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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN. EL PLAZO DE OCHO AÑOS PARA PRESENTARLA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE COMPUTA POR AÑOS NATURALES, SIN LA EXCLUSIÓN DE DÍAS INHÁBILES, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SUSPENDIÓ LABORES CON MOTIVO DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 118/2021. · Registro digital (IUS): 30517
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-04-29
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo III, Pág. 2563.

AMPARO DIRECTO 118/2021. 6 DE ENERO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ. SECRETARIO: FERNANDO EMMANUELLE ORTIZ SÁNCHEZ.

CONSIDERANDO:

II.—Oportunidad de la demanda.

12. La demanda de amparo es oportuna, pues se presentó en el plazo de 8 años a que alude el numeral 17, fracción II, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación:

13. El acto reclamado es de veinticinco de mayo de dos mil doce, por lo que el plazo de ocho años para presentar la demanda, en términos de la jurisprudencia P./J. 39/2014 (10a.),(2) inició el 3 de abril de 2013.

14. A efecto de realizar el cómputo, es importante destacar que la Ley de Amparo dispone 3 tipos de plazos para las partes: 1) en horas, que se dirige a las autoridades responsables para determinados casos y que transcurren de momento a momento;(3) 2) en días, en que se encuentra el genérico y respecto del que, como se señaló, el Alto Tribunal ya se pronunció en cuanto a cómo hacer el cómputo y otros; y, 3) en años, supuesto en que se encuentra cuando el acto reclamado sea una sentencia penal que establezca pena de prisión, como en el caso, o una sentencia agraria.(4)

15. Por lo que el plazo señalado para promover amparo directo en contra de una sentencia condenatoria que impone pena de prisión es una excepción a la regla general de 15 días, y constituye una norma especial que prevalece ante cualquier norma general que pudiera contradecir su contenido, máxime que, en el caso, surgió con posterioridad a la norma general aplicable a otros supuestos, pero ni la ley de la materia ni el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, disponen cómo debe realizarse el cómputo.

16. Para dilucidar lo anterior, se destaca que la razón por la que el legislador en la Ley de Amparo vigente estableció un plazo determinado para este tipo de acto reclamado, fue brindar seguridad jurídica a las víctimas del delito.

17. Lo anterior, pues atendió a que, en relación con el derecho a la reparación del daño que constitucionalmente asiste a la víctima, la indefinición sobre la pervivencia jurídica de lo determinado en una sentencia condenatoria en virtud de la posibilidad que otorgaba la Ley de Amparo abrogada para impugnar ésta en cualquier tiempo, implicaba una considerable afectación al derecho de seguridad jurídica de aquélla, en tanto que aun cuando la sentencia condenatoria pudiera ejecutarse en ese aspecto, lo cierto es que se mantenía en un estado de indefinición sobre la posibilidad de disfrutar e, incluso, disponer de los derechos derivados de la referida reparación, lo que no solamente afectaba la esfera de las víctimas sino, incluso, la de terceros que entablaran vínculos jurídicos con éstas, relacionados con las prerrogativas derivadas de la reparación del daño.

18. Asimismo, sin el establecimiento de un plazo determinado también se afectaban las prerrogativas fundamentales a la verdad y a la justicia de las víctimas, lo que no se agota con el trámite de procesos, sino que debe, además, asegurarse que sea en tiempo razonable.(5)

19. Aunado a lo anterior, también es importante destacar que el Alto Tribunal determinó que el plazo de 8 años permite a los sentenciados preparar sus defensas durante un lapso "elevado", es decir, considerablemente mayor a los que permiten controvertir otro tipo de actos de autoridad y, con ello, se logra un mejor equilibrio entre esa prerrogativa fundamental del sentenciado y los derechos involucrados de las víctimas.(6)

20. En ese tenor, considerando que el objetivo del plazo de 8 años para sentencias condenatorias que impongan pena de prisión es dar certeza y seguridad jurídica a las víctimas en relación con sus derechos a la verdad y justicia y a la reparación del daño, así como que ese plazo otorgado a los sentenciados es elevado para que preparen su defensa para el juicio de amparo; en consecuencia, se concluye que dicho plazo debe computarse en años naturales, lo que implica que no se excluyen días inhábiles, y no conforme a la regla para los plazos fijados en días, prevista en el artículo 22 de la Ley de Amparo.

21. Lo anterior, pues el plazo de 8 años es elevado y suficiente para que el sentenciado pueda preparar su defensa, lo que podría incluir el contactar a su defensor, que éste se imponga de constancias, la elaboración de la demanda, etcétera, y no existen razones justificadas por las que ese plazo podría resultar corto para el fin planteado.

22. Asimismo, porque de esta manera se cumple con el objetivo de otorgar certeza y seguridad jurídicas a las víctimas en cuanto al término del plazo de referencia pues, de lo contrario, al excluir de los 8 años los sábados, domingos y días inhábiles tanto de la Ley de Amparo como los de la autoridad responsable, implicaría un cómputo indeterminado, complicado y confuso para las víctimas del delito, pues tendrían que investigar no sólo el calendario de días inhábiles de la autoridad responsable y del Tribunal Colegiado de Circuito, sino también los acuerdos y circulares de las autoridades responsables federal y locales en cada entidad federativa en que, por cualquier motivo, se declararon días inhábiles en cada uno de los años del plazo, aunado a que se extendería injustificadamente, cuando ya de por sí es elevado.

23. De lo expuesto se advierte que en la Ley de Amparo existen plazos cortos y largos, de manera que en los primeros se justifica el que no deban considerarse los días inhábiles, dado que, al no poder tener lugar las actuaciones judiciales, sería perjudicial para las partes imponer que se consideraran los días inhábiles, porque afectaría la oportunidad de defensa de las partes. Sin embargo, el establecimiento de un plazo largo, particularmente el de 8 años, no afecta la defensa de los sentenciados, pues existen suficientes días hábiles en los que es posible consultar los autos del expediente y promover, de requerirse, lo necesario.

24. No se soslaya que en sesión de 16 de agosto de 2021, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 257/2020, suscitada entre la Primera y la Segunda Salas del Alto Tribunal, en la que el punto de contradicción versó en determinar si para el cómputo de la oportunidad de una demanda de amparo directo debían o no excluirse los días en que el Tribunal Colegiado de Circuito no laboró (suspensión de labores por causas extraordinarias), diferentes a los señalados por el artículo 19 de la Ley de Amparo.

25. En la discusión de este asunto los Ministros señalaron que ambas Salas coincidían en que para el cómputo de la oportunidad en amparo directo deben excluirse los días inhábiles para la autoridad responsable, así como aquellos señalados en el artículo 19 de la Ley de Amparo y, sobre el tema de la contradicción, llegaron al consenso de que los días en que el Tribunal Colegiado suspenda labores, diferentes a los señalados en la ley de la materia, no deben excluirse del plazo.

26. Sin embargo, las reglas establecidas en esa contradicción de tesis no son aplicables al tema que ahora se resuelve, pues en los asuntos que originaron esa contradicción de criterios, si bien se analizaron casos relativos a la promoción de demandas de amparo directo, lo cierto es que eran en relación con el plazo genérico de 15 días, previsto en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues se trataba de sentencias definitivas, pero que no eran penales que impusieran pena de prisión, como en el asunto que ahora se resuelve, supuesto en que, como se señaló, la ley de la materia regula un plazo especial.(7)

27. Exclusión de días inhábiles de la autoridad responsable en atención a la contingencia sanitaria mundial por el virus SARS-CoV-2.

28. Precisada la manera en que debe computarse el plazo de 8 años previsto en la fracción II del artículo 17 de la Ley de Amparo, por razón de justicia debe considerarse el fenómeno de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia por el virus COVID-19, que ha tenido impactos catastróficos para toda la población a nivel global, lo que ocasionó, entre otras cosas, la paralización total de la administración de justicia en nuestro país, lo que no puede operar en demérito del justiciable.

29. Por lo que, a fin de garantizar el acceso a la justicia a personas con sentencias definitivas con pena de prisión, y en atención al principio pro actione, así como con el fin de disminuir las consecuencias de las dificultades que dichas personas pudieron enfrentar al promover su demanda de amparo en el contexto de una pandemia mundial, del plazo de 8 años debe excluirse el tiempo en que la autoridad responsable suspendió sus labores, exclusivamente con motivo de la pandemia, pues es ante ésta que se presenta la demanda de amparo directo y se solicitan las constancias conducentes a efecto de ejercer el derecho de defensa.

30. Ahora, los plazos en que la autoridad responsable suspendió sus labores conforme al Plan de Contingencia para el Poder Judicial de la Ciudad de México, emitido por el Consejo de la Judicatura de esta ciudad, hasta la fecha son los siguientes:

Ver suspensión de plazos procesales en 2020 y 2021

31. De lo anterior se advierte que el total de días suspendidos en el 2020 y 2021, a causa del fenómeno del virus "SARS-CoV-2", ante la autoridad responsable son: 193 días.

32. Por lo que si la presentación de la demanda de amparo fue el tres de septiembre de dos mil veintiuno (fecha en que se recibió ante la autoridad responsable), ésta es oportuna, como se explica en la siguiente tabla:

Ver tabla

III.—Existencia de los actos reclamados.

33. En torno al acto reclamado a la Quinta Sala Penal del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, quedó legalmente acreditado con el informe que rindió la responsable, al que acompañó los originales de la causa penal ********** (actualmente **********) y del toca de apelación **********, en los que destaca la resolución combatida en esta vía constitucional.

34. Asimismo, por lo que hace a la autoridad responsable ejecutora, el acto también se estima existente, pues dentro de su ámbito de competencia le corresponde la ejecución del fallo.

IV. Transcripción innecesaria de constancias.

35. No se transcriben la sentencia reclamada ni los conceptos de violación formulados por el quejoso, al no advertir artículo en la Ley de Amparo que obligue, pero se precisa que –al igual que todas las constancias–, se tuvieron a la vista para la resolución del asunto, atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias.

V.—Estudio del asunto.

36. En suplencia de la deficiencia de la queja, la sentencia reclamada no está debidamente fundada en lo relativo al delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés agravado.

37. Como punto de partida, es pertinente destacar que el quejoso fue sentenciado por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés agravado, por los siguientes hechos:

El veinte de enero de dos mil doce, aproximadamente a las trece horas, el pasivo del delito ********** llegó a la tienda denominada **********, ubicada en avenida **********, casi esquina con **********, colonia **********, Alcaldía **********, a bordo de la camioneta propiedad de la empresa **********, misma que representa legalmente, la cual es de la marca **********, tipo **********, color **********, modelo dos mil seis, con camper, placas de circulación ********** del Estado de México, que estacionó a un costado de la tienda antes referida, realizando compras de diversos objetos que destinaría a la empresa que representa legalmente; acto seguido, se dirigió a la camioneta abriendo la puerta del lado del copiloto, con la finalidad de acomodar el material comprado, siendo que el activo del delito ********** y el menor ********** de ********** años de edad, se le acercó por detrás, para inmediatamente el primero de los mencionados procede a decirle a **********, "súbete a la camioneta o te meto unos pinches balazos", apuntándole con una pistola diseñada para proyectar municiones, diábolos o dardos, a la altura del estómago, lo que ocasionó que el pasivo del delito, por temor a ser lesionado, se subiera a la camioneta del lado del copiloto, entregándole las llaves de la misma al sentenciado, quien procedió a subir al vehículo por el lado del piloto, mientras que el menor en cita, hizo lo propio del lado del copiloto, quedando en medio el agraviado **********; inmediatamente después, el activo del delito puso en marcha la camioneta, circulando por unos minutos, ordenándole al agraviado que se agachara, circulando aproximadamente dos cuadras; acto seguido, el menor le dijo "dame todo lo que traigas pendejo o te carga la chingada", siendo amenazado por el activo ********** con una pistola, por lo que por el temor a ser lesionado el ofendido, es que le entregó al menor en comento la cantidad en efectivo de $10,710.00 (diez mil setecientos diez pesos 00/100 M.N.), que traía en la bolsa delantera izquierda del pantalón que vestía, así como su teléfono celular, marca ********** modelo **********, color gris con azul; posteriormente, el sentenciado detiene la marcha de la camioneta y le dijo al pasivo del delito que se bajara y se echara a correr sin voltear, porque si volteaba, le iban a disparar, haciendo lo propio el citado ofendido, quedándose parado en una calle, percatándose que el sentenciado y el menor se daban a la fuga a bordo de la camioneta antes descrita; acto seguido, el agraviado tomó un taxi, pidiéndole al chofer que siguiera a la camioneta roja, porque lo acababan de robar, siguiéndolos por la Calzada ***********, en dirección de sur a norte, sin perderlos de vista, percatándose que el activo ********** estacionó la camioneta en avenida **********, casi esquina **********, de la colonia **********, delegación **********, frente a un negocio de refacciones, lugar en el que se bajó junto con el menor, siendo este último quien llevaba en sus manos un costal color blanco, conteniendo los objetos que acababa de comprar, pretendiendo ambos sujetos abordar un taxi; instante en que el pasivo se percató de la presencia de un policía de la Secretaría de Seguridad Pública, quien viajaba en motocicleta, y el cual estaba en la esquina de **********; se le acercó y le comentó lo sucedido, por lo que dicho elemento policiaco los siguió, llegaron más patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública, logrando la detención de ********** y del menor; al activo le fue localizada a la altura de la cintura una pistola diseñada para proyectar municiones, diábolos o dardos, y en la bolsa delantera derecha de su pantalón la cantidad de $10,710.00 (diez mil setecientos diez pesos 00/100 M.N.); un teléfono celular marca ********** modelo **********, ********** con **********, y 5 botes de afloja todo, marca ********** de 300 gramos cada uno, y 3 serruchos marca ********** modelo **********, con mango de madera, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial.

38. Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que el acto reclamado está indebidamente fundado en lo relativo al delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés agravado.

39. En efecto, de la lectura de la sentencia reclamada se desprende que la Sala responsable estimó que los medios de prueba que obran en autos son suficientes para acreditar los elementos del delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés agravado, previsto en el artículo 9, fracción I, inciso d) (para ejecutar el delito de robo, prive de la libertad a otro), agravado en términos del artículo 10, fracción I, incisos b) (obren en grupo de dos o más personas) y c) (con violencia), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Federal.

40. Ahora bien, además de haberse citado los artículos de la ley general referida, en la sentencia reclamada se invocaron los numerales 15 (delito por acción), 17, fracción II (delito permanente), 18, párrafos primero (delito doloso) y segundo (conocer y querer), 22, fracción II (realización conjunta), 24 y 29, fracciones I, II, III, VII, VIII y IX (causas de exclusión del delito), del Código Penal para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

41. Sin embargo, por lo que respecta al delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés, tales tópicos debieron ser analizados a la luz del Código Penal Federal, tal como lo dispone el artículo 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Federal.

42. En efecto, el artículo 2 de la citada legislación general establecía:

"Artículo 2. Esta ley establece los tipos y punibilidades en materia de secuestro. Para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento serán aplicables el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los códigos de procedimientos penales de los Estados.

"A falta de regulación suficiente en los códigos de procedimientos penales de las entidades federativas respecto de las técnicas para la investigación de los delitos regulados en esta ley, se podrán aplicar supletoriamente las técnicas de investigación previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales."

43. Como se observa, la supletoriedad de la ley general de referencia recae en el Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los códigos de procedimientos penales de los Estados. De ahí que, por exclusión, no resulta factible la aplicación supletoria del código sustantivo de alguna entidad federativa.

44. Así, en relación con aspectos sustantivos no previstos en la citada legislación general de secuestro (forma de comisión del delito, participación, causa de exclusión del delito, individualización de las penas), las autoridades del orden común deben aplicar el Código Penal Federal y no el código penal local; de lo contrario, se contravendrían los principios de legalidad y seguridad jurídica del gobernado.

45. Las anteriores consideraciones tienen apoyo en la jurisprudencia PC.I.P. J/42 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, que es del siguiente tenor:

"SECUESTRO. LAS AUTORIDADES LOCALES ENCARGADAS DE SU INVESTIGACIÓN, PERSECUCIÓN Y SANCIÓN DEBEN APLICAR EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y NO EL LOCAL, CUANDO ANALICEN ASPECTOS SUSTANTIVOS NO PREVISTOS EN LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN ESA MATERIA (LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016). Conforme a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde exclusivamente a la Federación legislar en materia de secuestro, de manera que el Congreso de la Unión desarrolló esta facultad al emitir la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que estableció los tipos y penas en la materia; de ahí que sólo corresponda a las entidades federativas el conocimiento y la resolución de ese delito, así como la ejecución de sus sanciones, acorde a lo señalado en la propia ley general, lo que implica que, el Congreso, en exclusiva, legislaría sobre los tipos penales y sus sanciones, aunado a que distribuiría o delegaría las facultades a los poderes y órganos de gobierno involucrados en materia de prevención, investigación, persecución y sanción, sobre un sistema de cooperación, coordinación y auxilio recíproco. De esta manera, en el artículo 2, párrafo primero, de la ley general referida, vigente hasta el 17 de junio de 2016, se dispuso que para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento serán aplicables el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los códigos de procedimientos penales de los Estados; esto es, las autoridades locales que conozcan de este tipo de delitos deben aplicar únicamente las disposiciones legales que prevé la referida ley general; y por ende, tratándose de aspectos sustantivos no previstos en ésta, como la forma de comisión del delito, la participación, la causa de exclusión del delito, la individualización de las penas y la suspensión de derechos, entre otros, las autoridades del orden común deben aplicar el Código Penal Federal y no el código penal local, pues de lo contrario, se contravendrían los principios de legalidad y seguridad jurídica del gobernado."(8)

46. En este contexto, la resolución reclamada se encuentra indebidamente fundada, pues aun cuando la Sala responsable citó los preceptos de la mencionada ley general en los cuales encuadró la conducta ilícita atribuida al quejoso, fundó y analizó el resto de la parte sustantiva (formas de comisión, participación, dolo, causas de exclusión del delito, individualización de las penas, etcétera) en el Código Penal para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, no obstante que para tales aspectos, debió atender lo previsto en el Código Penal Federal.

47. Resta decir que, dado el sentido de este fallo, es innecesario abordar los planteamientos del quejoso relacionados con el fondo del delito por el que fue sentenciado.

48. Consecuentemente, lo procedente es conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos de que el tribunal responsable:

a. Deje insubsistente la sentencia reclamada.

b. En su lugar dicte otra en la que, al analizar lo relativo al delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés agravado, aplique la norma sustantiva a que hace referencia el artículo 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el entendido que, para el cumplimiento de esta ejecutoria, la Sala responsable no tiene más limitación que la de no agravar la situación del quejoso.

49. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución, en vía de consecuencia, pues no se reclamó por vicios propios.

50. Ahora bien, atento a lo dispuesto en los preceptos 192, último párrafo, 238 y 258 de la Ley de Amparo, de acuerdo con los delimitados efectos de la concesión de amparo, se estima prudente otorgar el plazo de cinco días al tribunal de alzada responsable, para que dé cumplimiento a esta ejecutoria en lo atinente al dictado de la nueva resolución en comento, apercibido que, de no hacerlo, se le impondrá multa de 100 veces la unidad de cuenta y actualización correspondiente.

51. Por último, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, y sin que ello implique motivo de concesión de la protección constitucional, cabe puntualizar que al momento de dictar la sentencia en cumplimiento, de ser el caso, la Sala responsable deberá tomar en consideración la doctrina constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre exclusión de pruebas que deriven con motivo de violaciones a derechos fundamentales.

52. Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra los actos y autoridades precisados en el resultando único de esta ejecutoria, para los efectos indicados en la parte final del presente fallo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la responsable, y requiérasele para que, en el plazo indicado en esta ejecutoria, dé cumplimiento a la misma; háganse las anotaciones en el libro de gobierno; en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados José Alfonso Montalvo Martínez (presidente), Alejandro Gómez Sánchez (ponente) y Mario Ariel Acevedo Cedillo.

En términos de lo previsto en los artículos 73, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 39/2014 (10a.) citada en esta sentencia, también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas.

La tesis de jurisprudencia PC.I.P. J/42 P (10a.) citada en esta sentencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de abril de 2018 a las 10:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Tomo II, abril de 2018, página 1467.

La ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 366/2013 citada en esta sentencia, aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo I, agosto de 2014, página 62, con número de registro digital: 25194.

________________

2. Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 11, con número de registro digital: 2006587, que es del rubro siguiente: "AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. EL PLAZO PARA PROMOVERLO A PARTIR DE ESA FECHA SE RIGE POR LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y SI LOS SUPUESTOS QUE DAN INICIO A SU CÓMPUTO EN TÉRMINOS DEL DIVERSO 18 DE ESE ORDENAMIENTO ACONTECIERON CON ANTERIORIDAD A SU ENTRADA EN VIGOR, EL REFERIDO PLAZO INICIA A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE."

3. "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la firma electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.

"Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquel en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva."

4. No se incluye el supuesto de la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, porque ahí no existe plazo, pues en cualquier tiempo podrá presentarse.

5. Contradicción de tesis 366/2013, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 29 de abril de 2014, párrafos 105 a 113.

6. Ídem, párrafos 115 a 117.

7. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:

"I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;

"II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;

"III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;

"IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo."

8. Registro digital: 2016601.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30517-3514b258/demanda-de-amparo-directo-contra-sentencias-definitivas-condenatorias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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