determinación del Juez de Distrito mediante el recurso de queja.

Con base en lo anterior, al estimar que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, carecía de legitimación para interponer el recurso de queja, dado que la concesión de la medida no impactaba en su actuar y las facultades que le eran atribuibles, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito determinó desechar el recurso de queja planteado.

II. Recursos de queja 202/2020 y 210/2020, resueltos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

1. Antecedentes.

Las quejosas no fueron admitidas a participar en el procedimiento de la convocatoria pública 1/2020 para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León, por lo cual, promovieron juicio de amparo contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, así como del Congreso del Estado de Nuevo León, de quienes reclamaron, esencialmente, la convocatoria pública 1/2020 para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, el procedimiento de selección realizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, mediante el cual se seleccionó a veinticinco personas como aspirantes que, a la postre, podrían integrar la terna que se enviaría al Congreso del Estado de Nuevo León para su selección y designación como Magistrado del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

Asimismo, reclamaron del Congreso del Estado de Nuevo León, el procedimiento relativo al seguimiento de la elección de Magistrado, en vía de consecuencia, respecto de la convocatoria pública 1/2020.

Al respecto, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, a quien correspondió conocer de ambos juicios de amparo, concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades responsables, sin paralizar el procedimiento relativo, se abstuvieran de designar a los Magistrados a que hace alusión la convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, hasta en tanto se dictara la resolución que decidiera sobre la suspensión definitiva.

Inconforme con dichas determinaciones, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado interpuso recursos de queja, de los que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, órgano jurisdiccional que determinó declararlos fundados y negar la suspensión provisional solicitada, al considerar que las quejosas carecían de interés suspensional para que se les concediera la medida cautelar.

II. Consideraciones del Tribunal Colegiado.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en ambos recursos de queja, determinó que no le asistía a las quejosas el interés suspensional para controvertir el procedimiento del concurso para el cargo público en cuestión, derivado de su calidad de aspirantes no admitidas que participaron en una de las etapas de las que se compone el proceso de selección para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, dado que no fueron admitidas en la convocatoria materia de la litis.

Por tanto, precisó el órgano colegiado, la pretensión de las quejosas se basaba en una situación hipotética, consistente en que al cumplir, a su consideración, con los requisitos en cuestión, habrían de ser tomadas en cuenta para acceder al cargo de Magistrada, pasando por alto que dentro de dicho procedimiento, el Congreso del Estado cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, por lo que una eventual concesión del amparo no se traduciría en un beneficio determinado para las quejosas, pues ello no les garantizaba que fueran nombradas como Magistradas o siquiera que fueran tomadas en consideración para tal efecto, por lo que su pretensión se basaba en una expectativa o situación hipotética que no generaba una situación distinta a la pretensión genérica del resto de los gobernados.

El Tribunal Segundo estimó aplicable al particular, por las razones que la contienen, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo siguientes: "PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE, YA QUE EL QUEJOSO CARECE DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA CONTROVERTIRLO, AUNADO A QUE CONSTITUYE UN ACTO SOBERANO DEL CONGRESO DEL ESTADO."(4)

Aunado a lo anterior, dijo el tribunal, el procedimiento para designar Magistrados se encontraba en curso, toda vez que ya se tenía la lista de la terna de los tres aspirantes seleccionados para la convocatoria materia de la litis, publicada el once de septiembre de dos mil veinte, en el Boletín Judicial del Estado de Nuevo León, lo que implicaba que fueron agotadas todas las etapas del procedimiento y produjo todos sus efectos, por lo que se trataba de actos consumados, respecto de los cuales era improcedente conceder la suspensión, pues ello equivaldría a darle efectos restitutorios a la medida cautelar que eran propios de la sentencia de amparo.

Ahora bien, respecto a la posibilidad de suspender el procedimiento del que deriva el acto reclamado, el Tribunal Colegiado señaló que de acuerdo con el artículo 150, primer párrafo, de la Ley de Amparo, un procedimiento administrativo o el dictado de su resolución definitiva sí pueden suspenderse, siempre y cuando su continuación deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso, es decir, cuando de continuar el procedimiento o de dictarse la resolución se afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

Sin embargo, precisó el órgano jurisdiccional, en el caso, las quejosas no tenían algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución o en los tratados internacionales, porque únicamente tenían una expectativa de derecho, derivada de su calidad, en principio, de aspirantes no admitidas y que participaron al inicio de la convocatoria, como una de las etapas de las que se compone el proceso de selección para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, no obstante, no fueron admitidas en la convocatoria materia de la litis.

Por tanto, concluyó el Colegiado, de concederse la suspensión se le darían efectos restitutorios a las quejosas, los cuales son propios de la sentencia de amparo, pues sólo tienen una expectativa de derecho, al ser aspirantes y no un derecho preconstituido.

Con base en lo anterior, revocó la suspensión provisional concedida y en su lugar negó la citada medida cautelar.

QUINTO.—Existencia de la contradicción. Procede ahora determinar si en el caso existe o no la contradicción de tesis denunciada, para lo cual se estima indispensable destacar los aspectos relevantes de las consideraciones en que se apoyaron los Tribunales Colegiados de Circuito cuyos criterios fueron denunciados como contradictorios.

Lo anterior, con el propósito de dilucidar que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:

1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada, expresa o implícitamente.

En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, que señala lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(5)

Así como en la diversa jurisprudencia P./J. 93/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título (sic) y texto:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."(6)

Del contenido de las ejecutorias que han sido reseñadas, se observa que en el caso sí se verifica la contradicción de tesis.

En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 249/2020 consideró esencialmente, que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, no tenía legitimación para impugnar a través del recurso de queja la determinación del Juez de Distrito que concedió la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables, sin paralizar el procedimiento relativo, se abstuvieran de designar a los Magistrados a los que hace alusión la convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, hasta en tanto se dictara la suspensión definitiva.

Lo anterior, determinó el citado tribunal, ya que dicha suspensión impactaba en el propio actuar del Congreso del Estado de Nuevo León (designación de Magistrado) al suspender sus facultades de acción con motivo del otorgamiento de la medida y no en el actuar del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, por lo cual, desechó el recurso de queja.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver los recursos de queja 202/2020 y 210/2020, analizó los agravios formulados por la autoridad recurrente Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León y declaró fundados los recursos para revocar la suspensión provisional concedida y en su lugar negó la citada medida cautelar, es decir, si bien no realizó un pronunciamiento expreso sobre la legitimación de la autoridad recurrente, no obstante, al haber realizado el análisis del fondo del asunto, implícitamente consideró que la autoridad recurrente contaba con legitimación para impugnar la medida cautelar.

De las ejecutorias que participan en la presente denuncia de contradicción de tesis, este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito considera que sí existe la contradicción de criterios denunciada, ya que en las resoluciones de las que deriva la referida denuncia se examinó –en parte– la misma cuestión jurídica, es decir, si el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, contaba con legitimación para impugnar la suspensión provisional concedida para el efecto de que las autoridades responsables, sin paralizar el procedimiento relativo, se abstuvieran de designar a los Magistrados a que hace alusión la convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, hasta en tanto se dictara la resolución que decidiera sobre la suspensión definitiva.

Así, a pesar de que en las resoluciones de las que deriva la presente contradicción, se estudió la misma cuestión jurídica, se llegó a conclusiones diversas, ya que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito concluyó que la autoridad responsable, Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, no tenía legitimación para impugnar la suspensión provisional concedida en los términos descritos en el párrafo que antecede, mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito implícitamente llegó a la conclusión contraria, esto es, consideró que la citada responsable sí contaba con legitimación para controvertir la medida cautelar, esto es, al resolver sobre el fondo del asunto y declarar fundado el recurso de queja.

Bajo ese contexto, la materia de la presente contradicción se constriñe a determinar si el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, tiene o no legitimación para impugnar una medida cautelar concedida para el efecto de que las autoridades responsables –sin paralizar el procedimiento– se abstengan de designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.

SEXTO.—Criterio que debe prevalecer. Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia obligatoria a que se refiere el artículo 217, párrafo segundo, de la Ley de Amparo,(7) el criterio sostenido en esta ejecutoria por este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en el sentido de que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado sí está legitimado para interponer el recurso de queja contra el auto del Juez en que determine la suspensión para que las autoridades responsables, sin paralizar el procedimiento relativo, se abstengan de designar a los Magistrados del Tribunal Supremo del Estado.

Para dirimir el punto de contradicción del presente asunto, en principio, es necesario señalar que el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo,(8) dispone que el recurso de queja procede en amparo indirecto contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional.

Al respecto, resulta ilustrativo señalar que, al resolver la contradicción de tesis 12/2008-PL, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, en lo que interesa, que el recurso es el medio o procedimiento consagrado en una norma legal a favor de la persona que se cree perjudicada o agraviada con una resolución de un juzgador, y cuyo propósito es revocar o modificar tal decisión.

Es decir, los recursos son el medio que otorga la ley para corregir las resoluciones dictadas por la autoridad judicial, cuando las partes en un procedimiento consideren que son contrarias a derecho. Es el recurso, por tanto, el medio de defensa que tiene a su alcance quien se sienta afectado por una decisión judicial.

Por ende, al analizar lo relativo a la procedencia de los medios de defensa, como lo es el recurso de queja, es menester abordar el tópico relativo a las personas afectadas con el auto o resolución y, por ende, legitimadas para la interposición de recursos, pues independientemente de que puedan ser parte, podrían no estar legitimadas para hacer valer los medios de defensa, ya que el principio general es que la interposición de los recursos se determina por la afectación directa del acto sobre una persona determinada, y no atendiendo sólo a si es o no parte en un juicio. Por ende, quien hace valer el medio de impugnación debe justificar tener alguna afectación en relación con el acto del que se duele.

Con base en lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que si bien el precepto 95, fracción I, de la otrora Ley de Amparo únicamente señala que es procedente el recurso de queja contra los autos dictados por los Jueces de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación reclamada, en que admitan demandas notoriamente improcedentes; lo cierto es que, aunado a ello, para determinar la procedibilidad de tal medio de defensa, era menester examinar si la recurrente se encontraba legitimada en la causa para promover tal ocurso, es decir, si la resoluci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29991-cc9747ba/recurso-de-queja-en-amparo-indirecto-el-consejo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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