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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE SENTENCIAS DEFINITIVAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE OCHO AÑOS PARA PRESENTARLA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXCLUIR EL PERIODO QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SUSPENDIÓ SUS LABORES EXCLUSIVAMENTE CON MOTIVO DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 96/2022. · Registro digital (IUS): 31294
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Febrero de 2023, Tomo II, Pág.2258.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 96/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIAS: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ Y KARINA CASTILLO FLORES.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de septiembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito.

El problema jurídico a resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si para efecto de realizar el cómputo del plazo de ocho años para presentar una demanda de amparo en contra de la sentencia definitiva condenatoria en materia penal debe o no excluirse el periodo en el que la autoridad responsable suspendió labores con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. El diecisiete de marzo de dos mil veintidós, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito dictaron sentencia dentro de los autos del juicio de amparo directo 132/2021, en la que denunciaron la posible contradicción de criterios entre el sustentado en dicha resolución y el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo 59/2021.

2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de doce de abril de dos mil veintidós, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó su registro con el número de expediente 96/2022 y solicitó que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito informara sobre la vigencia de su criterio. Además, al advertir que el tema se encontraba relacionado con la diversa contradicción de tesis 463/2019,(1) resuelta previamente bajo la ponencia de la señora Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, turnó el presente asunto a su ponencia para su estudio y propuesta de resolución.(2)

3. Avocamiento de la Sala. El veintiocho de abril de dos mil veintidós, la Ministra presidenta se avocó al conocimiento del asunto y solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si las sentencias que contienen los criterios denunciados ya causaron ejecutoria.

4. El tres de mayo de dos mil veintidós, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito informó que el amparo directo 59/2021 causó ejecutoria y que el criterio ahí establecido sigue vigente, el cual ha sido reiterado en los juicios de amparo directo 75/2021, 89/2021, 105/2021 y 118/2021; circunstancia que derivó en la generación de la jurisprudencia I.2o.P. J/1 P (11a.),(3) de rubro y texto siguientes:

"DEMANDA DE AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN. EL PLAZO DE OCHO AÑOS PARA PRESENTARLA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE COMPUTA POR AÑOS NATURALES, SIN LA EXCLUSIÓN DE DÍAS INHÁBILES, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SUSPENDIÓ LABORES CON MOTIVO DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19).

"Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que le impuso pena de prisión, dictada previamente a la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente; en términos de la tesis de jurisprudencia P./J. 39/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el plazo de ocho años para la promoción de la demanda inició el 3 de abril de 2013; sin embargo, se presentó con posterioridad al 3 de abril de 2021.

"Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el plazo de ocho años previsto en el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda de amparo directo contra sentencias definitivas condenatorias que imponen pena de prisión se computa por años naturales, sin la exclusión de días inhábiles, con excepción de los que la autoridad responsable suspendió labores con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

"Justificación: El plazo de ocho años para promover amparo directo contra sentencias condenatorias que imponen pena de prisión es una excepción a la regla general de quince días y constituye una norma especial; en consecuencia, no debe computarse conforme a la regla para los plazos fijados en días, prevista en el artículo 22 de la Ley de Amparo, sino por años naturales, sin la exclusión de días inhábiles. Lo anterior, pues si el legislador estableció ese plazo en años con el objetivo de otorgar certeza y seguridad jurídica a las víctimas del delito, el excluir de los ocho años los días inhábiles implicaría un cómputo indeterminado, complicado y confuso, pues éstas tendrían que investigar no sólo el calendario de días inhábiles, sino también los acuerdos y circulares de las autoridades responsables federales y locales en cada entidad federativa en que, por cualquier motivo, se declaren días inhábiles en cada uno de los años del plazo. En la Ley de Amparo existen plazos cortos, en horas y días, así como largos, en años, de manera que en los primeros se justifica que no deban considerarse los días inhábiles dado que, al no poder tener lugar las actuaciones judiciales, sería perjudicial para las partes imponer que se consideraran los días inhábiles, porque afectaría la oportunidad de defensa de las partes. Sin embargo, el establecimiento de un plazo largo, particularmente el de ocho años, no afecta la defensa de los sentenciados, pues existen suficientes días hábiles en los que es posible consultar constancias y promover, de requerirse, lo necesario. No obstante, como excepción a esa regla, por razón de justicia y en atención al principio pro actione, debe considerarse el fenómeno de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) que ha tenido impactos catastróficos para toda la población a nivel global, lo que ocasionó, entre otras consecuencias, la paralización total de la administración de justicia en nuestro país, lo que no puede operar en demérito del justiciable. En ese sentido, considerando que es ante la autoridad responsable que se presenta la demanda de amparo directo y se solicitan las constancias conducentes a efecto de ejercer el derecho de defensa, debe excluirse del plazo de ocho años el tiempo que esa autoridad suspenda labores con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)."

5. Por su parte, el diecisiete de mayo del presente año, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito informó que el juicio de amparo directo 132/2021 fue sobreseído por la presentación extemporánea de la demanda y esta resolución no fue recurrida a través del recurso de revisión, por lo que causó estado por ministerio de ley, de conformidad con el artículo 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles.(4)

I. COMPETENCIA

6. En términos de lo previsto en la fracción II del artículo primero transitorio del decreto de reformas a la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(5) así como el diverso tercero transitorio del decreto publicado en dicho medio oficial el once de marzo de esa anualidad,(6) por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativas al Poder Judicial de la Federación, aún no se surte la competencia de los Plenos Regionales, prevista en el artículo 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente,(7) por lo que el trámite del presente asunto se rige por las disposiciones constitucionales y legales vigentes hasta el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno.

7. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigentes hasta el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, sin que se advierta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. LEGITIMACIÓN

8. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II de la Ley de Amparo,(8) pues fue realizada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, quienes emitieron uno de los criterios contendientes en la contradicción bajo estudio.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

9. Para estar en posibilidad de analizar la existencia de la contradicción de criterios en estudio es necesario abordar los elementos fácticos y jurídicos que fueron considerados en las decisiones materia de la denuncia.

A. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito

[Amparo directo 132/2021]

10. Contexto fáctico. El doce de marzo de dos mil nueve, el señor ********** fue sentenciado por la comisión de los delitos de homicidio calificado y violación equiparada en agravio del señor **********.

11. El dieciocho de mayo de dos mil nueve, la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato dictó sentencia en la que modificó la resolución de primera instancia y fijó una pena privativa de libertad de treinta y ocho años con diez meses. En esa misma fecha, el señor ********** fue notificado de la sentencia de apelación.

12. El siete de mayo de dos mil veintiuno, el señor ********** promovió juicio de amparo directo en el que manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el día de su emisión y que, dada la suspensión de las actividades jurisdiccionales debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y la consecuente inhabilitación de días, se encontraba en el plazo legal para promover el juicio de amparo.

13. Criterio jurídico. El diecisiete de marzo de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio de amparo, porque consideró que se actualizó la causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad de la demanda, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo.(9) En su resolución, el órgano colegiado determinó lo siguiente:

• En atención al artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo,(10) el plazo que rige en el presente juicio para la presentación de la demanda de amparo directo es de ocho años, pues quien acude a esta instancia constitucional como parte quejosa fue sentenciado en un proceso penal a la compurgación de una pena de prisión.

• Si bien el señor ********** fue notificado el dieciocho de mayo de dos mil nueve, el plazo deberá computarse a partir del tres de abril de dos mil trece, de conformidad con lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 366/2013 y en los criterios jurisprudenciales P./J. 39/2014 (10a.), P./J. 40/2014 (10a.) y P./J. 41/2014 (10a.).(11)

• Desde esta óptica, el plazo de ocho años para la promoción del juicio de amparo transcurrió del tres de abril de dos mil trece al tres de abril de dos mil veintiuno, por lo que si la demanda se presentó el siete de mayo de dos mil veintiuno es inconcuso que es extemporánea.

• Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen claramente que el cómputo para determinar la oportunidad de la demanda de amparo se puede realizar por días o por años.(12) En ambos supuestos, se estableció que, por regla general, los plazos deben computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos el acto o resolución, conforme a la ley que lo rija.

• En atención a la literalidad de dichos numerales, el cómputo del plazo de ocho años debe realizarse de esa manera, por años, y sin hacer descuento alguno de los días inhábiles que hayan existido dentro de ese plazo, pues de lo contrario, se generaría incertidumbre y falta de claridad para las partes.

• El cómputo propuesto constituye una medida que restringe de forma razonable el derecho de acceso a la justicia de las personas sentenciadas, ya que les permite preparar su defensa durante un lapso considerable y, con ello, se logra un mejor equilibrio entre sus derechos fundamentales y los derechos de las personas víctimas del delito.

• El contemplar los días inhábiles en el cómputo del plazo permitiría ampliarlo exponencialmente, lo cual, por una parte, no fue la intención de la reforma que dio lugar a la Ley de Amparo vigente y, por la otra, produciría un estado de inseguridad jurídica para las partes respecto al momento en que se vence el término para impugnar la sentencia condenatoria, pues se encontraría sujeto a los días inhábiles de cada órgano jurisdiccional.

• Ahora bien, tampoco es procedente descontar los días inhábiles que mediaron por la suspensión de las labores con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), toda vez que, como se señaló, el cómputo previsto en el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo vigente debe realizarse en días naturales.

• Se llega a esta determinación, pues de acuerdo con el informe rendido por el secretario general del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, la suspensión de plazos y términos ante la autoridad responsable con motivo de la pandemia transcurrió del veintiuno de marzo de dos mil veinte al siete de junio de ese mismo año, esto es, dicha suspensión culminó ocho meses antes de que concluyera el plazo para presentar la demanda de amparo, por lo que se considera que éste era un tiempo suficiente para que el quejoso instara la acción constitucional.

• Finalmente, aun cuando el vencimiento del plazo se diera durante el periodo de la suspensión, de los acuerdos emitidos por el Consejo del Poder Judicial del Estado, se advierte que los órganos jurisdiccionales continuaron con la recepción de promociones de carácter urgente, hipótesis en la que podría encuadrar una promoción de juicio de amparo directo de término.

B. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

[Amparo directo 59/2021]

14. Contexto fáctico. El treinta de abril de mil novecientos ochenta y cinco, ********** fue sentenciado por la comisión del delito de homicidio agravado en perjuicio de ********** y **********.

15. El diez de octubre de mil novecientos ochenta y seis, la entonces Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dictó sentencia en la que modificó la resolución de primera instancia, únicamente con el objeto de suprimir la medida establecida en los artículos 88 y 89 del Código Penal para el Distrito Federal al haber sido derogados, y confirmó la acreditación del delito, su responsabilidad penal y la pena privativa de libertad por treinta y siete años.

16. El cinco de abril de dos mil veintiuno, el señor ********** presentó demanda de amparo directo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal del Primer Circuito y no así, ante la autoridad responsable.(13) No obstante, la misma se remitió ante la responsable el treinta de abril del mismo año.

17. Criterio jurídico. El veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito dictó sentencia en la que consideró oportuna la presentación de la demanda de amparo, por lo que procedió al estudio de fondo del asunto y concedió el amparo al señor **********.

18. En virtud de lo que constituye la materia de contradicción, se prescindirá de reseñar las consideraciones de fondo de esa sentencia y únicamente se hará referencia a las consideraciones relativas a la oportunidad:

• El acto reclamado se emitió el diez de octubre de mil novecientos ochenta y seis, por lo que el plazo de ocho años para la presentación de la demanda inició el tres de abril de dos mil trece, en términos de la jurisprudencia P./J. 39/2014 (10a.).(14)

• La Ley de Amparo contempla tres tipos de plazos: 1) en horas, que se dirige a las autoridades responsables para determinados casos y que transcurren de momento a momento; 2) en días, en que se encuentra el plazo genérico y del cual ya se pronunció la Suprema Corte; y, 3) en años, supuesto en que se encuentra aquel previsto para reclamar una sentencia en materia agraria o una penal que establezca una pena de prisión.

• En ese sentido, como se advierte, el plazo previsto para la promoción de un juicio de amparo directo en contra de una sentencia condenatoria que impone pena de prisión es una excepción a la regla general de quince días, y constituye una norma especial que prevalece ante cualquier norma general que pudiera contradecir su contenido.

• La razón por la que el legislador estableció un plazo determinado para reclamar este tipo de actos en la Ley de Amparo vigente fue brindar seguridad jurídica a las personas víctimas del delito, toda vez que la Ley de Amparo abrogada otorgaba la posibilidad de impugnar la sentencia condenatoria en cualquier momento. Esta indefinición no sólo implicaba una considerable afectación al derecho de seguridad jurídica de las personas víctimas, sino también a sus derechos a la reparación del daño, a la verdad y a la justicia.

• En la contradicción de tesis 366/2013,(15) la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el plazo de ocho años permite a las personas sentenciadas preparar su defensa durante un lapso considerablemente mayor a aquel previsto para otros actos de autoridad, con lo que se logra un mejor equilibrio entre esa prerrogativa de la persona sentenciada y los derechos de la persona víctima.

• En atención a lo anterior, dicho plazo debe computarse en años naturales, lo que implica que no se excluyen días inhábiles ni le aplica la regla prevista en el artículo 22 de la Ley de Amparo para los plazos fijados en días.(16)

• El considerar lo contrario implicaría realizar un cómputo indeterminado, complicado y confuso para las personas víctimas del delito, pues tendrían que investigar no sólo el calendario de días inhábiles de la autoridad responsable y del Tribunal Colegiado de Circuito, sino también los acuerdos y circulares de las autoridades responsables federal y locales de cada entidad federativa en cada uno de los años del plazo, lo que extendería injustificadamente el plazo, aun cuando éste ya es elevado.

• No se soslaya que en sesión de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el Pleno de la Suprema Corte resolvió la contradicción de tesis 257/2020,(17) en la que determinó que los días en que el Tribunal Colegiado de Circuito suspenda sus labores, distintos a los señalados en el artículo 19 de la Ley de Amparo, no deben excluirse del plazo de quince días para la promoción de las demandas de amparo directo. Sin embargo, este criterio no es aplicable al caso concreto, porque dicho pronunciamiento se realizó en torno a sentencias definitivas que no eran penales que impusieran una pena de prisión. • Ahora bien, en atención al principio pro actione y a fin de garantizar el acceso a la justicia a las personas sentenciadas con pena de prisión y disminuir las consecuencias de las dificultades que pudieron enfrentar al promover su demanda de amparo en el contexto de una emergencia sanitaria, el plazo de ocho años debe excluir el tiempo en que la autoridad responsable suspendió sus labores exclusivamente con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), pues es ésta ante quien se presenta la demanda y se solicitan las constancias necesarias para ejercer el derecho de defensa.

• En ese sentido, de los acuerdos plenarios emitidos en relación con la suspensión de plazos procesales conforme al Plan de Contingencia del Poder Judicial de la Ciudad de México, se advierte que el total de días en que la autoridad responsable suspendió sus labores en el dos mil veinte y dos mil veintiuno fueron ciento noventa y tres, por lo que, el plazo con la exclusión de estos días transcurrió del tres de abril de dos mil trece al trece de octubre de dos mil veintiuno, de ahí que, si la demanda se presentó el treinta de abril de dos mil veintiuno, se concluye que ésta fue oportuna.

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

19. Los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado son los siguientes:(18)

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

20. Cabe señalar que para la procedencia de la contradicción de criterios basta que el criterio discrepante derive de las resoluciones dictadas por los órganos contendientes, por lo que no es necesario que exista una "tesis" en sentido formal y, menos aún, que constituya jurisprudencia.(19)

21. Tomando en cuenta lo anterior, esta Primera Sala considera que sí se satisfacen los requisitos para que exista contradicción entre los criterios denunciados.

22. En cuanto al primer requisito, se advierte que ambos órganos contendientes se pronunciaron sobre cuestiones litigiosas que fueron sometidas a su consideración, recurriendo a su arbitrio judicial.

23. En concreto, ambos tribunales contendientes ejercieron su arbitrio judicial para determinar si en el cómputo del plazo de ocho años para promover el juicio de amparo directo contra una sentencia condenatoria que impuso pena de prisión deben descontarse o no los días en que las autoridades responsables suspendieron sus labores jurisdiccionales con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

24. Respecto al segundo requisito, relativo a la existencia de un razonamiento en el que se adopte un criterio diferenciado sobre un mismo tema jurídico, también se surte.

25. En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito indicó que la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea, porque consideró que el término de ocho años que contempla la Ley de Amparo para promoverlo contra sentencias condenatorias ya había transcurrido a la fecha en que presentó su demanda. Señaló que conforme a los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el cómputo de dicho plazo debe realizarse en años naturales, y sin hacer descuento alguno de los días inhábiles que hayan existido dentro de ese plazo, pues de lo contrario, se generaría incertidumbre y falta de claridad para las partes. Por tanto, indicó que no era procedente descontar los días inhábiles que mediaron por la suspensión de las labores con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

26. Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró que la presentación de la demanda de amparo resultaba oportuna. Indicó que el plazo de ocho años que establece la Ley de Amparo para su promoción contra sentencias condenatorias que imponen pena de prisión debía contarse en años naturales, lo que implicaba que no se excluyeran días inhábiles. Sin embargo, consideró que, en atención al principio pro actione y a fin de garantizar el acceso a la justicia a las personas sentenciadas con pena de prisión y disminuir las consecuencias de las dificultades que pudieron enfrentar al promover su demanda de amparo en el contexto de una emergencia sanitaria, como un caso de excepción debía excluirse en dicho plazo el tiempo en que la autoridad responsable suspendió sus labores exclusivamente con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), pues es ésta ante quien se presenta la demanda y se solicitan las constancias necesarias para ejercer el derecho de defensa.

27. De lo anterior se desprende que ambos Tribunales Colegiados llegaron a posturas distintas sobre un mismo tema: mientras uno de los órganos de amparo consideró que no es viable descontar del cómputo del plazo para la promoción de una demanda de amparo (contra las sentencias condenatorias que impongan una pena de prisión) los días en que la autoridad responsable suspendió sus labores con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), otro de los tribunales llegó a la conclusión de que ante este supuesto sí se actualiza una excepción de tal forma que deben descontarse esos días.

28. El punto de contradicción se sintetiza en el siguiente cuadro esquemático.

Ver cuadro

29. Cabe destacar que no es materia de contradicción la circunstancia relativa a si en el cómputo del plazo de ocho años, previsto por la fracción II del artículo 17 de la Ley de Amparo, deben descontarse los días inhábiles como una regla general.

30. Lo anterior es así dado que respecto de este punto existe coincidencia entre ambos órganos colegiados, pues los dos reconocieron que, tratándose del amparo directo en materia penal contra una sentencia definitiva condenatoria, el cómputo del plazo de ocho años debe realizarse por años sin hacer descuento alguno de los días inhábiles que hayan existido dentro de ese plazo, pues de lo contrario, se generaría incertidumbre y falta de claridad para las partes. Por tanto, los tribunales son coincidentes en no descontar los días declarados inhábiles de la autoridad responsable que hayan mediado dentro del plazo de ocho años, así como de hacer el cómputo del referido plazo en años.

31. En ese sentido, si la discrepancia derivó solamente de si deben o no descontarse los días inhábiles en que la autoridad responsable suspendió labores con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), como un caso de excepción, es inconcuso que respecto del descuento de días inhábiles ajenos a dicha circunstancia especial no existe contradicción alguna.

32. En esas condiciones, el tercer requisito se cumple, pues el análisis de la contradicción denunciada permitirá a esta Primera Sala atender la siguiente interrogante: ¿Es procedente descontar del plazo de ocho años para promover juicio de amparo directo en materia penal contra sentencia condenatoria los días inhábiles que mediaron por la suspensión de las labores con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)?

V. ESTUDIO DE FONDO

33. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio en el sentido de que para efecto de realizar el cómputo del plazo de ocho años para promover un juicio de amparo directo contra una sentencia condenatoria sí se debe excluir el tiempo en que la autoridad responsable suspendió sus labores exclusivamente con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

34. Con la finalidad de explicar la conclusión alcanzada en la presente contradicción, el análisis se realizará a partir del desarrollo de cuatro temáticas que a continuación se señalan:

I. Interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo.

II. Doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el plazo para la presentación de la demanda de amparo directo contra sentencia condenatoria.

III. Contenido y alcance del derecho de acceso a la justicia.

IV. Suspensión de labores ocasionado con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

I. Interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo

35. La promoción del juicio de amparo está condicionada a que se presente en un tiempo expresamente delimitado en la ley que permita la tutela efectiva de los derechos de las partes.

36. En ese sentido, los artículos 17, primer párrafo, fracción II y 18 de la Ley de Amparo disponen:

"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: ...

"II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años."

"Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31294-dd803f46/demanda-de-amparo-directo-promovida-en-contra-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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