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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN. EL PLAZO DE HASTA OCHO AÑOS PARA PROMOVERLO A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, DEBE COMPUTARSE EN DÍAS HÁBILES.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 8/2021. · Registro digital (IUS): 29987
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-08-06
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo V, Pág. 4796.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 8/2021. 27 DE MAYO DE 2021. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: CARLOS LÓPEZ CRUZ. PONENTE: REYNALDO MANUEL REYES ROSAS. SECRETARIO: JORGE GARCÍA VERDÍN.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Los agravios expresados por la parte recurrente resultan esencialmente fundados, suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones:

Previo a abordar los motivos por los cuales se estima lo anterior, a efecto de una mejor comprensión del asunto, se hace menester el relato breve de los antecedentes del caso, a saber:

1. La Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al resolver el toca penal **********, el dieciocho de mayo de dos mil doce, confirmó la sentencia dictada el veintidós de febrero de dos mil doce por la Juez Vigésimo Séptimo Penal de esta Ciudad, en la causa penal *********, de la que ahora conoce el Juzgado Décimo Noveno Penal de la Ciudad de México, con el número de causa **********, que fue instruida en contra del quejoso por el delito de homicidio calificado.

Sentencia que, de acuerdo con la certificación realizada por la responsable, le fue notificada al ahora quejoso el veintiuno de mayo de dos mil doce. (fojas 12 y 41 del juicio de amparo)

2. El ahora impetrante recurrente promovió demanda de amparo directo el ocho de abril de dos mil veintiuno, de la cual le correspondió conocer por turno a este órgano colegiado.

En consecuencia, en proveído de doce siguiente se formó el expediente impreso y electrónico y se registró con el número **********, y se ordenó remitir copia certificada de la demanda de amparo y un tanto de los traslados proporcionados a la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que iniciara el trámite correspondiente, debiendo rendir su informe con justificación en el que debía acompañar:

-Los autos respectivos.

-Las constancias de emplazamiento de las partes.

-La resolución de suspensión del acto reclamado.

-La certificación de la temporalidad correspondiente; y,

-Las actuaciones que fueren necesarias para la sustanciación del presente juicio.

Finalmente, hecho lo anterior, se ordenó que se diera nueva cuenta para acordar lo que en derecho corresponda. (foja 8)

3. Por oficio 0313, de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, la autoridad responsable rindió su informe con justificación, al que anexó diversos documentos y la certificación correspondiente. (foja 12 del juicio de amparo)

4. Por proveído de presidencia de este órgano colegiado de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el informe con justificación y se determinó desechar la demanda de amparo directo, bajo el siguiente argumento:

"Por ende, el plazo para promover una demanda de amparo directo presentada a partir del tres de abril de dos mil trece, contra sentencias condenatorias que imponen pena de prisión dictadas antes de esa fecha, es el de ocho años contenido en el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo y su cómputo debe iniciarse a partir de la fecha de entrada en vigor de esa ley."

Ahora bien, los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo precisan:

"Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, sustanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor."

"Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.

"Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquel en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva."

Sentado lo anterior, conviene señalar que de los antecedentes reseñados con antelación, se desprende que el ocho de abril de dos mil veintiuno, el ahora recurrente promovió la demanda de amparo directo, en la que señaló como acto reclamado la sentencia dictada por la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al resolver el toca penal ***********, la cual le fue notificada el veintiuno de mayo de dos mil doce; sin embargo, por auto de presidencia de veintinueve de abril del año en curso fue desechada de plano, al estimarse extemporánea, al tomar como base para el cómputo del plazo de ocho años, previsto en el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo, los años naturales transcurridos, esto es, del tres de abril de dos mil trece, al tres de abril de dos mil veintiuno. Criterio que no se comparte.

En efecto, conforme a lo previsto en los artículos transitorios primero al tercero del referido ordenamiento, la regulación aplicable para determinar la oportunidad de una demanda de amparo directo promovida a partir del tres de abril de dos mil trece contra actos dictados antes de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, necesariamente es la prevista en ese nuevo ordenamiento, al haberse abrogado la anterior Ley de Amparo y determinarse en su artículo tercero transitorio que lo previsto en ésta sólo sería aplicable a los juicios iniciados previamente.

Por tanto, el plazo de hasta ocho años del que disponen las partes para promover el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que impone pena de prisión, establecido en la fracción II del artículo 17 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de abril de dos mil trece, debe computarse a partir del día siguiente a esa fecha.

Sin embargo, en ese plazo legal de ocho años no deberán incluirse los días inhábiles, pues el artículo 19 de la citada ley establece expresamente que para la promoción de los juicios de amparo deben excluirse los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor, verbigracia, por la pandemia que actualmente aqueja.

Además, no debe soslayarse que los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (ambos vigentes), establecen cuáles son los días hábiles para la realización de las actuaciones judiciales y determinan, asimismo, cuáles son los inhábiles y, por ende, en los que no deben realizarse actuaciones ni corren términos para la presentación de la demanda de amparo.

Por otro lado, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 18/2003, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO.", dispone que son días hábiles para, entre otros, la promoción de los juicios de amparo todos los días del año, con excepción de los establecidos expresamente en la Ley de Amparo y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los días hábiles no laborados por el juzgado o tribunal en que deban hacerse las promociones, considerados como los días hábiles en que la autoridad responsable haya suspendido sus labores, en tanto que es a ésta a quien corresponde recibir la demanda de amparo.

Tesis de jurisprudencia que si bien interpreta, en lo que interesa, el artículo 26 de la Ley de Amparo abrogada, similar norma se confiere en el artículo 19 de la vigente, pues ambos señalan que no se computarán los días inhábiles, así como los hábiles no laborados por el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo.

De ahí que de la interpretación armónica de los artículos 17 y 19 de la Ley de Amparo se advierte que para establecer la oportunidad de la presentación de la demanda, el cómputo debe hacerse sin contar los días inhábiles y los no laborables para la autoridad responsable y el órgano jurisdiccional en que se tramita el juicio pues, estimar lo contrario, haría nugatorio el derecho de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y coartaría la posibilidad de solicitar la protección de la Justicia Federal, en perjuicio del quejoso.

En apoyo, se cita la tesis de jurisprudencia 2a./J. 18/2003, visible en la página 243, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 184665, de rubro y texto siguientes:

"DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO. Del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 5/95, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 1995, página 40, se desprende que para determinar la oportunidad en la presentación de una demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo respectivo, los días hábiles en que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento haya suspendido labores, ya que sólo deben excluirse los días que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan como inhábiles, aunque los haya laborado la autoridad responsable y los días en que no haya laborado la autoridad responsable. No es óbice a lo antes expuesto lo previsto en el artículo 26 de la ley de la materia, en el sentido de que no se computarán los días hábiles no laborados por ‘el juzgado o el tribunal en que deban hacerse las promociones’, toda vez que tal disposición debe entenderse referida únicamente a los días hábiles en que la autoridad responsable haya suspendido sus labores, en tanto que es a ésta a la que le corresponde recibir la demanda de garantías por disposición expresa del artículo 163 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales."

Sin que pase inadvertido que si bien en la exposición de motivos de la Ley de Amparo vigente se propuso inicialmente que la nueva legislación delimitara a dos años naturales la oportunidad de la demanda contra sentencias definitivas en materia penal en los siguientes términos:

"En cuanto a los plazos en lo particular, la regla general consistió en aumentarlo de quince a treinta días y se establecieron como excepciones las siguientes: de cuarenta y cinco días tratándose del amparo contra normas generales autoaplicativas; de dos años naturales cuando se trate de sentencias condenatorias en un proceso penal o de actos de privación de los derechos agrarios, y en cualquier tiempo, cuando se trate de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional y la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales."

Además, en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados de doce de febrero de dos mil trece, se advierte que los legisladores dentro de sus exposiciones adujeron:

"Se propone además establecer un plazo para promover el juicio de amparo para que el caso de reclamar una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, será hasta de ocho años." (foja 158, Diario de los Debates)

"En este caso, nosotros queremos presentar esta reserva. En el artículo 17 de la Ley de Amparo dice: El plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días salvo... Y viene en la minuta, fracción III: Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión podrá interponerse hasta en un plazo de ocho años.

"Digo, esto es de alguna forma discrecional, entendemos el tema ahí; el fondo del asunto es precisamente salvaguardar los intereses de la víctima, nos queda muy claro. Pero, ¿por qué no aumentar el periodo hasta diez años?" (fojas 165 y 166, Diario de los Debates)

Esto es, de la lectura de ambos documentos se advierte la intención del legislador de establecer un plazo en años para la presentación de la demanda de amparo directo; sin embargo, no obstante la disyuntiva en cuanto a la temporalidad y suprimir lo indefinido de su promoción, finalmente en la Ley de Amparo vigente se decantó por el plazo de ocho años, sin establecer si éstos fueran naturales o hábiles.

Luego, al incorporarse de esa manera en la Ley de Amparo, es decir, sin reglas de excepción por atender, es claro que su incorporación debe armonizarse con los restantes preceptos legales, fundamentalmente con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley de la materia.

Así, los ocho años deben entenderse compuestos por días hábiles, ya que el legislador no lo expuso expresamente de esa manera mediante el empleo de la locución de días naturales, pero, además, tampoco modificó el diverso numeral 19 de la Ley de Amparo que taxativamente señala:

"Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, sustanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor."

Por tanto, el cómputo para su promoción deberá ceñirse a lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Sin que se soslaye el contenido de la contradicción de tesis 366/2013, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que el tema de estudio versó sobre la fecha en la que se dará inicio al cómputo del plazo de ocho años establecido en la fracción II del artículo 17 de la Ley de Amparo, pero no respecto de la forma en la que se realizaría ese ejercicio, al encontrarse prevista esa circunstancia en el diverso precepto 19 de esa norma especial, pues al efecto nuestro Máximo Tribunal concluyó:

"90. En ese orden de ideas, este Tribunal Pleno concluye que al tenor de los artículos 17, fracción II y transitorios primero, segundo, tercero y quinto de la Ley de Amparo vigente, interpretado este último conforme al principio de irretroactividad de la ley y de su aplicación y favoreciendo la protección más amplia a las personas cuya esfera jurídica trasciende –sentenciados y víctimas–, el plazo legal para promover una demanda de amparo directo durante la vigencia de esa ley para impugnar una sentencia condenatoria que impone pena de prisión, dictada antes del tres de abril de dos mil trece, es el de ocho años computado a partir de esta fecha, dado que como a continuación se precisa, esta conclusión no implica violación alguna a los principios de irretroactividad de la ley y de su aplicación, de progresividad ni al derecho de acceso efectivo a la justicia."

Correspondiéndole a la autoridad judicial responsable, de conformidad con el artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo, certificar al pie de la demanda, no sólo la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada y la fecha de la presentación de la demanda, sino fundamentalmente los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas.

En consecuencia, al resultar esencialmente fundado el motivo de disenso hecho valer por la parte recurrente, lo procedente es declarar fundada la reclamación para el efecto de que en términos del numeral 106 ibídem, la presidencia de este Tribunal Colegiado dicte otro, en el cual se analice nuevamente la procedencia del juicio de amparo directo tomando como base para el cómputo respectivo lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.—Es fundada la reclamación interpuesta por ************ o *********** o **********, contra el auto de presidencia de veintinueve de abril de dos mil veintiuno dictada en el expediente relativo al juicio de amparo directo número ***********.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

En cumplimiento al artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena realizar la captura de la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se autoriza al secretario de Acuerdos para suscribir los oficios correspondientes.

Así lo resolvió el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por mayoría de votos de la Magistrada Silvia Estrever Escamilla y del Magistrado Reynaldo Manuel Reyes Rosas (ponente), contra el voto particular del Magistrado Carlos López Cruz (presidente).

En términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.

Nota: La ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 366/2013 citada en esta sentencia, aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo I, agosto de 2014, página 62, con número de registro digital: 25194.

El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales citado en esta sentencia, aparece publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2127, con número de registro digital: 2591.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29987-34a998db/amparo-directo-contra-sentencias-definitivas-condenatorias-que-imponen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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