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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO EN CONTRA DE SENTENCIAS DEFINITIVAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN UNA PENA DE PRISIÓN. LA DEMANDA DEBE PRESENTARSE EN EL PLAZO DE OCHO AÑOS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE SE EXCLUYAN LOS DÍAS INHÁBILES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 19 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 183/2022. · Registro digital (IUS): 31410
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-05-12
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATER
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Mayo de 2023, Tomo II, Pág.1257.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 183/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 5 DE OCTUBRE DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN SE SEPARA DE ALGUNOS PÁRRAFOS Y RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIAS: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ Y SOFÍA REGALADO ESPINOSA.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de octubre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre los Tribunales Colegiados Séptimo y Décimo, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, así como el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito.

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si en el cómputo del plazo de ocho años para promover el juicio de amparo directo en materia penal, en contra de una sentencia definitiva que imponga pena privativa de la libertad, deben o no excluirse los días inhábiles.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. El diecinueve de abril de dos mil veintidós, el señor **********, en su carácter de defensor público estatal y autorizado del quejoso **********, en el juicio de amparo directo 132/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, presentó recurso de revisión y denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado en el amparo y tribunal antes mencionado y el emitido por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de reclamación 8/2021, el cual consideró igual al criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 215/2013.

2. Desechamiento del recurso. El dieciocho de mayo de dos mil veintidós, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso de revisión 2374/2022, al no revestir un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos; y ordenó que la posible contradicción de criterios se tramitara en expediente separado.

3. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós, el presidente de esta Suprema Corte admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó su registro con el número de expediente 183/2022 y turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

4. Por otra parte, en el mismo proveído solicitó, por conducto del MINTERSCJN, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito que informara si el criterio sustentado en el amparo directo 132/2021 de su índice se encuentra vigente. Asimismo, solicitó a los Tribunales Colegiados Décimo y Séptimo, ambos en Materia Penal del Primer Circuito que remitieran únicamente la versión digitalizada del recurso de reclamación 8/2021 y del amparo directo 215/2013, de su índice, respectivamente, así como el proveído en el que informaran si el criterio se encuentra vigente.

5. En los proveídos del seis y siete de julio de dos mil veintidós, el Magistrado presidente del Décimo Tribunal Colegiado y la Magistrada presidenta del Séptimo Tribunal Colegiado, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, informaron que los criterios sustentados en el recurso de reclamación 8/2021 y en el amparo directo 215/2013, de su índice, respectivamente, siguen vigentes.

6. El quince de julio de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito informó que el criterio sustentado en el amparo directo 132/2021 sigue vigente.

7. Avocamiento de la Sala. El tres de agosto de dos mil veintidós, la Ministra presidenta se avocó al conocimiento del asunto y precisó que los Tribunales Colegiados Séptimo y Décimo, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, así como el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito informaron debidamente sobre la vigencia de los criterios contendientes.

I. COMPETENCIA

8. En términos de la fracción II del artículo primero transitorio del decreto de reformas a la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(1) así como el diverso tercero transitorio del decreto publicado en dicho medio oficial el once de marzo de esa anualidad,(2) por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial de la Federación, aún no se surte la competencia de los Plenos Regionales, prevista en el artículo 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente,(3) por lo que el trámite del presente asunto se rige por las disposiciones constitucionales y legales vigentes hasta el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno.

9. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigentes hasta el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, sin que se advierta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. LEGITIMACIÓN

10. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(4) pues se realizó por el defensor público de la parte quejosa de uno de los asuntos que dio lugar a uno de los criterios contendientes.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

11. Para estar en posibilidad de analizar la existencia de la contradicción de criterios en estudio es necesario abordar, en principio, los elementos fácticos y jurídicos que fueron considerados en las decisiones materia de la denuncia.

A. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito

(Amparo directo 132/2021)

12. Contexto fáctico. El doce de marzo de dos mil nueve, el señor ********** fue sentenciado por la comisión de los delitos de homicidio calificado y violación equiparada en agravio del señor **********.

13. El dieciocho de mayo de dos mil nueve, la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato dictó sentencia en la que modificó la resolución de primera instancia y fijó una pena privativa de la libertad de treinta y ocho años con diez meses. En esa misma fecha, el señor ********** fue notificado de la sentencia de apelación.

14. El siete de mayo de dos mil veintiuno, el señor ********** promovió un juicio de amparo directo en el que manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el día de su emisión y que, dada la suspensión de las actividades jurisdiccionales debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y la consecuente inhabilitación de días, se encontraba en el plazo legal para promover el juicio constitucional.

15. Criterio jurídico. El diecisiete de marzo de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio de amparo, al considerar actualizada la causa de improcedencia relativa a la extemporaneidad de la demanda, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo.(5) En su resolución, el Órgano Colegiado determinó lo siguiente:

• En atención a lo dispuesto por el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo,(6) el plazo que rige la presentación de la demanda de amparo directo es de ocho años, pues quien acude como parte quejosa es el sentenciado en un proceso penal, a quien se le impuso la compurgación de una pena de prisión.

• Si bien el señor ********** fue notificado el dieciocho de mayo de dos mil nueve, el plazo deberá computarse a partir del tres de abril de dos mil trece, de conformidad con lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 366/2013 y en los criterios jurisprudenciales P./J. 39/2014 (10a.), P./J. 40/2014 (10a.) y P./J. 41/2014 (10a.).(7)

• Desde esta óptica, el plazo de ocho años para la promoción del juicio de amparo transcurrió del tres de abril de dos mil trece al tres de abril de dos mil veintiuno, por lo que si la demanda se presentó el siete de mayo de dos mil veintiuno es inconcuso que es extemporánea.

• Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen claramente que el cómputo para determinar la oportunidad de la demanda de amparo se puede realizar por días o por años.(8) En ambos supuestos se estableció que, por regla general, los plazos deben computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos el acto o resolución, conforme a la ley que lo rija.

• En atención a la literalidad de dichos numerales, el cómputo del plazo de ocho años debe realizarse de esa manera, es decir, por años, y sin hacer descuento alguno de los días inhábiles que hayan existido dentro de ese plazo, pues de lo contrario se generaría incertidumbre y falta de claridad para las partes.

• El cómputo propuesto constituye una medida que restringe de forma razonable el derecho de acceso a la justicia de las personas sentenciadas, ya que les permite preparar su defensa durante un lapso considerable y, con ello, se logra un mejor equilibrio entre sus derechos fundamentales y los derechos de las personas víctimas del delito.

• El contemplar los días inhábiles en el cómputo del plazo permitiría ampliarlo exponencialmente, lo cual, por una parte, no fue la intención de la reforma que dio lugar a la Ley de Amparo vigente y, por la otra, produciría un estado de inseguridad jurídica para las partes respecto al momento en que se vence el término para impugnar la sentencia condenatoria, pues se encontraría sujeto a los días inhábiles de cada órgano jurisdiccional.

• Ahora bien, tampoco es procedente descontar los días inhábiles que mediaron por la suspensión de las labores con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), toda vez que, como se señaló, el cómputo previsto en el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo vigente debe realizarse en días naturales.

• Se llega a esta determinación, pues de acuerdo con el informe rendido por el secretario general del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, la suspensión de plazos y términos ante la autoridad responsable con motivo de la pandemia transcurrió del veintiuno de marzo de dos mil veinte al siete de junio de ese mismo año, esto es, dicha suspensión culminó ocho meses antes de que concluyera el plazo para presentar la demanda de amparo, por lo que se considera que éste era un tiempo suficiente para que el quejoso instara la acción constitucional.

• Aun cuando el vencimiento del plazo se dé durante el periodo de la suspensión, de los acuerdos emitidos por el Consejo del Poder Judicial del Estado, se advierte que los órganos jurisdiccionales continuaron con la recepción de promociones de carácter urgente, hipótesis en la que podría encuadrar la promoción del amparo directo en término.

B. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

(Amparo directo 215/2013)

16. Contexto fáctico. El veintisiete de marzo de dos mil tres, la Jueza Trigésimo Octavo Penal del Distrito Federal dictó sentencia en la que declaró penalmente responsable a ********** por la comisión de los delitos de robo calificado.

17. El dieciséis de julio de dos mil tres, la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal modificó la resolución de primera instancia y fijó una pena privativa de la libertad de catorce años, dos meses, veintinueve días y una pena pecuniaria de ochocientos sesenta y cinco días de multa, equivalente a treinta y siete mil setecientos cincuenta y siete pesos con veinticinco centavos.

18. Inconforme con la anterior determinación, el dieciséis de abril de dos mil trece, el señor ********** promovió un juicio de amparo directo en el que alegó, en esencia, violaciones al procedimiento.

19. Criterio jurídico. El once de julio de dos mil trece, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, una vez superado el tema de la oportunidad de la presentación de la demanda, concedió el amparo al quejoso para el efecto de que la Sala responsable revocara su determinación y emitiera otra en la que ordenara reponer el procedimiento.

20. Ahora bien, conforme a lo que en el caso resulta materia de contradicción, la reseña se limita a las consideraciones relativas a la oportunidad, sin hacer referencia a las cuestiones de fondo:

• El Tribunal Colegiado determinó que la demanda de amparo directo fue presentada de manera oportuna, en tanto que en el cómputo del plazo de ocho años debían descontarse los días inhábiles referidos en el artículo 19 de la Ley de Amparo.

• La sentencia condenatoria reclamada se notificó el seis de agosto de dos mil tres, por lo que de conformidad con el artículo 57 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal,(9) el plazo comenzó a correr al día siguiente de la notificación, es decir, el siete de agosto de dos mil tres. A la fecha de la presentación de la demanda de amparo transcurrieron dos mil doscientos días con exclusión de mil trescientos cuarenta y un días inhábiles, lo que hace un total de seis años.

C. Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

Recurso de reclamación 8/2021 (derivado del amparo directo 28/2021)

21. Contexto fáctico. El dieciocho de mayo de dos mil doce, la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó la sentencia de veintidós de febrero de dos mil doce, en la que se condenó al señor ********** o ********** o **********, por la comisión del delito de homicidio calificado.

22. En contra de la anterior resolución, el ocho de abril de dos mil veintiuno el señor ********** promovió una demanda de amparo directo, la cual fue desechada de plano, mediante auto de presidencia de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, al considerar que fue presentada de manera extemporánea.

23. Inconforme con la anterior resolución, el seis de mayo de dos mil veintiuno, el señor ********** interpuso recurso de reclamación.

24. Criterio jurídico. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito declaró fundada la reclamación, tras suplir la deficiencia de la queja en los agravios, y revocó el desechamiento de la demanda de amparo.

25. En esencia, determinó que, de conformidad con la Ley de Amparo vigente, el plazo de ocho años para promover juicio de amparo directo contra sentencias definitivas condenatorias en un proceso penal, que imponen pena de prisión, debe contarse a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la nueva ley, de conformidad con el artículo 17, fracción II. Además, que a ese plazo de ocho años deben descontarse los días inhábiles, por lo siguiente:

• El artículo 19 de la Ley de Amparo establece cuáles son los días que deben excluirse en el cómputo del plazo para la presentación de una demanda de amparo, incluidos los días en los que se suspendan las labores del órgano jurisdiccional por razones de causa de fuerza mayor, como lo fue la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19).(10)

• Así, conforme a una interpretación armónica de los preceptos referidos junto con la jurisprudencia 2a./J. 18/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(11) el cómputo deberá realizarse con descuento de los días inhábiles y los no laborales para la autoridad responsable y el órgano jurisdiccional ante el que se presente la demanda de amparo; de lo contrario se violaría el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• De la exposición de motivos de la Ley de Amparo vigente se desprende que la intención del legislador fue prever un plazo para la promoción del amparo en materia penal, pues antes no existía ninguno; sin embargo, lo hizo sin establecer si para su cómputo debe realizarse en días naturales o días hábiles.

• Por todo lo anterior, el Tribunal Colegiado determinó que al no establecerse una regla de excepción se debe hacer una interpretación armónica del artículo 19 de la Ley de Amparo vigente, para entender que el mencionado plazo de ocho años debe computarse en días hábiles.

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

26. Los requisitos de existencia de las contradicciones de criterios, fijados por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los siguientes:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuere;

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

27. Cabe señalar que, para la procedencia de la contradicción de criterios, basta que el criterio discrepante derive de las resoluciones dictadas por los órganos contendientes, sin ser necesario que exista una "tesis" en sentido formal y, menos aún, que constituya jurisprudencia.

28. Tomando en cuenta lo anterior, esta Primera Sala considera que sí se satisfacen los requisitos para que exista contradicción entre los criterios denunciados.

29. Primer requisito. Los órganos contendientes se pronunciaron sobre cuestiones litigiosas que fueron sometidas a su consideración, recurriendo a su arbitrio judicial.

30. En concreto, los tribunales contendientes ejercieron su arbitrio judicial para determinar si en el cómputo del plazo de ocho años previsto para la promoción del juicio de amparo directo contra una sentencia condenatoria que impuso pena de prisión deben descontarse o no los días inhábiles señalados en el artículo 19 de la Ley de Amparo.

31. Segundo requisito. Del resultado de ese ejercicio interpretativo efectuado, los órganos de amparo arribaron a un criterio diferenciado.

32. En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito indicó que la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea, porque el término de ocho años que contempla la Ley de Amparo para promoverlo contra sentencias condenatorias ya había transcurrido a la fecha de la presentación de su demanda.

33. Al respecto, señaló que conforme a los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el cómputo de dicho plazo debe realizarse en años naturales, sin descontar los días inhábiles que hayan existido en ese periodo, pues, de lo contrario, se generaría incertidumbre y falta de claridad para las partes. Por tanto, indicó que no era procedente descontar los días inhábiles que mediaron por la suspensión de las labores con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 34. Por otra parte, los Tribunales Colegiados Séptimo y Décimo, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, consideraron que la presentación de la demanda de amparo resultaba oportuna. Al respecto, indicaron que el plazo de ocho años establecido en la Ley de Amparo para su promoción contra sentencias condenatorias que imponen pena privativa de la libertad debía computarse descontando los días inhábiles, conforme a una interpretación armónica del artículo 19 de la propia ley.

35. De lo anterior se desprende que los tribunales contendientes llegaron a posturas distintas sobre un mismo tema: mientras que uno de los órganos consideró que no es viable descontar del plazo para la promoción de una demanda de amparo (contra las sentencias condenatorias que impongan pena de prisión) los días inhábiles establecidos en el artículo 19 de la Ley de Amparo; los otros concluyeron que debía hacerse una interpretación armónica de dicho precepto junto con el artículo 17 del mismo ordenamiento, por lo que los días inhábiles sí debían descontarse en el cómputo del plazo.

36. El punto de contradicción identificado se sintetiza en el siguiente cuadro:

Ver cuadro

37. Debe precisarse que, en el caso, el único punto de contradicción que subsiste versa sobre el descuento de días inhábiles en términos generales. Por tanto, no será materia de análisis lo relacionado con el descuento de los días en los que se suspendieron las actividades jurisdiccionales por la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

38. Se afirma lo anterior en virtud de que el único Tribunal Colegiado que hizo un pronunciamiento en torno a la pandemia ocasionada por el citado virus fue el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, mientras que ninguno de los Tribunales Colegiados contendientes del Primer Circuito se enfrentó a dicha problemática, de tal forma que no hicieron ningún pronunciamiento al respecto. Por tanto, no existe ningún punto de toque respecto a dicha cuestión.

39. Tercer requisito. Este requisito también se cumple, pues el análisis de la contradicción denunciada permitirá a esta Primera Sala resolver la siguiente interrogante: ¿Procede descontar del plazo de ocho años para promover el juicio de amparo directo en materia penal contra la sentencia condenatoria privativa de la libertad, los días inhábiles establecidos en el artículo 19 de la Ley de Amparo?

V. ESTUDIO DE FONDO

40. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio consistente en que, por regla general, en el cómputo del plazo de ocho años para promover el juicio de amparo directo contra la sentencia condenatoria impositiva de pena de prisión no deben descontarse los días inhábiles referidos en el artículo 19 de la Ley de Amparo.

41. Tal conclusión se explica a partir del desarrollo de los siguientes temas:

A. Interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo.

B. Doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el plazo para la presentación de la demanda de amparo directo contra una sentencia condenatoria.

C. Doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el cómputo del plazo genérico de quince días para promover la demanda de amparo directo.

D. Otras disposiciones sobre los plazos en la Ley de Amparo.

A. Interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo

42. La promoción del juicio de amparo está condicionada a un tiempo expresamente delimitado en la ley, que permita la tutela efectiva de los derechos de las partes. En ese sentido, los artículos 17, primer párrafo, fracción II y 18 de la Ley de Amparo disponen:

"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: ...

"II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;"

"Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."

43. El segundo de los preceptos mencionados establece que los plazos para la presentación de la demanda de amparo se contarán conforme a los siguientes momentos: i) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley que rige el acto; ii) desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o iii) desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.

44. Por su parte, el primer precepto establece como regla general el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo. Asimismo, prevé excepciones a esa regla; concretamente en su fracción II, que aquí interesa, alude a que la demanda de amparo podrá presentarse en un plazo de hasta ocho años cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión.

45. Del contenido de esta última disposición –que es la relevante para el presente caso– se advierte que el legislador procuró incluir como principios fundamentales de la norma, entre otros, el respeto al derecho a la libertad personal. Por esa razón, el texto de dicho precepto permite el ejercicio de la acción constitucional con ese amplio margen temporal, en virtud del alto valor que se protege.

46. Al respecto, esta Primera Sala ha sostenido que el derecho a la libertad personal se refiere al estado de libertad física en que se encuentran los seres humanos, lo cual implica la ausencia de obstáculos y límites para llevar a cabo comportamientos corporales. Asimismo, que la libertad personal debe ser la regla y su limitación o restricción debe ser la excepción.(12)

47. De igual manera, este Alto Tribunal ha señalado que la libertad personal se reconoce como un derecho humano de primer grado, tanto en la Constitución Política del País, como en distintos tratados internacionales de los que México es Parte, por lo que su tutela debe ser la más amplia posible y sólo puede limitarse bajo determinados supuestos de excepcionalidad; es decir, a partir del estricto cumplimiento de requisitos y garantías de forma mínima a favor de la persona pues, de lo contrario, se estaría ante una detención o privación de la libertad personal prohibida tanto a nivel nacional como internacional.(13)

48. En ese sentido, resulta claro que, con las disposiciones anteriormente transcritas, el Legislativo buscó establecer una tutela privilegiada para la presentación de la demanda cuando los actos de las autoridades ponen en peligro el derecho humano a la libertad personal.

49. Esa finalidad perseguida por el legislador puede advertirse del proceso legislativo por el que se fraguó la Ley de Amparo vigente, mismo que da cuenta de los vaivenes que existieron sobre la fijación de un plazo para la presentación de la demanda de amparo directo contra la sentencia definitiva privativa de la libertad.

50. Dicha revisión histórica legislativa fue relatada por el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 366/2013,(14) por lo cual a continuación se retoman los elementos más relevantes para el caso.

51. De inicio, en la exposición de motivos de quince de febrero de dos mil once, presentada por senadores de diversos grupos parlamentarios, la cual pretendió acoger los esfuerzos consolidados en el "Proyecto de Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del año 2000", de la Comisión de Análisis de Propuestas para una nueva Ley de Amparo, se mencionó que la propuesta de plazo para promover el amparo directo contra la sentencia condenatoria en un proceso penal consistía en noventa días.

52. Posteriormente, en la misma exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto, se propuso que dicho plazo quedara de dos años naturales y se consideró como más que suficiente para permitir una debida defensa, pero también para lograr una adecuada definición sobre la situación de las partes sometidas a un proceso penal.

53. Una vez que la iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, de la LXI Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, en su dictamen de cinco de octubre de dos mil once se propuso conservar la inexistencia de un plazo determinado para impugnar en vía de amparo las sentencias condenatorias en materia penal privativas de la libertad.

54. El mencionado dictamen se discutió y aprobó en lo general, en la sesión ordinaria del Pleno del Senado de la República de once de octubre de dos mil once, pero se reservó la aprobación del artículo 17, fracciones II –precisamente sobre la oportunidad para promover demanda de amparo contra una sentencia definitiva privativa de la libertad– y III, respecto de lo cual se presentaron diversas propuestas.

55. Después de lo expresado sobre la aprobación del artículo 17, fracción II, del proyecto de ley, en la sesión plenaria de trece de octubre de dos mil once del Senado de la República se destacó lo siguiente: que se había llegado a un consenso de no establecer plazo para la presentación de la demanda de amparo tratándose de sentencias condenatorias en materia penal que impongan pena de prisión, tal como se encontraba la entonces ley vigente; sin embargo, se dij

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31410-de8cd5df/amparo-directo-en-contra-de-sentencias-definitivas-condenatorias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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